2/4 Escuadrones a la sombra
Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). A tres cuadras de donde opera la posta policial de la colonia La Granja, en Tegucigalpa, la capital de Honduras hay un sitio con 113 homicidios, registrados en la misma zona entre 2013 y 2016. Los cadáveres fueron reconocidos cerca de la calle Golán de Tegucigalpa.
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En la colonia San Miguel, a pocos metros de la Tercera Estación Policial, en un solar baldío se encontraron 15 cadáveres en tres años.
A una cuadra, de la Dirección Policial de Investigaciones y de la Dirección Nacional de Tránsito, en la colonia Kennedy, las autoridades han registrado 19 muertes en el mismo periodo. Las instalaciones policiales están en la primera entrada, los homicidios fueron en la segunda.
Cerca de la posta policial de Belén, se consignaron cinco muertes; en los alrededores de la estación policial de la colonia Cerro Grande, se registraron 11 homicidios en los tres años en cuestión.
Entretanto, a inmediaciones de la posta policial de El Durazno se puede constatar la existencia de 11 homicidios y dos más, cerca de la Escuela Técnica del Ejército de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El análisis de las estadísticas de la Secretaría de Seguridad demostró que entre enero de 2013 y junio de 2016, la mayoría de homicidios fueron reconocidos legalmente en el hospital Escuela Universitario.
Usted puede constatar los datos en nuestro mapa interactivo:
En segundo lugar, la policía consignó el lugar del homicidio como un sitio desconocido. Y de ahí en adelante, las colonias con mayor cantidad de muertes fueron El Carrizal de Comayagüela, al norte; la Residencial Villa Olímpica, al oriente, Villa Cristina y Torocagua, en el norte; San Miguel, al oriente, Flor del Campo, al norte y Nueva Suyapa, al oriente. Puede ver Homicidios en el DC.
En algunos puntos de la capital, el hallazgo de cadáveres fue recurrente, en varias zonas que atraviesa el río Choluteca y el río Guacerique, en las orillas de la ciudad, cerca de la colonia Cerro Grande, en solares sin viviendas.
La mayoría de homicidios ocurrió entre 6:00 de la tarde y la medianoche, el artefacto más utilizado fue el arma de fuego y en segundo lugar el estrangulamiento y el arma contundente que hacen más difícil de investigar un homicidio.
Ejecuciones sumarias
No todos los homicidios registrados son ejecuciones, no obstante, la acumulación de cuerpos en sitios como riberas de ríos o lugares deshabitados dan indicios parecidos a la definición de ejecuciones sumarias. Además el agua borra evidencias.
Tradicionalmente, «Se reconoce conceptualmente como una ejecución extrajudicial cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. La ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse, en el ejercicio del poder del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación política, o más grave aún, como una acción derivada de un patrón de índole institucional», cita el artículo la ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina, de 2006, escrito por Humberto Henderson.
En los últimos años la ejecución más conocida que desnudó el modo de operar para asesinar y modificar las escenas, es la de los jóvenes Pineda y Vargas Castellanos y sin embargo, la cúpula policial no fue castigada por esta ejecución.
Durante el juicio –consta en el expediente de la evacuación de pruebas- las dos madres solicitaron que se diera a conocer con quiénes hablaron los asesinos en la escena del crimen.
Seis años después, la información sigue clasificada, el problema –Piensa Aurora Pineda- es que incluso el Fiscal general, Luis Rubí, se vio implicado en encubrir a los verdaderos responsables.
Las llamadas empezaron cuando en la escena del crimen, Carlos David Pineda, les dijo a los policías que habían herido al hijo de la rectora, y por medio de celular llegó la orden de matarlos y de adulterar la escena del crimen, sostuvo.
Esta banda de La Granja ejecutaba a los muchachos por robo, extorsión, impuesto de guerra y por ajustes entre policías, asegura Pineda.
«Los policías ahora saben que hay ojos puestos sobre ellos, pero en un tiempo hubo como una vendetta que ellos se negaban a depurarse y dijeron que se iban a depurar, entonces empezó una vendetta dentro de la policía y empezaron a matarse unos con otros».
Estos hechos descritos tienen rasgos de lesión que encajan en la definición criminológica de “crímenes de poder”. Vea aquí: crimenes de poder
En su artículo Criminalidad y Globalización, el exjuez, Luigi Ferrajoli, y profesor de Filosofía del derecho y de Teoría general del derecho en la Università degli Studi Roma III, en 2008, explica que «la criminalidad del poder es la que, operando también ella organizada, se pone en acción por los poderes públicos».
«El vínculo con la criminalidad de los poderes económicos es obviamente estrechísimo. Y existen además los delitos más específicamente públicos: en primer lugar los crímenes contra la humanidad –desde las detenciones arbitrarias hasta las torturas y las desapariciones forzadas- cometidos por fuerzas policiales, fuerzas armadas y servicios secretos desde dentro y fuera de los ordenamientos respectivos».
La ejecución sumaria de niños y adolescentes en Honduras dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una práctica sistemática que ha alcanzado niveles alarmantes, reveló el estudio Fenomenología de la Violencia, Diplomado en Violencia y Convivencia Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
«Cuerpos maniatados, disparos certeros en la cabeza u otras partes vitales, signos claros de tortura y testimonios de sobrevivientes que describen claramente un modus operandi y patrones de ejecución, que parecen demostrar la existencia de ¨escuadrones de la muerte¨ a la remembranza de la década de los años ochenta».
Del mismo modo, un INFORME ESPECIAL NIÑEZ (3) obtenido con solicitudes de información, revela que se ha evidenciado en testimonios de sobrevivientes la participación de policías, grupos con aparente organización de ejecutores de adolescentes supuestamente «mareros» o infractores de la ley, así como la preocupante práctica de venganzas personales de parientes de víctimas por acciones de las pandillas juveniles.
Vea también: Operación limpieza social
