“La resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas” Edith Grotberg
Por Fernando Reyes
La temática común en el imaginario de conversación en Honduras es la violencia, diariamente se escucha a través de la radio, en transportes públicos, la televisión y los periódicos sobre las múltiples historias y testimonios de víctimas en la cotidianidad. Cada vez son mas frecuentes las historias radicales sobre el desplazamiento por la violencia de familias, instituciones, negocios producto de la extorsión y las amenazas a la vida.
Honduras enfrenta desde los últimos años una situación de violencia alarmante similar entre países del Triángulo Norte considerada como una epidemia, una crisis humanitaria olvidada e incluso una emergencia de salud pública comparable con contextos de guerra.1 Las organizaciones locales de Derechos Humanos e incluso organismos internacionales refieren el detrimento en la seguridad ciudadana en los últimos años como resultado de la ruptura institucional generada a partir del golpe de estado de 2009.
El país se enlista anualmente en los «rankings» de las ciudades más violentas del mundo y el dato sobre el total de homicidios continúa siendo el indicador más importante para medir el impacto en las acciones del gobierno, motivando la creación de observatorios especializados, unidades de atención y fortalecimiento en las estructuras de seguridad.
Aun con los esfuerzos por contabilizar el impacto de la violencia, la información sobre los eventos permanece centralizada únicamente por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Con la atención sobre Honduras, los homicidios se han reducido en número, aunque internamente se discute la percepción de la violencia, y el gobierno responde a través del eslogan Honduras esta cambiando. Desde el 2013, año en el que se contabilizó el mayor número de hechos, se menciona cada año por las autoridades el esfuerzo por reducir los homicidios. En 2016 se registraron durante los primeros nueve meses del año, 6,249 muertes violentas por causas externas, 138 víctimas más que las registradas durante el mismo período del año anterior, victimas del uso de un arma de fuego en su contra, en eventos que ocurrieron comúnmente en la vía pública. 2
Si bien el mundo enfrenta la violencia como una epidemia creciente con impacto social y humanitario a nivel internacional, permanentemente preocupante el poco reconocimiento del sufrimiento de las víctimas no mortales. La violencia sufrida en países como Honduras, es diferenciada de contextos con conflictos agudos derivados por la guerra, en donde no se ha declarado una “zona de guerra” o un “conflicto declarado” de forma pública. El triángulo norte experimenta lo que llaman las organizaciones humanitarias, las Otras Situaciones de Violencia (OSV) que incluye asaltos, secuestros, extorsión, amenazas contra la vida, presenciar hechos violentos y la violación, todos ellos con impacto en la víctima directa o indirecta. 3 Estos eventos no cuenta con interés público a nivel mediático como ocurre con los eventos fatales, muchos eventos que no resultan mortales permanecen invisibles, en el anonimato, sin denuncia, en ocasiones con riesgo de enfrentar represalias u otras consecuencias a nivel físico, emocional o social.
La palabra víctima o sobreviviente no son nuevas en Honduras, múltiples organizaciones locales han denunciado el impacto que tiene la violencia en sus vidas, y continúa como una constante de alerta local que cambia la dinámica social, empujando a las personas al desplazamiento forzado y la migración por razones no económicas. En 2010 tuve la oportunidad de realizar una obra documental donde pude conocer la normalización de la violencia, entendiéndose como el conjunto de acciones, comportamientos, patrones que normalizan la violencia y la hacen parte de la dinámica social y personal como practicas inherentes, sin un aparente impacto sobre la vida de las personas y la sociedad, fui motivado por el incremento alarmante en el número de asesinatos de personas trans y de la diversidad sexual, como activista me interesó poder conocer por que exisitía impunidad frente a los crímenes de odio y específicamente el transfemicidio. Al ser el homicio y el femicidio, las consecuencias directas más evidentes, comúnmente se invisibiliza a las personas alrededor de la victima fatal, los cónyuges, familiares directos, amigos y el circulo social permanecen “normalmente” en silencio, en ocasiones cubierto por los medios de comunicación como una crisis aguda, que regularmente abandona titulares frente al siguiente evento.
Las organizaciones de mujeres y derechos humanos locales, incluidas las de personas trans se esfuerzan por visibilizar la preocupación en el incremento de asesinatos de mujeres (540 casos en el primer semestre del 2016, un incremento de 1.3% comparado con el año 2015), así como el alarmante número de personas que sufrieron una agresión sexual, 2,337 entre enero y septiembre del 2016, las mujeres y niñas entre 0-24 años representan el 91% del total de los casos. Las mujeres, los niños y niñas, así como los adultos mayores, son quienes representan los casos no mortales en el país.4 Se incluye entre los indicadores los más de 200 asesinatos de activistas lgttbi en el país por observadores como Human Rights Watch. 5
Los medios locales no han logrado reconocer la importancia de no mostrar las expresiones de la violencia, las imágenes amarillistas que muestran cuerpos de víctimas encontrados por medicina forense en horarios disponibles a la niñez, incluidos los periódicos impresos de mayor difusión. La sociedad hondureña se encuentra expuesta a la violencia en todo nivel, desde el asalto cotidiano de personas hasta cuando se devela la violencia estructural reflejada por los actos de corrupción de pasados y actuales gobiernos. Esta normalización de violencia ha llegando a ser percibida de formas distintas, a través de una aparente normalidad en las dinámicas sociales de la población motivada por una lógica de supervivencia, por ejemplo: si usas el transporte público, no portes objetos de valor, viaja con alguien de confianza, no tomes cualquier taxi, no viajes en un automóvil sola si eres mujer, evita usar el teléfono celular, etc. Cuestionan las acciones de prevención de la violencia, esfuerzos para alcanzar una disminución de eventos con estrategias de militarización, y con la obra social que busca la reducción de casos con actividades segmentadas, como la violencia basada en género a través del reciente centro Ciudad Mujer de Tegucigalpa.6 pudiendo correr el riesgo de excluir a la víctima hombre o a la persona de la diversidad sexual.
En diciembre de 2015, tuve la oportunidad de trabajar con la activista trans Arely Goméz conocida como Vicky en una serie de entrevistas para conocer lo que enfrentan las personas trans en Tegucigalpa durante su proceso de construcción de identidad de genero.
En el 2014, las activistas organizadas de la comunidad transexual introdujeron un anteproyecto de Ley a nivel del Congreso Nacional con el objetivo de iniciar el proceso de reconocimiento por parte del Estado de la Identidad sexual y de género. Se considera que la aprobación de una ley de identidad de género facilitará el proceso de inclusión para estas personas en los ámbitos laborales, sociales, culturales y políticos y reducirá los crímenes de odio en contra de personas transexuales. Durante las entrevistas Vicky me decía: “La comunidad transexual de Honduras sabe lo que es la resiliencia, aguantamos de todo, la muerte de compañeras, la humillación y la falta de visión en este país”. En la actualidad Vicky se encuentra exiliada de Honduras, e incluso ha sufrido violencia en el país que la recibió. 7
Se reconocen las acciones y estrategias de promoción con enfoque comunitario para la prevención de la violencia y la atención oportuna de las víctimas preferiblemente en períodos críticos, como ocurre en la atención de emergencias del Hospital Escuela, las clínicas de atención a sobrevivientes de violencia sexual, consejerías de violencia domestica e intrafamiliar, las clínicas para personas lgtttbi y trabajadoras sexuales. La comunidad LGTTTBI en Honduras, apoyada por las organizaciones locales intentan mantenerse a flote frente a un desinterés de políticas integrales inlcuyentes, aunque Honduras cuenta con servicios diferenciados dirigidos a poblaciones con mayor riesgo (personas viviendo con VIH, personas gays, lesbianas y transexuales), no existe información específica al que puedan acceder las personas transexuales para iniciar o continuar un proceso de construcción de identidad de género y/o sexual.
Las población transexual encuentra múltiples dificultades para ser atendida en establecimientos de salud públicos según refieren las organizaciones y activistas, siendo imposible, iniciar, continuar o finalizar un tratamiento o procedimiento según necesidad, obligándoles por presiones sociales y culturales a recurrir a la auto terápia hormonal, la modelación estética u otros procedimientos no formales sin control médico, pudiendo sufrir diversos efectos adversos por la práctica clandestina y de riesgo con sub-registro del impacto.
Junto con Vicky entrevistamos 13 personas en su mayoría menores de 40 años que se encontraban en un proceso de construccion de identidad de género, todas ellas se referian así mismas como mujeres trans. Nahomy, una activista transexual de San Pedro sula desde hace más de 20 años resalta: “Es normal la dificultad de muchas personas transexuales para acceder a un empleo remunerado, uno busca actividades no formales como la venta de ropa, belleza y en ocasiones el trabajo sexual”. Todas las personas que entrevistamos refirieron encontrarse haciendo uso de hormonas inyectadas, liquidos u aceites de forma personal sin ningún apoyo médico. Vicky mencionaba: “La precariedad laboral dentro de la comunidad transexual es una constante, muchas no cuentan estudios para poder optar a un empleo debido a su expresión de género, se recrudece la situación de violencia, y pobreza, ahí aumenta la discriminación, el rechazo y la falta de oportunidades, apoyo social e información para hacer valer sus derechos.” También registramos que todas las personas encuestadas reportaron haber sufrido alguna forma de consecuencia social, siendo las principales la violencia, el hostigamiento, las burlas y la falta de oportunidades. 8
La implementación de la ley 321 ha reducido al menos a nivel mediático el uso de la violencia sexista contra personas de la diversidad, pero en la cotidianidad las personas enfrentan riesgos de seguridad como muchos de los ciudadanos sin distinción de sexo o género. Durante algunos años, el observatorio de violencia de la Universidad Nacional facilitó datos segmentados para conocer el impacto de la violencia en la diversidad sexual, desde hace unos años se ha descontinuado su edición, y las organizaciones continúan solas intentando visiblizar los crímenes. Durante la experiencia de las entrevistas fuimos consientes de la necesidad urgente de contar con estadísticas, información, testimonios y experiencia sobre la situación que enfrentan las personas trans no solamente durante su proceso de construcción, quienes han enfrentado situaciones difíciles de vida y son sobrevivientes de la violencia. Bajo el interés del impacto de la violencia sobre el triángulo norte, es necesario que los abordajes sean capaces de registrar las particularidades en las experiencias de vida la personas, las determinantes del por que existe esta violencia como en las personas trans, es aun desconocido, obligando a muchas personas de la diversidad sexual a introducirse en la dinámica migratoria que expulsa a las personas de centro-america para buscar un refugio, a protegerse, o incluso exiliarse.
Establecer un diálogo entre sociedad y gobierno sobre la violencia en diferentes niveles, es más que la creacion de servicios de atencion directa diferenciados, su valor añadido estará en poder permitir la identificación de las consecuencias de la violencia en las personas que actualmente las sufren. Esta inversión es consideradara como, una inversión inmejorable si esta es destinada en aliviar el sufrimiento, y que de forma imperativa garantice el libre ejercicio de la práctica para facilitar una atencion sin que resulte en una práctica de riesgo, y se elimine toda posibilidad de encrucijadas en donde el personal que la atiende sea igualmente victima.
Es urgente que el estado sea capaz de incidir a nivel de Ministerios importantes para generar un cambio de comportamiento efectivo sobre el manejo transparente en la ejecución de los recursos públicos, que estos se encuentren disponibles y devuelvan la confianza en la transparencia de las estructuras públicas, incluida aquella percepción de sus mismos empleados y usuarios. El combate de la violencia estructural es fundamental para la reducción de otras formas de violencia, sobre todo aquellas que permiten el goce de un ambiente de sana expresión de gobernabilidad de país, en donde se responda de forma oportuna a las necesidad actuales y se reduzcan las determinantes profundas de la desigualdad. La corrupción dificulta la posibilidad de incidir efectivamente a nivel comunitario, a través de instituciones que se han reconfigurado o redefinido en el pasado con una percepción de desconfianza, que con sus limitantes son en la actualidad quienes responden a las consecuencias más graves de la violencia, como los eventos traumáticos producidos por arma de fuego logrando ir más allá que el propio tratamiento médico, con particularidades extremas al punto de ser necesaria una intervención con cuidados intensivos y cirugía de urgencia, que en este país significa un gasto considerable en las emergencias atendidas por el mayor hospital de trauma del país.
Reflexionar y replantear estrategias capaces de poder responder al impacto de la violencia, va más allá de la cuantificación de eventos relacionados a la mortalidad o la morbilidad relacionada a los hechos violentos, es necesaria una voluntad política que facilite un abordaje integral para las personas víctimas y/o sobrevivientes de violencia en el país, pudiendo no olvidar el impacto que corresponde enfrentar el abandono de estos casos, y facilitar el rostro real de la prevención de la violencia, que promuevan la confianza de la denuncia sin que esto resulte un impedimento sobre la seguridad del denunciante frente a la cruda realidad que se vive en los barrios y colonias.
REFERENCIAS:
1- FORZADOS A HUIR DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA: UNA CRISIS HUMANITARIA OLVIDADA http://bit.ly/2pC9L8f2- Tasa de homicidios 2016, Informe Observatorio Violencia Honduras http://www.iudpas.org/boletines/boletines-nacionales3- Otras Situaciones de Violencia en el Triángulo del Norte Centroamericano Impacto Humanitario Mayo 2014 http://bit.ly/2rne0qv4- PAZ Y SEGURIDAD –IUDPAS Boletín Especial Sobre Muerte Violenta de Mujeres http://www.iudpas.org/pdf/Boletines/Especiales/BEP_Ed49.pdf5- https://www.hrw.org/es/world-report/country-chapters/298599
6- Ciudad Mujer Honduras: http://www.elheraldo.hn/pais/1057287-466/inauguran-primer-centro-de-ciudad-mujer-en-honduras
7- http://www.elmundo.es/madrid/2017/02/01/589203cb46163faa7f8b46b0.html
8- Prácticas utilizadas y consecuencias en la población trans durante su proceso de construcción de identidad de género, Tegucigalpa, Honduras, noviembre – diciembre 2015. Reyes, Fernando http://cedoc.cies.edu.ni/digitaliza/t875/t875.htm