Abogado y Criminólogo, Nery Ordoñez
El fenómeno de la criminalidad en los últimos años, se encuentra marcado por el fenómeno de la extorsión, protagonizada por estructuras criminales de maras y pandillas cuyos efectos directamente impactan en la economía nacional. Y especialmente en la economía informal de los mercados de esos pequeños comerciantes MIPYMES, cuando hablamos de extorsión nos referimos principalmente a tres modalidades:
El engaño, telefónico o cibernético, que sucede cuando se recibe una llamada o un correo electrónico informando que se ha ganado un premio, condicionado al pago de alguna cantidad de dinero, a veces a través de tarjetas prepagadas de algún servicio o de alguna información personal.
La amenaza telefónica, que es aquella llamada a través de la cual intentan atemorizar a la víctima para que pague cierta cantidad de dinero.
El conocido como impuesto de guerra, que es cuando los delincuentes se presentan periódicamente en un establecimiento o empresa para exigir una cantidad de dinero, a cambio de garantizar la integridad física de la(s) víctima(s) y de la misma actividad comercial.
Estas manifestaciones tienen implicaciones psicosociales y económicas diferentes: no es lo mismo que una madre de familia decida pagar al ser engañada 50,000 Lempiras porque cree que su hijo fue secuestrado (extorsión telefónica), a que el propietario de una puesto en los mercados deba enfrentar el pago del impuesto de guerra, al menos una vez por semana realizando pagos hasta por 200 Lempiras semanales a los extorsionadores, mucho más alto que el pago que realizan como impuesto municipal por 400 lempiras mensualmente por metro cuadrado que se utiliza.
Las respuestas individuales por los locatarios de los mercados y empresas de Mipymes tampoco son las mismas: es más probable que una persona se sienta motivada a denunciar una extorsión telefónica que la exigencia del pago del impuesto de guerra en los mercados y empresa que van creciendo poco a poco.
Sin embargo, estos fenómenos delictivos coinciden en algo: vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal, principalmente de pequeños y medianos empresarios. Asimismo, dichas conductas ilícitas afectan o ponen en riesgo el desarrollo económico en las Ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula La Ceiba, Choluteca entre otros donde la extorsión a las Mipymes se ha agudizado más en los últimos días aunque el esfuerzo por la policía es cotidiano, donde las estadísticas indican que han bajado considerablemente las extorsiones en los mercados y especialmente en las Mipymes.
Con base en estos hallazgos Criminológicos emitimos las siguientes recomendaciones:
- Es necesario que las autoridades de la Policía desarrollen e implementen mecanismos internos que permitan el registro diferenciado de las varias modalidades de extorsión que se realizan a las independientemente del problema de tipificación. De lo contrario, será imposible conocer la verdadera dimensión y complejidad de este delito en cada una de las Mipymes afectadas.
- Las políticas públicas para prevenir, desincentivar y combatir la
Extorsión deben partir de un enfoque criminológico y victimológico; es decir, mediante la identificación detallada de las características de la relación entre víctimas y agresores.
- Los gobiernos locales o municipales, deben considerar la generación de sinergias y vínculos con los esfuerzos de las Mipymes que se están llevando a cabo con pleno respeto al marco normativo de nuestro país, pues la información y experiencia que tienen los afectados, derivada de la atención a las víctimas, la que puede ser muy enriquecedora.
- Se debe impulsar la denuncia de este grave delito patrimonial que tanto afecta a las Mipymes.