El perfil de la reelección, una carrera contra la ley

Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). Cuando Juan Orlando Hernández aspiraba a ser diputado, tenía un impedimento legal para serlo porque la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Elena Matute, estaba emparentada con él.

Aun así,  Juan Orlando Hernández Alvarado se convirtió en diputado y más tarde en presidente del Congreso Nacional.

Durante su mandato, se aprobaron decretos que reforzaron el poder punitivo estatal por medio de una serie de al menos 30 leyes penales nuevas, se aprobó la extradición, se aprobaron varios contratos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cuestionados por corrupción, uno de los mayores escándalos de corrupción que dejó tres mil víctimas en Honduras.

Además, durante su periodo legislativo ocurrió la llamada “diarrea legislativa” que consistió en una serie de leyes y contrataciones estatales aprobadas, entre estas normas estaba la nueva Ley Orgánica del Congreso Nacional que concentra el poder legislativo en el presidente.

El presidente decide  si publica la agenda legislativa, a quién le da la palabra, qué proyectos de ley presentar ante el pleno y como no hay un sistema de registro de expedientes aleatorio, los proyectos de ley pueden ingresarse en forma discrecional al Congreso Nacional.

Desde su curul de presidente, de nuevo aunque había una prohibición para elegirse presidente del Poder Ejecutivo siendo presidente del Congreso Nacional, mediante argumentos legalistas en el sentido de que la prohibición era para el siguiente periodo,se convirtió en candidato presidencial.

El 27 de enero de 2014 tomó posesión como presidente del Poder Ejecutivo de Honduras, cuando era presidente del Congreso Nacional en medio de denuncias de fraude electoral por parte del partido Libertad y Refundación que surgió de los movimientos populares opuestos al golpe de Estado de 2009.

En el poder, Juan Orlando Hernández controló el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas.

Desde el Congreso Nacional, profundizó el modelo neoliberal, la privatización de empresas, la persecución fiscal contra empresarios, la aprobación de leyes para penalizar las protestas y aumentó la cifra de periodistas asesinados. De acuerdo con la lista de decretos, la mayoría de leyes aprobadas, provinieron del Poder Ejecutivo.

Como parte de la política estatal, el discurso contra los sospechosos fue estigmatizante, se controló a los medios mediante la publicidad oficial, también hubo extradiciones y se aprobó la ley que concesiona parte del territorio por medio de la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES). Asimismo, se impulsó la inversión extranjera y se desplazó a garífunas de sus comunidades.

Las ZEDES se llamaron inicialmente Ciudades Modelo, cuando los magistrados del Poder Judicial declararon su inconstitucionalidad, los destituyó el 12 de diciembre de 2012 dando un golpe técnico a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con la nueva CSJ, diputados del partido de Hernández, incluso el expresidente Rafael Leonardo Callejas, solicitaron aprobar la reelección presidencial. El Poder Judicial reformó un artículo pétreo de la Constitución de la República y aprobó la reelección.  La Carta Magna califica este hecho como traición a la patria.

Con la venía del máximo tribunal de Honduras, el mandatario inició una nueva carrera para violentar la ley una vez más.

Se presentó a elecciones generales el 26 de noviembre y ahora es denunciado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, integrada por sectores populares, de clase media y empresarial del país, por intentar imponer un fraude electoral para ser declarado presidente por el TSE bajo su mando.  Hernández pertenece al partido del dictador Tiburcio Carías Andino que gobernó el país de 1932 a 1949.

Hernández nombró de manera ambivalente a su hermana como “ministra” sin cartera, pero encargada de la pauta publicitaria, su hermano se convirtió en diputado y ha sido vinculado con supuestos narcotraficantes por la banda de Los Cachiros, extraditada a Estados Unidos. Tony, hace días no aparece en el panorama político nacional.

Hernández nació el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, Lempira, en la aldea de Río Grande. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde se convirtió en licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Además obtuvo un título de Maestría en Administración Pública con énfasis legislativa en Estados Unidos, de acuerdo con su perfil oficial.

“Mientras cursaba sus estudios en la UNAH, Juan Orlando se involucró activamente en la política universitaria hasta llegar a ser Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, de 1988 y 1989. En 1990 su hermano, Marco Augusto ocupó la Primera Secretaría del Poder Legislativo y decidió llamarle para que fuera su Asistente Ejecutivo durante ese periodo y comenzó a relacionarse con el Partido Nacional”, dice la información oficial.

“En el proceso electoral de 1997, venció al primer diputado liberal por Lempira. Durante su segundo período legislativo, fue electo como Primer Secretario de la Junta Directiva, cargo desde el que impulsó innovadoras medidas de transparencia en la gestión legislativa. Durante su gestión se creó el sitio web del Congreso Nacional como un instrumento para acercar el Poder Legislativo al pueblo”.

En enero de 2010, el pleno del Congreso Nacional eligió a Juan Orlando Hernández Alvarado, como el presidente de la Junta directiva provisional de ese poder del Estado. antes de dejar el Congreso para dedicarse a su campaña presidencial, Hernández introdujo un proyecto de ley para la creación de la Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres).

Hernández está casado con Ana Rosalinda García y ha procreado cuatro hijos: Ivonne María, Juan Orlando, Ana Daniela e Isabela.