Tegucigalpa, 14/1/2018
Desde el día del fraude electoral en Honduras, 26 de noviembre 2017, la población hondureña vive entre el caos, la zozobra y la esperanza. Un alto porcentaje de la población fue a las urnas no a votar por un candidato determinado sino contra la reelección de quien gobernaba el país, cuestionado por corrupción, vínculos al narcotráfico, abuso de autoridad, desmedido control del poder, violación a la constitución de la República y otros males menores cuyas consecuencias; devaluación, inflación, desempleo, violencia incontrolada, desigualdades e injusticias ha sufrido el pueblo hondureño desde su mandato, primer desde el POder Legislativo y en el segundo periodo desde el Poder Ejecutivo (2010-2017).
Observadores nacionales e internacionales dejaron ver el fraude, extensos documentos dan fe de ello. Aparece en el escenario la muerte sólo confirmada de la hermana del señor Hernández, por los poderes que él mismo controla, el sábado 16.1.2017 (accidente aéreo) resultó ser el escenario preciso para que un día después, domingo 17 antes de caer la noche, desde una cadena de radio y televisión se lanza la proclamación de Hernández a la presidencia.
Los días y las noches previas a la proclamación, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras, Cofadeh, registraba 14 asesinatos, 12 de estos, a manos de la policía militar al servicio de Hernández. Del 30 de noviembre al 5 de diciembre, que no se han detenido del 5 a la fecha.
Entre el Cofadeh, otras organizaciones de derechos humanos e informaciones libres desde las redes sociales, se podría afirmar casi sin temor a dudas que a manos del ejército han sido asesinadas no menos de 40 personas, incluyendo menores de edad. Miles han sido las personas detenidas y cientos las golpeadas y gaseadas con tóxicos, incluyendo niños, niñas, gente de tercera edad, prensa independiente e internacional, personas defensoras de derechos humanos y hasta el coordinador de la Alianza de oposición y expresidente del país (2006 a junio del 2009, sacado del poder por golpe de Estado), Manuel Zelaya.
Hasta ahora, 14 de enero, las manifestaciones han sido pacíficas y desiguales; piedras de parte del pueblo y balas, gases y toletes del ejército, agregado a esto, estrategias de infiltración de Hernández y sus asesores han provocado pretextos para la represión indiscriminada e incluso la tortura y el asesinato. La persecución a pobladores de diferentes departamentos y municipios hondureños (18 y 298 respectivamente) es muy cercana al horror, disparando balas vivas a la población que protesta contra el fraude y lo que se tornó ya, por sus características en una dictadura, apoyada por el gobierno estadounidense que no consideró el informe de observadores y analistas de la OEA ni sus sugerencias y dio su aval al régimen.
Los militares han llegado a extremos de ingresar hace dos días a una iglesia en el departamento de la Paz a deleitarse en la represión y a perseguir como si fuera una cacería a pobladores de los departamentos de Choluteca (sur del país) y Cortés (norte del país) donde se reportaron víctimas fatales.
La persecución, las amenazas a muerte, el levantamiento de perfiles, la intimidación, las paradas de tiro en las noches, las personas desaparecidas, las gentes sacadas de sus casas sin paradero desconocido son algunas de sus prácticas.
Por otro lado, medidas restrictivas como impuestos al salario, desconocimiento de los hechos o maquillaje de los mismos, aumento a los precios de los combustibles, carencia de medicamentos en los hospitales, restricciones en algunos centros de salud de atender a la gente herida en protestas, convierte al régimen en un blanco de constantes protestas pese al salvajismo con que actúa.
Hernández ha llamado a un diálogo que la oposición no acepta con la observación: ¿Cómo se puede dialogar con alguien que asume el poder sin que se lo haya dado el voto popular?
¿Cómo se puede dialogar con alguien que da órdenes de reprimir y asesinar a la población que protesta?
En el actual momento la constitución y las demás leyes han perdido su espíritu de legalidad y justicia igual que quienes deberían aplicarlas. Testimonios de profesionales del derecho lo hacen constar luego de salir de los juzgados. Y hay jueces que se ríen de lo escrito en el código penal o código de procedimientos penales.
La oposición ha invitado a la población a sumarse a un paro económico: no consumir bebidas gaseosas ni productos de franquicias y transnacionales, previsto del 20 de enero en adelante mientras las protestas contra la dictadura persisten en diferentes lugares del país.
El único artículo en pie de la constitución de la República, es el 3. Cita este artículo el derecho a la insurrección ante un gobierno usurpador impuesto por el uso de las armas.
Si resultará el paro se ignora, lo único que se puede medianamente afirmar es el alto grado de indignación popular, las maldiciones que lanza el pueblo al régimen y la vivencia de un proceso insurreccional pese al horror que ha impuesto Hernández, su ejército y sus grupos aliados, incluyendo los medios de comunicación, responsables del cerco mediático que oculta la verdad de los hechos al pueblo y al mundo.