8 de marzo de 2018
Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). A partir del momento que altos ejecutivos de la empresa -que participaban en un grupo de WhatsApp- dijeron que debían encaminar acciones contra Tomás Membreño y Berta Cáceres, el presidente ejecutivo de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos (DESA), el militar Roberto David Castillo Mejía, empezó a planificar la ejecución del asesinato.
Esa conclusión se desprende del expediente judicial que contiene la acusación criminal contra el militar Castillo Mejía, cuya formación para recibir órdenes y cumplirlas lo llevó a convertirse en una especie de interlocutor entre los asesinos intelectuales y los sicarios de Cáceres, según se interpreta de la acusación.
El expediente cita también que «las manifestaciones lideradas por la ofendida Berta Isabel Cáceres Flores, en su momento lograron la pérdida de financiamiento extranjero que paralizó la construcción del proyecto en su ubicación original…lo que llevó a generar grandes pérdidas a los socios de esa empresa», cita el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.
Una conversación entre altos ejecutivos y Castillo Mejía cita:
«Es evidente que mientras no llegue Tomas o Bertha el movimiento se debilita y hay poca convocatoria. De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones«. Comienza entonces, Roberto David Castillo a realizar acciones concretas y se comunica con el imputado con el imputado «David Geovanny Bustillo su ex compañero de armas de las Fuerzas Armadas y quien además había trabajado como Jefe de Seguridad del Plantel de la Represa, para que éste último comenzara a realizar acciones para ubicar a personas idóneas para dar muerte a la ofendida Berta Isabel Cáceres», dice el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.
En el requerimiento fiscal se evidencia que los sicarios le pedían al militar que gestionará -con quienes ordenaron el crimen- un adelanto del pago para el asesinato por encargo ya que relata la acusación que desde noviembre de 2015, empezaron a planificar, la vigilaban entre enero y febrero de 2016, mientras los sicarios le pedían a Castillo Mejía que «se efectuara el adelanto del 50 por ciento del pago pactado» y le comunicaban al militar cómo avanzaba la planificación del asesinato.
Este requerimiento fiscal fue revelado de última hora por la periodista Sandra Maribel Sánchez a través de Radio Progreso.
El ex fiscal de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), Julio Cesar Arbizu, reveló que cuando su trabajo fue obstaculizado por la OEA investigaban a funcionarios públicos y a “empresarios dueños de este país por asesinato de Berta Cáceres”
Arbizu advirtió que encontraron una «clara colusión entre funcionarios públicos y agentes privados y entre los mencionados en el último caso están básicamente los dueños de este país. Esos 49 proyectos tenían la peculiaridad de empezar como propiedad de sujetos que tenían una empresa con mil dólares de capital y terminaron inyectados por bancos desde el extranjero para quedarse en manos de personajes con apellidos conocidos aquí, como los señores Atala».
Hay una cadena de indicios de irregularidades en todo el proceso de concesión del río Gualcarque, denunciados por Berta cáceres antes de su asesinato, que ya pueden ser utilizados para presentar una acusación criminal, indicó.
El periódico argentino Resumen Latinoamericano público un artículo realizado por el periodista sueco, Dick Emanuelsson y la hondureña Miriam Emanuelsson, que pregunta ¿Qué motivo tendría Robert David Castillo de matar a Berta Cáceres, a parte que era un obstáculo para el desarrollo del proyecto de Aguazarca, ni hablar de las otras personas implicadas en el asesinato?
¿O será que hay otros personajes o sectores de la empresa o del Estado hondureño que pueden ser los verdaderos autores intelectuales del asesinato, los que dieron la orden de matarla?
«Hay varias declaraciones y filtraciones de la misma investigación del Ministerio Público que habla sobre comunicaciones telefónicas entre varios integrantes del clan Atala Zablah y algunos de los detenidos. Los Atala son PODER en Honduras, tienen intereses financiero-industriales y respaldaron el golpe de estado en junio 2009 que abrió el camino para entregar 50 concesiones al gran capital hondureño e internacional de minería o proyectos hidroeléctricos», manifiesta el artículo.
«Conversamos con Salvador Zúniga, esposo de Berta Cáceres y co fundador de COPINH, El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que habló en el plantón en el Ministerio Público del 2 de marzo, el segundo aniversario del asesinato de Berta. Confirma “la Pista hacia los Atala”. El mismo grupo de poder ha rechazado cada acusación de estar implicado en el asesinato e incluso ha defendido el gerente ambiental, Sergio Ramón Rodriguez y ha rechazado su detención hace casi dos años. Lo mismo hizo el 2 de marzo cuando fue detenido Robert David Castillo», agrega.
«“Hay una investigación internacional que desarrolló un grupo independiente (Global Witness, nota del redactor). En esa investigación se establece con nombre y apellido personas que pertenecen a la Junta Directiva Desarrollo Energético de Sociedad Anónima [DESA], entre ellos uno de apellido Atala que está involucrado en la decisión que tomaron de mandar a asesinar a la compañera Berta Cáceres. De esas evidencias son tan fuertes, son más fuertes que algunos que están detenidos. Sin embargo como se trata de personas que pertenecen a grupos poderosos y fácticos el Ministerio Público, aún que tiene esa investigación, que la sacó la misma Agencia Técnica de Investigación, que son investigaciones científicas el Ministerio Público no quiere girar ordenes de captura por que el Ministerio Público está cubriendo a los intelectuales de este asesinato”», informa este artículo.
Destaca además que uno de los expedientes de este caso se perdió.
Tomado de Global Witness:
«La documentación de DESA muestra que su junta comprende a algunas de las élites empresariales y políticas con mejores conexiones de Honduras. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, es exministro de gobernación y justicia del Gobierno de Honduras.
El vicepresidente de DESA, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es el presidente del banco BAC Honduras y miembro de una de las familias empresariales más adineradas de Honduras, los Atala.
El primo de Jacobo es el multimillonario Camilo Atala, exministro de Gobierno y propietario del banco Ficohsa, que actualmente está bajo investigación por blanqueo de dinero en Panamá. Camilo Atala también es uno de los principales inversores del polémico Indura Beach and Golf Resort.
El hermano de Camilo, José Eduardo Atala Zablah, también está en la junta de DESA y es el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana y exdirector por Honduras del banco regional Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El BCIE es uno de los principales inversores del proyecto de DESA de construcción de la presa de Agua Zarca.
Otro miembro de la familia Atala, Daniel Atala Midence, es director financiero de DESA».
Reportaje de Rio Blanco (31 min)
La entrevista con Bertha Cáceres: (61 min):