Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). Le dieron un tiro de gracias, ataron sus manos con un lazo que cruzaba hasta su cuello, le cercenaron la nariz, las orejas y los genitales. Sucedió en la década de los noventa, según los hechos probados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La escena del delito de lesa humanidad contra Juan Humberto Sánchez se reencarna de manera frecuente en la muerte de mujeres y hombres jóvenes ejecutados en Honduras en el siglo XXI. Tanto el crimen de los noventa como los nuevos, todos en la impunidad.
Fuente: CorteIDH, Hechos Probados, Caso Juan Humberto Sánchez Vs Honduras
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado de Honduras cita:
Durante la década de los 80 y hasta inicios de los 90, en Honduras existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares. Éstas tenían un estatus especial de autonomía y actuaban bajo cierta doctrina de seguridad nacional, en razón de la cual éstas capturaban a las personas “peligrosas” o “sospechosas” de ser presuntos subversivos hondureños, simpatizantes de la guerrilla salvadoreña o de los sandinistas.
Usualmente estas personas eran detenidas en horas de la noche, interrogadas, torturadas y se les daba un tiro de gracia, y se les enterraba en cementerios clandestinos o en sitios no autorizados. A su vez, las fuerzas militares controlaban a las fuerzas policíacas y los jueces se sentían intimidados de investigar efectivamente las causas penales, donde se denunciaban violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, creándose un clima de impunidad.
En 1992, en Honduras existían bajo el mando común de las fuerzas armadas, las fuerzas territoriales y el Décimo Batallón de Infantería encargados de la seguridad y el orden en la zona fronteriza con El Salvador, zona a la cual pertenecía Colomoncagua.
Juan Humberto Sánchez nació en el Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá, Honduras, el 15 de mayo de 1965 y residía en el Departamento de la Libertad, El Salvador, trabajaba como técnico operador de la Radio Venceremos del Frente para la Liberación Farabundo Martí en El Salvador y ganaba mensualmente US$50,00 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América).
La organización no estatal Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) emitió un comunicado al cumplirse 26 años de la desaparición y ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez a manos del Ejército.
«La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), reitera el llamado al gobierno de Honduras para que dé total cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal Interamericano», dice la fuente.
«El 7 de junio de 2003, la Corte-IDH emitió su sentencia en el caso y declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos derivadas de la detención arbitraria y posterior ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez, por parte de agentes militares. Juan Humberto Sánchez fue detenido los días 10 y 11 de julio de 1992 por las Fuerzas Armadas de Honduras, por su presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Tras desconocer su paradero, el 22 de julio de 1992 su cadáver fue hallado en una poza del río Negro. A pesar de la gravedad de los hechos y los esfuerzos de sus familiares por obtener justicia, hasta el día de hoy no han sido identificados los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y muerte de Juan Humberto».
Cabe recordar que, en su Sentencia, la Corte constató el estado de impunidad respecto de los hechos del caso y observó que las detenciones de Juan Humberto Sánchez se enmarcaron en un cuadro de abuso de poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, eventualmente, ejecutar impunemente. En consecuencia, ordenó al Estado realizar las investigaciones correspondientes, dice este comunicado.
«Además de lo anterior, se encuentran pendientes de cumplimiento la medida consistente en la implementación de un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones, lo cual es fundamental para evitar la repetición de hechos como los ocurridos a Juan Humberto Sánchez.
Las organizaciones integrantes de la Mesa de Seguimiento exigimos al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales, para que finalmente, dé respuesta al clamor de justicia que por años ha mantenido la familia de Juan Humberto y prevenga la repetición de hechos tan graves como los ocurridos en este caso.
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil con el objeto de impulsar conjuntamente el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana al Estado de Honduras».
Lea sentencia aquí:
El comunicado fue firmado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Casa Alianza, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Caritas Diócesis de San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria. Diócesis de San Pedro Sula, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Asociación de Jueces por la Democracia y el CEJIL.
