Mauricio Velasco Laínez
Presidente Pro Justicia de Honduras |Publicado 29 de octubre de 2018
La frase “el fin justifica los medios” que también se puede interpretar como que “en política todo se vale”, históricamente ha fomentado una profunda e interminable controversia ética y diferencia de criterio entre los historiadores, al afirmar algunos que su autoría es de Nicolás Maquiavelo y otros que es de Napoleón Bonaparte.
Recientemente el diputado del Partido Liberal por el departamento de Lempira, Nery Reyes, con la intención de rebatir actuaciones del ex excandidato presidencial Luis Zelaya, manifestó entre otras ideas que Zelaya “Como político no sabe de política donde todo se vale menos perder”.
El concepto que en política todo se vale, está estrechamente relacionado con la definición de la política, las características que debe reunir un buen político y las consecuencias de las actuaciones de los políticos en beneficio o en perjuicio de la población hondureña.
Para los efectos de este análisis, podemos definir la política como la ciencia social que tiene como objetivo el logro del bienestar de la sociedad.
Si el objetivo principal de la política es el bienestar social, los políticos deben reunir ciertas características para lograr el bienestar y la armónica convivencia social, donde se encuentran actores de diferentes ideologías, condición social, credos, razas y capacidades.
Entre las cualidades de todo buen político podemos citar: tener compromiso social, ser transparente en cuanto su administración, preparación para conducir el país, tener liderazgo, cumplir con lo que promete, aprender de sus fallas, prudente, innovador, conocedor de la realidad del país, congruente con su discurso, y respetuoso de la constitución y leyes.
Si todo es válido en política, consecuentemente tendremos que aceptar como bueno, normal y válido: que las elecciones generales se deben de ganar valiéndose del fraude, la corrupción y el desorden; que los políticos pueden defenestrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poner en su lugar, a magistrados dóciles que dicten sentencias amañadas e inconstitucionales, al momento que se quieran reelegir en la presidencia de la República; que los políticos pueden saquear los fondos del Seguro Social y otros destinados a programas sociales para financiar sus campañas o sus apetencias personales; que la Constitución de la República es pura babosada, que hay que violarla cuantas veces sea necesario; que es lícito financiar campañas políticas con fondos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado; que para administrar justicia a narcotraficantes y corruptos por delitos cometidos en el país, sean los tribunales estadounidenses los competentes para investigar, juzgar y sancionar ante la total inoperancia de nuestro Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía; que se pueden comprar libremente votos y conciencias de los diputados del Congreso Nacional; que el primer producto de exportación y fuente de divisas para el país, continúe siendo la tragedia y el dolor, de los miles de miles de hondureños que emigran del país por la pobreza, la inseguridad, violencia y falta de trabajo; que la defensa de los derechos humanos debe estar supeditada a la defensa de los intereses de los políticos; que los casos de corrupción del Seguro Social, caso Pandora (120 involucrados), caso pacto impunidad de diputados, caso de caja chica de la primera dama, caso del proyecto de aguas Zarca, así como las 59 líneas de investigación que ha remitido el Consejo Nacional Anticorrupción al Ministerio Público, sean en definitiva, sobreseídos o archivados; que se elimine el Consejo Nacional Anticorrupción, el Tribunal Superior de Cuentas, la ley y la Unidad de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Secretaria de Derechos Humanos, y se marchen del país la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos.
El Estado hondureño ha tenido en el pasado dignos y ejemplares mandatarios que contradicen la tesis que en política todo se vale. José Trinidad Cabañas Fiallos, Presidente Constitucional liberal de 1852 a 1855, fue fiel defensor de la unión centroamericana, lugarteniente de Francisco Morazán y modelo de honradez y valor. Juan Manuel Gálvez, presidente nacionalista de 1949 a 1954, mejoró notablemente la economía y la administración pública, con un buen equipo de trabajo logró mantener el orden, el progreso y la paz en el país; Rafael Eleodoro Valle (1949) lo describió como notable estadista, tolerante y discreto.
Hasta cuando los hondureños seguiremos aceptando la falsa y anti ética idea que en política todo se vale, que es normal que los políticos nos engañen cuantas veces sea necesario, que pueden cometer impunemente toda clase de actos de corrupción y violar la Constitución y las leyes para su beneficio o para usufructuar indefinidamente el poder en perjuicio del Estado de derecho democrático, de la población y la convivencia social armónica. Si en el pasado hemos tenido mandatarios como José Trinidad Cabañas Fiallos y Juan Manuel Gálvez, ya es tiempo que les exijamos a todos los partidos políticos, que sus candidatos tengan similares o superiores méritos que lo mandatarios mencionados.
21 de octubre de 2018.