Reporteros de Investigación. Los jóvenes de maras y pandillas han sufrido la violencia estructural que los condujo a ejercer violencia delictiva contra una sociedad que está desprovista de respuestas para contener las consecuencias ejercidas por un ejército de jóvenes lastimados.
Al contrario de lo que pasa en El Salvador donde las autoridades han venido negociando en un entramado de corrupción con maras y pandillas; en Honduras, la negociación con maras y pandillas se basa en una relación desigual en la jerarquía de poder criminal. Con políticos metidos de lleno en el gobierno del país y en el narcotráfico, la MS y la 18 han quedado como brazos ejecutores de las decisiones de narcopolíticos y de delincuentes de cuello blanco. Las maras y pandillas han sembrado luto y el luto les ha abarcado a ellos por las torturas que el gobierno ha ejercido contra los más vulnerables de la cadena y por las torturas para sus madres que son maltratadas para entrar a las càrceles. No es casualidad entonces que una vez que estos jóvenes son utilizados por políticos de Honduras para el sicariato, aparezcan asesinados, deban cambiar de identidad o borrarla e inventarse una nueva vida para evitar su asesinato, tampoco es casualidad el crecimiento del narco menudeo y que haya más capturas de una pandilla que de la otra, lo cual da cuenta de hasta donde da «sombra» el pacto de corruptos; las declaraciones de funcionarios de Honduras que han estado ligados al tema de seguridad para hablar del pacto entre la MS y Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, evidencian no sólo la denuncia coyuntural por «revanchismo» sino el acceso a información y la facilidad para hablar de negociación con maras que está muy fácil en la boca de políticos criollos. En todo este contexto, tampoco es casualidad que al cometer crímenes, como autores materiales, finalmente sean ellos los arrestados, amenazados para callar, llevados a la prisión, confinados por las estructuras armadas del Estado que deberían proteger al pueblo y que, sin embargo, reciben líneas de políticos.
La policía entrenada para ver sólo lo evidente ante sus ojos y sin capacidades para ampliar con visión filosófica y desde la política pura, que explica el contexto, generalmente se queda en los autores materiales sin comprender cómo con su ceguera, necesaria para el sistema, diseñan y enriquecen el sistema de impunidad, sus investigaciones se conforman con mostrar a los asesinos o ejecutores que bien podrían ser víctimas por la fuerza del poder, las armas y el control que los obliga.
De más de 77 casos de periodistas, se han obtenido ocho sentencias, según datos de la Fiscalía. En la mayoría de casos los autores materiales fueron integrantes de maras y pandillas, en su ceguera inducida por conveniencia, los órganos de justicia han dejado de lado las denuncias que hacían los periodistas y los modos de operación de utilizar maras y pandillas como nuevos grupos de exterminio con dirección estatal que a la vez que disimulan la participación de funcionarios y políticos en los crímenes, justifican la remilitarización y permiten a los delincuentes de cuello blanco buscar mayor deuda externa en nombre de la seguridad. Es por eso que a la hora de aplicar justicia, las y los operadores del sistema debieran tomar en cuenta esta evidencia, documentada en diferentes casos.