Por Omar Menjivar*
Tegucigalpa, Reporteros de Investigación. Quiero declarar que soy partidario, promotor y defensor de un derecho penal de mínima intervención.
Que soy un convencido de que las penas severas, privativas de libertad, son un fracaso demostrado, desde el propio nacimiento de la prisión como pena (no siempre existió), porque desde su surgimiento, los Estados no han sabido qué hacer con los presos y la rehabilitación ha resultado un ideal al que nunca nos hemos acercado, siquiera.
Pero también sé que la ley es el resultado de unas determinadas relaciones de poder y responden a la voluntad de quien es predominante política e ideológicamente en el momento de su aprobación. Es decir, que el contexto político determina la forma, el contenido y también el proceso de aplicación de la ley.
Bajo ese entendido, por supuesto que resulta contrario al interés general, que quienes hoy tienen el poder político/formal de la nación y estando en el centro de los más duros cuestionamientos por notorios, públicos y monstruosos actos de corrupción, perpetrados bajo la modalidad y al mejor estilo de una utentica organización criminal, aprueben un nuevo código penal en el que rebajan las penas precisamente a los delitos de corrupción y que los poquísimos que ahora están condenados o que podrían ser condenados en estos casi seis meses que falta para la vigencia del nuevo código, podrán salir bajo diversas opciones por aplicación retroactiva beneficiosa para el reo.
Evidentemente es reprochable que estando cuestionada toda la estructura institucional, sindicada incluso internacionalmente como un narco estado, venga ese estado y apruebe un código penal en el que se rebajan notablemente las penas por los delitos de narcotráfico.
Viviendo en condiciones de autoritarismo y totalitarismo, es absolutamente previsible que las figuras penales de asociación para delinquir, manifestaciones ilícitas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, delitos contra el honor (incluido ahora el «honor» de instituciones públicas y privadas), delitos contra el «normal» funcionamiento de las instituciones, serán usadas para perseguir y reprimir a la oposición. No podemos esperar otra cosa.
No es tanto en sí, el código per sé, es la coyuntura actual, signada políticamente por una dictadura, la que lo vuelve inadecuado, inconveniente y perverso. Es la política de persecución penal vigente (que no política criminal) la que lo vuelve ilegítimo y por ello antidemocrático, en tanto que no coincide con la voluntad general de un pueblo que está harto de la impunidad, de los privilegios del poder abusivo que se burla de las aspiraciones de ese pueblo.
Prometo estudiar con detenimiento ese nuevo código y ofrecer puntos de vista más puntuales, más adelante.
*Abogado penalista, ex fiscal del Ministerio Público, defensor de derechos humanos.