Mi reflejo al espejo
Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). El 28 de mayo de 2019, un sujeto le quitó su celular a la periodista Miriam Elvir, a eso de las 3:00 de la tarde. El asalto fue acompañado de amenazas.
Durante las siguientes seis horas después del asalto, hubo varios intentos para acceder al correo electrónico institucional, que la periodista tiene configurado en su celular, de acuerdo con el monitoreo de seguridad hecho después del ataque.
Es el tercer asalto en su contra en menos de un año, siempre con robo de información, la primera vez hicieron disparos con armas de fuego y amenazas a muerte cuando iba con su familia, luego recibió fotografías de militares exhibiendo sus fusiles de reglamento y la volvieron a asaltar.
Elvir acudió al Mecanismo de Protección y a la Fiscalía, su caso fue cerrado en la Fiscalía. El Mecanismo consideró que no corre riesgo. La periodista cuenta su testimonio:
Desde el año 2009 a raíz del golpe de Estado en Honduras me incorporé voluntaria y abiertamente a la militancia por la defensa y promoción de los derechos humanos, nacida en la cuna de una familia con conciencia y compromiso social, mi aporte profesional desde este espacio era parte de mi aporte para generar el camino a una sociedad más equitativa y sobre todo más humana.
En el transcurso de ese recorrido la inercia profesional me involucró rápidamente con el Comité por la Libre Expresión (C-libre), para el año 2011 asumí la coordinación del Sistema de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales en Honduras.
Ahí dimensioné por primera vez lo valioso del trabajo de los y las periodistas para una democracia sumamente debilitada en consecuencia de la crisis instaurada por el golpe de Estado en donde la violencia contra el gremio periodístico sobrepasaba las capacidades de tres periodistas de C-Libre.
De ahí surge la propuesta por conformar a nivel nacional la primera Red de Alertas de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), a quienes puedo describir como los sentidos de C-Libre. Esta estructura además permitió hacer una radiografía casi a perfección de la situación de violencia orgánica y estructural en contra de periodistas a nivel nacional, plasmada en los informes sobre libertad de expresión de los años 2011, 2012,2013 y 2014. La información recolectada de primera mano se convirtió en una alarma que obtuvo la atención internacional que a través de dicho informe conoció los enormes riesgos que se enfrentan los y las periodistas en un país señalado como uno de los más violentos para ejercer el periodismo.
Datos oficiales suman más de 70 asesinatos de periodistas en los últimos 10 años y más de cinco mil agresiones incluidas desde luego las amenazas a muerte y el exilio de trabajadores de la información a quienes no les quedó otra alternativa que huir de su país. Bajo este contexto desalentador, mi principal aporte se enfatizó en la prevención mediante la denuncia urgente como mecanismo de contención con la finalidad prioritaria de salvaguardar la integridad física de periodistas en riesgo y no permitir la “desmovilización informativa”, que finalmente es una perdida incalculable para toda la sociedad, puesto que al callar un periodista, se calla también desde mi punto de vista el derecho de la ciudadanía a informarse.
La sumatoria de años de trabajo me hizo confirmar lo que siempre supe, que el sistema está diseñado para ser cómplice del “Estatus Quo”, diseñado para obstruir y consciente de esto la dinámica entonces se basó en agotar instancias y cumplir con los requisitos internos de nuestra “justicia”, en lo relacionado con las denuncias por agresiones contra periodistas.
Y, así las llamadas desesperadas de mis colegas solicitando mi intervención en sus denuncias, siempre fue frustrante, inicialmente porque a nivel de organización no teníamos en ese entonces (2011-2014) como cerrar el ciclo de la denuncia, nuestra función se limitaba a la denuncia y de manera personal buscar apoyo en organizaciones amigas para que ellos se encargaran de buscar justicia.
Por política personal, invisibilicé todo tipo de violencia o agresiones en mi contra, además preferí por salud mental no vincular incidentes e incluso ataques a mi trabajo de denuncia y acompañamiento a agresiones a la libertad de expresión.
Pero en el mes de junio del año 2018, me llego el día que por primera vez, vi en riesgo mi núcleo familiar y trabajando en una organización creada para garantizar la seguridad de periodistas y yo siendo la coordinadora de un sistema de alertas y protección para la libertad de expresión, acudí a mi autoridad superior a exponerle como junto a mis hijos y esposo fui víctima de un atentado.
Curiosamente este incidente ocurre tras haber transcurrido un mes con mucho trabajo de campo, acciones de denuncia e incluso la exigencia permanente de la derogación al Artículo 335-B del Código Penal que literalmente tipificaba a los periodistas como terroristas. También recuerdo que el primero de mayo, por primera vez junto a dos colegas periodistas organizamos la participación del gremio periodístico en la movilización del Día Internacional del Trabajador en la ciudad de Tegucigalpa, acción que culminó con una fuerte represión en contra de los y las trabajadores y desde luego de los periodistas que informaban sobre dicha actividad, incluida desde luego yo.
Además en ese mes que se festeja el Día del Periodista hondureño desempolvamos del archivo de la impunidad del Ministerio Publico la denuncia contra el ex presidente Porfirio Lobo Sosa por la represión a un grupo de periodista en el año 2011.
Transcurridas dos semanas de mi atentado y al no tener ningún tipo de respuesta por parte de mi organización, decidí buscar ayuda en el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), de manera inmediata obtuve la solidaridad que busqué, en primera instancia, en mis compañeros de trabajo. Luego empezó el protocolo respectivo y accedí a buscar justicia del sistema, entonces interpusimos denuncia ante el Mecanismo de Protección a Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de Justicia y Defensores de Derechos Humanos, además decidimos acudir a la recién inaugurada Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) del Ministerio Público.
Recordemos que esto sucedió en el mes de junio, es decir hace nueve meses, tiempo en el que además he sufrido nuevos incidentes que curiosamente se produjeron luego que la FEPRODDHH me llamara en el mes de diciembre a declarar por primera vez y que el Mecanismo decidiera suspender mis medidas de seguridad otorgadas en consecuencia del atentado denunciado.
En resumen, para ambas instancias de protección, soy considerada una persona sin riesgo alguno, para el COFADEH mi situación es de riesgo y por ello se han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para mí, por primera vez me vi reflejada en las voces desesperadas de mis colegas periodistas que siempre me dijeron “el sistema de justicia es una completa mierda”, hoy por conocimiento de causa hago suyas mis palabras y con mucha frustración y decepción veo como el sistema creado específicamente para proteger a periodistas, lejos de cumplir con su función se encarga de lavar la cara a un gobierno al que le destinan millonarias partidas presupuestarias para proteger a periodistas.
¿Cómo puedo aconsejar a un periodista que acuda a las organizaciones civiles e instituciones estatales creadas para protegerlos, para solicitar ayuda?… ¿valdrá la pena, entregar información sensible a estas estructuras? Muchas preguntas y solo una respuesta, mi compromiso es y será con convicción, esta realidad-practica hoy más que nunca me reafirma que mi humilde aporte es necesario para la construcción de nuevas capacidades en materia de protección y defensa de la libertad de expresión y de prensa en Honduras.
Seguramente nuevos desafíos surgirán desde mi nueva trinchera de lucha www.reporterosdeinvestigacion.com, pero desde este espacio seguiré defendiendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa, que incluye la seguridad y protección de trabajadores de la información y el derecho ciudadano a ser informado.