El 21 de junio, la cúpula policial anunció un acuerdo con sus subalternos, con la mediación del Comisionado, pero el 21 de septiembre, el Conadeh pidió respetar lo acordado aquella noche.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación
Había un ambiente de agitación social en Honduras, era la mitad de 2019. Los reporteros aguardaban en la oscuridad de la medianoche para que los representantes de la Policía de Fuerzas Especiales y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) salieran a anunciar la noticia que los periodistas ya sabían: La huelga policial llegaba a su fin y a cambio la Secretaría de Seguridad se comprometía a no tomar ninguna represalia.
Pero tres meses después es evidente que la Secretaría de Seguridad mintió y que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha sido insuficiente para impedir los abusos que la cúpula policial se comprometió a no cometer contra sus subalternos
Esa noche a la escena llegó la ex jefa de Asuntos Internos de la Policía y ahora diputada de oposición, la comisionada María Luisa Borjas, «a estos muchachos los están engañando y tienen mucha presión», conversó ese día con los periodistas. En los alrededores del estatal Conadeh también estaban integrantes de Los Indignados para conocer qué pasaba dentro de la oficina.
El Conadeh, el ente estatal defensor de los derechos humanos, ha adoptado una política de conciliación de conflictos y eso hizo la medianoche del 20 de junio pasado, mediar; el Conadeh prometió que sería garante del respeto para los agentes que estuvieron en huelga de brazos caídos y que llegaron a tirarle gas lacrimógeno al jefe nacional de la Policía, José David Aguilar Morán, que para ese tiempo probó un poco de lo mismo que sentían los maestros y médicos cuyas protestas masivas eran impedidas con bombardeos con estas armas químicas, lanzadas por tropas policiales bajo su comando general.
Los maestros y médicos protestaban denunciando la intención de privatizar la educación y la salud. En medio del paro de labores en el sistema público de Educación y Salud, la Policía también se fue a una huelga de brazos caídos.
Han pasado tres meses, el acuerdo fue que la policía deponía su medida de presión y la Secretaría de Seguridad prometía no tener represalias y mejorar sus condiciones laborales.
Sin embargo, en agosto el equipo de RI constató que un grupo de agentes del Comando Cobra fueron trasladados, «purgados», como dicen ellos en sus códigos internos, hacia el departamento fronterizo de Ocotepeque, confirmó una fuente oficial.
Se solicitó a la Secretaría de Seguridad que explicarán porqué ocurrieron estos traslados y el director de la policía explicó que está dentro de sus atribuciones y que él considera que las razones para este traslado son un asunto reservado, según el oficio DGPN No. 5736-2019.
Del mismo modo, el Conadeh informó que están investigando de oficio el destino de policías de las Fuerzas Especiales, sin embargo que esta era información reservada.
Las respuestas de seguridad y del Conadeh son del 13 de agosto de 2019. Menos de un mes más tarde, este 21 de septiembre de nuevo el Conadeh ha pedido respeto para 92 policías que serán sometidos a un proceso que concluiría en su separación con el disfraz del «debido proceso» .
La cúpula ha dejado pasar un tiempo para actuar y simular que la separación de los integrantes de Fuerzas Especiales obedece a algo rutinario, pero coincidentemente los policías Cobra que participaron en la huelga de 2017 también han ido siendo separados.
El Conadeh dijo que 92 agentes serán convocados a una audiencia de descargo por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).
«El pasado 20 de junio, la oficina del CONADEH fue sede del diálogo entre representantes de la Secretaría de Seguridad, de la cúpula policial y de las diferentes categorías de agentes, clases y sub-oficiales de la Policía Nacional que, bajo la mediación del titular del ente estatal de derechos
humanos, firmaron un “acta de compromiso” que puso fin a los actos de protesta».
«El Ombudsman hondureño recordó que fue llamado por las personas que estaban manifestándose, dentro de la Unidad de la Policía Nacional, para mediar en el conflicto, misma que fue aceptada por la cúpula policial y la Secretaría de seguridad. Todos nombraron a sus representantes y se hicieron presentes en la sede del CONADEH, en un
momento en el cual la falta de solución iba a traer mucha tragedia no solamente familias hondureñas, sino que a toda la población y no sabíamos las dimensiones nacionales que iba tomar un enfrentamiento de esa naturaleza», dijo Herrera Cáceres.
«El “acta de compromiso”, firmada el 20 de junio, contiene nueve clausulas en las cuales la Secretaría de Seguridad se compromete a mejorar la alimentación que se les brinda a las diferentes direcciones de la Policía Nacional, así como equipar las unidades metropolitanas de una
cocina adecuada en los espacios apropiados. Además, se comprometieron a proveerles, a todas las direcciones de la Policía Nacional, de sus
uniformes y botas de calidad. En otra de la clausulas, la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional se comprometieron a no realizar procesos de sanciones disciplinarias o persecución laboral en contra de los policías que
ejercieron su derecho constitucional de petición en el marco de dicho conflicto», según Herrera Cáceres.
Esta manifestación policial fue la segunda en menos de dos años. Los acuerdos fueron mejorar la alimentación, proveer uniformes, respetar los derechos de la policía, reuniones con el Conadeh, respeto a derechos humanos de las personas que se manifiestan pacíficamente y que no habrá sanciones contra policías que participaron en la protesta.
La primera revuelta fue en diciembre de 2017, una semana después de las elecciones generales. Esa revuelta duró 48 horas y fue motivada, según la informaron de aquel entonces, porque no querían reprimir más al pueblo que protestaba denunciando fraude electoral. La gente se desbordó y apoyó la manifestación policial de 2017. Cuando les prometieron remuneraciones, aumentos y bonos, la asonada cesó.
Pese a las protestas, la policía ha estado en la primera línea de actos de represión contra la protesta pública mientras la política de remilitarización de la seguridad pública, avanza.