Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El tiempo ha ido pasando sin justicia y el destino de muertos y vivos se ha ido cruzando en el entramado de crimen y corrupción que vive el país. Hoy se cumplen más de seis meses del asesinato de Magdaleno Meza; cuatro meses del asesinato de Pedro Armas y más de un año y cinco meses desde que Fernando Suárez entró a prisión.
Mientras tanto, han pasado seis días desde que el ex director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, fuera acusado por la Fiscalía de Nueva York como coconspirador del gobernante de Honduras. Para el exdirector de la Policía de Investigación, Leandro Osorio, la mejor opción de Bonilla es negociar su entrega con la justicia estadounidense.
Unos aún en vida y los que ya fallecieron están ligados porque fueron testigos de supuestos ilícitos de narcotráfico y corrupción pública, atribuidos al mandatario Juan Orlando Hernández. En los tres casos el ingrediente común es la impunidad.
La advertencia hecha por la opinión pública para Bonilla es que sí se queda en Honduras lo podrían matar al igual que a Meza, asesinado el 26 de octubre de 2019. Estaba procesado por supuestos delitos de narcotráfico y era testigo de las “narcolibretas” en las que se mencionaría al mandatario. El apoderado legal de Meza, Carlos Chajtur, confirmó a RI que estas libretas están en poder de la justicia de Estados Unidos.
El 13 de diciembre de 2019, el director del centro penitenciario donde mataron a Meza, Pedro Armas, también fue asesinado. Estos son los crímenes más conocidos.
Solo unos días después, el apoderado legal, Omar Menjivar, cuyo cliente es el testigo y acusado por el Caso Pandora, Fernando Suárez, advirtió que la vida de su cliente corre peligro y “aunque no parezca sigue” en peligro, dijo este 5 de mayo a Reporteros de Investigación.
Menjivar relató que denunció el riesgo de su cliente porque “había la incertidumbre de qué iba a pasar. La juez… les ha obligado que lo mantengan en el lugar que está pero reubicado en otro sitio…pero que reúna las condiciones de salud y seguridad y dignidad que él merece».
«Entonces nos queda la preocupación que de verdad hubo la intención de dejarlo desprotegido para que su situación de vulnerabilidad fuera mayor y si algo le pasaba, ellos sentirse como liberados de la responsabilidad y con aval judicial. Entonces es terrible que pase esto porque nos parece que el Ministerio Público en general está actuando manera irresponsable en este caso, en el manejo de este caso y no ha dado ninguna resolución sobre el tratamiento procesal que se le va a dar a Fernando Suárez, y segundo lugar, porque quisieron, de alguna manera, relajar su responsabilidad de protección y seguridad”.
“Da la impresión que eso pasó por una instrucción superior”, se solicitó una reubicación, la juez tomó en cuenta esta situación y dio una resolución que revirtió de algún modo esta situación, apuntó.
Apelación con más de un año
Suárez tiene un auto de prisión desde noviembre de 2018, el caso está sin movimiento en el juzgado de primera instancia porque hay una apelación en el tribunal de alzada.
Mientras los magistrados de Apelaciones no resuelvan, no se celebrará la audiencia preliminar en la que se decide si el caso pasa a juicio oral. La Corte Suprema de Justicia en este momento permanece cerrada por la pandemia.
Menjivar dijo a RI que “Fernando Suarez, testigo del caso Pandora, denunció toda la corrupción a través de la cual el presidente Juan Orlando Hernández saqueo al Estado a través de una red que utilizó oenegés, empresas fantasmas y testaferros para saquear fondos del estado y financiar su campaña política”.
Para Menjivar en la extracción de fondos, bajo esta modalidad, estuvo implicada la desaparecida hermana de Hernández, Hilda Hernandez Alvarado, “ella era la que disponía cuándo, cuánto y cómo se iban a destinar los fondos” esto implica directamente como responsable y principal beneficiario al presidente Juan Orlando Hernández, sostuvo.
Esta descripción hecha por Menjívar se asemeja a los hallazgos de una red de empresas interconectadas por socios, parientes, funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados implicados, ya sea de manera directa o indirecta, con las compras directas por la pandemia por COVID-19, tal como lo revelamos en nuestra serie Parásitos del Covid. Además, el Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado sobrevaloración en estas compras.
Según Menjivar, su patrocinado decidió presentarse y colaborar con el Ministerio Público ofreciendo toda la información que disponía, que incluía “no sólo el saqueo de la secretaría de Agricultura y Ganadería, que es por el cual se formuló el caso Pandora, sino el saqueo de otras instituciones del Estado, prácticamente de todas las instituciones que son las que manejan el presupuesto significativo, incluyen el Pani, la Secretaría de Salud y Educación, el Congreso Nacional, Banadesa y el Infop”.
Toda esta información quedó bajo custodia del Ministerio Público. “Desde esa fecha, el Ministerio Público no ha emitido ninguna resolución judicial que implique cuál va a ser el tratamiento procesal que se le va a dar a Fernando Suárez”.
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