Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Desde el cristal del condominio donde vive el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en las noches se ven las luces artificiales de la ciudad. Es difícil distinguir la silueta de cada edificio en las sombras serpenteantes con bombillos blancos y amarillos, entreverados con las luces de neón.
En el día, desde el mismo ventanal se distingue la universidad estatal y el Santuario de la Virgen de Suyapa, a la que le piden los hondureños, que creen en ella, por un milagro y que durante las peregrinaciones de febrero pueden ir hincados durante kilómetros para cumplir sus promesas a cambio de los milagros cumplidos. Cuántos personas privadas de libertad le habrán pedido en las noches de tortura a la virgen.
En la entrada de su apartamento hay recuerdos colgados del periodo presidencial de Pepe Lobo, como le dicen los hondureños y de Rosa Elena de Lobo a la par suya, con un sonrisa perenne saludando a la multitud que llegó al estadio el día de la toma de posesión.
En menos de un año, nos hemos sentado con el ex presidente, al menos dos veces para hablar de temas relacionados con la corrupción y los juicios por narcotráfico en Nueva York.
En ambas ocasiones, Lobo Sosa insistió en la necesidad de investigar a fondo el sistema penal del país, especialmente el hacinamiento en la cárcel de mujeres.
La primera vez tenía una mirada nostálgica y resentimiento con la MACCIH, la segunda vez ya con la MACCIH fuera de Honduras parecía que se la había quitado un peso de encima, pero en ambos momentos mantenía la sonrisa indeleble con la que suele aparecer en las cámaras. Luce un poco más joven en las fotos.
En una de estas ocasiones, Lobo Sosa le pregunta, con un eco de melancolía, a unos de sus hijos, ¡Ya cenaste!
-¡Mirá! imagináte que en una celda para una persona, hay ocho mujeres, se vive una crisis, platica.
En las dos ocasiones, insistió en que la sobrepoblación y condiciones de maltratos en la cárcel es un tema al que debería darsele cobertura desde el periodismo de investigación.
De manera que la masacre contra seis mujeres privadas de libertad en la penitenciaría femenina, a la que la gente sigue llamando CEFAS aunque le cambiaron el nombre, es un resultado esperado por el gobierno. El gobierno ya lo sabía porque hay una aglomeración de informes y voces de alertas dadas a diferentes presidentes, incluso a Lobo Sosa, para tomar medidas en las cárceles convertidas en centros de tortura.
Si no se toman medidas, las cárceles del continente se van a convertir en centros de concentración. Lo ha venido advirtiendo el criminólogo Raúl Zaffaroni. Su teoría del genocidio por goteo en América Latina, lo ha llevado a darle vuelta a la criminología tradicional.
Siete años antes
El expresidente hondureño ha conocido de cerca la realidad de los centros de detención desde 2019 que su esposa Rosa Elena Lobo está en cárcel preventiva por supuestos actos de corrupción.
Durante su gobierno fallecieron 380 personas en dos masacres, sin contar las víctimas ocurridas a lo largo de su cuatrienio. Pero estas dos muertes múltiples, que a la luz de las teorías de Zaffaroni podrían llamarse homicidios en masa, desnudaron los tratos crueles e inhumanos, según sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Primero fueron 367 personas el 14 de febrero de 2012 cuando Lobo Sosa tenía dos años en el poder y en Honduras se celebraba el Día del Amor y la Amistad; de nuevo, el 29 de marzo de 2014, 13 más fallecieron en la cárcel de San Pedro Sula.
La CorteIDH habría de sentenciar, en el Caso Pacheco Teruel Vs Honduras, años más tarde que había sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad de agua potable y sanitaria en las cárceles.
En esa sentencia, el tribunal internacional conocía el caso de 107 supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha quemados en el Centro Penal de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004, cuando Ricardo Maduro, su correligionario de partido presidía Honduras.
En 2012, este órgano judicial sentenció que en el sistema penitenciario de Honduras había tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero en el gobierno actual, la situación empeoró.
Cinco años más tarde, en 2017 de nuevo la Coalición contra la Impunidad, que aglutina a más de 50 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, le recordó al sucesor de Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, que el Examen Periódico Universal advirtió que el autogobierno de reclusos, en las cárceles, seguía siendo un problema.
Muertes bajo custodia estatal
El Comité contra la Tortura de la ONU le dijo al Estado de Honduras que entre 2009 y 2014, periodo post golpe de Estado en Honduras que cubre dos gobierno el de Lobo Sosa y parte de Hernández, ocurrieron 153 muertes violentas en el sistema penitenciario, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos recibió 253 de tortura.
La Fiscalía presentó 54 requerimientos fiscales contra 92 miembros de los cuerpos armados del Estado y sólo hubo cuatro sentencias.
En ese mismo año, en 36 meses de gobierno de Hernández, también el Comité de Derechos Humanos le advirtió al Estado que encontraros hombres y mujeres en centros mixtos.
“No había atención particular a las necesidades de las mujeres privadas de libertad”.
Al Estado de Honduras se le recomendó entonces garantizar el derecho de los reos a ser tratados con humanidad y dignidad. El Comité de la ONU mostró su preocupación por que las cárceles estuvieran en manos de militares.
Sin embargo, la respuesta estatal ha sido: en menos de un año, ya suman tres masacres carcelarias que demuestran la pelea de poder y las fricciones del pacto criminal entre maras y pandillas y el gobierno que revelamos en nuestra serie Pacto Mortal.
Estado incumple sentencia de Corte IDH
Desde 2012, la Sentencia del Caso Pacheco Teruel Vs Honduras ordenó al Estado de Honduras garantizar la no repetición de masacres carcelarias como una medida de reparación, crear condiciones para alimentación adecuada, atención médica, condiciones físicas y sanitarias adecuadas con los estándares internacionales y capacitar en derechos humanos a los funcionarios de las cárceles.
La respuesta del Estado es que entre anoche y esta madrugada, seis mujeres fallecieron bajo la custodia estatal.
Mandatos incumplidos
1) El inadecuado uso de batallones para internos. 2) La necesidad de separar sentenciados y procesados
3) Reducir la sobrepoblación 4) dar condiciones dignas 5) proveer atención médica, acceso al agua potable, medicamentos 6) erradicar la tortura de las cárceles 7) Parar los asesinatos bajo custodia estatal.
