El carcelero
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Hoy, cuando precisamente entraría en vigor el nuevo Código Penal, la ambigüedad, corrupción y colusión de la narcopolítica en altas esferas estatales, colocan en riesgo de vigilancia, hostigamiento, censura y prisión a las personas que utilizan redes sociales. Ese hecho coincide con el reciente nombramiento del ministro de Gobierno Digital, Marco Antonio Midence.
El gobierno crea las noticias falsas («fake news») que se han hecho virales no solo por «bots», nuevos programas tecnológicos, sino porque la misma oposición y la mayoría ciudadana las comparte, pero con el nuevo Código Penal, compartir esa información falsa puede ser una trampa para llevar a prisión a quienes se expresan por el internet.
En este panorama, la primera parte de la agenda de Midence sería hacer avanzar a Honduras en la digitalización y «transparencia» de las organizaciones gubernamentales, pero en esta era del aprendizaje automático y del «big data», un tema desconocido para la mayoría de hondureños, sería un peligro nuevo e ignorado. Este ministerio podría convertirse en el nuevo “inquisidor” o «espía» de las redes sociales, según el análisis y testimonios recibidos por RI.
Vea: Empresa de Israel con artillería de mentiras y “fake news”
En las últimas horas, 67 diputados, que son la mayoría del Congreso Nacional, abrogaron el Código Penal en una sesión legislativa extraordinaria. Los funcionarios de gobierno, utilizando como vocero al directivo del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, han dicho que la reunión fue un acto ilegal.
Las redes sociales de Honduras han servido para viralizar esta decisión que tuvo el apoyo de sectores sociales, empresariales y políticos del país y para una campaña que rebautizó al Código Penal como el Código de la Impunidad porque rebaja penas por corrupción, narcotráfico, castiga la libertad de expresión, pero deja vacíos respecto a la fabricación de noticias falsas, a la acumulación de grandes volúmenes de datos personales confidenciales y a lo que se puede hacer con software para vigilancia masiva gracias a la inteligencia artificial o ahora simplemente con aplicaciones.
Tampoco, el Código castiga de manera clara la corrupción que significa el cierre de cuentas en Twitter y Facebook por falsear seguidores como pasó con páginas al servicio de Juan Orlando Hernández.
Espionaje moderno
El Partido Liberal advirtió a inicios de este mes que el gobierno anunció y juramentó una nueva dependencia estatal denominada “Gobierno Digital”. «El gobierno ha planteado herramientas tecnológicas que le permitan a la población hondureña contar con atención médica remota y un control epidemiológico a través de plataformas conectadas entre otras, al 911 y Registro Nacional de las Personas. Para lo cual, se solicita que de manera obligatoria toda persona que requiera asistencia para la detección, diagnóstico y tratamiento por el COVID-19, proporcione sus datos personales en la encuesta diseñada para ese fin. Esta misma medida se aplica al recibir servicios de salud, tarjeta de identidad, licencia de conducir, salvoconductos y transferencias electrónicas de cualquier tipo», dice un comunicado.
«Esto se agrava, en países como el nuestro, donde las propias autoridades han admitido que las bases de datos de las instituciones estatales se han vendido e incluso, hay denuncias sobre el uso irregular de las mismas en procesos electorales y crimen organizado. Ahora todo nos preocupa aún más cuando anuncian un gobierno digital con su propio presupuesto, sin tener límite alguno sobre la data personal de cada ciudadano. En los términos que el gobierno de la República ha anunciado el uso de estas herramientas de georreferenciación, constituye una clara conculcación al derecho a los datos personales o confidenciales y a su garantía de habeas data tutelados en la Constitución de la República, los Convenios y Tratados Internacionales y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su respectivo Reglamento», denunció el Partido Liberal.
«La Constitución de la República en el artículo 76 garantiza la tutela del derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Mientras, que el artículo 3 numeral 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que son datos personales: “los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen”, agrega el comunicado.
En otros países, el sistema judicial ha salvaguardado los datos personales de la ciudadanía.
Graduado en Harvard con las becas 2020 que otorga el Estado Hondureño, Midence se ha “destacado” en la política desde su polémico nombramiento en 2010 como ministro de la Juventud, en sustitución del hermano de Berta Cáceres, durante la pasada administración de Porfirio “Pepe” Lobo. “Lleva 11 años en el poder, fue ministro de la Juventud contra la Constitución de la República”, dice un ex activista nacionalista.
Pepe Lobo lo hizo ministro a los 24 años, contradiciendo lo que decía la Constitución de la República. La Constitución decía en aquel entonces que solo pueden ser ministros y funcionarios los que tuvieran los mismos requisitos que la presidencia y eso decía ser mayor de 31 años. Lobo juramentó a Marco Antonio por haber reformado la ley y bajar la edad de 30 a 25 años para que una persona se pueda desempeñar como ministro.
“El Congreso Nacional, al mirar el error de Pepe, cambia la Constitución en materia administrativa. La Constitución en materia de derecho administrativo no es retroactiva. Solo en materia penal. La ley la cambiaron posterior al nombramiento y entonces su investidura siguió siendo irregular. ¿Qué hizo el Partido Nacional? Redujo a la categoría de oficina vinculada a la presidencia a un ministerio con tal de evitar que se impute el cargo”, agrega el ex activista.
Una década viviendo de la Administración Pública
Tiene más de una década de ser funcionario estatal:
2010- 2103 Secretario de la Comisión Técnica del Programa Presidencial de Promoción y Acceso a Becas.
2014 Comisionado Propietario Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
2011- 2013 Presidente de la Junta Directiva de Educrédito, Instituto Público para el Crédito Educativo.
2011-2013: Secretario de Estado en el Despacho de Juventud
2015 comisionado presidente de Conatel.
2018 Comisionado presidencial de Cumplimiento de Asuntos Presidenciales, con rango de secretario de Estado.
2020 Ministro de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública impulsando el Gobierno Digital.
No estuvo en el Estado en los años en que estudió becado en Harvard. Fue beneficiado con una beca unos después de ser funcionario del Programa Presidencial de Acceso a Becas y de presidir Educrédito.
Midence es la mano derecha del diputado Rodolfo Irías Navas en Atlántida. “Fito no quería a JOH porque JOH no quería a Pepe. Fito no le es fiel a nadie nada más que a él mismo. La base de Atlántida votará por quien Fito proteja. Lo que Midence viene a hacer ese ministerio es venir a callar a todos los opositores. Estamos fritos», enfatizó.
“El MinistroWiFi, @MarcoMidence comenzó con el pie izquierdo su gestión, peleando hasta con mujeres por sacar a la luz actos de corrupción que se le acredita a su historial de activismo político y porque le preguntan sobre las funciones de su cargo y presupuesto”, denunció en un tuit un ciudadano que se autodenomina (@AntiBotsHN) AntiBots, en las redes sociales.
Fabrican Fake News para aplicar Código Mordaza
Tegucigalpa, Honduras I Reporteros de Investigación. “¿Ya te sabés la última?”. “No, vos. Contame”. “No ves que Ricardo Álvarez se pasó al lado de Mauricio Oliva y ahora dizque es su líder y que no sé qué”. “Mmmm, ay, papaíto, ¡si hasta ya sacaron meme de todo eso!”. “Nombe. Enseñámelo”.
Un amigo le muestra al otro la pantalla de su celular, en la que aparece una foto del actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; el exalcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, y el primo del expresidente Rafael Leonardo Callejas, Ramón Castillo.
La fotografía fue tomada el día de finales de mayo de 2020 en que Oliva y Álvarez acordaron aliarse. Los dos están parados delante de un cerco cubierto de plantas. Ambos sonríen. Oliva está levantando el puño en señal de victoria.
Parece una imagen como cualquier otra en tiempos electorales en Honduras. Los políticos mueven sus piezas. Los más poderosos, aunque no tengan mucho arrastre popular, se “avientan” en busca del poder con el respaldo de las grandes corporaciones. Otros, tal vez con más carisma pero con menos poder, dejan a un lado sus aspiraciones y se suben en el tren del nuevo “niño bonito” para “agarrar lo que caiga”.
Sin embargo, lo que un amigo le muestra al otro en la pantalla de su teléfono no es una foto común, sino un meme en el que alguien ha escrito sobre la cabeza de Oliva, en grandes letras rojas, las palabras “La alianza mari….”. Esa frase ofensiva y homofóbica no tiene nada de raro en Honduras, donde para “echarle tierra” a cualquier persona, sea o no sea político, lo más común es dudar de su orientación sexual y lo más fácil es llamarlo homosexual o lesbiana.
En el caso de Oliva y Álvarez no es la primera vez que son atacados en las redes y cuestionados por este tema. El presidente del Congreso Nacional ha dicho en reiteradas ocasiones que jamás permitiría que el matrimonio de parejas del mismo sexo sea aprobado en Honduras. Por su parte, el designado presidencial prefiere ignorar este tipo de comentarios.
El irrespeto a la orientación sexual es común. Basta revisar las redes sociales para encontrar comentarios de hace meses o años o leer entrevistas como la que le hicieron en Go TV al periodista Miguel Caballero Leiva. “A Mauricio Oliva le han dicho que es una maricona.”. Yo lo veo delgado y elegante y hombre que cruza bien las piernas. Ricardo Álvarez, bueno a mí me han dicho de Ricardo. Conmigo no. Yo hasta que no pruebe no puedo decir sí”, dijo Caballero.
Tácticas como la del meme contra Oliva y Álvarez son viejas, solo que ahora hay redes sociales que masifican los mensajes.
“Caiga quien caiga”
El 26 de noviembre de 1989, en las elecciones entre el hoy fallecido presidente Callejas, por el Partido Nacional, y el liberal Carlos Flores Facussé circularon en el país una serie de impresiones del tamaño de calendario de cartera que mostraban al esposo de Norma Regina Gaborit en un traje de baño femenino. El fin era que Callejas perdiera votos, pero al final muchos no se dejaron guiar por esta campaña sucia y lo hicieron ganar de manera arrolladora.
Cualquiera creería que memes como estos son creados por seguidores de LIBRE u otros grupos opositores, pero con la guerra de noticias falsas desatada durante la pandemia de COVID-19, esto no siempre es así. Muchos nacionalistas que no quieren que Oliva llegue a la presidencia también están creando y compartiendo este tipo de informaciones para desacreditarlo.
“Hay fuertes campañas de noticias falsas dentro del mismo Partido Nacional”, dijo una fuente a Reporteros de Investigación. “Ahora, la nueva estrategia es infiltrarse en grupos de la oposición y comenzar a generar una serie de desinformaciones para que caigan los más ingenuos y así desacreditarlos públicamente”.
“La concentración de poder” es para el abogado y analista Ramón Barrios la principal razón de las supuestas campañas sucias dentro del Partido Nacional. No es malo, añade Barrios, luchar por el poder para trabajar en la administración pública y redistribuir la riqueza.
El problema, dice Barrios, es que el presidente Juan Orlando Hernández es investigado “por ser sospechoso de haber actuado como socio de su hermano” Antonio, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Mientras tanto, a Mauricio Oliva lo investigan “por actos de corrupción, ligado a contratos amañados y cobro de millones de dólares en regalías del dinero del Seguro Social. Es un gobierno inviable, donde los malos se imponen a los buenos”.
En un Estado como el hondureño,“dominado por la élite más corrupta”, dice Barrios, es de esperar que ni siquiera los nacionalistas estén a salvo de los ataques de los nacionalistas.
“El panorama político hondureño ha cambiado significativamente desde 2014. JOH y su partido han estado profundamente envueltos en escándalos de corrupción desde principios de 2013, cuando se reveló que el saqueo del sistema de salud pública de la nación había beneficiado, en parte, los propios fondos de campaña del presidente” opina, Eric Olson, director asociado del Programa Latinoamericano en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos en Washington.
La pregunta es quién paga estas campañas sucias y cuáles son los verdaderos fines que tienen. A lo largo de esta serie de investigación “La fábrica de noticias falsas en Honduras” hemos revelado cómo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha contratado los servicios de consultores sudamericanos y empresas como Arquímedes Group para orquestar una serie de campañas de desinformación con el fin de desacreditar a sus opositores y oponentes. Su otro propósito principal es desorientar y desmoralizar a la opinión pública distorsionando los hechos, según el experto en desinformación Aldo Salgado.
El animador televisivo y ex candidato presidencial Salvador Nasralla es un ejemplo notorio de la inocencia o mejor dicho inconsciencia con que algunos personajes caen en las redes de los creadores de contenido falso.
Para un analista en redes sociales en Honduras que prefiere ocultar su identidad, Nasralla es el personaje público que más comparte mensajes falsos porque recibe mucha información y no revisa las fuentes. “Le envían muchos artes, baja algunos contenidos y, cuando se da cuenta de que son falsos, ya las noticias se han esparcido”, dice el experto.
Un ejemplo del contenido falso que Nasralla ha ayudado involuntariamente a divulgar es un documento de varias páginas que publicó en mayo sobre la estrategia que JOH usa para continuar en el poder. Nasralla compartió imágenes atribuidas supuestamente al consultor venezolano J.J. Rendón, quien ha trabajado de cerca con el gobierno hondureño actual en el diseño de campañas de desinformación.
Ningún estratega político comparte documentos por escrito sobre sus estrategias, según un especialista en la materia. Obtuvimos una copia de una carta compartida por el propio Rendón en su página de Twitter sobre su renuncia pública a seguir dirigiendo la campaña de Juan Guaidó. “Ningún estratega político utiliza estrategias escritas para sus campañas. Lo hacen a través de comunicación cifrada”, dice el experto consultado por RI.
El gran falseador castiga a quienes tratan de divulgar la verdad. Esa es la gran ironía actual en Honduras. El Estado, por medio de consultores como el colombiano Luis Duque, propaga todo tipo de noticias para desmoralizar y desprestigiar a sus adversarios. Mientras tanto, con el nuevo Código Penal, el gobierno castiga con la cárcel a los periodistas que publican noticias verdaderas para desnudar la corrupción.
Gobierno quiere que la gente se muerda la lengua
“Voy a darle like al meme de Oliva y Álvarez”. “Pues yo mejor voy a mandar unos cuantos mensajes diciéndoles hasta de qué se van a morir esos dos”. “¡Me llega esa actitud! Yo igual voy a decir todo lo que le han hecho a Honduras…”. Sí, ese diálogo ocurrió el mismo día en que el exalcalde Ricardo Álvarez y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, anunciaron su alianza, los mensajes que los dos amigos enviaron no pasaron de ser una broma inofensiva para ellos.
Sin embargo, desde el 25 de junio, si el gobierno persiste en aplicar el Código Penal aun con su abrogación por parte de una mayoría legislativa, esos mensajes podrían meter en graves dificultades a los dos amigos de nuestra historia. Hasta podrían ir a la cárcel. Esa es la clase de castigos que podrían recibir quienes crean o compartan mensajes que el nuevo Código considera injuriosos y difamantes. Por ejemplo, contenidos como la carta compartida por Salvador Nasralla en la que supuestamente J.J. Rendón menciona la estrategia para que Juan Orlando Hernández siga en el poder.
Las penas contra la difusión de estos mensajes parecen exageradas, pero de alguna manera tienen algo de sentido para quien aduce que el meme y la supuesta carta pueden ser manejados sin el menor cuidado por personas que no analizan la veracidad de los mensajes que ayudan a propagar en las redes. Sin embargo, la Relatoría para la Libertad de Expresión le ha advertido de manera reiterada a Honduras que no se puede utilizar la prisión para censurar, intimidar o coartar la libertad de expresión y que las limitaciones solo son aceptables cuando respetan los estándares establecidos en tratados y sentencias.
Los discursos que no tienen una protección especial por la Convención de Derechos Humanos son los que propagan la apología a la guerra, el odio, la discriminación ya sea por sexo, religión o raza, pero irónicamente no es este el bien que busca proteger el nuevo Código Penal sino la imagen de políticos implicados en casos de corrupción y narcotráfico.
“La ley de secretos oficiales de la información pública hace que muchas de las actuaciones del gobierno tengan la característica de la secretividad”, dice el abogado y analista Ramón Barrios. “Puede silenciar a periodistas y a la sociedad en general cuando tenemos dudas de la falta de transparencia de los manejos públicos, la información pública y la utilización de los recursos del Estado”.
“El Código tiene figuras tan abiertas”, opina el abogado Mario Rojas, de la oenegé C-Libre, que publicar, en redes sociales como Facebook o en un medio de comunicación, “una investigación sobre el manejo que alguna institución hace sobre fondos para la emergencia por la pandemia del coronavirus puede significar la imputación de un delito en este nuevo Código”. “Nos encontramos en este punto con un Código que obedece a alguna política criminal encaminada al secretismo. Ya sabemos todos lo que ha implicado la ley de secretos y este Código Penal refuerza la ley de secretos, criminaliza a la gente que quiere tener acceso a la información pública y la divulga”, añade Rojas.
La situación es aún más grave para la prensa independiente de Honduras, ya que por los temas que toca se vuelve el blanco preferido de las nuevas reformas del Código Penal. En su caso ya no se trata de publicar chistes maliciosos, sino noticias que “levantan ampollas” en el gobierno de turno. Otros contenidos ofensivos en las redes podrían pasar inadvertidos, pero no los que vayan en contra de las políticas del gobierno. El código ha sido cuestionado por la sociedad hondureña y organismos internacionales debido a que debilita la efectiva persecución penal de delitos de corrupción, narcotráfico y violencia sexual y contiene disposiciones que limitan los derechos fundamentales de la ciudadanía. El CNA le llama el código penal de la impunidad. En resumen, decir la verdad sobre las actividades de las instituciones públicas siempre ha sido algo delicado, pero ahora se ha vuelto peligroso.
RI
Análisis
Cárcel y mentiras
En este nueva entrega de “La fábrica de noticias falsas en Honduras” mostramos cómo las “campañas sucias” a través de desinformaciones enviadas en cadenas, noticias, videos, memes y gifs circulan contra los opositores del presidente de Juan Orlando Hernández. Ni el propio Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, se salva de los ataques
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Iniciamos esta serie de investigación periodística “La fábrica de las noticias falsas en Honduras” revelando cómo el gobierno de Juan Orlando Hernández paga a empresas extranjeras y consultores de Colombia, Venezuela y Chile para crear campañas de desinformación con el fin de dividir a la oposición y a los líderes de su mismo partido para lograr mantenerse en el poder.