Por Dunia Orellana
Tegucigalpa, Honduras I Reporteros de Investigación. Ocho siguen encarcelados y cinco están libres, pero podrían volver pronto a prisión. Los ocho defensores del río Guapinol, en Tocoa, Colón, en el norte de Honduras, siguen recluidos en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, Francisco Morazán, por un puñado de delitos, aunque la verdadera razón detrás de su criminalización es haberse organizado para protestar por la concesión ilegal a la minera Los Pinares, que contamina varios afluentes que nacen en el parque nacional Carlos Escaleras.
La historia de los defensores de Guapinol se parece a la de muchos hondureños perseguidos por protestar contra las acciones de las grandes corporaciones. Podría decirse que han corrido con suerte porque no están muertos, pero perder la libertad no se parece en nada a tener buena suerte.
La guerra del agua que ha cambiado la vida de estos defensores de territorio empieza mucho antes del 1 de septiembre de 2019, fecha en que la jueza Liseth Vallecillo impone en audiencia inicial la prisión preventiva contra los ocho afectados que aún permanecen en la cárcel, mientras a los cuatro restantes se les revocó el sobreseimiento el 15 de agosto pasado de 2020, por lo cual podrían ser arrestados de nuevo y puestos tras las rejas.
Los daños causados por las concesiones arbitrarias no solo abarcan a Tocoa, sino a todo el país, donde otras empresas perjudican a las comunidades contaminando la tierra y las fuentes de agua o impidiendo el acceso de los pobladores a los recursos naturales que les pertenecen, sin contar la criminalización contra quienes se atreven a levantar la voz contra las concesionarias y los funcionarios corruptos que las apañan.
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Los problemas de los defensores se remontan a mucho antes de septiembre de 2019. Comienzan en realidad cuando la minera Los Pinares recibe la concesión para explotar tierras pertenecientes al Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, el cual es área protegida según decreto legislativo. Al extraer óxido de zinc, la minera contamina el río Guapinol, principal fuente de agua para unas 10 comunidades.
Guapinol se organiza
Las comunidades de la zona del Aguán, en el noreste de Honduras, son las principales perjudicadas por la concesión considerada ilegal por varios sectores de la población hondureña.
Los grupos de defensores del territorio de esa región de Honduras se sintieron particularmente afrentados por la explotación minera en una zona vital para los habitantes del Aguán.
Organizarse y manifestarse en contra de las actividades de la empresa fue la respuesta de los defensores y pobladores de Tocoa. La guerra del agua prosiguió el 1 de agosto de 2018, cuando pobladores de varias comunidades instalaron un campamento en protesta por las actividades de la minera que contaminan los ríos nacidos en el parque Carlos Escaleras, entre ellos el río Guapinol.
Dos meses después, militares y policías armados hasta los dientes desalojaron violentamente el campamento.
Los mandan a la cárcel
No tuvieron que perseguirlos. Trece habitantes de Guapinol acusados de usurpación y daños contra la minera Los Pinares se presentaron voluntariamente el 21 de febrero de 2019 en el juzgado de La Ceiba, en el norte de Honduras.
La sorpresa fue que a 12 de las 13 personas se les acusó de otros delitos, incluyendo privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita.
El 4 de marzo de 2019, cinco de los defensores de territorio, Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reinaldo Domínguez Ramos, José Adalid Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos, recibieron el sobreseimiento definitivo, el cual acaba de ser revocado, con lo cual corren peligro de volver a prisión.
Desde marzo de 2019 hasta finales de ese año, los encarcelados de Guapinol vieron un vaivén de acciones judiciales, pero ninguna de ellas los benefició.
Durante ese lapso se presentaron apelaciones a las que la Corte no ha hecho caso, se exigieron actas que expliquen la razón de la prisión preventiva, se suspendieron audiencias injustificadamente y se impidió la realización de una nueva revisión del proceso. La defensa estuvo en todo momento con las manos atadas mientras la jueza daba largas al proceso.
La injusticia sigue en 2020
Las irregularidades en el caso de los defensores han continuado en 2020. La jueza Vallecillo tardó seis meses en entregar una petición de apelación que debía entregarse en 16 días. Mientras tanto, esa misma petición que debía resolverse en tres días no ha sido resuelta hasta el día de hoy.
Esa es apenas una muestra de las injusticias cometidas contra las ocho personas que todavía guardan prisión en Támara.
“La defensa ha insistido en revisar la prisión preventiva” de los defensores de Guapinol, explica el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, entrevistado por Sergio Bӓhr para su podcast “Vivir en Xibalbá”. “El Código Penal dice que la prisión preventiva es excepcional y solo se impone cuando hay peligro de fuga, pero se presentaron voluntariamente, incluso acusados de cinco delitos, entre ellos el muy grave de asociación ilícita. ¿Cómo puede pensar esta jueza que había peligro de fuga?”.
Mejía agrega que no hay razón para dilatar más la prisión preventiva de los ocho defensores de territorio, ya que, en segundo lugar, los pobladores no han obstruido las investigaciones.
Además, señala Mejía, todos los encarcelados están certificados como defensores de territorio por organismos respetables como el Mecanismo de Protección de Naciones Unidas. “¿En qué cabeza cabe que se van a reintegrar a una organización criminal?”, se pregunta el abogado.
Mejía da otras razones de peso para terminar con la prisión preventiva de los defensores. No hay un “riesgo fundado” de que los defensores encarcelados atenten o ejecuten “actos de represalia contra del acusador o denunciante”. No hay pruebas, según el experto, de que los pobladores hayan amenazado contra “la supuesta víctima, Empresa Pinares o testigos de ellos”.
Una justicia selectiva que persigue a líderes sociales. Así resume el abogado Mejía el proceso contra los 12 defensores del territorio de Tocoa. “El Ministerio Público es perro para acusar a los pobladores, pero para narcos y políticos ya sabemos cómo son”.
El informe temático “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos” de la CIDH se presentó en Honduras en junio de 2016. El mismo concluye que las y los defensores están siendo sujetos de procesos penales como una forma sofisticada de persecución, que criminaliza las causas por las que luchan vía el poder punitivo del estado, para obstaculizar la labor de defensoría.
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Entrevista con el doctor Joaquín Mejía con Sergio Bärh
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