El 9 de febrero prevaleció para el sistema judicial la protección de la propiedad privada al condenar a seis ambientalistas de Guapinol.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La defensa del planeta versus la defensa de un grupo que concentra y acapara diferentes negocios con el Estado de Honduras, está en el centro del debate que de nuevo deberán valorar los jueces del Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón.
La nueva acción procesal de las y los defensores de los ambientalistas es pedir que se les aplique la Ley de Aministía de reciente aprobación, confirmó el abogado defensor, el ex fiscal Rodolfo Zamora.
El escrito presentado se denomina una solicitud de Audiencia Ad-hoc dentro de los tres días hábiles de presentada esta petición para planteamiento de causal de extinción de responsabilidad penal en aplicación del decreto de amnistía según decreto 04-2022.
El escrito cita: “PRIMERO: Este Tribunal de Sentencias emitió un fallo condenatorio contra nuestros representados por los delitos de privación ilegal de libertad, y tres delitos de daños. SEGUNDO: El Congreso Nacional en fecha aprobó el decreto 04-2022, en el cual establece una Amnistía para Defensores de la Soberanía Nacional, en el cual se encuentran comprendidos los delitos de privación ilegal de libertad (artículo 235), daños simples (artículo 381) y daños agravados (artículo 382) todos del Código Penal decreto 130-2017”.
El equipo legal que defiende a los ambientalistas está integrado además por las abogadas Kenia Oliva y Bianca Andino.
“Serían los primeros beneficiados con la Ley de Amnistía, se presentó ayer como a las 3 de la tarde”, dijo Zamora.
Los pasos siguientes serían que el Tribunal de Sentencia de Trujillo señale audiencia para conocer si se reúnen los requisitos. El principal requisito es una constancia emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derecho Humanos y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).
“Y eso se está tramitando para cuando se señale audiencia para la próxima semana poder comparecer con esta constancia y como el decreto dice que es de inmediata aplicación, debería el Tribunal de Sentencia proceder a la aplicación de la amnistía, también acompañaremos esta petición con resoluciones de las Naciones Unidas”, platicó Zamora con Reporteros de Investigación.
El bastión del oligopolio
Zamora cree que el solo el hecho de tener una explotación minera en una zona núcleo de un área protegida del territorio aunque eso significa destrucción de la vegetación y del hábitat; la concesión de Palmerola, los fondos de Inprema aprobados para el empresario, demuestran su poder e influencia.
“Ya que hemos defendido campesinos en el Bajo Aguán sabemos que los tribunales de Tocoa y Trujillo son muy dados a defender la propiedad privada. Este Tribunal de Sentencia tiene trayectoria al servicio de capital”, consideró el apoderado legal de los ambientalistas,
Seguramente este tribunal de sentencia va a consultar con la Sala Constitucional de la Corte Suprema para la aplicación de este decreto, estimó.
Los negocios del Estado con Lenir Pérez fueron aprobados en el gobierno del Partido Nacional. Pérez fue registrado como supuesto financista del ex presidente señalado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández.
Pérez además es yerno del fallecido Miguel Facussé cuyo nombre es mencionado en el juicio por asesinato de Carlos Escaleras y en casos de asesinato de campesinos del Bajo Aguán. En vida, Facussé fue enjuiciado por la Fiscalía del Medio Ambiente por diversos delitos ambientales y recibió cartas de libertad del Poder Judicial de Honduras.
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