Este 15 de mayo, la Defensa Pública del Poder Judicial celebra su aniversario.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Al verlo dirigir un interrogatorio frente al Tribunal de Sentencia, parece un defensor privado, preocupado por su cliente; vehemente por evitar injusticias.
En los juzgados, su fama es conocida en los pasillos como buen defensor gratuito y además ha influido a otros defensores públicos como Enrique Flores, conversan los procuradores mientras esperan sus audiencias.
El defensor público Raymundo Velásquez bien podría compararse con el apasionado personaje que encarna al abogado y criminólogo, Elías Neuman, en la película inspirada en el libro «El Patrón: Radiografía de un Crimen». Escrito por Neuman.
El filme cuenta la historia de un defensor que descubre que un sumiso carnicero analfabeta, enjuiciado por la muerte de su patrón, estaba inmerso en una tragedia. En la trama, el abogado defensor se empeña en demostrar que este hombre llegó de la provincia a la ciudad siendo dócil, tranquilo. Un provinciano obediente, esclavizado y sistemáticamente abusado por su patrón hasta provocar una emoción violenta que causó el crimen.
Esa emotiva historia está basada en hechos reales parecidos a los que ocurren todos los días en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, situado en la capital de este país de América Central. Aquí es donde está asignado el abogado Raymundo Velásquez.
“Me motivan las injusticias porque Honduras es una fuente constante de procesos que son injustos. Eso me motiva”, dice el abogado.
Eso no quiere decir que no importen las víctimas —dice— sino que es necesario buscar en la historia de vida de las personas imputadas.
Cada juicio que cae en sus manos es importante para él. Hay varios procesos judiciales que han marcado sus recuerdos, pero en especial evocó el de un estudiante de Periodismo de Unitec.
El estudiante iba hacia el aeropuerto, lo acusaron de extorsión recién cuando empezó a perseguirse este ilícito con una jurisdicción especial.
Había fotografías que demostraban su inocencia. “Siempre le creí porque eran personas honorables, él había presentado hasta sus notas de clase”. Tenía Excelencia Académica. Le arruinaron la vida, le dieron 15 años de cárcel. Está próximo a salir con libertad condicional.
En este caso se buscó la mayoría de contradicciones posibles, medios de prueba a favor del imputado para demostrar que era inocente, pero la jurisdicción especial lo condenó.
El abuso de testigos protegidos, la recopilación de pruebas sin control judicial, según el defensor, están generando condenas de personas inocentes a veces por emotividad.
—Le voy a contar una historia— agrega el defensor. —Una madre va en su vehículo, va rápido porque va a dejar a la escuela a su hijo y ella quiere llegar al trabajo. Cuando está próxima a llegar al semáforo, este está en amarillo. Ella tiene dos opciones: acelerar para pasar rápido o frenar. Como ella lleva prisa, decide acelerar. En lo que ella va pasando la intersección, cambia de amarillo a verde y el otro conductor también viene desesperado, de manera que pegan los dos. La ventana donde va el niño, va abajo; el carro da vuelta y el niño sale por la ventana, el carro cae encima del niño y el niño muere. Ella queda en coma. Es una historia sicológica. Esa historia da pesar. Pobrecito el niño, tenía cuatro años, pero no es cierta. No pasó. Es mentira, ¿qué es lo que se prueba? Que estamos tan acostumbrados a tan malas noticias que lo malo lo creemos rápido, argumentó.
Con ese espíritu, Velásquez lleva ya 14 años de carrera judicial. En Extorsión trabaja además de él y el defensor Flores, el abogado Ricardo Pineda.
Velásquez Inició su vida profesional como escribiente en los juzgados de San Pedro Sula, pasó por el Juzgado de Ejecución, después concursó para convertirse en defensor público. Hace siete años empezó a trabajar, primero en la Defensa Pública, en Yoro, Yoro.
La historia de Velásquez es inspiradora y posiblemente se repita en los restantes 281 Defensores Públicos que existen en el país.
A diario, en el anonimato, 282 Defensoras y Defensores Públicos trabajan para generar condiciones más justas. La Defensa Pública es una oficina vital en el sistema para garantizar acceso a la justicia. El Reglamento de la Defensa Pública estipula que fue creada para dar asesoría y representación jurídica, especialmente a personas de escasos ingresos económicos, a niños (as) o personas con discapacidad.
Las cifras de la Defensa Pública
En la actualidad, un defensor en una sola cárcel debe atender unas 150 personas, por ejemplo; existen 34 sedes para los 298 municipios de todo el país. De manera reciente fue inaugurada una nueva oficina en Ruinas de Copán, al occidente del país.
El portavoz de la Defensa Pública, Rafael Mairena, dijo que se trabaja en el fortalecimiento de la Defensa Pública. Las y los defensores están en la justicia Civil, Penal y en Familia.
Hay capacitaciones constantes, reuniones con la cooperación internacional y procesos de selección.
El Poder Judicial ha venido trabajando con la cooperación europea para diseñar planes de fortalecimiento de esta dependencia del Poder Judicial.
Esta visualización interactiva hecha por Reporteros de Investigación muestra la tasa por cada cien mil habitantes. Haga clic en cada punto para ver los detalles.
Desafíos
En 2014, un estudio del Iudpas-UNAH, hablaba de 269 defensores, es decir, en ocho años hubo un aumento de 17 defensores.
Para 2017 en Honduras había 10.8 fiscales por 100,000 habitantes y en el Poder Judicial de 7 jueces por cada 100,000 habitantes, revela el estudio Sistema de Justicia en Honduras, Evaluando el Fortalecimiento de Capacidades e Independencia Judicial, de la UNAH y WOLA, publicado en septiembre de 2019.
Mientras que de los 18 departamentos de Honduras, solamente tres superaron la tasa nacional de tres defensores públicos por cada 100 000 habitantes: Atlántida con 4, Francisco Morazán con 6 y las Islas de la Bahía con 9, cita el mismo documento.
Este estudio señala que “las cifras son desalentadoras para responder adecuadamente a los altos índices de violencia e impunidad. La baja proporción de médicos forenses y defensores públicos es aún más preocupante. En el caso de la Dirección Nacional de la Defensa Pública, de 2014 a 2017, hubo una reducción de defensores del 3%, resultando insuficiente para garantizar una asistencia y representación legal adecuada”.
“La concentración geográfica de los defensores ha sido una debilidad para el sistema, ya que, en 2014, el 66.5% estaban ubicados en tres de los 18 departamentos del país (Francisco Morazán, Cortés y Atlántida)”, cita este análisis.
“En 1994, la Defensa Pública de Honduras fue institucionalizada y desde entonces ha ido evolucionando y ampliando sus ámbitos de competencia”, establece el documento Defensa Pública y atención integral a personas privadas de libertad (Ecuador, Guatemala y Honduras) Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).