Ese mismo día, cuatro horas más tarde del incidente con el abogado del supuesto cabecilla de la MS, recibí, por casualidad, una llamada del coronel Amílcar Hernández…
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Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación
Esa mañana sentí vértigo. El sudor helado corría por el centro de mi columna frente a a los tres jueces vestidos con toga negra que me miraban directamente al rostro como si yo estuviera en el banquillo de los acusados. La exacerbación me hacía sentir como si escarbar en los hilos de la extorsión es estar al borde de un abismo.
El Tribunal de Sentencia de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión me ordenó pasar al estrado judicial y pararme frente a ellos.
Era el segundo día que llegaba al juicio oral y público de Carlos Alberto Álvarez Cruz, el supuesto Cholo Houston, procesado por extorsión, lavado de activos, asociación ilícita y almacenamiento de armas prohibidas. Las fuerzas de seguridad lo califican como el administrador financiero de la Mara Salvatrucha (MS) en la capital de Honduras.
Los primeros rastros de la extorsión me trajeron aquí, al Tribunal de Sentencia de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. En el camino, me encontré indicios de jerarcas militares investigados por sus presuntos vínculos con el dominio de la extorsión y con la historia de Fernando Josué Canales, presunto alias El Oso.
Según la administración militar anterior de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), Canales era uno de los cómplices del presunto Cholo Houston. Pero resulta que sus defensores, Francisco López y Marina Díaz, demostraron que la prueba fue obtenida de manera ilícita.
El joven fue absuelto. La defensa alegó en juicio que no tiene nada que ver con la MS y que acababa de llegar de Estados Unidos cuando lo acusaron falsamente.
Así que las mentiras oficiales, la obtención de pruebas contaminadas y las faltas al debido proceso solo empezaban a asomarse para encontrar una cadena de anomalías y colusión de alto nivel en el cobro de extorsión.
Durante todo el juicio oral y público del supuesto Cholo Houston y de seis de sus supuestos cómplices, celebrado del 18 de abril al 12 de mayo de 2022, salieron a luz: testimonios y peritajes que sugieren la participación de operadores de justicia coludidos con este ilícito y se menciona incluso al ex presidente de Honduras en complicidad con la MS.
Todo esto consta en las audiencias de evacuación de pruebas. La causa tiene 11 tomos y está registrada en el expediente No. 0801-2020-117-3.
El perito de Escuchas, Alexander Ulloa, en una pericia de la FNAMP —de la Unidad de Intervención de Comunicaciones — reveló que una de las personas bajo investigación, integrante de la mara, llamó a otra para decirle que se había comunicado con una amiga de ella:
—Que tenía amigos fiscales y jueces y que podía averiguar qué juez le había tocado a Tavo (condenado por extorsión, uno de los coimputados del presunto Cholo Houston enjuiciado en esta misma causa) —, dice el peritaje de Escuchas.
En la escucha hablan de varios asesinatos de conductores, venta de drogas, dinero de la extorsión y de matar personas que los denunciaron.
También la escucha revela que con el fin de controlar los automóviles que utilizaban durante sus ilícitos tenían acceso al antiguo sistema de la Dirección Nacional de Investigación Criminal para saber cuántas camionetas CRV hay en la ciudad.
También, se podían poner en contacto con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para comprar placas de vehículos abandonadas, consta en la audiencia de juicio oral y público en el Tribunal de Sentencias en materia Antiextorsión.
En la misma audiencia, el peritaje reveló que alias El Viejo Tesoro dijo: “el presidente (Juan Orlando) estaba bravo porque vive de la inseguridad y ellos estaban demasiado tranquilos”. Que estaban autorizados para limpiar Tegucigalpa, dice la escucha evacuada en juicio.
Militares y extorsiones
Los estudios más recientes además hablan de cómo los militares están lavando activos y viviendo de la extorsión. El delito de extorsión se ejecuta mediante la vigilancia u operaciones de inteligencia contra las víctimas; los agresores saben los movimientos, tienen información, datos íntimos de sus blancos y pueden manipular sicológicamente a las víctimas.
“La implicación en extorsiones de oficiales militares de los cinco países, parece ser poco frecuente, aunque en los últimos años han surgido algunos casos de personal militar de bajo rango involucrado con extorsionadores”, reveló el reporte Una Cultura Criminal: Extorsión en Centroamérica, de mayo de 2019, Insight Crime y de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional.
Un caso reciente en Guatemala sugiere que los niveles más altos de la jerarquía militar en la región, están siendo blanco para el lavado de las ganancias derivadas de este crimen, agrega el reporte.
“Las maras establecen relaciones de convivencia y cooperación con bandas criminales, con sectores corruptos de la policía y los militares, a quienes también infiltran, y de donde se proveen de armas, teniendo como enemigo común el Estado”, reveló el investigador Tomás Andino Mencía, en abril de 2016, en su estudio el Estado del Arte de las maras y pandillas, hecho para la FES.
En el tiempo que militares dirigían la FNAMP, la MS mantuvo un pacto con el ex mandatario Juan Orlando Hernández. El coronel Amílcar Hernández dirigió la FNAMP, lo sucedió en el cargo el coronel Guillermo Eduardo Sandoval.
El coronel Sandoval fue director de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en el mismo año que en el módulo carcelario donde estaba la MS encontraron en 2017, osamentas de jóvenes de este grupo. Diario El Heraldo denunció presuntos abusos a derechos humanos e irregularidades de supuestos sobornos dados por la pandilla 18 y la MS a los coroneles que dirigían la Penitenciaría Nacional, Mariano Obdulio Pacheco Flores y Edwar Arnaldo Padilla.
La policía investiga si a través de una mujer que mantiene vínculos sentimentales con el contador de la MS y, al mismo tiempo, con uno de los jerarcas militares, ex integrante de la cúpula de la FNAMP, hubo infiltración en esta dependencia.
Una policía militarizada
La policía hasta antes de 2022 históricamente ha sido controlada por militares, en especial en los últimos 12 años. Esta policía bajo un mando vertical de los militares ha sido señalada de trabajar en colusión con maras y pandillas en el negocio de la extorsión.
El director de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez, reconoció que a partir de enero de 2022, es la primera vez en la historia que la policía y la Secretaría de Seguridad son manejadas por policías.
También el comisionado de policía, Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Secretaría de Seguridad, destacó que la Presidenta Xiomara Castro sostuvo que la policía va a retomar su papel en la seguridad de Honduras y «la Fuerza Armada va a estar desde un lugar apoyando en algunas operaciones a la Policía Nacional”, señaló el comisionado.
En su informe anual de 2012, la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos declaró que «las extorciones, en las que incluso podrían estar participando miembros de la policía, como quedó evidenciado en septiembre de 2011, cuando un grupo de taxistas, en forma valiente, denunció, ante esta oficina, a miembros del cuerpo de investigación por cobrarles “Impuesto de Guerra”».
El mismo informe señaló que “miembros de la policía también capturaron taxistas que en colusión con miembros de maras se dedicaban a extorsionar comerciantes y dueños de negocios”.
De igual forma en sus cifras, la Policía Nacional estima que cuatro de cada diez empresarios o trabajadores del transporte están implicados en redes de extorsión, dijo el director de la Policía Preventiva, comisionado Eduardo Turcios Andrade.
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Juicio engañoso con complicidad militar
La mañana del 25 de abril, llegué por segunda vez al juicio de Cruz Álvarez. El apoderado legal del aparente “Cholo Houston”, Gabriel Oseguera, le pidió al Tribunal de Sentencia que me llamara a estrado para advertirme que no debía tergiversar información y que no publicara su nombre. Por eso sudé y sentí vértigo de frente al Tribunal.
Los jueces estaban frente a mí y en mi espalda los 14 ojos de siete personas de supuesta alta peligrosidad, imputados por extorsión. Presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (Incluido el supuesto Cholo Chouston).
Detrás de ellos, presenciaban la advertencia judicial un ejército de más de 20 policías y militares. La mayoría de ellos cubiertos el rostro con pasamontañas para acorazar la sala.
Ese mismo día, cuatro horas más tarde del incidente con el abogado del supuesto cabecilla de la MS, recibí, por casualidad, una llamada del coronel Amílcar Hernández.
Me dijo que me llamaba porque ya sabía que yo estaba solicitando información pública a las FNAMP para saber si lo estaban investigando.
“Es normal que investiguen a un ex funcionario”, me platicó por vía telefónica. Atribuyó varios de los señalamiento en su contra a que lo califican como familiar del extraditado presidente, Juan Orlando Hernández, enjuiciado por tráfico de drogas y tráfico de armas. Negó ser familiar del ex mandatario y dijo que lo confunden con otro Amílcar Hernández. Ese otro, sí es hermano de Juan Orlando.
Dijo que de ahí vienen muchas de los señalamientos infundados en su contra. En el circuito judicial antiextorsión, un fiscal me contó que Amílcar Hernández siempre les apoyó con los casos y lejos de obstruir las investigaciones, colaboraba para quitar las trabas que impedían el enjuiciamiento de los acusados.
Esta tarde, la llamada con Hernández fue en un tono amable. Acordamos vernos en un café en un par de días para conocer su versión de los hechos. Nunca más volví a saber de él desde esa tarde aunque le insistí para encontrarnos.
Los primeros pasos de esta investigación fueron solicitar información para conocer las cifras de extorsión y consultar si el ex jefe de la FNAMP, el coronel Amílcar Hernández, ha sido denunciado o si es investigado por la FNAMP.
La solicitud se hizo luego de que un alto funcionario del Estado revelara que la policía lo investiga como una de las supuestas cabezas de la extorsión en el país.
En las Fuerzas Armadas, la noticia de que se hubiera filtrado al coronel Hernández la solicitud de información que hice, tomó por aparente sorpresa a la Oficina de Transparencia.
Como ya les les había dicho, esta investigación periodística para conocer quién mueve los hilos de la extorsión en Honduras, me llevó al Tribunal de Sentencias en Materia Antiextorsión.
El resultado fue que durante el mes de la cobertura del juicio oral y público tuve que trasladarme escoltada por policías a la sede judicial. El Mecanismo de Protección de Periodistas me reactivó medidas luego de los incidentes que enfrenté después de que el Tribunal de Sentencia me llamara a estrado.
«Si me toca dar la vida por usted, la doy», dijo el clase I, Víctor Sánchez, sub jefe de seguridad de la sede judicial Antiextorsión. Sentí escalofrío al pensar que al escarbar en el negocio de la extorsión, estaba colocando en riesgo la vida de un policía. Después de un mes de cobertura de este juicio, sobreviví para revelar lo que descubrí.
«Cholo Houston y Cholo Catracho»
Para la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), dependiente entonces de la fuerza militar controlada por el expresidente Juan Orlando Hernández, Álvarez Cruz era el Cholo Houston, jefe de la MS en la capital de Honduras.
En juicio, el agente de la FNAMP Iván Barahona declaró que el 19 de agosto de 2019 recibieron una denuncia de que el supuesto cabecilla de la MS, conocido como alias Cholo, vivía en la residencial Loma Verde, que tenía grado de jefe a nivel nacional, al mando de jefes de sectores de Tegucigalpa.
El 27 de agosto recibieron una denuncia del Testigo Protegido BB759, relatando que era víctima de extorsión. Que pagaba 8,000 lempiras cada semana, primero en la colonia 21 de Febrero (una zona marginada de la capital) y luego a inmediaciones de Inprema, en la colonia Loma Verde, de clase media. El testigo declaró que había identificado que un gordo, trigueño le cobraba extorsión. La Fiscalía dice que el gordo, trigueño era Álvarez Cruz aunque al juicio se presentó más delgado y siempre elegante, vestido y calzado con ropa de marca Tommy Hilfiguer.
Después de esa denuncia, en agosto de 2019, la Policía Militar del Orden Público se encargó de capturar al supuesto Cholo Houston, dijo el testigo en el juicio, en abril de 2022.
Durante el interrogatorio hecho al agente, el defensor de Álvarez Cruz le preguntó a Barahona, de la FNAMP:
—¿Cómo logran determinar el alias?
—Debido al registro de Análisis de la FNAMP que aparece—, respondió el testigo.
—¿Qué otra diligencia realizó para determinar que es el Cholo Houston?
—Con fuentes humanas—, testificó el agente.
De su lado, el perito Daniel Rodríguez depuso que Álvarez Cruz tiene estatus de coordinador de zona. Rodríguez testificó que en el sistema de la desaparecida Dirección General de Investigación Criminal, Álvarez Cruz aparecía como el Cholo Houston.
“No conozco otro miembro que tenga la taca (apodo) de Houston”. Con la taca del Cholo sí hay dos. Junto al Zarco eran los encargados de todo el Distrito Central y eran los encargados de realizar la limpieza (muertes), testificó Rodríguez en juicio oral.
Los cabecillas viven en las residenciales y tienen el semillero de la mara en colonias marginadas como la 21 de febrero, planteó el agente de la FNAMP en su declaración judicial.
Alias Tavo –según el Ministerio Público– es Gustavo Adolfo Hernández Valladares, condenado por extorsión agravada y supuesto cómplice de Álvarez Cruz. En las Escuchas además hablan de matar conductores del transporte que se niegan a pagar extorsión y del tráfico de drogas, dijo el perito.
Muerte fingida para proteger el negocio
No obstante, para las unidades de investigación de la policía nacional civil, Álvarez Cruz es un falso Cholo Houston. En realidad –según la policía– este joven es el administrador financiero de la MS.
La justicia hasta ahora ha sido favorable para él, el tiempo corrió a su favor porque la prisión preventiva venció, ahora está en arresto domiciliario mientras se define su inocencia o culpabilidad. Aun cuando había un fallo judicial para sustituir la medida sustitutiva de prisión, Álvarez Cruz permaneció unos días detenido. Su defensa alegó que había una detención ilegal.
Otro error procesal es que aunque la Fiscalía le formalizó cargos porque lo capturaron con armas prohibidas, en el auto de apertura a juicio omitieron mencionar este delito y no se dieron cuenta hasta recibir un oficio de la Penitenciaría Nacional que pregunta por este ilícito, según consta en las audiencias de evacuación de pruebas, presenciadas por Reporteros de Investigación.
Álvarez Cruz es enjuiciado como si fuera el verdadero Cholo Houston para proteger al tercer jefe más importante de la MS después de Alexander Mendoza, alias El Porky. En la estructura MS, aparece también Juan Orlando Hernández y las fuerzas militares bajo su mando, como coordinadores de la extorsión.
El Porky escapó el 13 de febrero de 2020, con complicidad militar. Se fugó de un Tribunal de Sentencia. Las fuerzas militares en ese tiempo controlaban los centros penales y esa mañana estaban a cargo de la custodia del jefe de la MS.
El verdadero Cholo Houston fingió su muerte. Su supuesto cadáver apareció quemado en una cañera. A la par apareció su identificación para hacer creer que estaba fallecido.
Y el verdadero Cholo Houston, también es investigado por extorsión, asesinato, de acuerdo con los archivos policiales vistos para esta investigación periodística para conocer quién mueve los hilos de la extorsión en Honduras.
En 2017, al verdadero Cholo Houston, la Policía Nacional lo requirió porque obtuvieron información de que iba a matar a un empresario en CEMESA.
El verdadero Cholo Houston, también alias El Chino, Steven José Ramos Cruz, además se hace llamar Allan Josué Alvarado Cruz, fue detenido el 31 de mayo de 2017, en el caserío La Laguna, Los Mangos, Negrito, Yoro, de acuerdo con archivos policiales vistos para esta investigación. Lo investigaban por asociación, portación y posesión. Salió libre.
Tras estar tres años prófugo, fue recapturado el 27 de junio de 2021. La policía capturó al verdadero Cholo Houston, líder de la MS. En la actualidad, permanece en máxima en la Penitenciaría Nacional de Támara.
Había permanecido en Nicaragua y cuando detuvieron a David Elías Campbell, alias Don David, el Cholo Houston huyó a Honduras y lo recapturaron en 2021, en Sabanagrande. Campbell es otro empresario de la MS.
Al momento de su detención, a Campbell la policía de Nicaragua le decomisó más de cuatrocientos mil dólares e informó que lo detuvieron por una alerta roja de Interpol. Campbell es un fundador de empresas creadas con dinero de la extorsión y de lavado de activos, dijo la policía de aquel país.
Nuevos empresarios
El investigador Tomás Andino dijo a Reporteros de Investigación que la MS se ha convertido en una organización muy poderosa económicamente.
“Ellos no necesitan prácticamente trabajar para políticos en el sentido de que sea una necesidad venderse, cuando ellos (los MS) pueden financiar precisamente políticos”.
“Yo no podría afirmar con el nombre y apellidos de personas; pero de la referencia que tenemos de fuentes ligadas a estos sectores, se puede decir que hay una fuerte vinculación, alianzas a niveles de alcaldías y a nivel de también de autoridades policiales, vinculadas a la mara porque a través de esas fuentes ellos tienen acceso a diferentes privilegios que ellos les pueden proporcionar”, explicó Andino.
Extorsión y diamantes
El decomiso de seis millones de lempiras, cuadernos de contabilidad de una empresa legalmente inscrita como Beauty Salón Lizzy que movió por los menos 13 millones de lempiras de 2012 a 2019 y las joyas incautadas en la vivienda de Álvarez Cruz, supuesto Cholo Houston, da indicios del jugoso negocio.
En la residencia de clase media que alquilaba y pagaba en dólares, tenía joyas valoradas en más de doscientos cincuenta mil lempiras. El lote de oro y diamantes fue presentado como prueba del delito de extorsión que le imputaron. En su casa, había cadenas de oro y circones, esclavas de oro con diamantes, brillantes de 14 quilates, rosario de oro blanco, rojo y amarillo de 14 quilates.
En este juicio, la Fiscalía presentó como evidencia un cuaderno color rojo, en el que aparecen las rutas del transporte urbano descritas y los cobros hechas a cada uno.
Un modelo de negocios del crimen
La extorsión no es un delito aislado sino que forma parte de un modelo de negocios, encabezado por la narco política hondureña.
Un ejemplo de esto se encuentra en el caso 17-2894 USA v. Lobo: «En 2013, Lobo reunió un equipo de seguridad para asistir a Rivera Maradiaga moviendo aproximadamente 1,000 kilogramos de cocaína de Tocoa Colón, Honduras a La Entrada, Honduras. Lobo usó tres camionetas con sirenas ocupadas por hombres que vestían uniformes militares para escoltar el camión que transportaba la droga».
Ese expediente está en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, es el juicio contra Fabio Lobo, el hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Rivera Maradiaga era parte de Los Cachiros. Según este relato, hombres con uniformes militares escoltaron una tonelada de droga por 405 kilómetros de territorio hondureño, de oriente a occidente sin ser detectados.
Es decir, la extorsión está conectada con narcotráfico y en la cúpula de la extorsión hay funcionarios que combinan la corrupción, la participación de cuerpos armados públicos y empresas de seguridad, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, trata de personas y el tráfico de permisos de operación para el sector transporte en el que no solo hay transportistas sino también diputados y mareros.
De su lado, en las calles, las maras y pandillas suman al cobro de extorsión, el negocios de los gatilleros para la cúpula militar al servicio de la clase política y empresarial que demanda servicios de sicariato.
Una evidencia del uso del ejército como sicarios de élite se puede encontrar en el peritaje “Análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial–institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores” realizado por Harald Waxenecker.
Este peritaje está en el expediente TS/JN-2-48-2020 y describió la complicidad, en muertes de ambientalistas como Berta Cáceres, que hay entre militares, guardias de seguridad, empresas nacionales y conglomerados internacionales en territorios en conflicto por los recursos naturales.
Asimismo, a la extorsión se suma la distribución de drogas como la cocaína, marihuana, piedras de crack, según se constata con el testimonio de uno de los testigos protegidos del juicio No. 0801-2020-117-3.
Eso quiere decir que La Mara Salvatrucha y la pandilla 18 son solo la parte más visible del cobro extorsión, pero el dinero de la extorsión se recibe en oficinas con aire acondicionado por manos de funcionarios y empresarios.
En el gobierno de Juan Orlando Hernández se creo un sistema especial de justicia antiextorsión. Las capturas eran diarias y masivas, el delito fue perseguido casi de manera inquisitiva con un aparto represor que no logró frenar el ilícito. Así mientras el secuestro y el robo a bancos disminuía, la extorsión producía capturas masivas de jóvenes, pero no de autores intelectuales.
Entre 2018 y 2022, a los Tribunales de Sentencias del Poder Judicial ingresaron 4446 casos, hubo 953 testigos protegidos en estos procesos. Hubo 2280 condenas y 669 sentencias absolutorias, según una respuesta de una solicitud de información pública del Poder Judicial.
En los 1497 casos restantes las y los imputados recibieron un sobreseimiento o carta de libertad.
La mayoría de personas imputadas por el ilícito fueron hombres, al igual que las víctimas.
Más bien, después del gobierno de Hernández, la MS quedó como una estructura criminal organizada, evolucionada al más alto nivel que habita en buenas residencias, vive del tráfico de drogas, extorsión y es una banda criminal menos sanguinaria y más grande, en relación con la pandilla 18.
Corrupción y extorsión
La pericia llamada Matriz de Asociación, presentada por el Ministerio Público, en este expediente con número No. 0801-2020-117-3 establece que los mareros han sido autorizados para realizar limpieza (asesinatos) en Tegucigalpa.
Esta pericia describió además la comunicación mantenida con Alexander Mendoza, alias Porky, mencionan a Carlitos (Carlos Alberto Álvarez Cruz) como alias Houston y que con (defensores/as) derechos humanos lograron darle golpe de Estado a director de la cárcel.
El testigo protegido que dio su testimonio en este juicio, como prueba anticipada, señaló que perteneció 10 años a la MS.
Este testigo dio nombres de supuestos cabecillas de la MS que dirigen sicariato, extorsión y microtráfico de drogas: Bryan Josué, alias Stuart; Daniel Matamoros, Alias toro; Moisés Andino Lagos, a cargo de Zipile, estuvo preso con el nombre de su hermano, era el jefe de alias Tavo. Tavo era jefe de gatilleros, dijo el testigo.
Mencionó a los demás imputados por extorsión junto a Álvarez Cruz. Andy Joseph es la pareja de Nicky. Dedicado al cobro de extorsión en Las Crucitas; Rony Alexander Santos, alias Voltaje, con Tavo cobran extorsión, declaró el testigo protegido.
“Rony estuvo preso por muerte de dos hombres. Suamy García era bandera, luego Tavo lo mandó a la escuelita para armar y desarmar armas y salió como gatillero, encostalaron a una persona en el barrio Lempira porque cobraba extorsión y los matan porque se equivocan (planchan)”, testificó.
El testigo dijo que a él se le había perdido dinero de la extorsión y que le cobraban y “el viejo Tavo me djo que me iba a encostalar”.
El testigo contó que a los gatilleros les dan sueldo mensual, les regalan saldo para celular, canastas familiares y también la mara le paga a los abogados y a policías. “Los de la DPI son los más vendidos, se pagan jueces, a la DPI le pagan semanalmente por Banco Azteca”, declaró el testigo. La DPI fue una policía creada en el gobierno de Hernández.
Según este testigo protegido, a cada rato cambian su número de celular. Los registros financieros de la esposa de Álvarez Cruz aparecen en los bancos BAC, Ficohsa, en la cooperativa Arsenault y también en Banco Continental, consta en la Evacuación de Pruebas del Juicio Oral y Público.
Sobre estas transacciones en la banca para identificar movimientos financieros atípicos que pueden venir de la extorsión, se hizo una solicitud de información pública a la Comisión Nacional de Banca y Seguros. No respondieron.
Liberado jefe de la 18
También la pandilla 18 tiene capacidad de infiltración y es más sanguinaria a la hora de cobrar extorsiones. Uno de sus líderes de alto perfil, acusado de extorsión, tráfico de drogas y detenido en posesión de una granada salió libre solo unos meses atrás.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los mismos jueces que enjuician al supuesto Cholo Houston, dejaron en libertad en febrero de 2022, a William Izaguirre, alias Poison.
La FNAMP lo considera como supuesto jefe de la pandilla 18 en Tegucigalpa y Comayagüela, encargado de extorsión y otros delitos conexos como el asesinato.
Al acusado lo detuvieron con dinero seriado de la extorsión, un arma de fuego, marihuana y una granada en el vehículo en el que se conducía.
De acuerdo con el expediente judicial, revisado en el Tribunal de Sentencias, los jueces lo dejaron en libertad porque al momento de tomar la declaración del testigo protegido no estaba presente el imputado. El Tribunal consideró que no se hizo reconocimiento en rueda del imputado que tiene un 18 tatuado en la frente. Consideraron además que al no haberse presentado el acta de decomiso del vehículo todo lo encontrado dentro del mismo no podía ser tomado en cuenta como prueba.
En la Audiencia de Proposición de Prueba, la Fiscalía propuso como prueba documental el Acta de Inspección del automóvil en el que fue detenido el imputado.
Cifras
Aunque entre 2013 y 2017 este ilícito disminuyó, según la página Infosegura de USAID y el PNUD; en el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández (después de su reelección financiada por el narcotrafico) hubo ligero incremento del delito de extorsión, reportó la misma fuente.
La idea de la magnitud de la problemática de la extorsión más allá de los datos administrativos puede ser estimada a partir de la encuesta sobre Resiliencia, Juventud y Violencia, la cual señala que 3% de los jóvenes hondureños declararon que fueron obligados a pagar extorsión, en los últimos 12 meses. Las encuestas LAPOP, muestran un ligero incremento de 2014 a 2016 en el porcentaje de personas que afirmaron que en su “colonia o barrio han ocurrido extorsiones o cobros de impuesto de guerra”.
Otro estudio reporta que: el delito ha ido en aumento “en contraposición a El Salvador, donde las personas visualizan como actor principal de la extorsión a las pandillas, en el caso de Honduras identifican a las pandillas y también a los grupos asociados al crimen organizado. El dinero proveniente de la extorsión es ocupado para la compra de municiones y tareas logísticas de las personas asociadas al crimen organizado. La extorsión de grupos criminales se inscribe en un contexto más amplio de corrupción e impunidad. En el período de 2014 al 2018, un informe reveló que se perdieron más de $10 mil millones de dólares del tesoro público a través de una variedad de mecanismos como la extorsión, el soborno, la sobrevaloración de bienes y servicios, la evasión y los paraísos fiscales, y la transferencia ilegal de bienes estatales a figuras públicas”.
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Al final, la respuesta a la primera solicitud de información de este trabajo fue que las Fuerzas Armadas no manejan este tema y que esa respuesta le corresponde a la FNAMP. Se envió la misma solicitud a esa dependencia. Nunca se obtuvo respuesta.
Texto de la solicitud de información hecha:
Siendo que la FNAMP pasará a la Policía Nacional de Honduras y que las Fuerzas Armadas de Honduras han respondido que no les corresponde dar esta información solicito a esta institución obligada la información pública siguiente:
Con base en LTAIP, sentencia Claude Reyes Vs Chile, artículo 19 Pacto Universal de DD. HH., artículo 13 Pacto de San José, 72 de la Constitución de la República de Honduras, solicito conocer en formato abierto cifras de detenciones por extorsión, llevadas a cabo por la FNAMP en los años 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 a la fecha, desglosado así: Tipo de delito, sexo o género, edad, si es autor material o intelectual de extorsión.
Conocer si la FNAMP ha recibido denuncias y/o investiga al ex director de esta institución, Amílcar Hernández.
Conocer si la FNAMP investiga políticos, policías o militares implicados en redes de extorsión.
Se pide aplicar respetar ley para garantizar seguridad y que el trabajo de acceso a información pueda ser hecho sin represalias.
El otro Amílcar Hernández que el ex director de la FNAMP mencionó es en efecto distinto y es el que aparece en una escritura pública como socio del ex mandatario en una empresa de seguridad. El Instrumento número 23 hace constar que fundaron la empresa Servicios de Seguridad y Asociados Sociedad Anónima (SSA, SA).
Mediante Oficio DGPN-(DICSPS)-No. 174-2022, el Director de Control de los Servicios Privados de Seguridad y Otros Servicios Especiales, respondió que esa empresa no se encuentra en los registros de la Dirección. “Se realizarán las investigaciones , para verificar si la misma se encuentre operando de forma ilegal”, cita el oficio.
El 6 de abril de 2022, en un programa matutino de Canal 11, con el periodista Raúl Valladares, el director de la Policía Preventiva, comisionado Eduardo Turcios Andrade, reveló que en el delito de extorsión están implicadas empresas de seguridad, transportistas y diferentes sectores.
Se intentó conocer una versión de las Fuerzas Armadas de Honduras con el portavoz, el
teniente José Antonio Cuello, respondió que no tenía nada para decir y que lo
correcto sería citar a quien hace los señalamientos con pruebas de convicción.