Falsos positivos de la extorsión: Había un bono por persona capturada

En países como Colombia el Congreso Nacional ha intervenido para investigar falsos positivos. En Honduras, los falsos positivos encubrieron a los criminales intelectuales de la extorsión mientras daban la apariencia de que se perseguía el ilícito.

En el Congreso Nacional, los falsos positivos parecen ser un tema desconocido, tratado con respuestas generalizadas.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación

Esa tarde, el aire acondicionado provocaba frío en la sala. Ella estaba sentada en el banquillo a la par de los tres jueces con toga negra. Tenía la mirada triste. La cabeza inclinada hacia el piso.

Parecía con el cuerpo presente y la mente lejana cuando el Tribunal de Sentencia leía que debemos condenar como en efecto condenamos a Gladys Herlinda Cruz Mejía por el delito de extorsión simple.

Al ver su aspecto de mujer madura, era difícil creer que el 2 de octubre de 2019, Cruz Mejía se acercó diciendo que era parte de la MS y que le tenían que pagar extorsión sino a la víctima le iban a matar a su familia. Fue detenida en noviembre de 2019, después de recibir el dinero sereado, según el testimonio evacuado en juicio.

El Ministerio Público (MP) la acusó de facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas, pero los jueces consideraron que su cuerpo no puede ser tomado como un vehículo. La absolvieron por este ilícito.

Cruz Mejía, según el MP, llegaba a un negocio de Villanueva, Cortés, en la Costa Norte de Honduras. La víctima, ahora llamada Testigo Protegido FF836, dijo que le entregó dinero. Las series de los billetes habían sido señaladas antes por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), mediante una práctica llamada “sereado”.

Los detectives entregaron como pruebas para el juicio un Acta de Vigilancia, el Acta de Registro, pericia toxicológica, testimonio de un testigo protegido y el dinero sereado. La policía dijo que le decomisó una bolsa negra con marihuana, un celular y el dinero de la extorsión.

Su defensor público, Raymundo Velásquez, expuso en sus conclusiones que la encausada llevaba dinero que en realidad era para sus hijos y que cuando los agentes de la FNAMP la detuvieron, le dijeron “hoy si te la vas a comer toda” (Esta es una frase hondureña que hace alusión a violencia sexual).

Velásquez considera que ella es una inocente más condenada por extorsión. Una hondureña condenada sin que existan verdaderas pruebas porque el gobierno ha intentado hacer frente a este flagelo con redadas masivas. Y ese intento, ha llevado ante la justicia a un montón de inocentes que se convierten en estadísticas de sentencias judiciales.

Gladys Herlinda Cruz Mejía –platica el defensor– se convierte en una cifra más que engrosa las historias de injusticias cometidas por el sistema especial de justicia penal Antiextorsión.

–Le voy a contar una historia–, comenta en su oficina de la Defensa Pública. –En una colonia había una muchacha muy bonita. Los militares siempre le gritaban piropos. Un día, el hermano va pasando y ve que están acosando a su hermana. Les reclama y le dice, policías hijos de tanta busquen quehacer. Los voy a denunciar. Uno de los soldados levantó el dedo índice y le advirtió: ya vas a ver. A la siguiente semana, el muchacho va caminando, lo detienen. Cuando está en la policía (militar), ponen una mesa y encima una AR-15 y dicen él andaba un arma de uso prohibido. Lo acusaron de portación de armas de uso prohibido. Quedó preso porque un policía (militar) dijo que andaba una AR-15.

El testimonio de la policía de la FNAMP debería venir avalado con prueba científica y la forma de recabar la prueba debe tener convalidación del ente judicial, pero no fue así. Ante la falta de control jurisdiccional, hubo facilidad para sembrar evidencias.

“Muchas veces existe implantación de evidencia y muchas veces el juez no tiene otro camino que decretar un fallo absolutorio; los testigos son los agentes y esto se convierte en la palabra de un agente de la FNAMP contra el encausado». 

La Corte de Apelaciones se ha pronunciado y ha dicho que estas causas deben ser respaldadas mediante tecnología y no solamente con la palabra de los agentes.

“Hago esta pregunta –dice Velásquez– ¿si todas las personas detenidas, exhibidas ante los medios de comunicación, fueran realmente culpables por qué el Tribunal de Sentencia ha dictado tantas sentencia absolutorias?”.

Su respuesta es que han dejado libre a la gente por la incongruencia de la prueba ofertada por la parte acusatoria.

Las personas que viven más de ocho horas al día en los tribunales Antiextorsión han presenciado casos con vídeos que demuestran la forma en que la FNAMP siembra evidencias en el vehículo de una persona imputada. Hay otros juicios con videos e imágenes que muestran a miembros de la FNAMP sacando a personas inocentes de negocios. En sus testimonios han llegado a decir que las detenciones se produjeron luego de vigilancias. 

El 12 de mayo de 2016, el gobierno publicó el Decreto 02-16 que dio vida a un circuito judicial especializado en Antiextorsión con juzgados de letras, Tribunales de Sentencia para juicios orales y públicos y Corte de Apelaciones con competencia nacional.

Las bases de datos con cifras del Poder Judicial y los expedientes judiciales revisados sugieren que solo basta un testigo protegido, dinero con una serie de billetes que son marcados por los agentes de la FNAMP sin un adecuado control jurisdiccional. 

Testigos sin rostro

El delito de extorsión ha producido acusaciones masivas. La principal prueba de la justicia especial antiextorsión ha sido el testigo protegido.

Es una práctica generalizada que este testigo no comparece en juicio oral y público sino que su testimonio es tomado como prueba anticipada en primera instancia y se incorpora al debate como lectura autorizada. Al ser prueba anticipada, comparece a una primera audiencia. Lo entrevista el fiscal, la defensa y el juez.

Entre 2017 y 2022, en diferentes órganos jurisdiccionales del país hubo más de diez mil juicios penales entablados por extorsión y unas 1700 sentencias absolutorias, cartas de libertad definitivas y provisionales. En la justicia especial en materia Antiextorsión comparecieron casi tres mil testigos protegidos, de acuerdo con la sumatoria hecha con base en estadísticas proporcionadas por el Poder Judicial.

En esa cifra de testigos protegidos no se incluyen quienes comparecieron ante los Juzgados de Letras de lo Penal a Nivel Nacional. En estos juzgados de letras hubo  2,598 juicios entablados por extorsión, 845 condenas y 1270 casos pasaron a juicio oral y público. El Poder Judicial no precisó cuántos testigos protegidos acudieron a esta instancia.

Las estadísticas fueron solicitadas con base en el Derecho de Acceso a Información Pública.

Un bono por capturas

La secretaria del Consejo Consultivo del Estatal Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos, destacó que deberían investigar si los testigos protegidos se repiten en varios juicios.

El defensor de derechos humanos, que trabaja junto a Ferrera, Alexander Rivera, aseguró que el gobierno anterior daba un bono a los agentes por detener personas que supuestamente extorsionaban.

“El bono se lo daban a la Fuerza Antiextorsión o a militares y policías directamente a la Fuerza de Antimaras y Pandillas, antes estuvo cerca de 10.000 lempiras por cada persona que agarran por extorsión y era cuando estaba el ex mandatario Juan Orlando Hernández”. Después el bono bajó a cinco mil lempiras.

«Uno pensaría si dan un bono para capturar a las estructuras que extorsionan, el delito de extorsión va a desaparecer, pero lejos de eso más bien aumentó”.

Hay una persona privada de libertad, que es de la comunidad LGTB también, que la fueron a sacar hasta su habitación estaba durmiendo la golpearon, le sembraron evidencia y la exhibieron.

Rivera estuvo preso durante 13 años y ahora trabaja con privados de libertad desde la Asociación Cozumel Trans. En las cárceles conoce historias de personas detenidas en puntos de buses. Llegaban los agentes de Antimaras y Pandillas y tomaban al primero que encontraban.

“Le ponen drogas, le ponen una libreta, le ponen teléfono», después dicen que todo eso fue decomisado a la persona. «Al día de hoy todavía hay personas que están ahí que yo conozco…personas que van a la iglesia, personas que no tienen nada que ver. Hay personas que están privadas de libertad y hasta el día de hoy ni siquiera saben ellos a quién se supone que extorsionaron”.

También el abogado Velásquez ha escuchado que a los agentes de la FNAMP se les daba un bono en efectivo de cinco mil lempiras por cada persona capturada. No hay pruebas, pero en Choluteca, la Ceiba y San Pedro Sula, dicen lo mismo, señaló.

Además de los bonos a los agentes para capturar implicados en extorsión, diferentes fuentes coinciden que hubo obtención de prueba ilícita, siembra de evidencia, exhibición de evidencias en una mesa para presentar personas detenidas ante los medios de comunicación, torturas, exhibición de personas sin condena, corrupción y el olvido de los familiares que en el proceso por los maltratos se convertían en nuevas víctimas del sistema.

La abogada Marina Díaz, es la apoderada legal de Fernando Josué Canales, alias El Oso, según la FNAMP. Para la FNAMP, fue uno de los cómplices del Cholo Houston. 

El Tribunal de Sentencia consideró que la prueba en su contra fue obtenida de manera ilícita. Los testigos se contradijeron. La detención fue a las 10:50 de la mañana y el decomiso de la evidencia a las 9:10 minutos de la mañana. Por todas esas contradicciones, lo absolvieron de los cargos.

Los tres jueces del Tribunal ordenaron a la Fiscalía iniciar una investigación a los detectives del caso por obtención de prueba ilícita y falso testimonio.

Díaz consideró que el juzgado de letras antiextorsión es totalmente inquisidor porque la mayoría de jueces son ex fiscales. “Son jueces que todavía llevan el saco y la corbata de un fiscal”. Para ella, los jueces de sentencia tienen más equilibrio. Valoran de manera distinta la prueba.

Según Díaz, el testigo protegido BB204 que servía para la causa contra su cliente, era una persona bajita, delgadita, muy parecido al físico y a la contextura de los mismos agentes policiales de la FNAMP. 

En juicio, el testigo dijo que le exigían pagar 500 lempiras cada jueves sino iban a matar a su familia. Uno de sus agresores se identificó como el Oso de la MS. 

Declaró que lo extorsionaron por tres meses y que los identificó por medio de fotografías.

Junto a Canales estaban acusados Edgardo Dumas Enamorado Pérez y Miguel Ángel Umanzor Zelaya. Todos fueron absueltos por duda razonable. La defensa de Enamorado Pérez acreditó que era un trabajador de la UNAH y que trabaja en esta universidad desde los noventa.

 

Canales fue detenido 21 de marzo de 2019. Las imágenes de los medios muestran cómo lo sacan de su casa en el municipio de Sabanagrande, en el barrio El Tule. Faltaban minutos para las 6 de la mañana. 

Los detectives entraron a la vivienda sin autorización judicial para hacer el allanamiento, consta en un Acta de Juicio Oral y Público 0801-2019-292-1, acumulado 0801-2019-309-03.

Según las leyes hondureñas los allanamientos solo se pueden hacer después de las 6 de la mañana.

Entraron por la fuerza a la casa de él, tocando de manera violenta. El tío de él les abre la puerta. Cuando abren la puerta, lo empujan y entra el contingente, lo encañona y le preguntan dónde está Fernando Canales. Era la FNAMP. Él estaba todavía dormido. Lo sacaron de su cuarto estaba sin camisa, solo con calzoneta.

Le dicen que son de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y le expresan que él está acusado por el delito de extorsión en contra de un testigo protegido.

Él es un muchacho nacido y crecido hasta los 12 años en la comunidad de Sabanagrande cuya familia es conocida en la comunidad y nunca ha tenido ningún tipo de problema. Él vivió toda su vida en Estados Unidos. En abril del 2017, él retorna deportado y luego lo capturan, de acuerdo con su defensa.

Ellos toman fotografías dentro de la casa al momento de la captura. Él aparece sin camisa y esa fotografía es la que divulga diario El Heraldo bajo el titular, Capturan a extorsionador de Sabanagrande. 

Al momento de presentar sus pruebas, la FNAMP manifestó que la captura se dio en la vía pública a 200 metros del negocio que él estaba extorsionando con una entrega controlada y que andaba vestido de otra manera. La verdad es que la captura se dio dentro de su vivienda, contó la defensora privada.

Siembra de evidencia

“Sin tener una orden de allanamiento convalidada para poder proceder a hacer esta captura a él lo llevan a la a las oficinas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, le toman fotos y le ponen en la mesa 20 bolsitas, creo de conteniendo marihuana, le ponen municiones de R-15”.

Él no firma ninguna de las actas de decomiso de cada inspección, ninguna de las actas que a él le hicieron ni siquiera el acta de de lectura de derechos. Él no firmó nada porque él sabía que él era inocente, asegura la abogada.

A Canales lo vinculan con Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias Cholo Houston, según la FNAMP, “y presentan videos en los cuales aducen que gracias a la captura de mi representado se había llegado a la captura de esta otra persona, cuando eran personas que no tenían nada que ver”.

La historia que la FNAMP pretendía hacer creer al tribunal, es que las tres personas acusadas, uno que vive en Tegucigalpa que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma, uno que vive en el Municipio de Sabanagrande y el otro que vive en el Amatillo, en zona fronteriza, se reunían en Sabanagrande para cobrar 500 lempiras de extorsión, una vez a la semana.

El Tribunal de Sentencias falló: debemos absolver y absolvemos al señor Fernando canales Nieto. El Ministerio Público le venía imputando la comisión de los delitos de extorsión continuada en perjuicio de la propiedad del testigo protegido BB204 y facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. En virtud de violación a derechos fundamentales ya que fue detenido de manera ilegal mediante allanamiento de morada, sin ninguna autorización judicial quedando viciado los medios de obtenidos consecuentemente y se procede a la revocación de la medida cautelar de la prisión preventiva.

De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, el Tribunal de Sentencia en materia Antiextorsión ha conocido más de cuatro mil casos entre 2017 y 2021. Un número indeterminado, son causas de personas inocentes a las que les fabricaron casos. La FNAMP les colocó evidencias, las presentó frente a los medios de comunicación y de esa manera lograron justificar la existencia de un aparato que daba la sensación de luchar contra el ilícito. Pero era mentira.

La FNAMP estaba bajo el mando de militares. A partir del 16 de mayo pasó a la policía nacional. El nuevo director, el comisionado de policía Willy Núñez, ante la consulta sobre las violaciones a derechos humanos, siembra de evidencia, falsos positivos, torturas, cometidas en la gestión anterior de la FNAMP, afirmó que la policía ha fortalecido el respeto a la normativa de los derechos humanos y se ha fortalecido el proceso penal.

Esos vicios son de tiempos anteriores. “La presidencia nos ha pedido una policía humanista, nos hemos preparado para eso”, dijo.

El viceministro de Seguridad, Hugo Suazo, encargado de prevención y derechos humanos, aseguró que cualquier ciudadano que sea víctima de una violación policial puede reportarlo directamente a su oficina que es una oficina abierta para la ciudadanía.

El perfil de la justicia antiextorsión
Con su experiencia, la Defensa Pública describe que el perfil promedio de un acusado por extorsión es una persona entre 18 y 33 años de edad, es pobre, algunos tienen antecedentes delictivos previos lo que hace más fácil entablar una acusación en su contra. Entre tanto, los testigos, tiene como perfil que se repiten en varios juicios, algunos testigos protegidos son agentes de la FNAMP.

En la actualidad, hay nueve agentes de la FNAMP procesados penalmente por allanamiento de morada, falsificación de documentos y detención ilegal y 12 policías encausados por el mismo ilícito.

A las víctimas de la extorsión hay que sumar otras víctimas que nadie ve, las madres y abuelas que han sufrido abusos durante los allanamientos de la FNAMP.

Las otras víctimas, son las madres que cada mañana y cada tarde se amontonan frente a la sede judicial antiextorsión para ver a sus hijos. Cuando se les pregunta si quieren hablar, le temen a los periodistas y se apartan. Eso pasó una tarde de abril con doña Flora Cruz, la madre de Álvarez Cruz. Llegaba todos los días para ver a su hijo. Cuando se le consultó si quería hablar sobre el proceso que le ha tocado vivir, se apartó en forma inmediata.

Es difícil saber cuáles de estas madres tienen hijos acusados falsamente, pues, los falsos positivos encubrían a los criminales intelectuales de la extorsión mientras daban la apariencia de que se estaba persiguiendo el ilícito.

Las cabezas de la extorsión están en el poder, cuentan con armas del Estado, complicidad empresarial, impunidad y un tejido de corrupción para operar.

Un fiscal especializado en la materia dijo que en este negocio están políticos de alto nivel, los cuerpos armados del Estado y empresarios del mismo transporte que extorsionan a sus compañeros. Esta investigación descubrió además que la mara y la pandilla han podido mantener este boyante negocio en complicidad y con protección de políticos.

 

Opiniones de los diputados

Diputado Tomás Ramírez, miembro de la Comisión Legislativa de Defensa y Seguridad

No se han reunido para hablar del tema de la extorsión con altos índices registrados en los últimos días. Pronto habrá una reunión para conocer por qué tanta extorsión. Un elemento que ha facilitado que muchas empresas cierren. Respecto a los falsos positivos, respondió que «estamos saliendo de un narco Estado» para eso hay que ser cautelosos y primero «reunirnos con la comisión de seguridad de la Policía Nacional».

Diputado Rassel Tomé 

«La criminalidad es un fenómeno social que está siendo muy bien abordado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón porque ha reducido los índices de homicidio y ahora le toca bajar el tema de las extorsiones. Como fenómeno social, nosotros tenemos que trabajar en generar oportunidades de empleo, en erradicar el analfabetismo, en erradicar la falta de oportunidades, con empleo». Esto bajará los índices de criminalidad. La extorsión se combate con investigación.

El diputado Jari Dixon Herrera

«Hay muchas denuncias no solamente de la extorsión. Hay muchas denuncias que fabricaron casos de lavado de activos para darlos a cierto grupo de abogados que podían llevar los casos en la Corte Suprema de Justicia. Hay muchas denuncias de falsos positivos alrededor del gobierno que nos antecedió. Cuando tiene una oposición que todavía no se acostumbra a ser oposición y que todavía tiene nexos muy graves con la criminalidad y el narcotráfico y si le suma eso, a los grupos de poder que se sienten afectados por el ejecutivo y por parte del Congreso Nacional, eso puede pasar. La extorsión la vamos a combatir de diferentes formas, en primer lugar hay que mejorar la economía para que nuestros muchachos y muchachas se alejen de esos grupos criminales; en segundo lugar con una buena investigación y con un sistema de administración de justicia. Tenemos que buscar soluciones integrales no solamente por una vía que es la represión del delito».

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