De los falsos positivos al sabotaje

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Con el Poder Judicial bajo la influencia del narcotraficante, Juan Orlando Hernández, la FNAMP trabajó en alianza con la Mara Salvatrucha manejando la extorsión, de tal forma que ante la justicia eran llevados los autores materiales del hecho. 

Para la Policía Nacional, la extorsión fue manejada por militares, agentes policiales afines y el perfil más alto fue un coronel ligado a la FNAMP que está bajo investigación. En el transcurso de esta investigación periodística ha habido testimonios que además sugieren la presunta participación de fiscales, jueces, funcionarios del transporte y diputados, inmiscuidos en este negocio criminal.

El delito no cesaba pese a que las capturas generaron más de diez mil juicios entre 2017 y 2021 en el circuito judicial Antiextorsión. La explicación es simple: acá llegaban solo los autores materiales. La sobrecarga laboral provocó que los jueces enviaran insistentes escritos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para evidenciar la sobrecarga laboral desde 2021, pero no renunciaron antes sino hasta 2022. El efecto inmediato de esto es mayor impunidad y una lucha más compleja contra la extorsión. 

Una de las juezas del Tribunal con competencia Territorial con sede en Tegucigalpa alegó que renunciaba porque iba a ganar mejor como procuradora.

Vea: Falsos positivos de la extorsión

En la denuncia No. 0801-2021-00229 promovida por una abogada privada ante las oficinas de la Supervisión General del Poder Judicial por retardo de justicia y porque se venció la prisión preventiva de un imputado, consta que desde 2021 los jueces alegaron que tienen una carga laboral insostenible.

“Existe exceso de trabajo en este tribunal y es única sala para todo el país de todos los procesos en los delitos de extorsión y delitos conexos cometidos por las maras y pandillas miembros del crimen organizado, aunque el tribunal con su poco personal siempre trata de darle celeridad al proceso y evitar que se venzan las prisiones preventivas antes de realizarse el juicio o debate, trabajando días feriados y sábados y hasta vacaciones, pero hay muchos expedientes en los que no se puede lograr ese cometido saliéndosenos de las manos por lo excesivo de trabajo que lleva este único tribunal con una única sala judicial con 4 jueces y poco personal administrativo, así mismo por la situación de la pandemia del covid 19 que vino a afectar, saturar, atrasar los procesos judiciales y acumular más trabajo, también es de mencionar que la Corte Suprema de Justicia desde el 16 de marzo del 2020 hasta enero del 2021 suspendió labores”, dice el escrito.

“De toda esta carga laboral excesiva casi insostenible que tiene este tribunal se ha informado en reiteradas veces a presidencia de la Corte Suprema de Justicia, de igual forma se ha solicitado que se nombre más personal, incluso que se crea otra sala”.

Argueta no tomó ninguna acción ni cuando estaba Hernández, mucho menos ahora que hay cambio de gobierno.

Extorsión: peligrosa arma política

Con el cambio de gobierno, la extorsión aumentó súbitamente al mismo tiempo que hervía la disconformidad militar porque la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decidió que todos los órganos de seguridad pública pasarían del mando militar al mando de la Policía Nacional de Honduras.

En medio de un conflicto invisible, solo perceptible en el ámbito de confianza de los oficiales de los cuerpos armados, la Secretaría de Seguridad, el 911, la inteligencia del Estado, los puestos de mando en la policía fueron pasando a la Policía Nacional.

Pero había una institución que se convirtió en el bastión de resistencia militar porque aun después de tres meses y pese a la orden de la presidenta Xiomara Castro, los militares se resistían a soltarla: La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP). 

La Policía Nacional tuvo cinco intentos para recibir la FNAMP. La primera vez el comisionado Willy Núñez Morales, un oficial con buen récord en su institución, que siempre ha estado en puestos operativos, con trayectoria en investigación criminal, llegó para reunirse con el director de la FNAMP, coronel Guillermo Eduardo Sandoval. 

Núñez Morales le entregó el acuerdo a Sandoval. Cuando el comisionado de policía le dio el papel, el coronel reaccionó con hostilidad. Le dijo que ese acuerdo policial no tenía ninguna validez. Núñez Morales se fue resignado junto a su comitiva.

Los policías volvieron en cuatro oportunidades más y regresaron como habían llegado. A veces ni siquiera les dejaban entrar. Apenas entraban a una de las salas, en una ocasión llegó incluso el viceministro de Seguridad, Hugo Suazo, y partió incomodo porque no se pudo hacer la transición.

Suazo negó a RI que sea cierto que había renuencia militar o que haya discordias con las Fuerzas Armadas, pero al menos seis fuentes policiales distintas unas activas y otras en situación de retiro, confirmaron el hecho.

Quien conoce a Sandoval lo describe como un hombre enérgico, ordenado, con información precisa, puños fuertes y respuestas a veces broncas. Sandoval llegó en los últimos meses a la FNAMP. Antes de él, Amílcar Hernández fue el director a tiempo completo de esta institución.

Cada vez que los policías llegaron su respuesta fue que el documento que le mostraban no tenía validez legal que consultaría con sus superiores. En ese periodo, los militares se atrevieron a realizar consultas incluso a Casa Presidencial. Nada impidió el traspaso.

Información que no está 

Los policías no tomaron posesión del cargo hasta tres meses después, pero encontraron una FNAMP vaciada y con información faltante. El artículo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe la destrucción de información. “En ningún caso una Institución Obligada podrá destruir un documento que deba estar bajo su custodia, si lo hiciere, además de las responsabilidades administrativa y civil, incurrirá en delito de conformidad a la ley penal”.

En este caso, la Policía encontró una dependencia con información parcial para combatir maras y pandillas.  Los militares entregaron un cascarón vacío. El servicio de agua estaba cortado, la luz se debía desde febrero, no había internet, deudas con todos los proveedores que alquilan los edificios a nivel nacional, los vehículos sin combustible y sin mantenimiento.  Desde febrero habían estado en esta situación. Eso explica cómo la falta de acción militar, apuntaló la extorsión.

Sabotaje

En la FNAMP dejaron algunos papeles y portafolios en papel con la información de maras y pandillas, pero de un día para otro retiraron a 120 militares que llevaban casos. Ninguno de estos soldados hizo la transición con sus pares de la Policía para explicar cómo quedaba cada expediente. En la institución solo quedó el mobiliario y equipo, unos cuantos policías, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia y civiles en los puestos administrativos.

“Creemos que dejaron los expedientes que no tienen problemas”, dijo un alto oficial de la policía que admitió el vínculo entre la MS y la administración  anterior de la FNAMP. 

El día del traspaso de mando, Suazo llegó, el coronel Sándoval no estaba presente. Así que el viceministro decidió que en definitiva se haría el traspaso de mando aun con la ausencia.

Reporteros de Investigación habló ese día con policías que iban asignados a distintas regionales de la FNAMP. La Policía reforzó con 500 nuevos agentes la FNAMP. Ese día que la policía tomó posesión también llegó personal administrativo de bienes nacionales de la Secretaría de Seguridad. Subían y bajaban las gradas.

Bajo el sol de ese mediodía unos agentes policiales, vestidos de civil, que trabajaron junto a militares, estaban en formación, recibían instrucciones; otros de sus compañeros armados, con uniforme azul, se agrupaban planificando el traslado hacia diversos departamentos del país.

Entre el tropel de periodistas amontonados entrevistando en grupo al vocero y al nuevo director, Reporteros de Investigación preguntaba por Sandoval. 

— Creo que ya se fue, replicó el periodista de la FNAMP, Mario Fú.

Ese mediodía tropical, del 16 de mayo, la Policía Nacional recibió una FNAMP sin memoria.

Pero las memorias no pueden borrarse de un día para otro, sobre todo cuando existen huellas, documentos, testimonios, imágenes y vidas humanas pérdidas.

Los orígenes del pacto y de la extorsión

Una fuente para comprender el pacto y la extorsión, es la prisión, es preciso conocer cómo ha ido evolucionando la relación de poder en las cárceles de Honduras porque conocer esta jerarquía, permite entender el comportamiento criminal en las ciudades.

Cuando Juan Orlando Hernández tomó el poder, la extorsión era liderada desde Casa Blanca, un módulo de la Penitenciaría Nacional donde están los delincuentes ligados al crimen organizado. El líder más importante del gobierno de los internos en Casa Blanca era Wilmer Escoto.

La extorsión es un delito que aprovecha el miedo y el azar. De esa forma, los privados de libertad conseguían información de sus víctimas o hablaban al azar y pedían dinero por medio de la intimidación, entretanto también las maras y pandillas se encargaban del cobro en las calles. Aprovechando la impunidad, delincuentes comunes, desde las calles, se hacían pasar por maras y pandillas para extorsionar.

En ese entonces, el gobierno reguló las llamadas y controló la información en las cárceles, cerró la cárcel de San Pedro Sula y desmanteló estructuras criminales.

El coronel Guillermo Eduardo Sandoval fue el primer director militar en la Penitenciaría Nacional (PN). A su llegada, los militares encontraron colusión y corrupción policial, contó una persona que trabajó bajo mando castrense. 

A medida pasaron los años y el gobierno de Hernández profundizó su relación con la MS, la pandilla 18 fue debilitada, sus integrantes fueron sacados de la Penitenciaría Nacional hacia otra cárcel. 

En el mundo criminal la PN es considerada la universidad del crimen, un lugar geográfico con mayor estatus en este submundo que puede desequilibrar las relaciones de dominio.

Con Alexander Mendoza, El Porky, al mando, la MS fue tomando el control de los módulos con mayor población penitenciaria Procesados I y II y Sentenciados II. Los líderes de la MS estaban en un lugar aparte, mientras que la estrategia fue mandar a integrantes de la MS entre la población paisa para generar control. 

Fue así cómo la MS tenía un régimen interno acordado con las autoridades penitenciarias. Para ese tiempo, la MS hacía alianzas con Wilmer en Casa Blanca y con Ramón Cálix Velásquez (Moncho Cálix) que manejaba Lavandería I y II, Segregación. Mientras tanto, el módulo de Diagnóstico, reservado por clase media, se mantenía al margen.

Moncho Cálix daba seguridad a la MS-13 y mataba dieciochos. Moncho Cálix es familiar del ex vicealcalde de Gracias, Lempira, Mario José Cálix, alias “Cubeta”, prófugo de la justicia y también es pariente de la directora de Lucha contra el Narcotráfico, Soraya Cálix. 

Alias Cubeta, trabajó junto a Víctor Hugo Díaz Morales, alias «el Rojo”, un hombre importante en la estructura de Hernández Alvarado, también originario de Gracias, Lempira. Algunas fuentes aseguran que El Rojo incluso habría llegado a reuniones a la Corte Suprema de Justicia.

Ya para 2021, diversas fuentes aseguraron que la cárcel estaba bajo el control total de la MS. En ese tiempo las cárceles y la FNAMP estaban bajo el mando militar.