Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Con el mar de cristal verde aqua, como telón de fondo, el fiscal Blas Arturo Domínguez actuó con una celeridad inusitada si la resolución de este caso se compara con el asesinato, sin investigación criminal eficaz, de más de 50 garífunas en solo cinco años.
En 19 días, la Fiscalía hizo una investigación criminal contra indígenas negros de la comunidad de Punta Gorda y promovió una acusación penal por el delito de usurpación.
El origen de la denuncia de usurpación se basa en una donación de terreno que se desprende de un Título de Dominio Pleno de 2003 a favor de la estadounidense, naturalizada como hondureña, Fair Jones de Norma. A su vez el Dominio Pleno se despega de un título supletorio otorgado el 26 de junio de 1969 por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, según la escritura en poder de Reporteros de Investigación.
Los títulos supletorios los dan los jueces locales. La gente se presenta con dos testigos miden y si no hay nadie en ese terreno y dice la ley si no tiene dueño se le da la posesión, explicó, consultada al respecto, la defensora de los garífunas, Kenia Oliva.
La víctima protegida por el sistema penal hondureño: la hondureña por nacimiento y nacionalizada estadounidense, Ritzy Wanda Norman Jones, que adquirió el terreno por medio de una donación que le hizo su madre Fair Jones de Norma.
Esta donación del terreno y la exoneración de impuestos fueron basadas en la Ley de Estímulo a la Producción, a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano que eliminó el pago de impuestos en caso de donaciones, consta en el Instrumento Número 80 del 11 de septiembre de 2018.
Habrían de bastar solo 14 días más para que el juez Allan Urbina García emitiera la orden de desalojo preventivo que fue ejecutada por un ejército con 20 policías de escala básica, cinco oficiales de la cúpula policial, 20 miembros de la Fuerza Naval, un oficial de la cúpula castrense y tres agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El destacamento armado de las fuerzas de seguridad estatal fue dispuesto ante la solicitud de desalojo hecha de manera conjunta por el fiscal Domínguez y por el acusador privado Samuel Antonio Vallecillo.
Así fue como en menos de un mes, los operadores judiciales tenían una investigación criminal y una orden de desalojo preventivo y los pelotones listos para entrar a la comunidad garífuna de Punta Gorda.
El 3 de noviembre llegó al escritorio del comisionado de Policía Carlos Ramón Gonzáles Sosa la orden de judicial que exhibiría al país a nivel nacional e internacional al mostrar imágenes de mujeres garífunas tras las rejas, desplazadas de un territorio que ellas consideran ancestral. Pues mientras, para el sistema penal la víctima es la honduro-estadounidense Norman Jones. Para un tejido de defensoras y defensores de derechos humanos, las víctimas son las personas negras.
En esta tierra se estableció la primera comunidad garífuna a su llegada a Honduras, toda esta tierra recuperada es parte del título ancestral, la escritura ancestral data del siglo pasado y está en poder de los abogados de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), dijo Yessica Trinidad, Directora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH). Ofraneh es parte de la RNDDH.
Como resultado del desalojo, la Fiscalía amplió la acusación contra los indígenas al delito de atentado por la confrontación que hubo con la policía nacional porque alegaron que estuvieron en dialogo más de un hora y cuando la abogada Yessenia Canizales ordenó ejecutar el desalojo, hubo agresiones de la comunidad en su contra, de acuerdo con la denuncia.
De su lado, Ofraneh denunció que el desalojo fue violento y la coordinadora Miriam Miranda pidió la destitución del jefe policial mientras un subcomisario de la policía interpuso una denuncia contra los indígenas.
El discurso policial de la denuncia denota discriminación al cuestionar que la gente de la comunidad utilizaba humo. Eso muestra el desconocimiento a las tradiciones y costumbres del pueblo garífuna, alegó la defensora de los indígenas Kenia Oliva.
RI solicitó una entrevista al apoderado legal de la denunciante, dijo que con gusto. Al cierre de edición no había respondido.
Entrevista con la abogada Kenia Oliva.