Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. NO tenemos ninguna duda de que la campaña de desinformación que sufre Reporteros de Investigación y sus periodistas, proviene de actores estatales ligados a la corrupción y al crimen organizado.
Nos han advertido que el fin de esta guerra sicológica es manchar la imagen del periódico, desacreditar el trabajo de las y los periodistas que nos atrevemos a investigar las cruentas violaciones a derechos humanos, corrupción y a señalar nombres de políticos y narco militares al servicio del crimen organizado. Nos han advertido que podrían hacer montajes o vigilar las vidas privadas del equipo para generar una muerte moral, un camino que facilitaría la violencia física.
Como hemos pedido ayuda, pero el Ministerio Público dice que no puede recibir nuestra denuncia porque quienes realizan los ataques parecieran saber los vacíos que tiene el Código Penal y la Dirección Policial de Investigaciones mantiene el caso en supuesta investigación, solo nos queda la denuncia pública.
En un país con 100 periodistas asesinados en una década, una campaña de desinformación es un tipo de censura sutil que si bien genera más vistas a nuestro medio, y eso se agradece, también propicia la infodemia atacando diferentes dimensiones de la libertad de expresión.
La mayoría de campañas de desinformación en nuestra contra han tenido que ver con la seguridad y el narcomilitarismo, esto da una idea de quiénes podrían estar detrás. De algo estamos seguros y es que la impunidad no es para siempre.
Estas campañas iniciaron desde abril de 2023 que empezamos a denunciar el complot que narcomilitares tienen en materia de seguridad, desde ese mes empezaron a tomar el logotipo del periódico, el diseño y mediante fotomontajes difunden información falsa por WhatsApp, además han tratado de desprestigiar la imagen de la periodista Melissa Hernández, ella ha sido víctima de una campaña tendenciosa con información inexacta para descalificar su trabajo; también la periodista Wendy Funes fundadora de este espacio fue señalada falsamente en publicaciones que han colocado su integridad en peligro.
“Cuando las personas están pasando un tema o una situación tan difícil como esta, uno generalmente necesita mucho de alguien que lo escuche de alguien que le guíe y que le dé la seguridad de que todo va a estar bien”.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Ella puede sentir el dolor y la incertidumbre con quien sufre el inmenso vacío de una ausencia inesperada. Dos hoyuelos se dibujan en las mejillas de Dirla Ferrufino cada vez que sonríe.
Es una policía notable. Una joven inspiradora. Una agente que motiva para luchar. Una mujer policía sensible al dolor ajeno. Solidaria. Empática. Apasionada por su trabajo.
Basta con verla una sola vez para saber el corazón que pone en cada detalle de su carrera. Con el transcurso de los días siguiendo su función pública, deja aparecer a una profesional entusiasta que aun cuando no está uniformada hace voluntariado en la Cruz Roja para buscar a personas desaparecidas.
Las desapariciones en Honduras son su objeto de estudio, un tema bastante conmovedor que la llevó cada día a estudiar, leer, enfocarse, informarse, a entender cómo escuchar y ayudar a miles de familias.
Es una profesional especializada por pura pasión y deseo de servir y proteger a su ciudadanía. Es como deberían ser idealmente todas, todos y cada uno de los policías del país.
Ella busca a gente desaparecida en un país con familias que desde los ochenta indagan sobre el destino de sus hijos, padres, hermanos…en cementerios, exhumaciones, fosas clandestinas; un país con familias que llegan a postas, hospitales, morgues o a la ruta del migrante para saber qué fue de sus parientes.
“Hola, buenas tardes, mi nombre es Dirla Ferrufino. Soy Clase I de Policía y actualmente estoy asignada en la Dirección Policial de Investigaciones y con asignación especial en el Área jurídica de la Policía Nacional”, así empieza esta conversación con Reporteros de Investigación en un restaurante de la capital de Honduras.
“Soy originaria del departamento más bonito de Honduras de El Paraíso. Soy la hija mayor de mis papás. La hermana mayor de cuatro hermanos y pues mi papá es muy orgulloso y yo igual muy orgullosa de ellos, porque realmente hoy en día todo lo que yo he logrado es gracias a los principios que ellos me enseñaron, el temor a Dios. Vengo de una familia del campo, totalmente, amo el campo, la montaña. Mi aldea se llama Los Llanos. Es una aldea cerca de la Aduana de Las Manos, muy bonita”.
La agente Dirla acaba de egresar de un curso de Técnica Internacional en Criminalística, cursado en Costa Rica; ha trabajado en investigación criminal. “Hoy en día no se puede hablar de algo legal, si no se puede comprobar de una forma científica”, sentencia.
Su pericia en la búsqueda, el empeño y profesionalismo en lo que hace, la ha llevado a formar parte de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía Nacional. Por eso, su lucha quedará grabada en la historia estatal de la evolución contra las desapariciones.
La nueva Ley Amber
Ferrufino ha venido trabajando en los protocolos. Los manuales y los protocolos están ya en proceso de firma. Fueron creados con la finalidad de respaldar a las personas. La Ley Amber es para regular las búsquedas de menores de 18 años, fue aprobada en 2016, por el Congreso Nacional.
En el país existen también desapariciones forzadas, tipificadas en el nuevo Código Penal y están las búsquedas en general, esto es parte de un portafolio de servicios de la Policía Nacional de Honduras.
En el año 2012, empezó como voluntaria de la Cruz Roja Internacional, de tal forma que en los últimos 12 años, su labor está enfocada en la búsqueda de personas. Es uno de los problemas que “causan más dolor y más sufrimiento en la población hondureña. Entonces, para mí ese es un tema de mucha importancia y siempre lo he trabajado con muchísimo gusto y como un aporte para mi país”.
“Nuestra función por la naturaleza de nuestro trabajo, cuando vemos el dolor de una familia que busca una persona desaparecida, todos los miembros de la Carrera Policial, pues, tenemos esa empatía con el ciudadano y siempre pues tratamos de ayudarlo de la mejor manera posible”.
La Policía Nacional ha apoyado a la Clase I para forjar la especialidad en esta área –cuenta– sintió en carne propia el dolor de buscar a alguien cercano. Debido a eso es que comprende este desconsuelo. “Aparte de que la naturaleza del servicio de la Policía Nacional es servir y proteger, pues nos vemos con una obligación moral de ser empáticos con la ciudadanía”.
“Es un tema que debe de sentirse en el corazón, es un tema que está enfocado en querer ayudar a las personas”, en dar ese ese aporte para evitar el sufrimiento que vive cada una de esas familias hondureñas, por los diferentes tipos de desapariciones, ya sea forzada, ya sea voluntaria, por migración, por desintegración familiar, por falta de empleo.
“Siempre es un círculo que está abierto que causa mucho dolor en la gente que ya no tiene a esa mamá, ese papá, a ese hermano, ese hijo que no saben qué estará pasando. No pueden llorar porque no tiene la certeza de qué le pudo haber pasado. Para mí como profesional al servicio del Estado de Honduras, de los 16 años de carrera, 12 años los he dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Es un tema muy bonito. La verdad sentimentalmente para apoyar a la familia hondureña”.
Cada día a las postas policiales llegan reportes de seis y hasta 10 desapariciones. Un caso que marcó a Ferrufino fue ver a una persona esclavizada por una red de trata en México.
Una tragedia marcó la aprobación de una ley
Una madre junto a su hijo y sus dos hijas desparecieron en 2012 cuando viajaban hacia Estados Unidos y atravesaban México, fueron captados por bandas delincuenciales dedicadas a la trata para explotación sexual comercial. En 2014, el niño logró escapar, sus hermanas quedaron esclavizadas, fueron víctimas de redes de prostitución. Nunca más se supo nada de la madre. “Al niño lo tuvieron privado de libertad en México y le destruyeron el rostro con ácido de batería, realmente la historia era tan conmovedora que sí lo llevaba a uno hasta las lágrimas”.
Este caso marcó la ruta para trabajar a partir de 2014 en el primer borrador para la creación de Ley Amber. “Las muchachas fueron víctimas de esclavitud y no había una forma de poderles ayudar, de liberarlas. El menor llegó en busca de ayuda a la institución policial, se hicieron unas coordinaciones con Interpol y con la policía de México para que se pudieran realizar el rescate de las menores y realmente como no había una forma de buscarlas, no había una ley, un reglamento, un protocolo. Entonces de ahí nace toda esta esta idea y hoy en día pues es una realidad para nuestro país”.
Al joven se le dio el tratamiento debido en la institución; se le tomó su denuncia, se le tomaron declaraciones, se realizaron coordinaciones con la policía de México. Las menores fueron rescatadas y traídas a Honduras pero la mamá de él aún sigue desaparecida. «Hace cuatro años (2019) estuve en comunicación por última vez con el joven y realmente es una historia que marca vida porque él tenía secuelas y cicatrices que nunca iba a curar, por tener su rostro desfigurado y aparte de la historia de ver a sus hermanas siendo víctimas de prostitución en otro país. Son historias, son historias bastante duras que a uno lo conmueven y lo llevan a sensibilizarse por el tema”.
Como policía se ha conmovido muchísimas veces porque es duro escuchar a una mamá a decir que no sabe dónde está su hijo, si estará pasando hambre, sueño, frío; si estará durmiendo en una calle, siendo víctima de maltrato; “sí, es difícil o ver a un menor que extraña tanto su mamá, su papá, un abrazo, un buenos días y llora la ausencia de ese familiar desaparecido”.
A veces siente que es muy difícil contener las emociones, pero siempre ha sabido mantener la calma en los momentos más adversos para dar fortaleza a las y los denunciantes. “Al momento de sentirnos afectados nosotros emocionalmente, psicológicamente, pues la institución también cuenta con psicólogos que están a disposición de miembros de la Carrera de Policía para intervenciones en crisis”.
Con su experiencia, Ferrufino cree que los temas estructurales para abordar las desapariciones son mejorar la educación, el trato hacia los niños, la educación para los padres, el cuidado entre la misma comunidad, la protección de persona adultas mayores y mejorar las condiciones para evitar la ruta de la emigración.
También es importante que si una persona decide emigrar lo comunique a sus allegados, tener mucho cuidado en el camino y tratar siempre de estar en comunicación con sus parientes para evitar esos sufrimientos.
Por Wendy Funes
En cada cosa que hacen, las mujeres brillan con una luz que resplandece y vibra de una manera diferente. Desde la primera vez que vi a la Clase I, Dirla Ferrufino, en un evento de presentación de la Ley Amber, en un hotel con cerámica y lámparas de cristal de la capital hondureña, supe que el destino nos unió para contar su excepcional historia.
Tegucigalpa, Honduras|Reporteros de Investigación. El señor Ciro Izaguirre, que cubre la vacante de Jefe de Seguridad desde hace seis años y 10 meses, solicitó a la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, el nombramiento permanente de la plaza. Pero siente que su petición ha sido ignorada por la titular de este poder del Estado.
Esta falta de voluntad política se hace aun cuando Izaguirre cumple con los requisitos del reglamento interno que dice que para ser Jefe de Seguridad solamente se necesita haber sido Sargento y él fue sargento II de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Izaguirre sostuvo en entrevista con Reporteros de Investigación que evitó la fuga del expresidente Juan Orlando Hernández cuando estaba siendo juzgado en este poder del Estado previo a ser extraditado hacia Estados Unidos, por supuestos vínculos con el tráfico de drogas.
Izaguirre dice que no se explica porqué la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia no lo ha querido ver con buenos ojos y que todas las solicitudes, se las ha ignorado, “no sé por qué si yo lo único que evite aquí fue la fuga de Juan Orlando Hernández”, lamentó.
El Jefe de Seguridad dice que ha solicitado varias reuniones para abordar su situación laboral por no haber permitido la fuga de Juan Orlando Hernández y por querer evitar que JOH grabará un mensaje al país en el salón de prensa presidencial, lugar en el que había un sistema instalado.
Don Ciro Izaguirre denunció que ha tenido cinco atentados por la organización de Juan Orlando Hernández y tiene un sobrino en Estados Unidos, que fue detenido en estos días, porque es migrante en ese país. Manifiesta que si lo deportan viene a vivir a su casa y que no quiere que corra el mismo peligro que él.
Izaguirre denunció que una supuestamente una persona «depurada de la Policía Nacional, de nombre Gloria Casco Fernández, fue una de las personas que más le dio persecución junto a varios guardias que se prestaban a hacer todo ese tipo de cosas así como otros supervisores que se también se prestaron para hacerle daño».
4/4 Periodista, Economista y Financista con amplia experiencia en Finanzas públicas y privadas. Se desempeñó por más de una década como periodista en varios medios de comunicación escritos hondureños en el área económico-financiera. Es Doctor en Ciencias Sociales y se desempeña actualmente como Profesor universitario para pregrado y postgrado.
Tegucigalpa. Cuando se habla de impuestos, tributación internacional, evasión fiscal, lavado de dinero, cuentas ocultas, inversiones “offshore” y cuentas “offshore” se relaciona con un paraíso fiscal, concepto que es muy polémico.
Se denomina paraíso fiscal al país o territorio en el que el nivel de impuestos que tiene que pagar un ciudadano o una empresa no residente es mucho menor que el que se considera como normal para una determinada actividad. En palabra sencillas un paraíso fiscal es un territorio o país donde existe una baja carga tributaria o a veces inexistente.
Un paraíso fiscal además ofrece un sistema legal flexible y que se esfuerza por proteger la privacidad de sus inversores con el fin de dificultar las eventuales investigaciones que se realicen en los países originarios de las inversiones allí asentadas.
Dicho de otra forma, los paraísos fiscales tienen sistemas regulatorios débiles a fin de facilitar el ocultamiento de riqueza por parte de los no residentes, como medida para incentivar la migración del capital a sus territorios.
A criterio del ministro director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, Honduras podría convertirse en un paraíso fiscal formalmente declarado si el Gobierno actual no toma las medidas para revertirlo a través de la Ley de Justicia Tributaria.
Honduras territorio propicio para los paraísos fiscales
El funcionario expone que, actualmente funcionan 18 regímenes de exoneraciones fiscales, incluido el derogado régimen de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que permiten a las empresas realizar prácticas de planificación y evasión fiscal.
En ese sentido, el gobierno ha señalado que los principales elementos de la Ley, en ese sentido son:
Eliminación del secreto bancario para fines tributarios.
La ratificación de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), para intercambiar información bancaria y tributaria con 146 países.
La creación de la figura de beneficiario final para conocer las cadenas de propiedad y principales beneficiarios de las empresas.
La eliminación de 10 regímenes de exoneraciones fiscales abusivos.
La eliminación de otras figuras legales que permiten la opacidad y evasión fiscal internacional como las acciones al portador o el Decreto legislativo 117-2021.
Asimismo, recordó que, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alertó a Honduras, en una carta el diciembre del 2021, sobre las características perjudiciales de regímenes como ZEDE o Zona Libre (ZOLI).
Entre las características de los modelos antes mencionados están: una economía de enclave; no tienen ni comparten registros o información de sus obligados tributarios y no son transparentes y permiten la inscripción de empresas sin sustancia.
En Honduras, El Decreto Legislativo No. 117-2021, persiste el secreto bancario y el país comparte información tributaria con apenas cinco jurisdicciones extranjeras porque no cuenta con un marco normativo adecuado que permita la gestión e intercambio expedito de información con más jurisdicciones extranjeras.
Esta situación a juicio de las autoridades del SAR, “La normativa vigente en el país fue construida para permitir la fuga de capitales y la evasión de impuestos; las empresas exoneradas están exentas de presentar declaraciones de precios de transferencia” según lo señalado por Christian Duarte, subdirector del ente.
Ante esta problemática Duarte, lamentó que, desde el año 2019, la Administración Tributaria no realiza fiscalizaciones de precios de transferencia ni investigaciones tributarias internacionales sobre planificación fiscal y erosión de la base imponible.
Por tal razón, el Gobierno socializó la Ley de Justicia Tributaria que remitirá en los próximos días al Congreso Nacional, con la cual se evitará que el país sea declarado paraíso fiscal.
Esto se suma a un conjunto de actividades ya iniciadas por la actual administración del SAR para reducir la evasión fiscal de las grandes empresas como la firma de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) el pasado 11 de julio en la ciudad de París por el ministro director y el Canciller de la República.
De igual forma, recapituló que, durante el 2022 se reclasificó al 78% de las grandes y medianas empresas que se hacían pasar por pequeñas; se realizó el primer diagnóstico interinstitucional sobre los regímenes de exoneraciones fiscales; y no se otorgó regularización tributaria.
Ley de Justicia Tributaria no afecten los DD. HH de la población
Consultado sobre estos aspectos, específicamente el secreto bancario, el economista Julio Raudales expresó que es una prerrogativa del gobierno invadir los espacios privados de las personas cuando se considera que es para fomentar el bien común.
“Evidentemente, lo que hay que valorar es, qué tanto va a afectar la llegada de nueva inversión en el país”, señaló.
En tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) se ha manifestado ante el posible impacto que puede generar en los derechos humanos, de la población, la aprobación de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria.
El ente estatal de derechos humanos asegura que se debe considerar que con las acciones contenidas en la propuesta de ley no se ejecuten violaciones a la Constitución de la República, los convenios y tratados ratificados por Honduras, en materia de derechos humanos.
El CONADEH considera oportuno presentar, ante las autoridades nacionales competentes, las observaciones, recomendaciones y sugerencias que resulten necesarias para el cumplimiento del ordenamiento jurídico, asegurando que la eventual reforma tributaria sea acorde con el contenido de los tratados, convenios y acuerdos internacionales, en materia de derechos humanos, ratificados por Honduras.
El propósito del CONADEH es que se forme una convicción jurídica justa y adecuada al contexto nacional, en el sentido de garantizar un equilibrio del derecho de las partes interesadas en la medida de las diferentes necesidades para que sus derechos sean satisfechos por parte del Estado, en el marco de sus obligaciones internacionales.
Con base en lo establecido en el artículo 57 del Código Tributario, la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario, fue creada por el CONADEH, en el 2018, para velar por los derechos de los obligados tributarios, ante las autoridades tributarias y aduaneras.
El ente garante de los derechos humanos ha señalado que, de acuerdo con la información disponible, la adopción de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria implicaría reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años
Además, se estarían derogando los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias.
También crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer la inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Otro aspecto está encaminado a cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Así mismo, eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario.
Hasta ahora, algunos sectores como la empresa privada se manifestaron en contra, por lo cual se ha generado un debate entre diversos actores sobre las posibles consecuencias que se puedan suscitar en cuanto a un impacto en la economía del país, en particular sobre los grupos en condición o situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se ha pronunciado indicado, que las principales características de los paraísos fiscales son:
•Tributación nula o muy reducida.
•Normativa fiscal muy flexible.
•Existencia de un Sistema Normativo Dual. Es decir, coexiste diferente normativa para inversores extranjeros y residentes.
•No hay intercambio informativo y se contempla una normativa estricta sobre el secreto bancario.
•Opacidad: los propietarios de las sociedades no tienen que figurar en Registros Públicos y pueden estar representados por testaferros.
•El escenario habitual para la proliferación de las llamadas “sociedades offshore”.
En su análisis y propuesta de reformas a la propuesta de ley el Cohep ha señalado que: “La obtención de la información bancaria se prevé que sea general y no individualizada como lo plantean nuestras organizaciones e instituciones financieras. No se deja un período de tiempo aceptable para desarrollar e implementar los estándares para la gestión y seguridad de la información, por tanto, sugerimos que existan artículos transitorios. No existe responsabilidad administrativa, penal y civil sobre el incumplimiento en el resguardo y traslado de la información. Se excluye a la CNBS del proceso siendo el ente regulador del sistema financiero”.
Agrega que, “el acto de cancelar beneficios por parte del SAR es excesivo y discrecional; sugerimos que se debe quedar en suspenso mientras éste no se resuelva en última instancia y establecer os parámetros de cumplimiento del sacrificio fiscal”
De la misma forma se señala que no fue presentado por parte del Gobierno un análisis de impacto o costo-beneficio para justificar las derogaciones. No se incluyen medidas para identificar y mitigar el daño que representan. Al eliminarse los regímenes actuales y crear nuevos regímenes desconocidos, las empresas van a parar nuevas inversiones, por lo tanto, generación de empleo y el crecimiento.
3/4 Periodista, Economista y Financista con amplia experiencia en Finanzas públicas y privadas. Se desempeñó por más de una década como periodista en varios medios de comunicación escritos hondureños en el área económico-financiera. Es Doctor en Ciencias Sociales y se desempeña actualmente como Profesor universitario para pregrado y postgrado.
Redacción: Sammy Castro | Edición y visualizaciones: Wendy Funes
Con base en el Derecho de Acceso a Información Pública, RI solicitó la cifras de exoneraciones del SAR entre 2015 y 2021.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La propuesta del Gobierno de Xiomara Castro sobre una reforma tributaria ha desatado reacciones diversas, entre ellas la del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que aunque reconoce la necesidad de revisar las exoneraciones fiscales, manifiestan su desacuerdo con la presentación de la ley propuesta por la administración.
En una declaración reciente, Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, expresó su inquietud: «Sería preferible que indiquen una prohibición a la inversión privada». En contraposición, el Gobierno defiende la importancia de llevar a cabo estas reformas, argumentando que, sin ellas, Honduras podría caer en la categoría de «paraíso fiscal».
Esta posición del Gobierno busca evitar que el país sea visto como un refugio para aquellos que buscan eludir sus responsabilidades tributarias. Información compartida por el Gobierno indica que entre 2009 y 2022, el Estado dejó de percibir 451.000 millones de lempiras en exoneraciones.
La equidad tributaria pretende que al contribuyente se le cobre lo que pueda soportar según su capacidad de pago, a fin de evitar impuestos excesivos al igual que beneficios tributarios excesivos.
La equidad no es igualdad, donde todos pagan lo mismo; equidad consiste en que el impuesto sea soportado por cada individuo según su ingreso o patrimonio, que se entiende como su capacidad contributiva.
La equidad tributaria tiene dos corrientes, una que se refiere a la equidad horizontal y otra a la equidad vertical. La equidad horizontal se aproxima al principio de igualdad en el sentido de que dos individuos con capacidad económica igual deben tributar igual, en tanto la equidad vertical propende porque el individuo con mayor capacidad de pago debe soportar una mayor carga tributaria, que se aproxima más a la filosofía de la equidad como tal.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el sector privado refleja la complejidad y la sensibilidad de la reforma tributaria propuesta. Ambas partes tienen derechos legítimos y buscan salvar sus intereses. Mientras el Gobierno busca una mayor recaudación para fortalecer los programas sociales y servicios públicos, el Cohep se preocupa por el impacto que las medidas fiscales podrían tener en la inversión privada y el crecimiento económico del país.
La discusión sobre la reforma tributaria sigue siendo un tema relevante y polarizador en Honduras. En última instancia, encontrar un equilibrio entre los intereses de ambas partes es fundamental para lograr una legislación que beneficie a toda la sociedad hondureña.
La propuesta de ley se encuentra momentáneamente en suspenso, mientras se conciertan acuerdos políticos, para ser sometida nuevamente a los procesos legislativos.
Han surgido inquietudes entre funcionarios de alto nivel, entre ellos la ministra de Finanzas Rixi Moncada, el ministro de Presidencia Rodolfo Pastor y la presidenta Xiomara Castro, en relación al modelo tributario vigente. Al expresarse en diversos medios de comunicación, han resaltado que considerando este sistema como «injusto», ya que favorece de manera desproporcionada a los más adinerados, exacerbando así la desigualdad y la exclusión social e el país. Esta propuesta, sin embargo, enfrenta desafíos y controversias debido a su posible impacto en diferentes sectores de la sociedad hondureña.
El debate sobre la justicia tributaria y su influencia en la distribución de recursos seguirá siendo un tema crucial en la agenda pública del país. El Gobierno está decidido a abordar las desigualdades económicas y sociales a través de esta reforma tributaria significativa, pero lograr un consenso y encontrar un equilibrio entre los diversos intereses será fundamental para su implementación exitosa.
Los expertos señalan que la equidad tributaria es una herramienta para corregir desequilibrios o desigualdades en la sociedad y en determinados sectores económicos, pues se gravan a los que más tienen, y se introducen beneficios a quienes menos tienen o al sector económico que se considere necesario o conveniente estimular.
Un impuesto que podemos considerar como equitativo o que intenta serlo, es el impuesto de renta de las personas naturales, en la medida en que se introduce una tarifa progresiva en función del monto de los ingresos del sujeto pasivo.
En cambio, el más inequitativo que podemos colocar de ejemplo es el impuesto a las ventas, donde todo ciudadano paga el mismo porcentaje sin considerar su condición económica, y se otorga los mismos beneficios tanto a los que tienen capacidad económica como a quien no la tienen.
Regímenes de exoneraciones
El primer régimen de exoneraciones que se creó en el país fue el de la Zonas Libres (ZOLI), ley emitida en 1976 y que en aquel momento constituyó la Zona Libre de Puerto Cortés. Esa ley establecía que en dicha zona podrían establecerse y funcionar «empresas comerciales e industriales, básicamente de exportación y de actividades conexas o complementarias, nacionales y extranjeras, bajo el régimen que se establece en la presente Ley».
En el artículo 4 de dicha ley se exonera a las empresas inscritas a ZOLI de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y gravámenes que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación y exportación. Además, se les exime de impuestos y cobros municipales y el cobro de impuesto sobre la renta por ganancias.
Bajo este régimen operan gran cantidad empresas exoneradas dedicadas a diferentes rubros y actividades económicas como las maquilas, “call center”, agrícolas, entre otras. De acuerdo con un estudio realizado de las zonas libres en Latinoamérica, en 2018 había 600 «zonas francas» establecidas en la región, albergando más de 13.000 empresas. En ese documento se registra que en Honduras hay 39 zonas francas que albergan 289 empresas.
Las empresas que se encuentran bajo el régimen de Zonas Libres están exentas del Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto sobre los combustibles —que para el resto de población ronda entre el 30 y 40% del costo— y Derecho Arancelario de Importación (DAI).
En 1984, o sea, hace casi 40 años, se legisló para crear el Régimen de Importación Temporal que permite la importación de materias primas, mercancía semielaborada y maquinaria sin pago de impuestos del ISR y el DAI. La justificación fue aumentar las exportaciones con el perdón fiscal. En el decreto del régimen se solicita «una declaración jurada, en la cual, hará constar el uso que se haya hecho de todos los bienes importados durante cada semestre bajo este mecanismo de importación temporal, lo mismo que la información relativa al valor, cantidad, clase o tipo y destino de los bienes exportados».
Otro de los regímenes es el de Energía Renovable que empezó en el 2007, cuando el presidente de la República era José Manuel Zelaya Rosales y el presidente del Congreso Nacional era Roberto Micheletti. Entre los incentivos aparecían la exoneración del ISV, el ISR y el pago de todos los impuestos, tasas y aranceles para aquellos equipos relacionados a la generación de energía renovable. Este régimen tuvo reformas en el 2013 y 2020. Aunque no todas las empresas están exoneradas de todos los impuestos contemplados, en el portal de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) hay 753 registros adheridos al régimen. En 1994, durante la administración de Rafael Leonardo Callejas se creó el Régimen de Energía Térmica, en el cual los beneficiarios no pagan ISR, impuesto al combustible y derecho arancelario.
También en el 2006, cuando gobernaba Zelaya Rosales, el Legislativo creó Zolitur con el propósito de impulsar el turismo en las Islas de la Bahía que tuvo reformas en el 2011, 2012, 2013 y 2021. Los registrados al régimen, que pueden ser empresas o personas naturales, están exonerados de pagar el ISR, ISV, Impuesto al combustible y el derecho arancelario. En el 2017 se emitió la Ley de Fomento al Turismo que contiene básicamente las mismas exoneraciones que ZOLITUR, excepto el (ACPV).
Otro de los regímenes es el de las Alianzas Público-Privadas. Bajo este esquema entraron a operar proyectos como el corredor logístico, que une San Pedro Sula y Tegucigalpa, Siglo XXI, Palmerola Airports y el Centro Cívico Gubernamental. En estas obras el Estado fue un gran inversionista, pero después, el bondadoso benefactor, eximió a los socios privados de pagar ISR, ISV, ACVP y el derecho arancelario de importación.
Financiar educación y salud En la actual administración se han utilizado los recursos provenientes de la recaudación de tributos para financiar diversas iniciativas prioritarias para el desarrollo que estaban desatendidas. En primer lugar, los impuestos recolectados se han utilizado para financiar programas educativos y de atención médica. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha invertido en la remodelación y equipamiento de escuelas en todo el país, lo que ha permitido a las comunidades locales acceder a servicios de calidad.
Igualmente, los tributos también se han utilizado para financiar programas de seguridad y justicia. La inversión en seguridad ha permitido incentivar la policía comunitaria, la actual intervención de los centros penales, el replanteamiento de los centros de detención de menores infractores y el nuevo anuncio de la reconstrucción del recinto penitenciario de Naco en el departamento de Cortés.
Asimismo, la recaudación de estos gravámenes en Honduras se ha utilizado para financiar programas de desarrollo. Los agricultores y las comunidades rurales han recibido ayuda para mejorar su producción y aumentar sus ingresos. Se ha invertido en proyectos de infraestructura para riego y drenaje, y en programas de capacitación y asistencia técnica para mejorar las prácticas agrícolas.
Otra medida que se ejecuta de frente a la calamidad productiva es la reactivación de BANADESA; durante el presente año se dispone de 2,400 millones que se gestionan por medio de las 30 agencias del banco estatal a nivel nacional. Además, se ha entregado el Bono Tecnológico que contiene semilla mejorada y fertilizante, del mismo modo se trabaja en la recuperación de los caminos productivos, el suministro de silos.
El gobierno ha priorizado a través de los impuestos, programas que van desde la inversión en infraestructuras y servicios sociales hasta la mejora de la seguridad y el desarrollo rural, los impuestos permitirán a Honduras avanzar hacia un futuro más próspero y sostenible.
Años atrás se derrocharon fondos por medio del asistencialismo político; esto desencadenó que de forma acelerada aumentará a 75% la población en condición de pobreza y el triste panorama del 60 % de niños menores de cinco años en estado de desnutrición crónica.
Es así como en respuesta a esta desolación de país heredada se articuló el Programa de la Red Solidaria, han manifestado los actuales funcionarios.
La Ley de Justicia Tributaria La ley de Justicia Tributaria permitirá obtener los recursos necesarios para llevar a cabo el Presupuesto General de la República de Honduras sin comprometerse a nuevas deudas públicas. Por concepto de exoneraciones, el país deja de percibir 42 mil millones de lempiras anualmente, según datos expuestos por el SAR. Esto significa, el pago de casi un quinto del Presupuesto anual de la República de Honduras para el año 2023 (18%).
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP distorsiona la verdad mostrando que el panorama es tenebroso para la inversión y amenaza con el incremento del desempleo; pero esto es falso ya que muchas de las empresas seguirán gozando de estos regímenes debido a que tienen vigencia hasta el año 2040. Se ha hablado mucho de que al aprobarse la Ley de Justicia Tributaria se incrementará la inflación, pero tampoco es así porque hay un sistema de devoluciones contemplado para evitar las pérdidas de los empresarios, según lo han manifestado los funcionarios.
Según lo han manifestado los expertos, con lo que se pierde por exoneraciones anualmente se podría construir alrededor de nueve centrales hidroeléctricas cada año, utilizando la más reciente propuesta del Gobierno de la presidenta Castro Sarmiento para la construcción de la represa “El Tablón” (200 millones de dólares) en el Valle de Sula, al norte de Honduras.
Asimismo, entre los años 2014-2018 se invirtieron aproximadamente 48,000 millones de lempiras en infraestructura de comunicación terrestre, aérea y marítima. Siendo las construcciones de carretera de asfalto las más costosas en comparación a toda Centroamérica y Europa. La inversión de todos esos años equivale a un año de exoneraciones a las grandes empresas.
Periodista, Economista y Financista con amplia experiencia en Finanzas públicas y privadas. Se desempeñó por más de una década como periodista en varios medios de comunicación escritos hondureños en el área económico-financiera. Es Doctor en Ciencias Sociales y se desempeña actualmente como Profesor universitario para pregrado y postgrado.
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Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La evasión fiscal es un problema que afecta gravemente a la economía de Honduras. A lo largo de los años, el país ha luchado por encontrar soluciones efectivas para combatir este fenómeno que ha debilitado las finanzas públicas y ha obstaculizado el desarrollo sostenible.
Con la implementación de la Ley de Justicia Tributaria, Honduras pretende dar un paso importante hacia la transparencia y el fortalecimiento de su sistema fiscal.
A juicio de los expertos, la evasión fiscal, ha sido durante mucho tiempo un desafío importante para la economía de Honduras. Los ingresos que se pierden debido a esta práctica ilícita han obstaculizado el desarrollo del país y han afectado negativamente la provisión de servicios básicos. En un intento por abordar este problema, Honduras ha presentado la iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, una legislación que busca fortalecer el sistema fiscal, afrontar los desafíos que enfrenta el país en su lucha contra la evasión fiscal.
La evasión fiscal tiene un impacto significativo en la economía y la sociedad hondureña. Además de afectar la recaudación de, reduce los recursos disponibles para la inversión en infraestructura, educación y salud. La evasión fiscal de acuerdo con el Sistema de Administración Rentas (SAR), se ha vuelto especialmente preocupante en los últimos años debido a diversos factores, como la falta de conciencia tributaria, la complejidad del sistema fiscal, la corrupción y la falta de controles efectivos.
Según datos recientes del SAR, se estima que la evasión fiscal en Honduras representa una pérdida de miles de millones de lempiras cada año, debilitando la capacidad del gobierno para brindar servicios básicos a sus ciudadanos.
El Estado en su rol de liderazgo asume acciones para erradicar la pobreza y contener la migración a través de distintos mecanismos como la promoción de las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo y la transformación de materias primas para consumo local o de exportación. Por lo tanto, ha asumido el compromiso de efectuar la revisión de los privilegios fiscales que exceden ampliamente la temporalidad justificable.
Esta acción es necesaria, según lo han manifestado las autoridades de la Secretaría de Finanzas, partiendo de que la recaudación de impuestos se destina para el pago de sueldos y salarios de los empleados públicos, honrar la deuda pública, la liquidación de la deuda externa que incrementó desde el golpe de Estado pasando de tres mil millones de lempiras hasta alcanzar en el último año de desgobierno de Juan Orlando Hernández, la onerosa cifra de veinte mil millones de lempiras.
¡Basta de exoneraciones fiscales! En Honduras, los regímenes de exoneraciones han sido adulterados con abusos. Un claro ejemplo es el régimen de las Zonas Libres (ZOLI), las cuales han gozado 71 años de privilegios fiscales.
En octubre de 2021, el gobierno extendió exoneraciones a más de 94 empresas en Régimen Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur) durante 15 años adicionales, permitiéndoles no pagar impuestos durante 33 años seguidos. Estas exoneraciones iban a finalizar en 2025.
De igual forma, el Régimen de Importación Temporal (RIT) se ha venido beneficiando desde el año 1984 hasta 2037 (53 años). Se les han otorgado privilegios fiscales a las empresas acogidas.
Otro caso son las Alianzas Público-Privadas (APP), que trabajan con dinero que viene del sector privado y dinero que pone el sector público en mayor proporción. Las ganancias sólo son para el sector privado y gozan de exoneraciones durante toda la vida del contrato. Estos contratos contienen cláusulas de estabilidad, que le permiten extender la exoneración a empresas y empleados. Todo el riesgo de la inversión lo asume el pueblo de Honduras a través del Estado.
La energía renovable está exonerada desde 2007 hasta que finalice cada contrato, es decir, de por vida. Con la nueva Ley de Justicia Tributaria, se busca cancelar este tipo de contratos. De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las empresas de generación energética en Honduras son élites empresariales que quieren seguir lucrando hasta lograr la privatización del sector, gozando de beneficios fiscales.
La evasión y sus conexiones
La fuga de capitales y la evasión fiscal internacional a través de paraísos fiscales es una práctica realizada por las grandes empresas y no por los más pobres. Su falta de control promueve la inequidad tributaria. Mientras que la evasión de impuestos en ISV es del 36.7% del potencial recaudatorio (dato del 2020), la evasión de impuestos por ISR es del 61.6% del potencial recaudatorio (dato del 2016). Lo que significa que, en proporción, los ricos evaden más impuestos que los pobres, han señalado las autoridades del SAR.
El Subdirector del SAR, Christian Duarte ha informado, que “la normativa vigente en el país fue construida para permitir la fuga de capitales y la evasión de impuestos: las empresas exoneradas están exentas de presentar declaraciones de precios de transferencia según el Decreto Legislativo No. 117-2021, persiste el secreto bancario, el país comparte información tributaria con apenas cinco jurisdicciones extranjeras y no cuenta con un marco normativo adecuado que permita la gestión e intercambio expedito de información con más jurisdicciones extranjeras. Desde el año 2019, la Administración Tributaria no realiza fiscalizaciones de precios de transferencia ni investigaciones tributarias internacionales sobre planificación fiscal y erosión de la base imponible”.
Honduras, al igual que muchos otros países, enfrenta desafíos significativos en la lucha contra la evasión fiscal. La evasión fiscal privada al Estado de recursos vitales para el desarrollo económico y social, y afecta negativamente la capacidad del gobierno para brindar servicios públicos de calidad a sus ciudadanos. En respuesta a esta problemática, Honduras ha implementado la Ley de Justicia Tributaria, con el objetivo de fortalecer la administración tributaria y combatir la evasión fiscal de manera más efectiva. En este reportaje, exploraremos los desafíos y avances que Honduras ha experimentado bajo esta ley.
La Ley de Justicia Tributaria, representa un importante marco normativo diseñado para mejorar la eficiencia y transparencia en la recaudación de impuestos en Honduras. Esta legislación ha introducido una serie de medidas destinadas a reducir la evasión fiscal y promover la cultura de cumplimiento tributario en el país.
Uno de los desafíos clave que Honduras enfrenta en la lucha contra la evasión fiscal es la informalidad económica. Un alto porcentaje de actividades económicas en el país se llevan a cabo en el sector informal, lo que dificulta la fiscalización y recaudación de impuestos. La Ley de Justicia Tributaria establecerá mecanismos para fomentar la formalización de empresas y trabajadores informales, brindándoles incentivos y simplificando los procesos administrativos.
Además, la ley fortalecerá las facultades de la Administración Tributaria de Honduras en términos de fiscalización y auditoría. Se han implementado medidas más estrictas para prevenir y detectar esquemas de evasión fiscal, como el uso de tecnología avanzada y el intercambio de información tributaria con otros países.
Otro avance importante bajo la Ley de Justicia Tributaria será el énfasis en la educación y concienciación sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales. Se han llevado a cabo campañas de divulgación y capacitación para informar a los contribuyentes sobre sus deberes y derechos, promoviendo una cultura de cumplimiento voluntario y ético.
Sin embargo, a pesar de estos avances, quedarán desafíos significativos en la lucha contra la evasión fiscal en Honduras. La corrupción y la falta de recursos humanos y tecnológicos adecuados en la administración tributaria limitan los esfuerzos para combatir este problema de manera efectiva. Además, se requiere una mayor cooperación interinstitucional y un enfoque integral que aborde tanto la evasión fiscal como la elusión fiscal, esta última mediante la implementación de reformas fiscales más equitativas y progresivas.
La Ley de Justicia Tributaria en Honduras podría marcar un paso importante en la lucha contra la evasión fiscal. Si bien se han logrado avances significativos en términos de formalización, fiscalización y educación tributaria, aún se requieren esfuerzos adicionales para abordar los déficits restantes. La continua implementación de medidas efectivas, junto con la mejora de la capacidad institucional y el fortalecimiento de la transparencia, serán cruciales para lograr una mayor justicia tributaria y un desarrollo económico sostenible en Honduras.
Uno de los principales desafíos que persisten en Honduras es la corrupción en el sector público, lo que socava los esfuerzos para combatir la evasión fiscal de manera efectiva. La falta de transparencia y la impunidad permiten que funcionarios corruptos se aprovechen de su posición para evadir impuestos y desviar fondos públicos. Esto no solo perjudica la economía del país, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.
Corrupción tributaria en Honduras La corrupción sigue siendo un problema arraigado en la administración tributaria de Honduras. La falta de sanciones ejemplares y de una verdadera voluntad para combatir la corrupción ha debilitado los esfuerzos para fortalecer la fiscalización y auditoría de los contribuyentes. Sin una acción logra decidida contra los funcionarios corruptos, la Ley de Justicia Tributaria se convierte en letra muerta y no cumple su propósito de combatir la evasión fiscal.
Otro desafío que enfrenta Honduras es la falta de recursos y capacidad en la administración tributaria. La falta de inversión en tecnología y capacitación adecuada para los funcionarios tributarios limita su capacidad para detectar y prevenir la evasión fiscal. Además, la falta de cooperación interinstitucional y de intercambio de información dificulta aún más la identificación de prácticas ilícitas y el rastreo de fondos evadidos.
La falta de educación y concienciación sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales también contribuyen a la persistencia de la evasión fiscal en Honduras. A pesar de algunos esfuerzos aislados, las campañas de divulgación y capacitación son insuficientes y no lograron llegar a todos los sectores de la sociedad. Sin un enfoque integral que involucre a todos los actores relevantes y promueva una cultura de cumplimiento tributario, los avances serán limitados.
La iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras marca el inicio de la lucha contra la evasión fiscal como desafío importante. La corrupción arraigada en el sector público, la falta de recursos y capacidad en la administración tributaria, y la falta de educación y concienciación sobre el cumplimiento tributario son obstáculos que deben abordarse de manera urgente y decidida, según los entrevistados. Solo mediante una acción política efectiva, sanciones ejemplares y una inversión adecuada en tecnología y capacitación, Honduras podrá avanzar en la lucha contra la evasión fiscal y garantizar una distribución justa de los recursos públicos en beneficio de todos los ciudadanos.
“Yo no bajaré a la tumba convertida en harapo,
ni un sólo diente de mi boca se ha caído.
Las carnes en mi cuerpo tienen su forma intacta
y ágil en su tallo se yergue la cabeza.
Yo iré a la muerte pero con el labio fresco,
con voz firme y clara responderé a la llamada.
Yo sé que están contados los minutos de la vida
y que jamás el destino su sentencia retrasa…
Una obra muerta. Clementina Suárez
Tegucigalpa, Honduras | Repoteros de Investigación
Anoche asesinaron a la hija de mi vecina, una joven de 18 años con todo el presente por delante. Ese presente y corto futuro incluía terminar de estudiar e irse para España a profesionalizarse. No pudo. Fue asesinada a las 7:00 de la noche, en el trayecto hacia su casa, en medio del apagón de anoche. Su abuela fue a “encaminarla”, acompañándola la mayoría del trayecto y hoy se lamenta de no haber recorrido con ella, todo el camino. Su hermano se echa la culpa porque no quiso acompañarla, diciéndole que aquí en el pueblo, esas cosas no pasaban. Indago entonces, aquí en su velorio y me explican que no han existido femicidios de ese tipo, no del tipo de la saña con la que la apuñalaron tres veces en el estómago y le dejaron seis marcas, tres en cada lado de la cara. Faltaban cinco cuadras para que llegara a su casa. Apenas cinco cuadras de diferencia entre la vida y la muerte.
Dicen que el hechor fue un “enamorado” y a partir de ahí surge mi primer enojo, la rabia con el lenguaje que no da cuenta de nuestra realidad, ni del hecho que alguien que verdaderamente sabe del amor, sería incapaz de matar. —No es un enamorado, sugiero con fuerza, es un acosador y un femicida— pero la gente solo asiente, desconectada, ocupada en los trámites del entierro. Dicen que ella dejó por escrito quien estaba acosándola y que, si algo le pasaba, el responsable era ese. Así estamos en este país pienso, dejando notas para responsabilizar a nuestro posible agresor, teniendo como posible horizonte la muerte. No puedo expresar con palabras, lo mucho que me duele.
Ya no sé, en qué tono decir que nos están asesinando en masa. Y que eso tiene que ver con redes criminales, con narcotráfico, pero también con el marido, el novio, el pretendiente, el amante, que cree que somos cosas, que cree que somos objetos de su propiedad. No solo nos mata, nos marca, para que estemos eternamente condenadas a pertenecerles. O eso creen ellos. No sé en qué tono o con que voz decir que nos están asesinando y que los femicidios deberían ser una prioridad de Estado, porque lo que es con una mujer, es con todas. Gran cosa me creo gritando en un desierto de burócratas a las que solo les importa el poder partidario, mientras yo vivo entre mis pares el dolor y la angustia.
A ningún poder del Estado parece importarle y mientras yo aprieto los dientes, seguro otra mujer está siendo asesinada. Sabemos, que estos asesinos no son “enfermos” son hijos sanos del patriarcado, diría Marcela Lagarde. Son conocidos, capaces de esperar, acechar y ejecutar a adolescentes e incluso niñas, con cautela, con saña, con paciencia. Esperar que este sola para hacerla sufrir, que se vea a sí misma y de paso, que la vean otros, su familia incluida. Digo eso y siento como mis dientes, viejos sobrevivientes de batallas, se astillan un poco más.
Y es que Xiomara no está sola, claro que estará con su gente, mañana 29 de agosto, que para eso tiene todo un partido político y un gobierno detrás, pero si están solas, las mujeres que mueren asesinadas bajo la lluvia, como Ana Galilea anoche o las que gritan en busca de ayuda. Nosotras, señora presidenta, sí estamos solas y nadie está cambiando eso, ninguna una Secretaría de la Mujer, de Derechos Humanos u Ministerio Público. Ningún equipo de comunicación, ocupados en decir que si están trabajando (algunos acordándonos de los límites de la libertad de expresión) insultar y pelearse entre ellos mismos o con el otro. Solo nos tenemos a nosotras mismas.
En este momento, lamento que mi voz no sea tan fuerte, como para llegar a alguna parte, más allá de las compañeras de siempre, aquellas que vienen trabajando incansablemente, aquellas, parte de un movimiento que se ve cada vez, más desdibujado. No somos todas claro, pero somos esas redes que, a nivel municipal o nacional, esas organizaciones que trabajan con las uñas. Esas somos. Pienso que es la marcha que deberíamos estar haciendo, una movilización por la vida de las mujeres, esa y no otra. Porque el mensaje es con cada una, el mensaje que ha sido por años: cualquiera puede matar a una mujer y aquí no pasa nada. No más femicidios, no más asesinatos, es la primera petición que deberíamos exigirle al nuevo fiscal, que por supuesto será elegido a la medida de los partidos políticos y por lo tanto, tampoco le afectará lo que pueda pasar con las vidas de las mujeres.
Siento el dolor de las familias en luto, de los niños/as abandonadas, de los padres y madres sin respuestas. Tanto dolor que no hay palabras para describirlo, pero lo intento, porque ya no le hablo al equipo de comunicación presidencial a quienes no les importa el problema. No les hablo ya a las autoridades, que erróneamente creí que harían “algo” de justicia. No le hablo a varias ex compañeras que ahora están en el Estado y creen que cada vez que exigimos es un ataque personal o al partido. No les hablo ya a las compañeras/os que me creen proscrita por adversar a un Estado que no hace absolutamente nada por la vida de las mujeres. Tengo demasiado dolor como para que me importe, así que sigo y seguiré diciendo que el pueblo somos nosotras y es aquí donde deberíamos estar. Yo quiero caminos y ríos, besos y sonrisas para todas, no ataúdes, ni cementerios. Es injusto, siento, que nos obliguen a enterrar a la vida alegre, al futuro, a nuestras niñas, porque cada una fue la niña de alguien.
Vuelvo a la base y les hablo a las comunes, mis vecinas de barrio y esquina, las del pueblo, a las mujeres que somos la fuerza de este país, porque nos une un vientre por igual como diría Juana, nos une una misma sangre de fuego y agua. Luchemos contra los señores de Xibalba, oscuros y letales, por nuestras vidas, en medio del silencio, luchemos por nosotras, porque nadie lo hará en nuestro lugar, ningún partido político, ningún gobierno a la vista. Luchemos por las nadie y amemos como si fuera el último día. Se que lo fue para Ana Galilea, que supo que fue y es amada, incluso para quienes la conocimos poco, porque no tuvo mucho tiempo para transitar la vida. Amemos con la fuerza de la sobreviviente que hay en cada una de nosotras. Salgamos a las calles y lloremos en masa, para que nuestro luto que ahora es ajeno, se vuelva compartido. Gritemos y que nadie nos calle, porque llegará el momento, en que todos nos escuchen.
Título originalThe Intercept: FUNCIONARIO DE DEFENSA DE HONDURAS Y ALIADO DE ESTADOS UNIDOS EN LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS VINCULADO CON NARCOTRAFICANTE Y NOTORIA EMPRESA MERCENARIA
Esta investigación cuenta cómo con la connivencia del gobierno actual y del gobierno de Juan Orlando Hernández, el coronel Elías Melgar ha estado salpicado por asesinatos de personas defensoras de la tierra en el Bajo Aguán.
Documentos y entrevistas vinculan al coronel Elías Melgar Urbina con un narcotraficante convicto y una empresa de seguridad acusada de asesinar a activistas.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. EL CORONEL ELÍAS MELGAR URBINA, un oficial militar hondureño de alto rango y socio de Estados Unidos en operaciones conjuntas de guerra contra las drogas, ha sido vinculado con un narcotraficante hondureño, según un expediente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y con una empresa de seguridad privada acusada de asesinar a activistas por el derecho a la tierra, según testimonios de testigos presenciales y documentos obtenidos por The Intercept.
Melgar fue nombrado viceministro de Defensa por la presidenta de izquierda Xiomara Castro, en 2022. Es el oficial de más alto rango del ejército hondureño, encabezado por el sobrino civil de Castro. El año pasado, Melgar se reunió con la general del ejército estadounidense Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, para discutir “el fortalecimiento de la cooperación para apoyar objetivos mutuos de seguridad”, según un comunicado de prensa de SOUTHCOM , que dirige la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, una base aérea en Honduras. «Honduras es un socio de seguridad valorado y respetado», tuiteó Richardson después de la reunión. El entrenamiento estadounidense de soldados hondureños, que disminuyó cuando la administración anterior se vio envuelta en escándalos de drogas, se ha reanudado abiertamente bajo Castro.
En junio, Melgar anunció públicamente su renuncia después de que un motín en una prisión de mujeres en Honduras dejara decenas de muertos, alimentando preocupaciones sobre una estrategia de seguridad fallida. Pero contrariamente a la percepción popular, permanece en su puesto. Un agregado de derechos humanos del ejército hondureño dijo a The Intercept que Melgar sigue siendo viceministro de Defensa, y un ministro de alto nivel del gobierno dijo que continúa apareciendo en las reuniones. Si bien quedan dudas sobre lo que motivó su anuncio, el funcionario de defensa tiene una historia preocupante que nunca se ha informado en su totalidad.
Durante el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez en el tribunal federal de distrito de Manhattan, los fiscales estadounidenses sugirieron la posibilidad de que el propio Melgar tuviera vínculos con el narcotráfico. Fuentes fue condenado en marzo de 2021 por conspirar con altos políticos y militares hondureños para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Uno de los “contactos militares” de Fuentes, según los fiscales, era Melgar.
Mientras tanto, una década antes de convertirse en el jefe de facto del ejército hondureño, Melgar estuvo destinado como oficial de inteligencia en el Valle del Aguán, un tramo de la costa caribeña donde se encuentran plantaciones industriales de palma africana. El Aguán ha sido escenario de prolongadas disputas por tierras entre cooperativas de agricultores y magnates del aceite de palma, cuyos guardias de seguridad privados, trabajando junto con soldados desplegados en la región, han desatado violencia contra activistas campesinos que impugnan reclamos de propiedad corporativa.
Mientras Melgar estuvo destinado en el Aguán, según múltiples fuentes (incluidos agricultores locales, periodistas y un abogado que trabajó con activistas por los derechos de la tierra) participó en las operaciones de una notoria empresa de seguridad privada contratada por la corporación palmera más grande de la región. Grupos campesinos acusaron a la empresa de llevar a cabo una campaña de terror para expulsar a los agricultores de las tierras de las plantaciones, incluidos asesinatos selectivos.
“No es correcto escribir acusaciones de este tipo sin la otra parte”, escribió Melgar en respuesta a preguntas detalladas de The Intercept, comunicándose a través del agregado de derechos humanos del ejército hondureño. “Es ilegal e injusto ya que limpiar mi nombre y el de mi familia no es ni debe ser mi responsabilidad, sino que los medios deberían ser más responsables”. Melgar se negó repetidamente a dar más detalles, diciendo que sólo aceptaría una entrevista en persona.
Los representantes de la administración Castro no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Comando Sur de Estados Unidos declinó hacer comentarios.
“Siempre he expresado mi miedo de regresar a Honduras por culpa de Melgar”, dijo a The Intercept Gerardo Argueta, miembro de la cooperativa Francisco Cano que huyó del Aguán y buscó asilo en Estados Unidos. “Imagínense, ahora es viceministro de Defensa. … Ahora podía ordenar cualquier cosa con todo ese poder”.
La general del ejército estadounidense Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los EE. UU., saluda a los militares hondureños el 24 de febrero de 2022. Foto: Comando Sur de EE. UU.
Construyendo un narcoestado
Durante décadas, Estados Unidos ha apoyado a los gobiernos hondureños cuyas fuerzas de seguridad han reprimido violentamente las protestas, protegido a figuras selectas del narcotráfico y ejecutado a presuntos criminales con los llamados escuadrones de exterminio. Desde 2009, cuando un golpe militar aprobado por el Departamento de Estado derrocó al ex presidente Manuel Zelaya, esposo del actual presidente Castro, Estados Unidos ha apoyado amplias iniciativas de seguridad para militarizar las fuerzas hondureñas en nombre de la guerra contra las drogas, incluso cuando participaban en abusos generalizados contra los derechos humanos .
De 2009 a 2020, Geovanny Fuentes Ramírez dirigió una red de narcotraficantes de alto nivel que traficaba cocaína sudamericana a través de Honduras, contando con la protección de comandantes militares y policiales hondureños, así como del expresidente Juan Orlando Hernández, según testimonio ante un tribunal federal de Estados Unidos . El expresidente supuestamente prometió desplegar soldados para proteger un laboratorio de cocaína dirigido por Fuentes. Después de años de estrecha colaboración con las administraciones de Obama y Trump en materia de seguridad e iniciativas antimigrantes, Hernández fue arrestado en febrero pasado antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde espera juicio por cargos de tráfico de drogas y armas.
Durante el período en que Fuentes traficaba cocaína, Melgar ascendió en las filas de las unidades antinarcóticos de élite hondureñas: primero como oficial de inteligencia militar, luego como comandante del primer batallón de policía militar del país y luego como comandante de la costa caribeña de una grupo de trabajo llamado FUSINA, donde se le encargó dirigir unidades de fuerzas especiales militares y policiales para combatir a los narcotraficantes y las pandillas.
Documentos judiciales presentados en el caso contra Fuentes indican una posible conexión entre Melgar y el narcotraficante. En el juicio de Fuentes, los fiscales federales revelaron una lista de información de contacto de varios funcionarios hondureños encontrada en el teléfono del acusado, que incluía un número de teléfono con el nombre de “Coronel Melgar Cmdte. Fusina”, o Coronel Melgar, comandante de FUSINA. Los fiscales no sugirieron que hubieran identificado ninguna comunicación específica entre Melgar y Fuentes.
Después de que Fuentes fuera declarado culpable de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, los fiscales presentaron un memorando solicitando al tribunal que le impusiera cadena perpetua. En la presentación de sentencia de agosto de 2021, argumentaron que la operación de Fuentes prosperó gracias a sus “contactos corruptos en el ejército y la policía”.
“El acusado recibió apoyo de los niveles más altos del ejército hondureño”, decía el memorando, describiendo a un general llamado René Orlando Ponce Fonseca, quien dirigió el 105.º Batallón en San Pedro Sula y luego se convirtió en jefe de las fuerzas armadas de Honduras, como quien proporcionó “ asistencia, equipo militar, uniformes y armas” a Fuentes, incluidas armas de asalto AR-15 y chalecos antibalas. El memorando continuaba: “Otros de los contactos militares del acusado incluyen al coronel Leandro Flores, jefe de una unidad antipandillas; y el coronel Melgar, comandante de un grupo de trabajo de múltiples agencias antinarcóticos”.
Ponce Fonseca y Flores no pudieron ser contactados para hacer comentarios.
“Las fuerzas armadas han sido la clave para convertir a Honduras en un narcoestado”.
La aparición del nombre de Melgar en el expediente del juicio fue ignorada en gran medida por los periodistas, que se centraron en la relación de Fuentes con el entonces presidente Hernández, según Cristián Sánchez, jefe de la Red Pro-Honduras, una organización no gubernamental con sede en Washington, DC, que investiga Corrupción en Honduras. Sánchez, que asistió al juicio, llamó la atención sobre las referencias judiciales a Melgar a principios de este año.
“Las fuerzas armadas han sido la clave para convertir a Honduras en un narcoestado”, dijo Sánchez a The Intercept. “En el juicio más reciente, contra Geovanny Fuentes, quien ha sido asociado directamente con Juan Orlando Hernández, se habló de cómo una gran cantidad de los contactos que Fuentes tenía en su teléfono eran miembros de las fuerzas armadas”.
Los funcionarios estadounidenses han seguido colaborando con el ejército hondureño. En octubre, dos brigadas de la Guardia Nacional estadounidense se desplegaron en Honduras para entrenar a las tropas locales. Las fuerzas hondureñas participaron en un curso de capacitación en Guatemala organizado por el Comando Sur de los EE. UU., y en julio, Honduras fue sede de un curso de capacitación para el Primer Batallón de Fuerzas Especiales llevado a cabo por miembros del 7º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU.
Los soldados se refugian durante enfrentamientos con partidarios del derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya en Tegucigalpa, Honduras, el 22 de septiembre de 2009. Foto: Yuri Cortez/AFP vía Getty Images
Un patrón de violencia
Los conflictos por la tierra en el Valle del Aguán se remontan a la década de 1990, cuando las corporaciones de aceite de palma comenzaron a arrebatar el control de las granjas a los pequeños propietarios de la región para plantar este lucrativo producto. Las corporaciones y el gobierno participaron en compras coercitivas, según los campesinos , que formaron cooperativas, ocuparon tierras y lucharon en los tribunales para reclamar sus títulos. Su resistencia fue respondida con violencia.
El mayor terrateniente del Aguán era Dinant Corporation, propiedad del fallecido magnate empresarial hondureño Miguél Facussé. Facussé , uno de los hombres más poderosos del país y una de las fuerzas detrás del golpe de 2009, también fue sospechoso de tener vínculos con narcotraficantes, que aterrizaron aviones cargados de cocaína en su propiedad fuertemente custodiada, según un cable del Departamento de Estado de 2004 filtrado por WikiLeaks. (nunca se presentaron cargos). El Aguán ha servido como punto de transbordo estratégico para los traficantes, y las vastas plantaciones de palma están plagadas de pistas de aterrizaje ocultas.
Después del golpe de 2009, las tensiones de larga data por la tierra desembocaron en una ola de asesinatos. Para 2014, más de 100 miembros del movimiento campesino en el Aguán estarían muertos. Grupos campesinos y organizaciones de la sociedad civil atribuyeron la violencia a las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos miembros del 15º Batallón del ejército, y a empresas privadas de seguridad de aceite de palma, incluida una empresa conocida como Orion que Dinant contrató para proteger sus plantaciones.
Melgar, quien según testigos presenciales estuvo desplegado en el Aguán entre aproximadamente 2009 y 2013, jugó un papel en la región que aún no ha salido a la luz. (Una declaración jurada presentada en el caso de asilo de Argueta también ubicaba a Melgar en la región durante este período). Siete personas que vivían o trabajaban en el Aguán en ese momento dijeron que mientras Melgar estaba estacionado en la base del 15º Batallón militar en Río Claro, también participó en operaciones terrestres de Orion.
En 2013, un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló a Orion como la empresa más referenciada en las denuncias de organizaciones de la sociedad civil. “El grupo de trabajo quedó profundamente perturbado por la presunta participación de guardias de seguridad privados en los asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos e incluso violencia sexual a los que han sido sometidos los campesinos en el Bajo Aguán, a menudo actuando en concierto con la policía y los militares”. escribió el grupo .
Un informe publicado por Rights Action el mismo año, que analizaba los actos de violencia contra el movimiento campesino que los testigos atribuyeron a los militares, señaló: “Los testimonios recibidos en el curso de la documentación de estos abusos indican una relación de trabajo extremadamente estrecha entre el 15º Batallón y el Compañía de seguridad Orión”. La autora del informe, la trabajadora de derechos humanos y experta regional Annie Bird, concluyó: “Los miembros del 15º Batallón y otras fuerzas de seguridad de la región colaboran en lo que sólo puede caracterizarse como actividad de escuadrones de la muerte”.
Las acusaciones contra los agentes de seguridad de Dinant fueron tan condenatorias que provocaron una auditoría interna en la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que había acordado prestar a la empresa 30 millones de dólares para desarrollar sus plantaciones. La investigación resultante realizada por el Defensor del Pueblo Asesor en Cumplimiento, publicada en diciembre de 2013, señaló que acusaciones específicas vinculaban 40 asesinatos con “propiedades de Dinant, guardias de seguridad de Dinant o su contratista de seguridad externo”. El informe encontró que la inversión en Dinant violaba múltiples políticas de la IFC, incluida “la falta de investigación de acusaciones creíbles de abuso por parte del personal de seguridad”, pero el organismo de supervisión no tenía la autoridad para opinar sobre el mérito de las acusaciones de los grupos campesinos.
La mayoría de los crímenes cometidos en el Aguán siguen sin resolverse. “En la gran mayoría de los casos, la policía no llevó a cabo las medidas de investigación más básicas necesarias para identificar a los sospechosos y llevarlos ante la justicia”, informó Human Rights Watch en 2014, describiendo una atmósfera de “prácticamente total impunidad para los delitos relacionados con conflictos territoriales”.
Sólo un agente de Orión fue procesado con éxito por asesinatos cometidos en el Aguán. En 2016, Rigoberto Rodríguez Tomé, identificado por el Ministerio Público de Honduras como exjefe de seguridad de Orión, fue condenado por el asesinato de dos campesinos en noviembre de 2011. Al cruzar las presentaciones del caso con los registros de registro corporativo, The Intercept determinó que la firma de seguridad que empleó oficialmente a Rodríguez Tomé fue constituida por miembros de la familia de Melgar.
El expediente del caso en el juzgado de la ciudad de Trujillo refiere que Rodríguez Tomé vestía uniforme Orión y conducía una camioneta Orión cuando se perpetraron los asesinatos. Un documento en el mismo expediente enumera a su empleador en ese momento como SION Private Security LLC. Los estatutos de SION registrados en la Cámara de Comercio de Honduras fueron firmados en marzo de 2011 por la hija y la suegra de Melgar, según el Registro Nacional de las Personas del país. Ambos figuraban como accionistas de la empresa, que la Cámara de Comercio todavía cataloga como activa. La hija de Melgar también fue designada gerente general, a pesar de que estuvo en la escuela de odontología en San Pedro Sula hasta 2013. Los registros de SION fueron modificados en 2015 para otorgarle a la esposa de Melgar poder general.
El viceministro de Defensa se negó a responder a repetidas solicitudes de comentarios sobre su relación con las empresas de seguridad.
Melgar fue una de las conexiones más visibles entre las fuerzas militares y los agentes de seguridad privada mientras llevaban a cabo lo que muchos vieron como una campaña de terror, dijeron activistas campesinos a The Intercept. Un miembro de la cooperativa de agricultores MARCA recordó haber visto a Melgar en puestos de control militares conjuntos tripulados por soldados y agentes armados de Orion varias veces en 2011 y 2012. “El ejército y Orion trabajaron juntos”, dijo. “Cuando hacían operaciones, iban juntos”. El campesino y otros residentes pidieron que sus nombres no se revelaran porque permanecen en el Aguán, donde los defensores de la tierra y el agua aún enfrentan amenazas de violencia.
“El ejército y Orión trabajaron juntos. Cuando hacían operaciones, iban juntos”.
Catorce miembros de MARCA fueron asesinados o desaparecidos a manos de agentes de seguridad privada, policías o soldados del 15º Batallón entre 2009 y 2013, según el granjero y otros dos miembros de MARCA, una cifra consistente con las conclusiones del informe de Rights Action .
Los miembros de MARCA, junto con tres periodistas que cubrieron conflictos por la tierra en el Aguán y un abogado que trabajó con movimientos campesinos , alegan que Melgar fue visto frecuentemente en patrullas conjuntas con soldados hondureños y agentes armados de Orión, quienes en ocasiones vestían uniformes del 15º Batallón. . Uno de los miembros de MARCA recordó haber presenciado cómo los guardias de Orion recibían físicamente uniformes del ejército en el período previo a un desalojo violento.
“Había muchos guardias vestidos de soldados”, dijo el integrante de MARCA. “Hay que formar un soldado. Pero muchos de estos ‘soldados’ iban con tenis y la camisa desabrochada”.
Dos de los periodistas dijeron que veían frecuentemente a Melgar en una camioneta Orión luciendo un parche de Orión en su uniforme militar. Los periodistas, quienes luego huyeron a Estados Unidos después de recibir amenazas de otro oficial del 15º Batallón, pidieron que sus nombres no se revelaran por temor a represalias si regresaban a Honduras.
En declaraciones a The Intercept, el portavoz de Dinant, Roger Pineda, declinó hacer comentarios sobre los vínculos de Melgar con Orion, señalando que habían pasado muchos años desde el período en cuestión. “La mayoría, si no todos, los que tenían conocimiento de los acontecimientos han seguido adelante por diversas razones”, escribió. «No tenemos registros relevantes relacionados con ese período». Pineda es ejecutivo de Dinant desde al menos 2011.
Pineda negó categóricamente cualquier relación inapropiada entre los agentes de seguridad de la empresa y fuerzas militares o policiales. “En ningún momento Dinant pidió, ordenó o accedió a mezclar a nuestros guardias de seguridad privados con personal militar en patrullas u operaciones”, escribió. “Tampoco hemos prestado uniformes ni intercambiado uniformes con policías o militares hondureños. Afirmar lo contrario es inventar historias de la nada”.
Argueta, el activista campesino que huyó del Aguán, recordó una llamada telefónica que recibió en 2012, después de que guardias de Orión y tropas del 15º Batallón desalojaran a miembros de la cooperativa Francisco Cano de una plantación reclamada por Dinant. Argueta estaba familiarizado con las intimidaciones y las amenazas de muerte. Pero esto fue diferente. Dijo que reconoció la voz al otro lado de la línea como Laías Melgar.
En una declaración jurada presentada en apoyo de la solicitud de asilo de Argueta en Estados Unidos, un trabajador de derechos humanos transmitió la acusación de que Melgar hizo llamadas telefónicas amenazantes, argumentando que quedarse en Honduras pondría en riesgo la vida de Argueta. El activista se encuentra en proceso de asilo. Según Argueta, el coronel dijo que “la orden del ejército no era capturarme” sino “meterme un tiro en la cabeza”.
“Una persona con la trayectoria de Elías Melgar… es sorprendente que se deje engañar un gobierno ‘de izquierda’”, dijo uno de los periodistas.
Dinant dejó de contratar a Orion en 2014, pero la compañía de aceite de palma ahora cuenta con una nueva fuerza de seguridad privada que realiza patrullas armadas en colaboración con el ejército hondureño. Y la matanza se ha reanudado en el Aguán. Entre diciembre y junio, siete activistas que se opusieron a Dinant y a una empresa minera vinculada a la familia Facussé fueron asesinados , junto con dos familiares de los activistas. Nadie ha sido arrestado en relación con los asesinatos.
1/4 Periodista, Economista y Financista con amplia experiencia en Finanzas públicas y privadas. Se desempeñó por más de una década como periodista en varios medios de comunicación escritos hondureños en el área económico-financiera. Es Doctor en Ciencias Sociales y se desempeña actualmente como Profesor universitario para pregrado y postgrado.
…10 familias tuvieron ingresos de aproximadamente cinco mil millones de dólares, pero pagaron aproximadamente dos millones de dólares de impuestos. Es decir que por cada cuatro dólares—aproximadamente—que recibieron estas familias, apenas pagaron 1 centavo en impuestos…
La búsqueda de justicia tributaria en Honduras ha sido un tema de creciente debate y tensión en el país en los últimos meses.
– Castro, Sammy. 2023
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Redacción: Sammy Castro| Edición e imagen: Wendy Funes
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La propuesta de Ley de Justicia Tributaria, presentada por el gobierno de Xiomara Castro, ha desatado una serie de reacciones y resistencias por parte de la élite hondureña. Esta ley pretende reducir los incentivos fiscales y abordar la desigualdad en el sistema de impuestos, asegurando que aquellos con mayores ingresos contribuyan de manera proporcionalmente más alta. Sin embargo, la oposición por parte de los sectores privilegiados ha sido evidente, lo que pone de relieve la lucha por lograr un sistema tributario más equitativo y justo en el país.
Desigualdad y necesidad de justicia tributaria. Honduras es conocida por ser uno de los países más pobres y desiguales del hemisferio occidental. La brecha entre los ricos y los pobres es alarmante, y gran parte de la riqueza y los recursos se concentran en manos de unas pocas familias adineradas. Esto ha llevado a una distribución desigual de la carga tributaria, donde las personas de bajos ingresos se ven obligadas a pagar proporcionalmente más impuestos en comparación con aquellos que tienen mayores riquezas. La justicia tributaria se ha convertido en una necesidad urgente para abordar esta desigualdad y crear un sistema más equitativo.
La Ley de Justicia Tributaria y su objetivo La propuesta de Ley de Justicia Tributaria busca corregir estas disparidades y garantizar que aquellos que más tienen contribuyan en mayor medida al desarrollo del país. La ley propone reducir los incentivos fiscales existentes, eliminar abusos y exoneraciones injustas, y establecer un sistema de impuestos progresivos.
Esto significa que las personas con mayores ingresos pagarán una proporción más alta de impuestos, lo que permitirá al Estado recaudar los recursos necesarios para invertir en programas y servicios sociales para la mayoría de la población hondureña. Además, se busca evitar la evasión fiscal y poner fin a la transferencia de ganancias a paraísos fiscales.
Resistencia de la élite hondureña La propuesta de justicia tributaria ha sido objeto de una feroz resistencia por parte de la élite hondureña, que ha utilizado su influencia y poder para oponerse a los cambios propuestos. Las poderosas familias de la élite se han beneficiado históricamente de privilegios fiscales y exoneraciones que les permiten acumular riqueza sin contribuir de manera justa al desarrollo del país. Su oposición se basa en argumentos que intentan desacreditar la propuesta, como afirmar perjudica que el crecimiento económico, destruirá empleos y afectará negativamente a la inversión privada. Estas tácticas buscan sembrar el miedo y socavar el apoyo popular a la ley.
El papel de las centrales obreras y la lucha por la justicia social
Por otro lado, las centrales obreras y los sindicatos han mostrado su apoyo a la Ley de Justicia Tributaria. Representando los intereses de los trabajadores y la clase trabajadora, han respaldado los esfuerzos por lograr una mayor equidad en el sistema tributario y han destacado la importancia de que aquellos que más han contribuido justamente al desarrollo del país. Reconocen que la desigualdad persistente y la falta de justicia tributaria perpetúan la pobreza y limitan las oportunidades para la mayoría de la población hondureña. Su participación en el debate demuestra la lucha por la justicia social y la búsqueda de un sistema tributario más equitativo y solidario.
La justicia tributaria en Honduras se ha convertido en un tema crucial en la búsqueda de un desarrollo más equitativo y sostenible. La propuesta de Ley de Justicia Tributaria busca corregir las disparidades existentes, reducir la desigualdad y garantizar que aquellos que más tienen contribuyen de manera justa al país. Aunque enfrenta una fuerte resistencia por parte de la élite hondureña, el apoyo de las centrales obreras y la conciencia creciente sobre la necesidad de un sistema tributario más justo alimentan la esperanza de un futuro más equitativo para Honduras. La lucha por la justicia tributaria continúa, y su resultado determinará el rumbo del país hacia una mayor igualdad y desarrollo inclusivo.
Los poderosos y sus tentáculos Las poderosas familias de la élite hondureña se oponen a la introducción de impuestos progresivos, ya que gozan de enormes privilegios fiscales. El rechazo de este sector obstaculiza la recaudación, paralizando la capacidad del Estado de proveer programas y servicios sociales a la mayoría de la población.
La adopción de las reformas contenidas en la Ley de Justicia Tributaria (LJT) implica reconocer a nivel constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana.
La LJT plantea combatir la desigualdad extrema derogando los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a los abusos comprobados de las empresas beneficiarias, según lo ha manifestado Marlon Ochoa, el ministro director del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
La propuesta de ley también pretende crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer la inversión extranjera.
Otro aspecto está encaminado a cambiar el principio de renta territorial a renta mundial, para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Asimismo, elimina el secreto bancario para fines tributarios.
Entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por la reforma al principio de renta territorial. De aprobarse el cambio propuesto en la LJT, 503 empresas y personas naturales comenzarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior.
Hasta ahora la empresa y la banca privadas—representadas por los partidos conservadores en el congreso—se han manifestado férreamente en contra.
El jefe de la Comisión Presupuestaria del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, del gobernante Partido Libre, ha señalado que el desarrollo económico de Honduras ha demostrado que la riqueza nacional se ha concentrado en pocas manos. Los activos productivos (tierra y otros medios de producción), el crédito, la tecnología, los servicios de educación y salud de calidad, entre otros, se concentran en las 10 familias más ricas de Honduras.
Estadísticas del SAR revelan que, en 2021, a través de 157 empresas, estas 10 familias tuvieron ingresos de aproximadamente 5 mil millones de dólares, pero pagaron aproximadamente 2 millones de dólares de impuestos. Es decir que por cada cuatro dólares—aproximadamente—que recibieron estas familias, apenas pagaron 1 centavo en impuestos.
Elites versus impuestos El gran capital y los medios de comunicación afines a éste han desatado una campaña de desprestigio contra la Ley de Justicia Tributaria.
Han llegado a afirmar que dicha Ley reducirá el crecimiento económico, destruirá los empleos y reducirá la inversión privada, aplicará impuestos a las remesas de los migrantes, destruirá las microempresas y dañará la producción agrícola. Han buscado sembrar el miedo en la población.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que representa principalmente a las empresas más grandes del país, ha recomendado diseñar un plan progresivo de formalización mediante la imposición de un régimen tributario simplificado. Eso significa, según la propuesta del COHEP, “que los pequeños contribuyentes del sector informal entren al sector formal”, aplicando otro impuesto a los micro, pequeños y medianos empresarios. Su propuesta significa que los más pobres pagarían más impuestos, sin que los grandes empresarios paguen su parte.
A diferencia del discurso de las élites que son los dueños de Honduras, el dirigente obrero Carlos H. Reyes afirmó que la Ley de Justicia Tributaria cuenta con el apoyo de las centrales obreras.
Reyes contó que el Gobierno les expuso a los líderes de las distintas centrales obreras el proyecto de reforma tributaria que busca, entre otros beneficios, frenar el abuso de las exoneraciones.
“Definitivamente la opinión que hay entre todos nosotros es de preocupación por la forma en que se está montando una oposición a algo que es necesario”, dijo Reyes en entrevista. “La opinión de los compañeros es de que se entienda, se interprete el problema y que la Ley de Justicia Tributaria tiene el apoyo de las centrales obreras”.
El tradicional modelo económico ha fracasado en Honduras
No ha generado el empleo masivo y digno que se prometió en las recientes campañas políticas; no ha dado seguridad social, educación y salud de calidad; ni iguales oportunidades laborales para hombres y mujeres, especialmente para las juventudes; ni respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afro hondureños y comunidad LGTBQI+.
Es en este contexto que el gobierno presentó la propuesta de la LJT ante la comisión de dictamen del Congreso Nacional a principios de mayo. Posicionaron la aprobación como algo que no significará nuevos impuestos, que no hará encarecer la canasta básica, que mantendrá incentivos a la inversión y agregará controles para evitar la evasión fiscal. También se ha hablado de la ley como manera de evitar la corrupción.
Contra la desinformación que alimenta la desigualdad Los representantes de las principales Centrales Obreras de Honduras están en contra de las exoneraciones a largo plazo porque las mismas se convirtieron en un sistema de privilegios.
Los compromisos de las empresas beneficiadas para generar más empleo, a la fecha, no son una realidad. Las condiciones laborales que se otorgan son precarias y no gozan de beneficios conforme a ley.
“Esta es una intervención inédita. Aquí se está combatiendo la opacidad que es la forma oscura de manejar las cosas, y se combate con información, conocimiento, con la transmisión de la realidad de las cosas y eso es lo que está haciendo el Gobierno en este momento”, dijo el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, en entrevista con Ojalá.
“Aquí venimos sin sesgo ideológico o político, el Estado está obligado a intervenir cuando hay abusos”, dijo el líder de la CGT. “Estamos desarrollando actividades con el mero pueblo, con organizaciones populares y organizaciones territoriales porque hay una fuerte campaña mediática de los voceros de la oligarquía, diciéndole mentiras a la población”, comentó el delegado presidencial para el Poder Popular, Sergio Rivera.
El sector obrero ratificó estar a favor de esta reforma tributaria el 1 de mayo en el contexto de las marchas del Día Internacional del Trabajo, recordó el secretario adjunto de la CGT, Benjamín Vásquez.
El dirigente sindical argumentó que todos deben pagar impuestos en función de los ingresos, y que no es justo que los pobres paguen más que los ricos. “Aquí la gente de escasos recursos es la que más paga impuestos; todo consumidor paga impuestos, pagan todo el tiempo por lo que otros no pagan”, argumentó Vásquez.
Con relación a las manifestaciones realizadas por trabajadores de la agroindustria sureña en Choluteca en contra de la iniciativa de ley, Vásquez explicó que la amenaza del sector empleador es que van a haber despidos.
De forma similar, con la derogación de la Ley del Empleo por Hora —que vulneraba los derechos de los trabajadores— el año pasado, hubo una fuerte amenaza de despidos masivos.
Pero no pasó, dijo Vásquez, porque el capital siempre va a necesitar de la mano de obra. “Son amenazas de todo el tiempo”, consideró el entrevistado.
Por su parte, Liliana Castillo, ex presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), ha manifestado que la iniciativa de ley es respaldada por todos los sectores, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional, debido a que se ha reconocido que Honduras es el país con las exoneraciones más altas en la región latinoamericana en comparación a su Producto Interno Bruto.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2016 establece que las exoneraciones fiscales en Honduras se calculan en un siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de $1.4 mil millones de dólares (33 mil 114.8 millones de lempiras), según cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas.
La economista Castillo indicó que, en los demás países de la región, estas exoneraciones fiscales se han ido reduciendo gradualmente y ahora la mayoría anda en tres por ciento o menos del PIB.
“O sea, que sí es necesario que vayan reduciendo y que esos recursos, como bien dice el FMI, se destinen a generar más inversión y apoyar más en la parte social”, dijo Castillo.
En ese sentido, agrega que parte de los recursos que se obtengan por la aplicación de esta Ley de Justicia Tributaria se destinen a la inversión social.
Este es un trabajo de seguimiento periodístico hecho en consorcio entre los periódicos Reportar Sin Miedo y Reporteros de Investigación.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La decadencia, sobrepoblación y la cultura de crueldad enraizada en las cárceles de Honduras, se ha profundizando en el régimen militar. La bestialidad de las camarillas criollas que controlan las Fuerzas Armadas de este país de América Central, fue denunciada una vez más por familiares de internos de la cárcel de Marcala, La Paz, un centro situado en zona indígena Lenca, a unos 154 kilómetro de la capital hondureña.
En la oscuridad del secreto y a puerta cerrada, los militares lesionaron el tímpano de una persona a base de torturas y a otra le quebraron los huesos, le restringieron las visitas por tres meses para ocultar lo que pasa ahí adentro con la complicidad del engranaje estatal, de acuerdo con los testimonios brindados este miércoles por fuente confiable.
Los militares decomisaron un celular y empezaron a interrogar a diez personas, como no obtuvieron respuesta continuaron con un grupo más amplio de privados de libertad.
La respuesta militar es que quienes hablan del tema de derechos humanos en Honduras, son defensores de delincuentes. Otro elemento del lenguaje que denota la cultura de violencia que atraviesa a esta institución es un audio del Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, el coronel Ramiro Fernando Muñoz. El audio evidencia la costumbre de maltrato verbal contra un subalterno y lo amenazan con encostalarlo. La práctica del encostalamiento es conocida en Honduras porque aparecen dentro de un costal o bolsa plástica, cuerpos inertes de personas que han sido asesinadas con características de ejecución sumaria. (Vea Espionaje moderno)
Coincidentemente, unas 24 horas después de que saliera este audio, el vice ministro de Defensa, Elías Melgar Urbina, compareció por vía telefónica, en televisión, en el programa nacional Frente a Frente, para decir que Honduras no es violento y que no hay escuadrones de la muerte «para poder ejecutar personas hondureñas».
Melgar Urbina renunció cuando Ramón Sabillón fue destuido. Dos fuentes de alto nivel dijeron que renunció porque había un plan para que fuera el nuevo ministro de Seguridad, pero la ilusión se disipó cuando nombraron al doctor, Gustavo Sánchez, en ese puesto. Melgar dijo ayer a Frente a Frente que había renunciado porque se sentía cansado y que por su experiencia en Seguridad, la presidenta le pidió seguir en el puesto.
Un peligro para la sociedad
De su lado, diez organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado para pedir a la presidenta, Xiomara Castro, «su sabia consideración (ante) la necesidad del retiro del Coronel Ramiro Fernando Muñoz del cargo de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora Del Sistema Penitenciario Nacional por los desaciertos que ha cometido mientras ha fungido en ese importante cargo para impulsar en las cárceles de nuestro país una convivencia ordenada, pero con apego al respeto a los Derechos Humanos de las Personas privadas de libertad».
«Muchos familiares han compartido con nuestras organizaciones la angustia que les ha causado la brutalidad de los agentes de la policía militar del orden público que dirige actualmente el Coronel Muñoz. Es evidente que el Coronel Muñoz no reúne las aptitudes de un funcionario publico respetuoso de los deberes que como tal debe ostentar, contrario a ello debilita profundamente la imagen del gobierno que usted preside, pues al parecer echó en saco roto sus indicaciones en relación al respeto que deben guardar las fuerzas del orden con las personas y en este caso particular con las privadas de libertad que se han visto vulneradas en su derecho a la dignidad, integridad, a la salud, a la seguridad, a la alimentación y comunicación con sus seres queridos».
«Nuestro propósito al peticionar la separación del Coronel Muñoz obedece estrictamente a la intención de evitar que la condición de alto riesgo de violencia inherente a su personalidad lo lleve a causar daños letales a personas privadas de libertad», dice el comunicado.
Los militares tienen control mediático. En el ambiente hay desinformación y campañas de desprestigio para quien se atrava a alzar la voz crítica. Los militares lideraron el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en 2009, traficaron con drogas con las mafias más peligrosas del mundo desde 2010, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En la actualidad, después de la extradición a Estados Unidos del diputado, Midence Oquelí, los militares operan en las cárceles y las rutas del tráfico de drogas, por disposición del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“Mi única participación ha sido enlazar la denuncia con las instancias a quien corresponda”.
Gobernadora de Choluteca
Haciéndose valer de recursos públicos de la Gobernación y utilizando el nombre de la presidenta, Xiomara Castro, servidora pública ordena cambiar título de investigación sobre jugosa industria de migrantes de lo contrario amenaza con criminalización.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de investigación. La investigación periodística comenzó a inicios de 2023. En el primer semestre del año, se recogieron imágenes, grabaciones, testimonios y otras evidencias documentales, monitoreo de estudios y bases de datos, se llevaron a cabo reuniones con diversas fuentes incluso de embajadas. Cada conclusión está respaldada en evidencia que permitirá revelar nuevos hallazgos a futuro.
El trabajo se hizo con el apoyo del Consorcio Capir, la edición del periodista mexicano Daniel Lizárraga, la organización IWPR y un equipo legal interinstitucional, todos monitorean y tienen conocimiento de la situación de seguridad del equipo de RI. Se muestra la nota que envió la gobernadora departamental de Choluteca.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Esta mañana amanecí en una Costa Rica nublada.
Casi a 700 kilómetros de distancia de mi tierra, lo primero que vi al abrir los ojos fue el sol filtrándose por las cortinas transparentes de una ventana que muestra grandes edificios.
Desde el tercer piso donde ahora escribo, se ve el arte en las calles. Es lindo un país sin militarismo y sí con monumentos y museos.
Pienso en todo lo que hemos vivido con el equipo en los últimos días, pienso desde acá que siempre va a ser un honor que funcionarias y funcionarios delincuentes ya sea en Tegucigalpa, centro de Honduras; Choluteca, en el sur; Cortés, al norte, nos ataquen, para mencionar algunos ejemplos.
Lo preocupante sería que estos delincuentes del Estado pudieran sobornarnos, intimidarnos y ejercer control.
Sería muy vergonzoso recibir dinero sucio, hecho con las lágrimas de jóvenes que sufren por la adicción a las drogas que dejan los laboratorios de producción que han proliferado o si pudieran comprarnos con dólares provenientes de miles de migrantes víctimas de una red donde no solo hay funcionarios sino nepotismo, un negocio donde aparecen madres e hijos que viven del Estado, inescrupulosos, no les importa el dolor humano; seríamos una horda de criminales mercenarios de la palabra si recibiéramos dinero de traficantes, tratadores, “narco políticos” o militares, en fin mareros y pandilleros de cuello blanco.
Como nos negamos a ser cómplices de estas redes y hacemos nuestro trabajo, estamos bajo el ataque de estos criminales. Nos quieren callar. Ellos quieren destruir los mecanismos legales que actúan frente al abuso estatal, quieren expandir el control abusivo del Estado para delinquir a sus anchas y trabajan en la neutralización de las y los periodistas que ven como enemigas y enemigos porque una prensa independiente es una amenaza para la recua de corruptos mansos que ellos son.
Criminales de Estado que si escarbamos un poco más fácilmente encontraremos sus nexos con narcoalcaldes, reprensión y corrupción de cuerpos armados. Son una camarilla de delincuentes que quiere hacer creer que son mejores que las élites criminales que han gobernado Honduras, pero no es así, solo son un nuevo grupo delictivo que pelea con las estructuras que ya estaban y a las que también venimos desnudando desde 2017, a través de Reporteros de Investigación. Sabemos que en Honduras hay zonas silenciadas y nos hemos atrevido a romper el hielo, sabemos que es territorio hostil que puede llegar a la máxima censura por eso debemos ser protegidos y auto protegernos.
Frente a los insultos de estos delincuentes criollos, tenemos el reconocimiento internacional a nuestro trabajo de consorcios internacionales, embajadas, periodistas nacionales e internacionales y de funcionarias y funcionarios honestos que sí existen en el gobierno actual y lo más importante es la realidad que podemos transformar para mejorar las condiciones de nuestro pueblo aunque muchas veces la opinión pública no lo sepa o no lo valore, pero es el oficio que escogimos. El mejor oficio del mundo, como decía Gabriel García Márquez.
¿Cómo operan los cobros abusivos y la extorsión de migrantes en Honduras?
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• Las personas están entrando principalmente por las zonas fronterizas con Nicaragua, ingresan a través de Guasaule, en Choluteca y por Trojes y Las Manos, en el Paraíso; al oriente del territorio
• Alrededor del mercado que trafica con humanos ha prosperado un floreciente negocio de hoteles, mototaxis, rutas de transporte con operaciones legales, pero algunas aprovechan la fachada para cometer acciones ilegales.
• Los cuerpos de inteligencia del Estado investigan decenas de rutas de buses, mototaxis y servicios de transporte que han ido proliferando de la mano de la migración. Además, la gente denuncia la implicación de ciertos funcionarios locales no solo en traslado irregular de personas sino en actividades de tráfico de drogas.
En una de las fronteras con Nicaragua, al oriente de Honduras, una mujer latinoamericana espera para seguir su camino.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación.Un foso de abandono se vislumbra en sus ojos negros cuando el venezolano Harold Chirinos recuerda el drama de los últimos dos meses de su existencia.
Debajo de una acacia sin florecer porque ya pasó el tiempo de las flores, Harold cuenta que todavía está fresca en su mente la ardua travesía por la exuberante vegetación de la selva del Darién. Hipotecó su casa para salir de Maracaibo, Venezuela, junto a su esposa y sus cuatro hijos.
Tiene 36 años. Dice que fue Sargento Primero de la Guardia Nacional Bolivariana y en 2017 decidió desertar porque empezaron a “reprimir al pueblo de Venezuela”.
Esta mañana, a 1700 kilómetros de distancia de su natal Maracaibo, Harold está con los brazos, incendiados por el sol, desabrigados; viste una camiseta y un pantalón corto de mezclilla, arriba en el cielo hay nubarrones con lluvia intermitente y humedad en el aire. Circula con un rastrillo en la mano entre varias tiendas de campaña húmedas por las gotas que resbalan de las hojas de los árboles que dan sombra en el Monumento a la Madre de Danlí, una ciudad económica y política, importante para el departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.
Al comienzo de este camino, Harold pagó 500 dólares a un coyote que le ayudaría a traspasar las trochas selváticas de la jungla que conecta el sur del continente con América Central.
A su recorrido se sumaron varios de sus amigos para atravesar la misma selva que habría de ser la primera ciudad española fundada en el Siglo XVI en tierra firme de América y un símbolo de choque entre dos culturas, la de la violenta colonización y la indígena.
Esta tierra con historia ahora recoge las pisadas de millones de migrantes que arriesgan su vida expuestos a la fauna salvaje del Darién, pero la bestialidad arrecia a medida avanzan en el camino. Al llegar a Honduras, les espera una pesadilla de extorsión y cobros ilegales.
La mañana de esta visita, Harold y las demás personas yacen en tiendas de campaña. El parque parece un campo de refugiados. Mientras las carpas se mojan con la lluvia del opaco amanecer, una trama igual de turbia que los nubarrones, igual de oscura que la selva del Darién, está envuelta en los laberintos del poder en las zonas fronterizas.
Las mujeres entre las carpas han amanecido asustadas porque la rama de un árbol de la plaza se desprendió y estuvo a punto de golpear a uno de los 30 niños y niñas que hay entre el grupo. No es la primera vez que un árbol sede y causa destrozos. A mediados de 2018, un conductor se salvó de morir aplastado mientras transportaba el vehículo de su oficina frente a esta plaza.
Es como si los árboles que se caen a pedazos dieran una premonición de la avaricia que se extiende como un hongo silencioso. Todo el servicio de hotel, transporte y comida es cobrado en el equivalente a dólares. Por ejemplo, si les cobran 10 dólares, ellos deben pagar 240 lempiras.
Zona oriental de Honduras
Harold se vino de su país porque no hay “alimentación ni medicinas ni trabajo” y si se protesta “caen a tiros y ese es el temor, no voy a salir a que me maten”, platica.
Tiendas de campaña en el Monumento a la Madre en Danlí.
Anoche eran 200 personas, pero esta mañana quedaron unos 150 porque el resto logró recaudar suficiente dinero, pidiendo en las calles de esta ciudad hondureña, para pagar el servicio de transporte que les llevará a Tatumbla. Tatumbla es otro pueblo más al nororiente. Ahí los migrantes deben bajar y tomar otro autobús para viajar a Copán, a la frontera de Agua Caliente y atravesar a Guatemala.
Los que aún quedaron en el parque de Danlí están en las calles pidiendo dinero para almorzar. Harold pagó 35 dólares al atravesar el territorio de Costa Rica y además de pagar un salvoconducto en Nicaragua, debió sufragar 40 dólares más solo por su pasaje en el sistema de transporte de Nicaragua.
En este fogón preparan sus alimentos.
Elio Socorro Ramírez Pereira, forma parte de la Unidad Municipal Ambiental de Danlí, “yo mantengo bien aseada esta plaza” y “ellos son bien educados”, dice Ramírez Pereira. Ha visto en estas mismas carpas pernoctar a suramericanos, chinos, rusos y ucranianos, cuenta.
Elio Socorro Ramírez trabaja en la municipalidad de Danlí.
Mientras Harold y unas 150 personas más se preparan para determinar qué comerán este mediodía, más al oriente por las fronteras de Las Manos y de Trojes están entrando nuevos buses provenientes de Nicaragua, vienen repletos de inmigrantes. Los que lleven dólares seguirán desde Danlí hasta Tatumbla, los que no, se quedarán a dormir en el parque de Danlí.
Frontera con Nicaragua
Las Manos
En la Aduana Las Manos, a 31 kilómetros desde Danlí, una agrupación de migrantes acaba de llegar. Hay una llovizna intermitente. Una venezolana se aferra a sus dos hijas. La tarde anterior peleó con su esposo y en un impulso abordó el bus de Nicaragua. Ahora ella estaba en Honduras y lloraba con la incertidumbre de si volvería a ver a su esposo que dejó al otro lado de la frontera. También sollozaba porque no tenía dólares para abordar el bus que la llevaría a Danlí, pero esa preocupación pasaba a segundo plano porque su mayor inquietud era conocer el destino de su pareja.
Otros dos venezolanos se acercan para pedir dinero porque se quedaron sin dólares y deben pagar cinco cada uno para llegar a Danlí, ahí de nuevo deberán pedir dinero para abordar otro bus que les llevara a Tatumbla.
La venezolana Fernanda Subero, de 24 años, salió de Isla Margarita el 25 de junio, el 13 de julio había llegado a la frontera de Las Manos. Su madre está jubilada. Dejó su país para ayudar a su hermano de 17 años a pagar la universidad, “él todavía puede salir adelante, yo tengo mi vida, dejé a mi pareja allá”.
La plática es interrumpida porque deben subir a los autobuses que se van llenando de migrantes, las unidades salen cargadas y llegan otras vacías para llevar a cada nuevo grupo que está entrando por la frontera.
A mediados de julio pasado, el mar humano se había trasladado de Trojes a Las Manos. Unas dos mil personas estaban entrando diariamente. En uno de los instantes llega un grupo de africanos, pero ellos lucen diferentes a los suramericanos, las personas de África lucen buenas maletas, viajan bien vestidos y con documentos.
Un grupo de africanos, revisado por la Policía en un retén en medio de la carretera entre Las Manos y Danlí.
Uno de los episodios que ha marcado la vida del personal de Aduanas es haber visto a un ecuatoriano traído en una sábana, con insuficiencia renal y con los pies hinchados. Fue auxiliado por la Cruz Roja.
Trojes
En Trojes, a 77 kilómetros de Danlí, está la otra frontera entre Honduras con Nicaragua. Aquí, desde 2022 hay un súbita economía pujante con buses, hoteles, moto taxis. Hay personas que han crecido económicamente. La bonanza es como un espejismo que amenaza con desaparecer si baja el tránsito de personas.
En 2022, ante la repentina abalanza de migrantes, la economía se transformó, la gente adquirió nuevos servicios. Las autoridades de la Corporación Municipal se reunieron para buscar una solución al descontrol en el transporte para que las rutas que trasladaban a migrantes debían ser exclusivamente para eso porque el fenómeno que estaba ocurriendo es que bajaban a las personas hondureñas y solo querían llevar extranjeros porque les cobran en dólares y con costos sobrevalorados.
En enero de 2023, un venezolano denunció el cobro exagerado que sufrió al subir a un bus, al cobro irregular se suma que no los trasladan hasta el lugar que les prometen. Hay una tarifa autorizada, pero esta denuncia evidencia que la tarifa es solo una versión oficial.
Por este lado oriental, las fronteras que conectan a Honduras y Nicaragua son Las Manos y Trojes.
Un bus desde Trojes a Danlí cuesta 90 lempiras (unos cuatro dólares), pero a los migrantes les sacan 240 (10 dólares) casi tres veces el precio original; entre la frontera de Las Manos y Danlí un hondureño paga 40 lempiras (un poco más de un dólar), a los migrantes les cobran 120 lempiras (5 dólares) cinco veces más, de acuerdo con las consultas hechas en la zona. Este es el cobro en las rutas autorizadas, pero si suben a un bus de la ruta interurbana, no autorizada para llevar migrantes en «transito irregular», les pueden llegar a cobrar 25, 30 y hasta 260 dólares.
Esta empresa está en la llamada Ruta Segura.
Una red, varios países
Los abusos han disminuidos desde que la presidenta Xiomara Castro dio la orden de generar una Ruta Segura para migrantes. Las personas migrantes llegan en buses desde Nicaragua. Es un negocio que involucra el sistema de transporte de Nicaragua y una red de servicios privados de transporte en Honduras.
En El Paraíso la gente tiene miedo de hablar. El verdadero poder detrás del negocio estaría detrás de un empresario coludido con políticos. Al cierre de edición se buscaba evidencia documental que respaldara la información obtenida de una fuente.
Para el regidor de Trojes, Óscar Vázquez, “la migración se ha convertido en una transnacional. Es enorme lo que hay detrás de todo este proyecto y yo siempre se lo he dicho a las Naciones Unidas, se lo he dicho a ACNUR y a todos los organismos ¿qué hacen ellos?”.
En los últimos años explotó la migración, esta explosión es desde 2022 y por eso se creó una ruta segura que inicia en Trojes, Las Manos a Tatumbla y de ahí al occidente del país, explicó.
La migración es un tema que sirve incluso para construir las campañas electorales en Estados Unidos, dice el regidor municipal. Ante un fenómeno global, las autoridades locales y nacionales deben implementar políticas para humanizar a la población y atender a los migrantes.
Pero “lo que no están enfocando los medios de comunicación es que la migración también nos va a cobrar factura, ¿qué se va a quedar después de la migración?: familias, que no van a querer trabajar por los 150 lempiras al día porque con la moto taxi se ganaban 500 dólares. Va a haber más delincuencia, va a haber más violencia”, avizoró el funcionario.
El alcalde de Trojes, Nelson Moncada, dice con orgullo que esta tierra es la segunda en producción de café y ganado a nivel nacional. Trojes cambió el sonidos de la AK`s por el del tropel de vacas, recita. Hace alusión a que Trojes fue territorio de ocupación de los Contras nicaragüenses, como se le llamó al ejército que en la década de los ochenta perseguía a los sandinistas de la revolución, durante la Guerra Fría.
Los transportistas autorizados en la ruta segura deben pagar a la municipalidad de Trojes por cada unidad que circula, además si incurren en faltas les aplican multas.
Cobros desde el gobierno
Además de los cobros excesivos en el transporte, una fuente de cobros irregulares fue la multa por transito irregular. Un funcionario de Migración fue destituido en 2022 luego de amparar bajo la figura de refugio a nicaragüenses y negarse a recibir sobornos. El primer día que llegó a su oficina, recibió un sobre con 3000 dólares para tramitar el paso de los migrantes sin mayores dificultades. Ese día rechazó el soborno y empezó a tener conflictos. Después habría de descubrir que había una red que escogía a las personas que pagaban suficiente dinero y esa red tenía un sistema de buses.
Al oponerse y denunciar la situación, no recibió apoyo. Contó que recibió presiones de alto nivel para dejar de dar refugio a nicaragüenses y tras denunciar los sobornos que había en el sistema, levantaron una campaña señalándolo de tráfico de personas, pero al final no fue acusado de manera formal. Solo separado de su puesto.
Por ahora, las autoridades locales han registrado y trasladado a la embajada de Estados Unidos información sobre crímenes contra nicaragüenses, en los últimos días asesinaron a alias Pantera y a El Tigre. Habían sido de la “Contrainsurgencia” en la década de los ochenta. Son crímenes contra opositores políticos del régimen de Daniel Ortega, dijeron dos fuentes políticas. La versión del asesinato de nicaragüenses fue confirmada por el ex funcionario destituido en 2022.
A las autoridades de Seguridad y locales de Trojes, El Paraíso, les preocupa que este negocio pueda dar lugar al lavado de activos y al tráfico de drogas.
Cobros de parte de cuerpos armados en Choluteca
A este panorama de cobros excesivos, se suman las denuncias de aparente extorsión. Al sur de Honduras, una serie de testimonios sugieren que supuestos guardias de seguridad armados, intentaron extorsionar a las personas migrantes. Los presuntos guardias actuaban en la Aduana de Guasaule y se habrían hecho pasar por miembros de la Policía Nacional para exigir cobros de hasta 50 dólares.
A eso de 4 de la tarde, el venezolano Jey Fran Guevara ingresó bajo un sol de 38 grados por la frontera con Guasaule. Como el pago de hotel también es cobrado en dólares y no en lempiras, desde que llegó, le cobraron 30 dólares por alojamiento, finalmente les rebajaron el costo de la estadía a 20 dólares.
Guevara dice que los transportistas de rastras les salvaron de pagar ese dinero y luego la Policía Nacional les prestó el apoyo y orientación para sacar su salvoconducto.
“Los guardias de seguridad privada de la frontera se aprovechan de los migrantes que no tienen conocimiento, en este caso yo como trabajo en ese ámbito tengo un poco de conocimiento y me di cuenta que no eran relacionados con gente del gobierno”.
“Directamente nos estaban cobrando 50 dólares por cada uno y arbitrariamente yo agarré a mi sobrinas y me metí, pues, con el grupo que yo venía, entonces les dije que si nos iban a deportar que me pusieran un agente de Migración. Los señores que manejan los tráileres, nos defendieron y por eso nos dejaron tranquilos. Ellos nos colaboraron, con agua, comida y dinero”.
Isaac Fúnez era tramitador en la Aduana de Guasaule contó, “escuchábamos que supuestamente los empleados de esta empresa de seguridad les cobraban supuestamente alrededor de 10 o 5 dólares a estos migrantes para dejarlos ingresar al país”. Sugirió que con las cámaras de la aduana se puede investigar la denuncia. Incluso los seguían en horas de la madrugada hasta el puente que divide Nicaragua y Honduras en la frontera de Guasaule, dijo.
Carta enviada en el gobierno anterior En respuesta a Oficio No. 065/DPM/DGPE/2020 del 21 de enero de 2020, en referencia a la carta enviada por el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios como Medio de Violarlos DD. HH. y Obstruir el Ejercicio del Derecho de lo Pueblos a la Libre Determinación.
Se revisó cuál es la empresa que brinda seguridad en Guasaule, pero la empresa contratada está debidamente legalizada. Así que ante las denuncias, la administración aduanera debe iniciar una investigación interna para explicar quién contrató a los supuestos guardias de seguridad, denunciados por los migrantes durante el recorrido hecho en este punto fronterizo.
Una empresa contratada legalmente
El 1 de julio de 2022, Star Security S. de R. L. fue contratada por el gerente administrativo y financiero de la Administración Aduanera de Honduras, Edwin Mendoza, para el servicio de seguridad y vigilancia externa de las oficinas de esta entidad estatal. El contrato fue hasta diciembre de 2022.
La empresa fue contratada para prestar el servicio a varias aduanas, entre estas la Aduana de Guasaule y Amatillo, ambos puntos son álgidos por la cantidad de migrantes que atraviesan a diario.
Star Security está legalmente inscrita en la Secretaría de Seguridad, tiene 20 guardias de seguridad , 52 armas, sus socios son Daniela Judith Antúnez Álvarez y Fredy Misael Banegas Padilla, cita el Oficio SEDS-SG-2794-2023.
Caritas Choluteca denuncia que ha habido migrantes golpeados y víctimas de asalto con violencia. El caso más grave ocurrió el año pasado, en la frontera de El Guasaule. Uno de los migrantes falleció y la persona que quedó con vida estuvo bajo protección, él decidió regresar a Venezuela y esta organización le hizo el acompañamiento legal y psicológico desde el momento que se recibió en el centro.
En cuanto a la persona fallecida se hicieron todas las gestiones. Las entrevistas que les hacen a los migrantes para llevar un control reportan que el 80 por ciento sufren asaltos en esta travesía en busca de llegar hasta Estados Unidos de América.
La consecuencia concreta de esta realidad es la muerte. Conadeh registró en agosto de 2022: “al menos cuatro muertes de migrantes, de diferentes países, entre ellos, dos niños, en tránsito por El Paraíso, zona oriental de Honduras”. Las muertes ocurrieron en los últimos once meses.
La muerte ocurre en un camino en el que las personas inmigrantes son víctimas de extorsión y cobros ilegales en distintos niveles. ¿Por qué pagan? Pagan para no ser detenidos, les amenazan con retornarlos a Nicaragua o encarcelarlos.
A medida avanzan los años, el país se va poniendo más sórdido para la cada vez más creciente ola de personas migrantes. Ellos alimentan una industria que subsiste en derredor del tráfico de personas. Una industria aceitada por la corrupción estatal, la violencia de cuerpos armados públicos y privados, grupos organizados y un creciente negocio del transporte que envuelve a funcionarios del Estado.
En 2022, el defensor de derechos humanos Alex Rivera Mejía, envió a Reporteros de Investigación denuncias y evidencias documentales de supuestos cobros ilegales hechos por la policía. El director de nacional de la policía de fronteras en aquel entonces, comisionado Julio Romero, dijo que eso era un hecho del pasado.
— Secretaría de Seguridad Honduras (@SSEGURIDADHN) October 13, 2022
La crisis en Choluteca llegó al extremo de provocar que la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, visitara la zona en mayo de 2023, en 2021 además visitó la frontera de Las Manos, El Paraíso.
En🇭🇳 hay mucha solidaridad con las personas en tránsito y las personas que necesitan: En Choluteca, el centro para migrantes de @caritashonduras y el Hogar Esperanza de las Hermanas de Jesús son ejemplos claros. Y con apoyo de #RedHumanitariaHN. Gracias 🇭🇳 pic.twitter.com/9Cs1PbbrOR
— Alice H. Shackelford (@aliceshackel) May 18, 2023
Delitos contra migrantes
El comisionado de Policía, Marlon Miranda, era Jefe regional de Valle y Choluteca al momento de la entrevista, dijo a RI que ante situaciones que impliquen delitos en este paso transitorio de los migrantes que vienen de diferentes países y que van rumbo hacia el famoso sueño americano, la Policía Nacional está trabajando fuertemente.
Hay denuncias sobre malos tratos e igual hay denuncias de que algunas personas que se dedican al tráfico de personas, en este caso, les han cobrado.
Como parte de la prevención en los ejes carreteros hay algunos patrullajes donde bajan a las personas para entrevistarlas y conocer de ellos mismos si han sido tratados (trata de personas) o han sido víctimas de algún delito.
“Es importante que las personas víctimas de algún delito, durante transitan en nuestro país, puedan poner en conocimiento a la Policía Nacional ya que tiene presencia en todas las fronteras y es ahí donde estas personas tienen que abocarse para poner en conocimiento que han sido víctimas”, manifestó.
En el período 2014-2022, la Policía Nacional únicamente registró cuatro denuncias interpuestas por migrantes que atraviesan el territorio. Las denuncias fueron por robo, falsificación de documentos públicos y hurto, en El Paraíso, Trojes y Danlí y una violencia sexual en Choluteca, en el sur. Las primeras tres ciudades están al oriente de Honduras. Según una respuesta enviada por la Dirección Policial de Investigaciones, los migrantes prefieren no interponer denuncias.
Denuncias interpuestas por migrantes, cifras obtenidas mediante el Derecho de Acceso a la Información.
A mediados de junio el entonces jefe de la Policía de Fronteras en Choluteca, sub comisario Milton Joaquín Fúnez Peralta, explicó que hay migración controlada. No se detiene a nadie. Se utiliza tecnología de reconocimiento y registro biométrico y si las personas traen sus papeles pueden transitar libremente.
El rol de la Policía Nacional es que haya una migración controlada para que ingresen de manera legal como las leyes de Migración lo demandan en todos los países, que hagan su chequeo migratorio de rutina y luego se les colabora para que viajen de manera segura y no sean víctimas de cobros excesivos, robos o que sean utilizados como “mulas” por las bandas organizadas, dijo el jefe policial.
Un negocio en el transporte
La llamada migración irregular–si lo dice e gobierno– o crisis humanitaria –si lo dicen defensoras de derechos humanos, proviene de Nicaragua. A través de la frontera honduro-nicaragüense entran extranjeros de distintas nacionalidades de América, África y de otros países que encienden las alarmas de Estados Unidos.
Nicaragua conecta con Honduras por los departamentos de Choluteca, al sur y por El Paraíso, al suroriente.
Cada día por Choluteca atraviesan unas 20 o 30 personas, en comparación con 1500 o 2000 que antes viajaban por la zona. El nuevo punto de ingreso es por Trojes, en El Paraíso.
Una explicación de este cambio la da el diputado del partido en el poder Bartolo Fuentes, el corredor seguro creado por el gobierno ha generado que el transito haya pasado de Choluteca a El Paraíso porque se ha diseñado un sistema para que los migrantes transiten con seguridad, afirma.
¿Por qué una amnistía y no una derogación?
En el gobierno anterior, la existencia del pago de un salvoconducto generó cobros excesivos y sobrevaloración. A nivel central el nuevo gobierno determinó dar una amnistía.
Es una política más humana para dar un trato distinto a quienes tienen un derecho humano, dijo el diputado de Libre, Bartolo Fuentes.
El diputado Jari Dixon Herrera sostuvo que “es una política del Poder Ejecutivo que nosotros en el Congreso apoyamos, pero seguramente en el futuro va a haber alguna derogación. En este momento la suspensión es lo que ha instruido el Poder Ejecutivo para que aquí en el Congreso apoyemos al Ejecutivo y también de la presentación de un proyecto del diputado por el Partido Salvador de Honduras, Osman Chávez, que consiste en la suspensión de cobro a los migrantes en tránsito y eso ya se aprobó antes del receso y me imagino que ya está en vigencia”.
“Nosotros desde el Congreso hacemos todo lo posible para que el migrante tenga las mejores condiciones en el país, de hecho yo veo que el tránsito por Honduras ha mejorado bastante para los migrantes. Veo buses en la entrada de Tatumbla que los trasladan a la frontera, cosa que no suceden en otros países”.
Sin políticas públicas
La caracterización estatal del problema se descubre en la nula estadística.
Las únicas cifras proporcionadas por el Estado fueron que en 2022 hubo 1,073% más de ingreso de migrantes irregulares en comparación con el mismo periodo del año 2021
Ante la solicitud de información SOL-SSSS-1831-2023, INTERPOL “hace de conocimiento que no cuenta con la información, sugiere solicitarla a Migración para saber la cantidad de migrantes que cruzaron por Honduras de 2014 a 2022 desglosado así por: nacionalidad, punto de entrada, tipo de estatus migratorio otorgado, destino final, lugar donde permaneció”.
Las autoridades dicen carecer de cifras sobre el fenómeno, por lo tanto es evidente que sin estadística, no hay control.
Ni la alcaldía de Trojes ni Choluteca dieron registros de migrantes. Se hicieron solicitudes de información.
El Instituto Nacional de Migración informó mediante oficio SOL-INM-373-2023 que entre 2014 y 2021, aplicaron más 31,000 multas de más de seis mil lempiras cada una y que desde agosto de 2022 se aprobó un decreto de amnistía que eliminó esta sanción administrativa. Eso quiere decir que el Estado tuvo ingresos por ciento ochenta y seis millones de lempiras (unos 7.8 millones de dólares en solo un año). Eso da una idea de la millonaria industria que este tema significa para las redes hondureñas.
El Congreso Nacional amplió este decreto de amnistía, en una sesión extraordinaria, y las personas que transiten irregularmente no pagarán multa hasta 1 de enero del 2024
Las alcaldía de Choluteca y El Paraíso por donde ingresan las personas migrantes tampoco proporcionaron cifras y la Secretaría de Salud carece de un registro desglosado de atenciones. Así que al no haber estadística no hay política pública.
Esta investigación fue posible gracias al Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
La primera parte de esta investigación fue bajada mediante un ciberataque y el equipo periodístico tuvo que hacer tareas de restauración de la Investigación, asimismo el equipo ha recibido acoso de funcionarios y funcionarias desde la primera publicación de esta serie Mercado Humano.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El plan se ejecutó concálculo civil–moteado.
Esedía cerca de las 9:30de la mañana,por los tejados de las casasen la polvorienta Juticalpa,el viento suave barría las tejas semejantes alas quealcanzaron areteneralguna vez, en suspupilas yversos, AlfonsoGuillén Zelaya,Froilán Turcios yla bella e inmortalClementina Suarez.
Elcomando militar que incorporó en el asalto a civiles armados del tenebroso DIN, se apostóen los alrededores del Centro de Capacitación Santa Claraa 8 cuadras del parque central, listospara mataracualquier “guerrillero”. Esa fue lanarrativa y consigna del operativo a cargodel mayorEnrique Chinchillay el sargentoBenjamínPlata.
Vos, la cipota de Sta. María del Real,estuviste allí desde lanoche del veinticuatro,en medio de aquel montón degente humilde, haciendomil cosaspara queellos y ellas, se sintieran bienen los predios delcentro de capacitación,porque al día siguiente saldrían,como estabaprevisto, enuna caminatade “la Marcha de la Desesperanza”hacia Tegucigalpayconfluirallíconcincuenta mil labriegosde todas partes del país,enel Congreso Nacional;para exigir distribución equitativa de la tierrayuna nueva ley deReforma Agraria. (Para informarse mejor, vean en YouTube, el documentalY HOY LOS RECORDAMOS, producido con genial maestría por Camilo y René Puck)
A las 9:30de la mañana,del 25 de junio 1975, losasesinos desquiciados, siguieroncon frialdadelplandealgunosmiembros dela Asociaciónde Ganaderos deOlancho, con cerebrostorcidos, y con la complicidaddegorilasenchapadosdealto rangodela dictadura golpista,con JuanAlberto Melgar, la homicida voz de mando en las Fuerzas Armadasde aquel año oscuro para el movimiento cristiano hondureño.
La muerte entróporel portón principaldel edificio, vomitandoodio; odio repulsivo. El estruendo de las balas conmovió alvecindario del barrio Belén que yapresentíadesde 24 horas atrás,la magnitud dela tragedia. En el acto, mataron a cinco campesinos ycapturaron a16 personas,en cuenta al mártirFray CasimiroCypherqueenesa fechatristeandaba devisita. Lamayoría decapturados erantrabajadoresen Escuelas RadiofónicasSuyapa y la FundaciónHondureñapara el Desarrollo (FUNHDESA). El terror se apoderódetodas las almas quepudieron quedaren pie.
En la estridencia de los proyectiles genocidas, vossentiste que te arrancaban las entrañasesa mañana.Ataviadaconun vestidocolordulce espera,al calor del tableteo de las armas,soltaste, confundidaun gritomezclade miedo, rabia, valentía, dolor e incertidumbre. Estabas fuera deledificio ocupada en las tareas de la movilización.Sin pensarlo dos vecesquisiste entrarpresintiendoerróneamente,que tucompañero de vida, el“moy” desiempre,hubiesecaído mortalmentepor las balas, pero algunasmujeres de tu querido pueblo Sta. María del Real, teagarraron con determinación por la cintura y los brazos para que no te movieras por tu propia seguridad.Tenías apenas21 años y un embarazo de 6 meses de tu primeraternura devida, lo que tampoco importópara que fuesescapturadaporlas bestias endiabladas.David Artica Tablada,cabeza de plomoerajefedel presidio.
¿Por la tarde, cayendo la noche fuiste liberada de las bartolinas, a saber, por qué?,noasí el resto de tus15compañeros.
A las 9 de la noche,de ese día 25,según instrucciones del mayor Chinchilla, listado en mano, sacaron del presidio a 6 personas (incluyendo al queridoFrayCasimiro). A todos los metieron en un carro “toldeado”, con rumbo a Lepaguare, a donde los esperabanel resto de asesinos. Al llegar a la hacienda Los Horcones, propiedad de Manuel Zelaya Ordoñez, tanto el sacerdote Iván Betancourt,comoRuth García y M. ElenaBolívar,que fueronsecuestradosa las 12 y media, por militares cerca de una gasolinera, en los linderos de Lepaguare,ya habían sufrido inenarrables torturas,violacionesyfinalmenteasesinados.Los escenariosdeterror quesufrieronel PadreIván y las dos muchachas que le acompañaban,lo mismo quela agonía de losseis quesacaron del presidiopara sacrificarlosen aquella hacienda del terror,solorecuerdanlainconmensurablebajeza humana, muy propiadeloscarniceros de Hitler en los campos de concentraciónenla Alemania nazi.Los mataron cobardemente.Segaron la existencia de14 personas maravillosas en la plenitud de sus vidas yentrega amorosa por los más pobres ydesvalidos de Olancho y Honduras entera. Sus cadáveresfueronarrojadosa un pozo de malacate el que dinamitaron para borrar las huellasdel asesinato colectivo.
Los principales autores y ejecutoresde aquella barbarie, fueronenjuiciados y encarcelados con justicia“estilo Honduras”,y puestosen la cárcel del Barrio La Hoya, Tegucigalpa con una condena de 20 años,con ungesto grato dedoña Ley ya quefueron privilegiadospara estar “presos”ubicándolosen“LaMora”, un sitio queenesa épocaeracomo hablar de losaposentosdeun hotel de mediana categoríaendonde los “presos”placenteramente teníantelevisor y las comodidades muy propias de su clase social. Fue una maravilla porquese daban el lujo de darsus caminatas por la vieja Tegucigalpa, tan solo cuidados por la propia seguridad del Estado y la de pelar biensus propios ojos asesinospor cualquierinfortuniodesprevenido.
Eran felices porque podían salir a sus haciendas,ahoras determinadas de las tardes noches, con el visto bueno de sus “carceleros”.
Como cierre de esta página de maldad bochornosa, en el libreto ya estaba escrito la salida victoriosa de losque dieron clases deterror, poradelantado, a la Mara Salvatruchade décadas posterioresyaque los“condenados”salieronlibrescon un decreto de Amnistía hecho en el gobierno liberal del tristemente célebre Roberto Suazo Córdova, en los primeros meses de 1979.
A 48 años de aquella matanza,mundialmente repudiada,la memoria familiar de los mártires ydel movimiento social cristiano, continúa mancillada. No solo por aquella amnistía ignominiosa.El poder de aquellay estaépoca apuesta con todo porque esta tragedia quede en el olvido de la memoriahistóricanacional, aun cuando hipócrita ycínicamente haya sidodecretadopor el Congreso Nacional de 2004, el 25 de junio de todos los años, como “díadelos Mártires”.
Hoy, las movilizaciones cívicaspopulares notienen la beligerancia y lucidezpara recordar a lasvíctimas.Lasmisas y procesionesque se celebraban desde hace dos años han sido prohibidas en Olancho y otras partes delpaís. El proyecto en manos es el olvido.
La grey católica y cristiana que amó y continúa amando a los mártires de los Horcones se pregunta: ¿por qué?¿Por qué algunos sectores gritones de la “sociedad civil” y estamentos del “poder popular” comoen elCongresoNacional, estejunio2023, nohicieron actos ceremonialespara honrarla memoriade los caídos de aquella noche de infierno?¿Por qué ni una tan sola ofrenda floral¿Por qué niuna tan sola mención en campos pagados y no pagados por los medios electrónicos?
¡Te fijás Mariíta!:Como lo decís muy bien desde algún lugar de nuestra galaxia: hay quedeclararse enresistenciacontra el olvidoplanificado.Vos,queescapaste al horrorde esa noche, sabésdesdetus lágrimasde aquellas horas horripilantesque su estrategia de borrar de la memoria histórica a los mártires,podría ser tan impecable como el plan que urdieronlospsicópatasy que quitaron innecesariamentedel camino al padreIvánBetancourt, FrayCasimiroZipher,MaríaElenaBolívar,Ruth García,LincolnColeman,Máximo Aguilera,Bernardo Rivera,Juan BenitoMontoya,RoqueRamónAndrade,ArnulfoGómez,Fausto Cruz,AlejandroFigueroa,Oscar Ovidio OrtizyFrancisco Colindres.
Las autoridades centrales del IHTT han establecido rutas exclusivas para el transporte de Migrantes, las autoridades locales han entrado en conflicto por este hecho pues ya no se puede trasladar a migrantes en cualquier unidad del transporte. Esto desató una disputa.
Un conductor de buses señala que una abogada, supuestamente ligada al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, sería la clave como fundadora de una empresa exclusiva para trasladar migrantes, lo confirmaron tres fuentes distintas del sector transporte, consultadas en diferentes días y en un contexto variado.
Ella sub contrata unidades del transporte y les cobra seis mil o siete mil dólares cada día, también tiene buses propios. Todos los pagos se hacen en efectivo sin dejar rastro. Solo ella puede hacer trámites de permiso para traslado de personas en transito por Honduras que entran por el oriente en la frontera con Nicaragua y recorren El Paraíso-Tatumbla-Copán (occidente), frontera con Guatemala.
RI tiene audios de periodistas de la zona sur que están amedrentados por funcionarios en medio del conflicto centrado en el negocio de migrantes. «No me voy a tirar a que me maten», dice una periodista.
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Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Eran 19 vidas llevadas dentro de un autobús no autorizado para trasladar migrantes por este país de América Central.
Esa noche cálida, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, cercana al Oceáno Pacífico — debajo del cielo que pareciera más estrellado cuando se le ve desde la orilla de una playa meridional— apareció alumbrada por las cámaras de televisión la delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el sur de Honduras, Elba Reyes.
La información que dio es que se trata de una red organizada para trasladar a mujeres y hombres que transitan sin documentos en busca de llegar a Estados Unidos. Cada una de las personas que ese 18 de julio era trasladada de manera irregular, había pagado más cinco mil lempiras para ser llevada por 600 kilómetros desde la aduana de Guasaule, en el sur, hasta llegar a noroccidente, a la zona fronteriza con Guatemala.
Les cobraron cuatro veces más el costo convencional de un viaje a la frontera entre Honduras y Guatemala. El decomiso hecho por la policía en el puesto de control de Pavana, Choluteca, es solo la «punta del iceberg». Esta es una industria que involucra a altos funcionarios del gobierno local de zonas fronterizas. La gente migrante es una industria en Honduras.
Todos parecen querer monopolizar esta nueva explotación. Hay una confabulación fríamente calculada desde mandos intermedios de la administración pública para hacer dinero y el sistema de transporte parece ser el corazón de este negocio.
La «multa por ingreso irregular al país» había generado “oportunidades de negocios”, basadas en la corrupción, mediante cobros ilegales y tráfico o falsificación. Cuando el nuevo gobierno de Honduras, que entró en 2022, otorgó una amnistía y dejó en suspenso la multa, el transporte se convirtió en la principal fuente de producción de dólares.
No es para menos, un reporte de Naciones Unidas señaló que en 2022 el número de migrantes se duplicó o triplicó «como consecuencia del flujo de personas de diferentes nacionalidades, entre los que destacan, Angola, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Venezuela, entre otras».
La masiva ola migratoria ha consolidado un negocio con acusaciones contra funcionarios por pertenecer “a una red de tráfico de indocumentados” con cobros ilegales, abusivos y extorsivos.
Es un negocio que tiene confrontadas a las autoridades locales en las zonas fronterizas y a las empresas de transporte con las autoridades estatales del gobierno central del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Es un negocio con denuncias y contradenuncias.
Por una parte, empresarias y empresarios del transporte señalan a funcionarios del gobierno central de querer quedarse con los dólares; por el contrario, las autoridades argumentan que están desbaratando operaciones irregulares de empresas privadascon el fin de generar rutas seguras y evitar sobrecostos en dólares.
Del otro lado, en Guasaule, El Triunfo y en el resto de Choluteca el proceso tiene confrontados entre sí a funcionarios del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda y, al mismo tiempo, una facción de funcionarios de Libre pelean con políticos del opositor Partido Nacional, de derecha.
El primer escenario de disputa está en Choluteca, al sur de Honduras. Este departamento también comparte frontera con Nicaragua, acá están las fronteras de Guasaule y El Espino. El municipio de El Triunfo en Choluteca es un territorio clave.
Al oriente de Honduras
Los otros puntos fronterizos con Nicaragua con inmigración masiva es el departamento de El Paraíso, en la zona oriental.
Relief Web, un servicio de información humanitaria proporcionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), produjo a mediados de abril de 2022, el Informe misión de trabajo a los municipios de Trojes y Danlí, El Paraíso, para conocer la situación y necesidades de salud de los migrantes en tránsito por esos municipios.
Este informe cita: «Hay fuerte preocupaciones sobre abuso de parte de transportistas, policía y otros. Es importante darle seguimiento y tener más detalles para poder hacer incidencia con autoridades. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) estará apoyando con esto».
En respuesta a la presión, el gobierno creó un servicio de transporte seguro para trasladar de las zonas fronterizas, Las Manos y Trojes, a personas en transito que ingresan sin documentos legales. El sistema de transporte de Nicaragua trae a migrantes que transitaron por Sur América antes de llegar a Honduras.
Al llegar a Las Manos o Trojes son llevadas a Danlí, El Paraíso. Desde El Paraíso, una unidad autorizada las lleva por 90 kilómetros hacia Tatumbla, al este de Francisco Morazán.
En Tatumbla, otro sistema de buses les traslada por 426 kilómetros a Copán, en el occidente de Honduras. Solo las rutas autorizadas pueden trasladar migrantes «en transito irregular».
"Testaferros en Tatumbla"
El defensor de derechos humanos, Alex Rivera Mejía, dueño de una unidad de transporte, con su organización, estuvo hace unos días apoyando a los migrantes, pero el Instituto Hondureño de Transporte Terrrestre (IHTT) —dice— les quitó los permisos legales.
De acuerdo con su denuncia, mediante prestanombres o testaferros funcionarios del gobierno central crearon una empresa para el traslado de migrantes. Las empresas están inscritas con el nombre de otras personas. Estas compañías controladas por funcionarios dejan al margen a otros empresarios de la ruta del transporte seguro.
“Queremos responsabilizar directamente a la gente de transporte del inspector Leonel Rojas, que él es que está más empapado sobre este tema; al comisionado Rafael Barahona porque esta gente lo han tomado —como le explico— ellos, son ahora, ellos son dueños de unidades de transporte. No están a nombre de ellos porque tampoco se van a venir ‘a dar color’ (a evidenciar), pero sí sabemos que ellos tienen transporte, que son propios de ellos y están agarrándose dinero y parando una concesionaria que están legalmente constituida”.
Segun el denunciante, la ruta concesionaria entre varios socios y Ever Reyes actualmente la tienen parada hace más de dos meses. «Ellos (Ever y su concesionaria) tienen su documentación al día; ellos (funcionarios y funcionarias del IHTT) están confabulados con esta señora en Tatumbla en la empresa de transporte Uniendo Fronteras, el día de hoy no están constituidas y esta gente del transporte están abusando del derecho del migrante; están obligando a bajar al migrante para que ellos puedan pagar otra parte de dinero y esta gente los están obligando a abordar otra unidad de transporte».
Rivera Mejía sostiene que los funcionarios del IHTT crearon una empresa de transporte con la gente de Tatumbla. «Han hecho una empresa de transporte Uniendo Fronteras y están extorsionando a los migrantes”. El transportista Ever Reyes tiene parada su operación hace más de dos meses, aunque “ellos tienen su documentación al día”.
“No estamos operando formalmente para poder apoyar a los migrantes que andan pidiendo en las calles, que están en los semáforos. También tenemos bastante apoyo de la gente de la concesionaria de la zona oriente de fronterizos y también los tienen detenidos porque hay una gran corrupción por medio de transporte».
A 185 kilómetros al sur de Tegucigalpa, la capital hondureña, en la frontera con Nicaragua, el origen de una de las disputas por el dinero es un centro de atención para personas migrantes. Está ubicado contiguo a la Aduana de Guasaule. Es propiedad de Alex Ventura, ex Alcalde del Partido Nacional en el municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca.
Ventura tiene un permiso otorgado por autoridades del IHTT que le permite transportar migrantes hasta Agua Caliente, frontera con Guatemala, según el Oficio AG-094-2023. El ex alcalde ha puesto su propiedad para captación, acogida y traslado de migrantes bajo el argumento de que ellos deben descansar, hacer sus necesidades fisiológicas y bañarse.
Un oficio del Administrador de la Aduana de Guasaule, Marlon Varela, cuestiona el permiso de transporte dado a Ventura. Señala que hay una red de tráfico de indocumentados. En el Oficio AG-094-2023, le describe el hecho a Ilse Villatoro, gobernadora departamental, ambos son del Partido Libre. La gobernadora confirmó la autenticidad de este documento.
En unas declaraciones dadas a la prensa local, la gobernadora señala que se ha reunido con Cristian Castillo, actual alcalde del Partido Liberal del municipio de El Triunfo, Choluteca. De tal forma que es evidente que hay dos bandos en disputa.
Las autoridades centrales del IHTT han establecido rutas exclusivas para el transporte de Migrantes, las autoridades locales han entrado en conflicto por este hecho pues ya no se puede trasladar a migrantes en cualquier unidad del transporte. Esto desató una disputa.
Todo lo anterior, llevó al Inspector General del IHTT, Leonel Rojas, a una contraofensiva y a denunciar que existen “bandas integradas por funcionarios locales” que se dedican al transporte ilegal de migrantes haciendo cobros sobrevalorados y en dólares. Se preguntó que si tienen interés en el tema que ¿Por qué no legalizan las empresas de transporte de migrantes? Anunció que hará las denuncias en el Ministerio Público.
Él da por hecho: tienen un aparente negocio de transporte de migrantes y él mismo llegó a la conclusión que no se legalizan porque quizás no van a poder seguir cobrando de manera desproporcionada por este servicio y porque el Estado ahora exige unidades que generen comodidad ya que son largas horas de viaje.
Como consecuencia, el Inspector General del IHTT, Leonel Rojas, y el delegado regional del IHTT, Jairo López, están confrontados.
Rafael Barahona, comisionado prsidente del IHTT, sobre conflicto en Choluteca. #Honduras#Migración MercadoHumano. Una producción publicada por Televida de Choluteca
Al respecto, el comisionado Presidente del IHTT, Rafael Barahona, declaró a través del canal Televida de Choluteca, que Leonel Rojas es superior a cualquier delegado regional. Advirtió que no seguirán tolerando faltas de respeto ni de funcionarios de otras instituciones ni de subalternos.
Este es un tema de derechos humanos por disposición de la presidencia de la república. La intención –dijo Barahona– es un traslado seguro sin lacerar su economía ni teniendo que llevarlos por puntos ciegos; sin que las personas sean llevadas por lugares peligrosos, sin saber en qué unidades de transporte se están trasladando. Esas situaciones irregulares son las que han estado pasando en el departamento de Choluteca.
Para el comisionado Presidente del IHTT, dieron permisos a concesionarios que trasladaran de manera segura a migrantes con el fin de evitar que transportistas sin regulación sigan cobrando 300 y 500 dólares estafandoles por llevarlos de Choluteca a la capital de Honduras, Tegucigalpa.
“Qué tiene que ver digo, yo, un administrador de Aduanas en el tema de transporte; qué tiene que ver la gobernadora en el tema del transporte, por qué se están involucrando en actividades que sencillamente no les compete”, preguntó el funcionario.
Barahona anunció que hablaría con el Director de Migración y de Aduanas porque las autoridades locales no son representantes legales y no están facultados para emitir comunicados. Además, Barahona pidió averiguar a estos funcionarios locales por las acciones que están llevando a cabo.
El titular de Migración a nivel local, Saúl Carranza, aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha mantenido al margen del conflicto porque el director del INM, Allan Alvarenga, le prohibió participar de reuniones con los involucrados.
«La zona sur será regulada como se está regulando el corredor de oriente y se regulará que no se le cobre de manera excesiva a los migrantes. En cuanto al delegado regional del IHTT, Jairo López, la opinión del Comisionado Presidente del IHTT es que López no interactúa de manera adecuada con la Secretaría de Seguridad y con personas de otras instituciones.
“Vamos a aplicar todos los reglamentos que corresponden en materia de personal porque no podemos seguir permitiendo ninguna falta de respeto de ningún funcionario hacia otro del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre”, dijo en alusión a la confrontación que López mantiene con su superior jerárquico, el inspector de transporte.
Barahona respondió que su compañero Jairo López que no ha estado conforme con la labor misma que él está haciendo allá y no ha tenido buena interacción con otras instituciones del Estado. «Entonces sacaron un comunicado ahí extraño entre tres funcionarios que no tenían la facultad para hacerlo», señaló Barahona.
"Hemos puesto orden"
“Hemos puesto orden y es lo que no les gusta”
Jairo López es periodista, fue en el gobierno pasado perseguido por sus denuncias contra la corrupción y por organizar protestas, ahora dice que un lado oscuro del transporte y del bipartidismo se ha confabulado contra él porque ha puesto orden y eso es lo que no les gusta.
Se solicitó una entrevista con López para dar el espacio que dé sus argumentos. Al cierre de edición, se seguía esperando que pueda dar a conocer su versión de los hechos. Como respuesta a las preguntas periodísticas del equipo, el servidor público accedió y dijo que venía reuniones a Tegucigalpa, pero luego no respondió.
En los medios locales del sur de Honduras, López ha dicho que si la gente tiene pruebas de corrupción que vayan al Ministerio Público a denunciarlo o que le reclamen a la presidenta.
“Hemos puesto orden y es lo que no les gusta”. Señaló ante estos medios que quienes le denuncian son “charlatanes” y sinvergüenzas que quieren mantener un monopolio y asegura que hay un lado oscuro del transporte que lo quiere afectar.
Como descargo ante las denuncias de diversas fuentes, López envío un vídeo que al intentar subirlo a las redes sociales muestra infracciones del copyright por el uso no autorizado de la música. Por eso no se pudo difundir.
Este vídeo tiene declaraciones de Wilson Herrera, ex director de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi luego llamada Insep y ahora, SIT) en Choluteca por el Partido Nacional; María Salgado, Secretaria Ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih) y de Ventura.
La línea argumental del vídeo cuestiona que el módelo de transporte seguro, implementado en el oriente, muestra que aunque hay tarifas de 10 dólares se le sigue cobrando lo que no es y que el mismo IHTT baja a las personas en Tatumbla y les obligan a tomar otro bus de Tatumba hacia la frontera con occidente y ni siquiera lo llevan hasta la frontera, según Salgado. Se le cobra a cada migrante hasta 50 dólares para llegar a la frontera de Agua Caliente. Es decir cada migrante paga 1200 lempiras por recorrer los 426 kilómetros desde Tatumbla hasta Copán, zona fronteriza.
Pero estos buses tienen prohibido trasladar personas que transitan sin los documentos legales con que deben ingresar a Honduras.
En el video, enviado por López, además aparece un venezolano denunciando que una persona sin carné que trabaja en el IHTT le están cobrando un pasaje adicional porque pagaron hacia una terminal y los dejan en una gasolinera.
En este vídeo, Alex Ventura, ex director de INSEP, con el Partido Nacional y ex alcalde de El Triunfo, dice tener un permiso para llevar personas de Guasaule a Choluteca (45 kilómetros de distancia), se lo dieron por primera vez por un mes y señala que quien firmó esos permisos fue Barahona.
Pero la carta que el administrador de la Aduana de Guasaule envía a la gobernadora asegura que el permiso de Ventura es para trasladar personas desde Guasaule hasta la frontera con Guatemala (a unos 600 kilómetros de distancia).
Agresiones a la prensa en medio del conflicto
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) emitió la Alerta 055-2023 en la que advirtió a nivel internacional que el gremio de periodistas del Sur de Honduras fue amenazado por el delegado regional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Jairo López, “quien en las últimas horas es señalado como parte de una red de trata de personas en el departamento de Choluteca”.
«Si me toca llevarme de encuentro a unos cuantos periodistas me los llevo, me los llevo de encuentro también”, expresó este funcionario ante diversos periodistas y comunicadores sociales de la zona Sur quienes le consultaron sobre el señalamiento que le hacen las mismas autoridades del IHTT en Tegucigalpa, según trascendió en un noticiero de cobertura nacional», dice la alerta de C-Libre. En medio del conflicto, las personas con denuncias y contradenuncias amenazan con usar los delitos contra el honor ante los señalamientos de supuesta colusión que van y vienen.
El agente, Wilmer Varela, guía canino en Pavana, Choluteca por donde pasan los migrantes, Varela trabaja con su compañero agente canino Boy detectan droga, metanfetamina, clorhidrato de coca y marihuana. El agente canino ha facilitado seis decomisos en tres años.
Los síntomas
Es en todo este contexto descrito que las consecuencias de las irregularidades en el sector transporte se evidencian con decomisos. El 17 de julio pasado, la Policía Nacional decomisó un bus en el departamento de Copán, en la zona fronteriza con Guatemala. La unidad transportaba a 18 migrantes provenientes del punto fronterizo de Guasaule, en la frontera con Nicaragua.
Está unidad de transporte recorrió del sur del territorio al occidente de Honduras con un documento que tiene irregularidades en el uso de la firma de Rafael Barahona, de acuerdo con el testimonio de Leonel Rojas, Inspector General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
La firma del Comisionado Presidente del IHTT, Rafael Barahona, para transportar migrantes la hace en físico y el jefe regional del IHTT, Jairo López, extendió la firma digital del comisionado presidente, por eso el código QR no funcionó. El conductor de la unidad — dijo Rojas — aseguró que fue Jairo López quien otorgó el permiso. Se han estado otorgando permisos para trasladar veraneantes y con estas autorizaciones han llevado migrantes como si se tratara de un documento que legaliza el transporte de extranjeros, de acuerdo con la descripción de Rojas.
El 18 de julio en Pavana, Elba Reyes de la regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en Choluteca, denunció que decomisaron una unidad de transporte sin el permiso correspondiente, con 19 migrantes provenientes de Guasaule, las personas habían pagado hasta 260 dólares (Más de cinco mil lempiras).
Es una red organizada para trasladarlos de un bus a otro con sobrecostos, las autoridades deben investigar para detener el flagelo de la delincuencia para la trata de personas, declaró Reyes. A raíz de esto, la oficina del Conadeh inició una investigación de oficio tras las denuncias de violaciones a migrantes en la zona sur y pide a las autoridades esclarecer los hechos.
Injerencia de diputados en el Poder Ejecutivo
Isaac Fúnez era tramitador privado en la Aduana de Guasaule, pero el administrador de la Aduana, Marlon Varela, le dijo que ya no podía trabajar alrededor de la oficina. El motivo esto fue la disputa política entre Fúnez y Varela.
Fúnez tuvo represalias porque no quiso apoyar las aspiraciones prematuras de Varela para ser candidato a alcalde de El Triunfo.
El diputado de Libre, Mauricio Rivera, quiso hacer una reunion pública, como una especie de asamblea, para nombrar al titular de la Aduana de El Guasaule, pero a Funez y a los demás activistas de Libre no les pareció una buena idea ya que, a su juicio, eso le competía solo al partido en el poder y no a todo el publico. Al final quien influyó para imponer a Varela en ese puesto fue el diputado de Libre, Luis Ortega.
Fúnez denunció que Jairo López y Varela antes no eran amigos, pero cuando empezaron a pasar buses repletos con migrantes que venían desde Nicaragua entonces resolvieron sus diferencias y se alababan públicamente.
“Luego vemos a Jairo en la Aduana, con un grupo del IHTT pidiendo a los dueños de los buses los permisos para el traslado de migrantes. Entre Aduanas y el IHTT podría haber algo de compadre hablado porque cuando llegaba un bus desde Nicaragua, a los 40 minutos, ya estaban los del IHTT pidiendo los permisos de operación y ellos se preguntaban ¿será que Marlon (Varela) le pasa información a Jairo? Las personas hacían su trámite migratorio, pero no se podían movilizar porque estaban esperando a Jairo. Prácticamente (los migrantes) estaban como retenidos hasta que llegaban las autoridades de Transporte a otorgarles el permiso”.
Entre octubre, noviembre y diciembre estuvo pasando una gran cantidad de buses nicaragüenses con Migrantes, dijo Fúnez.
Reporteros de Investigación tiene audios de supuestos pagos hechos por transportistas, en la aduana. “De lo que sí tengo conocimiento y ha circulado en un audio es que estas personas le pagaban 20 dólares por unidad a la Aduana para el aseo”. Estos 20 dólares entran sin control, dijo Fúnez.
Cuando los transportistas no pagan estos 20 dólares deben pagar una multa. Hace poco decían que estaban cobrando hasta 200 dólares de multa.
Se solicitó una entrevista a Varela para que dé sus puntos de vistas y dos periodistas de RI fueron agredidos al intentar darle espacio. Al cierre de edición, sigue abierta la oportunidad para que dé su versión de los hechos y se está solicitando una entrevista al titular de la Dirección de Aduanas, Fausto Cálix. Más información sobre la situación de cobros en Gausaule será revelada en la segunda entrega de esta investigación periodística.
Funcionarios-transportistas
RI obtuvo tres bases de datos distintas para buscar el nombre de dueños de autobuses en Choluteca. Se descubrió que hay funcionarios con un evidente conflicto de interés pues les toca legislar para reordenar el tema de transporte y al ser servidores públicos también son empresarios del transporte en la misma ruta migratoria.
La política de Partido Nacional Adelinda Pavón aparece como dueña de seis unidades de Transportes San Benito que prestan su servicio entre Tegucigalpa, Choluteca y Orocuina; Rubén Vicente Ortíz, regidor de Marcovia Choluteca por el Partido Libertad y Refundación aparece como parte de la empresa Transportes Ortíz que recorre Choluteca y Cedeño.
Ademas, la alcaldesa del Partido Nacional del municipio de Concepción de María, Vilma Yamileth Ordóñez Corrales, aparece con cinco unidades a nombre de Transporte Ordóñez que recorren la ruta de Concepción de María en El Triunfo, Choluteca.
Funcionarios enjuiciados
Lo sensible de este tema es que hay funcionarios bajo investigación por tráfico de personas. De 2020 a 2022, cinco funcionarios públicos fueron enjuiciados. Un policía de investigación criminal fue acusado criminalmente el 11 de octubre de 2021 y recibió una carta de libertad provisional.
Entre 2017 y 2022 hubo más de 61 personas procesadas por tráfico de personas y por otros ilícitos relacionados. La mayor cantidad de causas se anotó en occidente. Mas no hubo registro del número de sentencias en el mismo periodo, refleja la respuesta a la solicitud de Información SOL-SSSS-1835-2024.
Ayuda humanitaria
En Choluteca está el Centro de Atención a Migrantes monseñor Guido Charbonneau. Un espacio fundado el primero de junio del año pasado, el 70 a 80 por ciento de extranjeros que atienden son venezolanos, según sus reportes.
En este albergue también atienden a venezolanos que están regresándose y están pidiendo el retorno voluntario; también atiende a personas hondureñas que están en construcción de alguna prótesis que por el viaje tuvieron algún problema y perdieron un miembro. Este centro les permite estar aproximadamente unos 10 días en el lugar sin ningún problema para poder brindarle las atenciones psicológicas, asesoría legal básica. Y en el caso que requieran protección, se buscan las organizaciones internacionales para brindar esta ayuda. También las organizaciones están trabajando, pues, son varias entre ellas el Consejo Noruego para Refugiados, ACNUR, Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Hondureña.
178,000 migrantes en transito
Entre enero y el 15 de diciembre del 2022 , más de 178,300 migrantes transitaron por Honduras en medio de abusos y violaciones a sus derechos humanos.
Un taxista, un pastor evangélico y varios abogados de Melara y Asociados son parte de la corporación que dio origen a Próspera, la empresa millonaria. Ahora, la transnacional ha demandado al Estado de Honduras por $10,775 millones
Este primer reportaje de la serie de tres Los Secretos de Próspera es el resultado de tres años de trabajo en los cuales recibimos una serie de agresiones, atentados, asaltos, amenazas, espionaje e intimidación hacia varias personas del equipo que contribuyeron a este reporte
Consultamos más de 10,000 páginas de 200 documentos en las Cámaras de Comercio e Instituto de la Propiedad de Honduras e hicimos más de 50 entrevistas. Esta serie de tres capítulos fue realizada por el equipo de Reportar sin Miedo. Es distribuida por Radio Progreso, En Altavoz, Reporteros de Investigación, Pasos de Animal Grande y otros medios
Este reportaje fue realizado con el apoyo de International Women’s Media Foundation como parte de la iniciativa Exprésate
Por: Redacción de Reportar sin Miedo
Fotos y videos de Reportar sin Miedo y Próspera
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. En el video, dos niñas acompañan a Sulma Xiomara Escobar García mientras hace sus labores diarias. Están en la población de Crawfish Rock, Roatán, norte de Honduras. Como todo promocional, el video tiene imágenes bonitas, narración optimista y música motivadora.
“Doy gracias a Dios por la oportunidad que ellos (Próspera) me ofrecieron cuando necesitaba un trabajo. Me hacen sentir bien, como en mi casa”, asegura Sulma en el video que la ZEDE Próspera, establecida en Roatán, Islas de la Bahía, subió a Twitter a finales de 2022.
Our community offers new opportunities for Hondurans to grow in an ecosystem of prosperity and equality. 🤝
No sólo Sulma habla de las supuestas bondades de la zona de desarrollo económico (ZEDE) Próspera.
En otro video promocional, Virginia Mann se describe como “profesora en Próspera”. Asegura que trabajar para la ZEDE es “maravilloso”. Mann sale rodeada de niñas y niños a quienes supuestamente da clases.
Enthusiastic co-creators like Virginia Mann love working at Próspera and delivering success for Honduras. pic.twitter.com/bCMkrPoWe7
“Próspera va a traer prosperidad a la isla”, agrega. “Va a traer empleo, educación, mejores hospitales, lo que Roatán necesita”.
Virginia Mann.
Sin embargo, otros pobladores de Crawfish Rock aseguran que la situación no es tan maravillosa como la pintan Sulma y Virginia.
Hablan con temor de posibles expropiaciones. También mencionan la palabra desalojo.
Ese es el caso de una habitante de esa comunidad de Roatán que pidió respetar su anonimato. Según ella, las ZEDE han venido a Honduras a expropiar las tierras de las y los pobladores y a desalojarlos. En entrevista para Reportar sin Miedo manifestó que sienten temor porque no tendrán adonde ir si les quitan sus propiedades.
La entrevistada se refiere a que el Congreso Nacional aprobó el decreto 120-2013 el 6 de septiembre del 2013. La legislación originó la ley orgánica de las ZEDE para confiscar y expropiar terrenos privados con el fin de expandirse.
Por otra parte, las ZEDE han promovido el desarrollo económico de Honduras, según el abogado Jonathan Zavala. “El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado que en los países no sólo hay que depender de la industria maquiladora, sino que diversificar sus industrias para no quedar acéfalos en cuestiones de impuestos”, afirma.
Sin embargo, debido a la cantidad de tierras que las ZEDE con la colaboración de intermediarios, el activista y coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, señala que los inversionistas de las ZEDE quieren implementar un nuevo sistema de gobernanza en Honduras que elimina la forma del Estado y la República.
“Estos proyectos son libertarios, en los cuales no existe gobierno más que el capital. Eso significa que para esto tienen que hacer procesos de transición. Además se han interpuesto denuncias a directivos de las ZEDE, por amenazas, hostigamiento y persecución a defensores del territorio”, enfatiza el ambientalista.
Luego de la derogación que daba vida a las ZEDE, los inversionistas de las zonas de desarrollo han demandado mediante un arbitraje internacional al Estado de Honduras por $10,775 millones de dólares.
Dicho monto abarca una tercera parte del producto interno bruto de Honduras. La demanda se debe a que el Estado ha incumplido el respeto de la estabilidad que durante el gobierno nacionalista les prometió una estadía de 50 años, aseguró el abogado de ZEDE Próspera, Jorge Colindres.
Para algún sector de la sociedad, el tema de las ZEDE podría generar un cambio drástico en el desarrollo económico del país mediante la atracción del capital extranjero y hondureño debido a los ingresos de más del 12 por ciento.
Sin embargo, la mayor parte de la población hondureña rechaza este proyecto. Lo considera invasor y violador de los derechos humanos, ya que sólo busca beneficios para un grupo de poder.
Edificios dentro de la ZEDE Próspera. Foto: Dashiell Allen.
Asimismo, diferentes expertos han reiterado que, a causa de la jurisdicción y a la falta de una regulada política fiscal, el régimen podría abrir las puertas para que empresas laven dinero del narcotráfico y la corrupción.
No sólo fue promovida por Juan Orlando Hernández, expresidente que ahora está preso en EE. UU. Además, la ZEDE Próspera ha sido señalada por su supuesta falta de transparencia.
Según documentación consultada por Reportar sin Miedo, Erick Brimen, CEO de Próspera obtuvo la tierra donde se estableció por medio de la sociedad anónima Brimont Investments.
Sin embargo, la empresa del estadounidense Brimen no aclaró sus intenciones de construir un régimen de ZEDE en esa región de Honduras.
Ciudadano protestando contra las ZEDE. Foto: Zaydee Sánchez.
El propio Erick Brimen, en declaraciones exclusivas a Reportar sin Miedo, habla sobre la transparencia de su compañía. “Honduras Próspera Inc. es una empresa privada de capital estadounidense y ha sido el principal inversionista y desarrollador en la jurisdicción especial conocida como Próspera ZEDE. Todas las empresas que operan en Próspera están inscritas en un registro público de entidades, al cual se puede acceder a través del portal de gobierno electrónico de Próspera: eprospera.hn”, afirma.
Y Brimen agrega: “Antes de iniciar operaciones, el desarrollo de Próspera fue notificado a la alcaldía de Roatán y la alcaldía de La Ceiba, quienes nos dieron la bienvenida a desarrollar los diferentes proyectos que hoy se llevan a cabo en Próspera”. Asimismo, en la entrevista para Reportar sin Miedo destaca que un diputado del Congreso Nacional por Islas de la Bahía sabía de las intenciones del proyecto de Próspera.
¿Quién mueve los hilos de Próspera?
En abril del 2022, el Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo derogó las ZEDE. De ese modo cumplieron una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro con la votación de 128 diputados, incluyendo muchos del Partido Nacional que las promovieron junto al expresidente Juan Orlando Hernández.
Respecto a la derogación, el Congreso Nacional de Honduras expresó que a partir de ese día dejaban de tener validez jurídica las leyes orgánicas, leyes, reglamentos y resoluciones. También dejaban de ser válidos los actos, disposiciones, contratos, concesiones y cualquier otra normativa relacionada con las ZEDE.
La derogación de las zonas de empleo entrará en vigor con la ratificación en la próxima legislatura de 2023, la sanción del Ejecutivo y la publicación en La Gaceta oficial del Estado hondureño. Ha pasado más de un año desde esta última decisión y hasta la fecha el Congreso Nacional no ha logrado ratificar la derogación.
“Nos sentimos traicionadas”, dice Venessa Cárdenas, una de las mujeres que resisten junto con varias compañeras del patronato de Crawfish Rock, en Roatán.
Carteles contra las ZEDE en La Ceiba.
Asimismo, la presidenta del patronato de Crawfish Rock, Luisa Connor, pide al Gobierno de Honduras proteger a las defensoras de las comunidades y solucionar por unanimidad la derogación de las ZEDE.
Mientras tanto, muchos se preguntan quiénes son las personas que están detrás de Próspera. Ni siquiera la protagonista del video promocional de la ZEDE, Sulma Escobar, puede decirlo. Sigue siendo un enigma la identidad de los “cerebros” que han levantado estructuras en Roatán y una enorme campaña publicitaria para hacer de las ZEDE un proyecto apetecible para el público nacional e internacional.
Además de preguntarse desde hace dos años quiénes impulsan Próspera en Honduras, muchos quisieran saber cómo estas personas obtuvieron los bienes que poseen en Crawfish Rock. Sobre este asunto, Reportar sin Miedo ha hecho una investigación que evidencia las irregularidades en la compra de las propiedades que esta ZEDE ha hecho en Roatán.
De acuerdo con documentos obtenidos por Reportar Sin Miedo, la tierra que conforma Próspera fue obtenida a través de la sociedad anónima Brimen Investments. Sin embargo, la sociedad no aclaró en el momento las intenciones de construir una régimen de ZEDE. Ese secretismo ha producido el descontento de la población de la comunidad vecina. Además se trata de una falta de transparencia.
Confortables instalaciones en la ZEDE Próspera. Foto: Dashiell Allen.
Conocidos por muchos como “un país dentro de un país”, las zonas de empleo y desarrollo económico son un régimen especial dentro del territorio hondureño donde no aplican una gran parte de las leyes de la nación.
Las ZEDE fueron autorizadas por el expresidente Porfirio Lobo Sosa mediante un decreto legislativo en 2012. Fueron ratificadas un año más tarde en un intento de desarrollar la economía de Honduras a través de la inversión extranjera.
En la actualidad, sus habitantes pagan impuestos reducidos. La ZEDE tiene sus propias medidas de seguridad y políticas fiscales, entre otras diferencias. Además, según el decreto legislativo, tienen el derecho de expropiar propiedades.
Así nació Próspera
Gráfico realizado por Reportar sin Miedo.
La zede localizada en Roatán está conformada por Honduras Próspera LLC.y por dos sociedades mercantiles constituidas en Tegucigalpa: Brimont Holding Company S. A. y Brimont Investments S. A.
Respecto a Honduras Próspera LLC, fue registrada por el estadounidense Erick Brimen, como propietario el 28 de agosto de 2017 en Delaware en Estados Unidos. Esta empresa fue inscrita inicialmente con el nombre de Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras, sin embargo, el 17 de julio de 2019 se modificó el nombre de esta sociedad.
Un mes después de haber inscrito en Estados Unidos a Honduras Próspera LLC., se constituyó en Honduras la empresa Brimont Holding Company S.A, el 22 de septiembre de 2017. Mientras que la otra sociedad, Brimont Investments S.A., la inscribieron el 28 de septiembre de 2017, ambas ante el Registro Mercantil de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Las dos empresas fueron conformadas por Erick Alexander Brimen y el hondureño, César Abraham Tercero Nuñez, según documentos revisados exclusivamente por Reportar Sin Miedo.
La finalidad de la sociedad es la inversión en otras sociedades y compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, edificación de construcciones, participación accionaria en otras sociedades y explotación del turismo en todas sus ramas, describen las escrituras públicas de constitución de ambas empresas.
Otro dato importante es que la Junta Directiva de ambas empresas, figuran como representantes legales y secretarios, siete empleados de la firma legal del bufete de abogados Melara & Asociados.
Un taxista entre los socios de Próspera
Erick Alexander Brimen es un inversionista que ha cerrado grandes contratos con inversores de Hong Kong, Londres y Estados Unidos. Sin embargo, para obtener las propiedades en Roatán decidió crear empresas en Honduras con el taxista César Abraham Tercero Núñez.
Además de conductor de taxis, Núñez fue candidato a alcalde por el Partido Liberal de Honduras. Asociado al movimiento Unámonos del excandidato presidencial Enrique Ortez Sequeira en las elecciones internas de 2017, Núñez buscaba la alcaldía del municipio de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán.
Núñez es uno de los inversionistas del ambicioso proyecto de ZEDE Próspera con el uno por ciento del capital. Según documentos revisados exclusivamente por Reportar sin Miedo, Erick Alexander Brimen constituyó Brimont Holding Company S.A. junto con el hondureño César Abraham Tercero Núñez.
En su Facebook, César Abraham muestra una vida sin lujos, en la sencillez. En algunas imágenes se le ve compartiendo con su familia entre una hornilla y varias hamacas. También se observa su espíritu solidario, organizando eventos para celebrar el Día del Niño y colocando oportunidades de trabajo de empresas para sus vecinos.
Sin embargo, al mismo tiempo no deja de promocionar sus servicios como motorista profesional de un automóvil turismo y un microbús . “Están disponibles para viajes donde tú lo decidas”, escribe.
Política y negocios: Melara y Asociados
Para formar las empresas que usó Próspera, es decir, Brimont Holdings e Investments, la junta directiva y de societarios se formó con varios empleados de la firma legal Melara y Asociados. Entre los asociados a este par de empresas se hallan la asistente legal y abogada Sharon Alexandra Cálix Chávez.
La asistente legal tuvo poder especial parareformar la escritura de constitución y estatutos de ambas empresas. De ese modo optimizó el funcionamiento de la sociedad y adoptó el régimen societario creado mediante decreto 284-2013 de la Ley para la Generación de Empleo, Fomento a la iniciativa Empresarial, Formalización de Negocios y Protección a los Derechos Humanos de los Inversionistas.
Mientras tanto, el 2 de agosto de 2018, Erick Alexander Brimen, en su condición de administrador único de Brimont Investments S. A., le otorgó poder especial y amplio a Tristán Mason Monterroso Mason para que en representación de Brimont Investments S. A. pueda comprar bienes inmuebles ubicados en Roatán.
Monterroso es un pastor evangélico y ciudadano hondureño con residencia en Sandy Bay, Roatán, departamento de Islas de la Bahía.
Una nota elaborada por The Roatan Lifestyle Magazine destaca que Brimen, nacido en Venezuela y estudiado en Estados Unidos, fue amigo de la infancia de Tristán Monterroso, quien en 2002, hablaba de Roatán como un lugar hermoso que no contaba con la infraestructura para atraer el turismo. Fue desde entonces que Brimen mostró un interés en invertir en la isla.
Otros socios de Próspera
Para el 17 de octubre de 2018, el cuadro general de accionistas de Brimont Investments S. A. está conformado por Brimont Holding Company con el 90% de acciones. El resto está a nombre de Gladys Xiomara Medina Reyes. Como apoderada legal aparece la abogada Nelly Judith Rodríguez.
Por otra parte, Erick Alexander Brimen le confiere poder general de administración y dominio al ciudadano norteamericano Nicholas Constantine Draniaspara realizar cualquier tipo de trámite a fin de incorporar inmuebles al régimen de las ZEDE.
El 27 de marzo de 2019, se modificó la escritura de constitución y estatutos de la sociedad Brimont Investments S. A. La alteración tuvo el fin de optimizar el funcionamiento de la sociedad y adoptar el régimen societario creado mediante decreto 284-2013, más conocido como ZEDE.
Para el 21 de junio de 2019, se le otorga poder a Aída Carolina Sierra Torres a favor deIsis Maytté Ordóñez Aguilar, ambas con despacho legal en Melara y Asociados. Así, de manera conjunta o individual, en nombre de Brimont Investments adquirieron poder para trasladar los asientos registrales de dominio sobre cinco inmuebles de la sociedad al registro especial de las ZEDE, en ese entonces denominada village of North Bay, en Crawfish Rock, Roatán.
apoderada legal de la empresa nombraron a la abogada Nelly Judith Rodríguez. El mismo documento detalla que le otorgaron un poder especial y amplio a la abogada Nancy del Carmen Mira Colindres para que en nombre de Brimont Holding Company S. A. pudiera constituir la nueva sociedad Brimont Investments S. A.
Cabe destacar que Nancy del Carmen Mira Colindres se desempeñó como personal auxiliar en los Juzgados de Letras Penal en Materia de Corrupción durante la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras mientras esta estuvo en el país. Además fue postulante bajo el cargo de escribiente. El documento fue subido a la página del Poder Judicial.
Esta investigación revelada por Reportar Sin Miedo, abre el debate de cómo Erick Brimen conocido por su visión y facilidad para hacer negocios en el extranjero, haya llegado a Honduras para asociarse con dos personas no conocidas en el mundo empresarial y que no poseen capital económico para crear una Zede en Roatán, un proyecto millonario que ahora tiene demandado al Estado con 266 millones de Lempiras, aproximadamente. (10,775 millones de dólares estadounidenses).
Tres mujeres trans, varios gays, bisexuales y heterosexuales fueron las primeras víctimas de torturas y otras violaciones de sus derechos cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Mientras tanto, en el penal de Siria, varias personas sufrieron quemaduras de segundo grado después de que las expusieron a condiciones extremas de clima.
Al mismo tiempo, periodistas y defensores que documentan e investigan las violaciones contra personas privadas de libertad recibieron ataques en las redes sociales a través de bots, así como amenazas para hacerles callar
Por Reportar sin Miedo y Reporteros de Investigación
Tegucigalpa, Honduras. Los toletazos y golpes “llovieron” desde el 26 de junio sobre los hombres hacinados en el penal de Támara, a 30 kilómetros de Tegucigalpa. Las golpizas en el penal del centro de Honduras son una de las violaciones de derechos humanos que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) está cometiendo tras haber tomado el control de las cárceles en la última semana de junio.
El decreto de militarización emitido por la presidenta Xiomara Castro el 22 de junio de 2023 expuso a las personas privadas de libertad a la humillación pública.
El decreto también ha convertido a la población penitenciaria en víctima de torturas. Los abusos físicos en su contra replican los implementados por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador, según denuncias de familiares y defensores documentadas por Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo.
De las golpizas del 26 de junio se salvaron muy pocos. La PMOP, creada por decreto del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013, maltrató a partir de ese día tanto a tres mujeres trans como a gays, bisexuales y heterosexuales.
Las fotografías mostraron el resultado de los abusos físicos y psicológicos en el penal. Las personas privadas de libertad tenían la piel cruzada de moretones, así como heridas profundas y graves en brazos y espalda.
“Así quedaron los cuerpos de privados de libertad”, publicó Hugo Maldonado, del Comité de Defensa de Derechos Humanos. “Tampoco se puede callar y volverse cómplices (de) estas acciones irregulares”, escribió Maldonado en su Twitter. Mostró imágenes tomadas a privados de libertad en el penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán.
Ante las denuncias, defensores por torturas y violaciones de derechos humanos, jueces ejecutores del Poder Judicial anunciaron que realizaron inspecciones en centros penales del país para implementar el hábeas corpus correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el centro penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención.
Las personas defensoras de derechos humanos no permanecieron en silencio debido a las torturas y actos inhumanos en Támara, en especial contra la población LGBTIQ+.
“No es delito ser trans, gay, bisexual. Si los militares no nos aceptan, que se vayan a los carteles”, exigió una defensora de derechos de las personas privadas de la libertad.
Sin embargo, las campañas de terror en Honduras perjudican no sólo a las y los privados de libertad, sino también a quienes los defienden.
Mientras los maltratos denunciados por Hugo Maldonado se multiplican tras los muros de las cárceles, personas defensores de derechos humanos son el blanco de campañas de calumnia y desinformación.
Defensoras en la mira de los ataques
La destrucción de reputaciones y el desprestigio se han ensañado en los últimos días contra quienes exigen respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La violencia abarca a reconocidas periodistas que han alzado la bandera de defensa de los derechos humanos.
Uno de los intentos de manchar la imagen de los defensores de derechos humanos circuló en días pasados en las redes.
La publicación atribuida al sitio web Infobae afirmó el 3 de julio reciente que un supuesto reporte del centro de investigación internacional InSight Crime vincula a defensores y periodistas con la pandilla MS 13.
Bajo el encabezado “Mara MS13 y vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”, la publicación menciona un “informe de inteligencia de la reconocida revista InSight Crime”.
El supuesto documento revela, según el post, “cómo la temible mara MS13 de Honduras tiene entre sus filas a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”.
Además, la publicación señala que los defensores “presionan al gobierno” para que les den “privilegios a los privados de libertad».
“Esto es falso”, aseguró InSight Crime sobre la publicación que pretende ensuciar el nombre de quienes alzan la voz en defensa de las y los privados de libertad en el país.
“InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”, agregó el centro de investigación criminalística.
En Honduras circula una imagen sobre un supuesto reporte de InSight Crime vinculando a defensores de DDHH y periodistas con la MS13. Esto es FALSO. InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques. pic.twitter.com/KVuSp3c7Up
— InSight Crime Español (@InSightCrime_es) July 4, 2023
Unas de las defensoras calumniadas por la publicación atribuida a Infobae es la directora ejecutiva de ACI Participa, Hedme Castro. Su fotografía, junto a la de Wendy Funes de Reporteros de Investigación, Rihanna Ferrera de Cozumel Trans, Hugo Maldonado y Blanca Izaguirre de Conadeh, así como Delma Ordoñez de Asocide PP aparecieron bajo el encabezado de la publicación atribuida a Infobae.
La organización defensora de derechos humanos no tardó en pronunciarse el 4 de julio en un comunicado. Llamó al post “infundios” y lo rechazó “rotunda y categóricamente”.
A continuación, ACI Participa acusó a los autores de la publicación de actuar “desde la sombra, como lo hacen los cobardes, con el afán de difamar y desprestigiar”.
Según la organización defensora, la intención del post es “promover ataques contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos o justificar acciones represivas desde los órganos del Estado”.
Agregó: “Nadie en Honduras y fuera de ella desconoce cuáles son las vinculaciones del crimen organizado en Honduras. Si alguien tiene dudas, que pregunte en la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.
En Honduras circula una imagen sobre un supuesto reporte de InSight Crime vinculando a defensores de DDHH y periodistas con la MS13. Esto es FALSO. InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques. pic.twitter.com/KVuSp3c7Up
— InSight Crime Español (@InSightCrime_es) July 4, 2023
Ante los ataques a comunicadoras y defensoras, el medio digital Pasos de Animal Grande reprodujo hoy un comunicado de la Mesa de Derechos Humanos.
En el documento, la Mesa consideró que el post atribuido a Infobae es una “noticia falsa” con la cual “se pretende colocar los rostros de las personas afectadas al frente de posibles atentados contra sus vidas”.
Además, el comunicado denunció el silencio presidencial respecto a la publicación, considerada calumniosa por varias organizaciones.
“Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”, indicó el comunicado de la Mesa.
MESA DE DERECHOS HUMANOS: "Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio". pic.twitter.com/Z8pWxnFMgS
— pasosdeanimalgrande (@pasosdeanimal17) July 5, 2023
“Hay voces que al silenciarlas harán cambios para siempre”
A los discursos de la indignación se unió la voz de Wendy Funes. La premiada periodista señaló en varias publicaciones cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público “se apoderan de la seguridad y garantizan la impunidad”.
“Criminales de las FF. AA. y la PMOP con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos”, publicó Funes. “Deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre”.
1/2 Criminales de @FFAAHN y de la @PMOPHN con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos, deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre
Asimismo, la directora del medio digital independiente Reporteros de Investigación lamentó que “sicarios de élite” sigan silenciando a quienes defienden los derechos humanos en el país.
“Los criminales como ustedes que quisieron silenciar a Manuel Buendía, a Guillermo Cano, a Berta… sólo lograron potenciar su voz… sus balas son rápidas… las voces más lentas… ¡asesinos!… Berta se multiplicó y le contó al mundo que ustedes son sicarios de élite”, escribió Funes.
Los reclamos de Funes se presentan en un ambiente de violencia que no sólo atenta contra los derechos de privados de libertad y comunicadores. Con el estado de excepción y los toques de queda decretados por el gobierno, ni la ciudadanía ha escapado de que violenten sus derechos elementales.
Además de Funes, otros periodistas de los medios digitales independientes Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han sufrido una serie de amenazas directas con ataques de bots por medio de las redes sociales.
Los colaboradores de ambos medios también han recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. Asimismo han sufrido persecución e intento de hackeo de sus redes sociales y sus páginas web.
Es necesario señalar que tanto Reportar sin Miedo como Reporteros de Investigación han realizado una serie de denuncias por la situación de las cárceles y las redes de poder que están detrás de ellas.
Gobierno tomó “medidas desproporcionadas”
A pesar de las denuncias constantes de torturas en las cárceles y de persecución de defensores y periodistas, el Estado no ha actuado como se esperaba para contrarrestarlas. Al contrario, no ha hecho más que ampliar las acciones contra el derecho a la libertad ciudadana.
Respecto a la situación en las cárceles, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Oacnudh) pidió reformar el sistema penitenciario. Para Albaladejo, es necesario pasar del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad. Para Oacnudh, dos de los grandes retos del sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento y la mora judicial. En diciembre de 2022, señaló que el sistema tiene un índice de hacinamiento de 34.2%. Entretanto, al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.
Hoy Día Intl. de Apoyo a las Víctimas de Tortura, Isabel Albaladejo, Representante de #OACNUDH llamó a las autoridades a impulsar la reforma del sistema penitenciario pasando del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad. pic.twitter.com/cfxgzR0mS5
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) comparó en un comunicado las medidas estatales en Honduras contra las personas privadas de libertad y la ciudadanía en general con las “políticas violatorias de derechos humanos del gobierno (del presidente salvadoreño Nayib) Bukele”.
La militarización del país como respuesta a la violencia reciente es una actitud preocupante para la organización global. Además de otorgar más poder a la Policía Militar, la mandataria Xiomara Castro impuso el estado de excepción y luego el toque de queda.
Castro decretó estado de excepción el 3 de diciembre de 2022 para contrarrestar, supuestamente, la extorsión y otros delitos en el país. Sin embargo, la medida no ha sido eficaz, según los críticos del gobierno. “El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos ha derivado en violaciones a los derechos humanos”, afirmó AI. Entre las violaciones señaladas por AI se hallan detenciones arbitrarias, maltratos, discriminación, restricciones de la libertad de expresión, tortura y desapariciones forzadas.
🚨#Honduras: Ante la imitación por parte del gobierno de @XiomaraCastroZ de políticas violatorias de los DDHH del gobierno de @nayibbukele para abordar retos de seguridad pública, llamamos al Estado hondureño a respetar los DDHH.
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 29, 2023
El toque de queda decretado por Castro entró en vigor el 4 de julio de 2023 en San Pedro Sula y Choloma desde las 11:00 p.m. hasta las 4 a.m.
Supuestamente, la medida tiene como objetivo controlar el acelerado aumento de hechos criminales en las últimas semanas.
Por medio de estas iniciativas, el gobierno no sólo buscaba reducir hechos violentos como el motín en la cárcel de mujeres de Támara del 2 de junio que dejó 46 muertas.
Además, Castro impulsó el toque de queda en un supuesto intento de frenar los asesinatos múltiples registrados en varias ciudades de Honduras durante la segunda mitad de junio.
Los asesinatos múltiples culminaron con el que acabó con la vida de 13 personas en un billar de la ciudad de Choloma, a 16 kilómetros de San Pedro Sula, norte de Honduras.
Amnistía Internacional señaló que en su intento de detener “la grave violencia del crimen organizado”, el gobierno de Honduras he tomado “medidas desproporcionadas que suspenden las garantías constitucionales».
Las iniciativas del gobierno de Castro para detener la violencia han culminado hasta el 31 de mayo en unas 193 denuncias relacionadas con el estado de excepción, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
Las acciones violentas denunciadas incluyen uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y amenazas, incluyendo disparos para atemorizar a la población.
Controversias y oración Por falta de autonomía, integridad y ética durante la emergencia en el sistema penitenciario, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) ha sido duramente criticado en un comunicado de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Entre las OSC firmantes se hallaban el Centro de Estudio para la Mujer, la Asociación de Familiares de Privados, el Centro de Desarrollo Humano, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad, ACI Participa, la Asociación para Una Vida Mejor y Cozumel Trans.
Días después, el 3 de julio, el Conaprev lamentó en otro comunicado que las OSC criticaran su gestión. “Lamentamos que hayan consignado que el MNP Conaprev no goza de integridad y ética en sus actuaciones”, señaló la institución.
Asimismo, el Conaprev pidió a las autoridades militares asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Por otra parte, la imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, ha causado una serie de controversias. Muchas personas critican al funcionario por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Nueva York en espera de un juicio en enero de 2024.
“Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más, ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.
Cumpliendo con las instrucciones de la presidenta @XiomaraCastroZ y en el marco de la “Operación Fe y Esperanza” que realiza las @FFAAHN con apoyo de la @PMOPHN, se desarrolló operativo simultáneo en la cárcel de La Tolva y El Pozo.
Tomado de Infobae, periódico con sede en Argentina
En Honduras crece la hipótesis de un boicot de la fuerzas de seguridad que permitieron la matanza y el retorno del control de la seguridad pública a los uniformados que consolidaron su poder durante el mandato del ex presidente Juan Orlando Hernández
Por Héctor Silva Ávalos 2 Jul, 2023
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Cuarenta y seis mujeres fueron asesinadas en una cárcel de Honduras a finales de junio. La masacre, que fue la tercera más letal en la historia carcelaria del país centroamericano, ha profundizado la crisis de seguridad, ha vuelto a poner al descubierto la corrupción estatal y volvió a llevar a los militares al frente de la seguridad pública.
La presidenta Xiomara Castro se rodeó de militares uniformados en uno de los salones del palacio presidencial de Tegucigalpa dos noches después de la masacre en Támara, la principal cárcel de mujeres del país, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital. Ya para entonces, a pocas horas de la matanza, Castro había destituido a su ministro de seguridad, había recompuesto a la cúpula de la fuerza pública, disolvió una comisión especial para sanear las prisiones y había devuelto por completo a los militares el poder que tenían durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos en espera de un juicio por narcotráfico.
La matanza de Támara ocurrió la noche del martes 20 de junio. Las primeras versiones filtradas por la policía a los principales medios de comunicación de Honduras indicaban que un grupo de pandilleras del Barrio 18 habían planificado un ataque contra internas de la MS13, la pandilla contraria. Las atacantes, con armas de grueso calibre, dispararon contra algunas de sus víctimas y prendieron fuego a dos colchones con los que provocaron un incendio que calcinó a varias de las presas. La reacción de la presidenta Castro llegó pronto.
Esa misma noche, la presidenta Castro anunció la destitución de Ramón Sabillón, el general de la Policía Nacional que descubrió los nexos entre el expresidente Hernández con el narco a principios de la década pasada y a quien la nueva mandataria había puesto al frente de la seguridad pública. En su lugar, Castro puso a una camada de militares de viejo cuño, algunos vinculados al viejo poder de Hernández.
La periodista Wendy Funes, quien ha seguido la transformación de la narcopolítica en Honduras desde los primeros años de Hernández, ha publicado, basada en información de fuentes en el aparato hondureño de seguridad, que la masacre de Támara es producto de un boicot en un sector del ejército para retomar el control del aparato de seguridad.
“Desde marzo recibimos información de que había un complot en el sistema de seguridad pública… para obligar al gobierno a retroceder y volver a militarizar la política criminal del Estado… Los militares querían demostrar que ellos pueden manejar la seguridad, es un tema de poder, presupuesto e influencia política”, dice Funes a Infobae en conversación telefónica.
Cuando asumió como presidenta en enero de 2022, Xiomara Castro nombró responsable máximo de la seguridad pública a Sabillón, el hombre que había desestabilizado la alianza entre el expresidente Hernández y las organizaciones de narcotráfico en Honduras. Uno de los primeros actos públicos de Sabillón fue supervisar la extradición del exmandatario a Estados Unidos tres meses después, en abril de 2022. En aquellos meses, la cúpula del ejército que se había incubado durante el gobierno Hernández, a la que este había entregado el control de la seguridad pública con la creación de una policía militar, empezó a perder influencia.
Infobae consultó con un oficial de inteligencia que trabaja para el aparato estatal hondureño sobre las causas de la masacre en Támara. La fuente, que habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, coincidió en que un complot desde un sector del ejército puede haber provocado la matanza, aunque no descartó otros motivos. “Es muy posible que sea un acto de desestabilización por las medidas que tomó la comisión interventora en las cárceles”, asegura el oficial en referencia a una comisión especial que el gobierno de Castro creó en abril pasado para sanear las prisiones, y la cual encontró resistencia en las cárceles desde el principio.
“Lo que pasó está relacionado directamente con la corrupción…”, dice, por su parte, un funcionario de la comisión interventora que habló con Infobae también desde el anonimato por razones de seguridad.
Un golpe fallido a las mafias carcelarias Los entretelones de la masacre hablan de un sistema carcelario administrado por organizaciones criminales, una policía cómplice y un Estado incapaz de reaccionar a tiempo a pesar de que sus mismos funcionarios les advirtieron del peligro.
Los intentos de golpear a las mafias que controlan las cárceles, desde los líderes pandilleros hasta los militares implicados con el narco y los contratistas que se han beneficiado del Estado para prestar servicios de alimentación en las prisiones, provocaron una reacción en cadena que terminó con la masacre del sábado, de acuerdo con un informe de inteligencia policial al que Infobae tuvo acceso.
“Se empezó a tocar el corazón de los criminales en las cárceles, a los de cuello blanco, se tocó al crimen organizado intracarcelario, pero terminaron en conjunción con algunos policías boicoteando el trabajo”, aseguró un funcionario hondureño que participó en la Comisión Interventora de Centros Penales en Honduras.
El 10 de abril pasado, la presidenta Castro dio vida a la comisión interventora y nombró como responsable a Julissa Villanueva, subsecretaria de Estado para la seguridad pública y exjefa nacional del servicio forense. La primera misión que se impuso Villanueva fue desarmar a las mafias y requisarles los arsenales que tienen en las prisiones.
Villanueva pidió por escrito a Sabillón, el jefe de la Policía Nacional, que elaborara un plan para “ejecutar, supervisar y evaluar una operación de desarme general y simultánea en todos los centros penales” del país. En el memo con estas instrucciones, fechado el 1 de mayo, la viceministra reiteró que la inestabilidad en las prisiones se debía a la acción de “grupos criminales organizados que operan y son coordinados desde los mismos centros penitenciarios”.
Poco después, el 10 de mayo, la viceministra envió un nuevo memo a la policía, esta vez con un plan detallado y de gran calado para intervenir cuatro cárceles, entre ellas Támara, la penitenciaría femenina, con un operativo masivo, que incluía la participación de 2,000 policías para proteger los perímetros de las cárceles, el mapeo de comunicación telefónica y electrónica, la participación de un escuadrón antibombas y la destrucción de posibles vías de escape, entre otras medidas. Villanueva pidió, también, que los oficiales que estuviesen en contacto con los reclusos durante las intervenciones portaran cámaras encendidas en todo momento para “garantizar” el respeto a los derechos humanos de los presos.
Copias de memos en que la comisión interventora solicitaba requisas generalizadas para desarmar a las mafias que controlan las cárceles de Honduras. El segundo memo de Villanueva, que se lee como un plan táctico de intervención, incluye 29 puntos, entre consideraciones, instrucciones, requerimientos y detalles de acciones específicas, y deja entrever que las requisas que la funcionaria tenía en mente serían masivas y podrían generar confrontaciones con los presos y presas que estuviesen armados. Ni la policía ni otras instituciones del aparato de seguridad pública, sin embargo, respondieron los requerimientos de la funcionaria. En las cárceles, mientras, las mafias organizaban un ataque.
“Nuestras fuentes mencionan que el crimen organizado tramó lo de las cárceles como parte de este juego (de desestabilización)”, dice la periodista Funes.
¿Una operación del narco? A la masacre en Támara siguió la decisión de la presidenta Castro de destituir al general Sabillón y de remover a Julissa Villanueva de la comisión interventora. También siguieron expresiones presidenciales de fuerza.
Pocos días después de la matanza, el 26 de junio, el gobierno hondureño desplegó una cuidada campaña de publicidad, a través de la televisión y las redes sociales de los funcionarios más influyentes de la administración, para mostrar la intervención militar y policial en Támara. El despliegue incluyó vídeos de las tropas en formación, de su avance coordinado a las cárceles, y de requisas, las mismas que la comisión interventora había pedido y que la policía no había coordinado antes de la masacre.
A la cabeza del despliegue comunicacional estuvo Héctor Manuel Zelaya Castro, hijo de la presidenta y su secretario privado.
Una de las principales medidas anunciadas por las comunicaciones del gobierno, expuestas a través de los videos y las fotografías publicadas, fue la intervención de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en las cárceles. La PMOP, de hecho, tomó el control de Támara y de otras cárceles un día después de la masacre. Esta ha sido una de las medidas más polémicas en el marco de esta crisis, en parte porque la policía militar fue creada por el expresidente Hernández como una especie de guardia pretoriana que le respondía a él directamente.
El 22 de junio, dos días después de la masacre, la presidenta Castro anunció que la PMOP asumirá el control total de las cárceles a partir del 1 de julio. En el pasado, como candidata y antes como líder de la oposición política al expresidente Hernández, Castro criticó el rol de la policía militar en la seguridad pública. “Para eso querían a la Policía Militar, para atemorizar al pueblo y perseguir a sus opositores”, tuiteó Castro en 2015, tras un incidente violento en la ciudad de Juticalpa, la noreste del país. Durante la campaña, la política prometió regresar a los militares “a los cuarteles”.
Ya antes la PMOP y el ejército estuvieron a cargo de las cárceles hondureñas. Durante la presidencia de Hernández, buena parte de los jefes de prisiones estaban ligados a la fuerza armada cuando, en aquellos años, se consolidó el poder de las pandillas y de las mafias de narcotráfico en las prisiones. El control de los criminales era tal que fueron capaces de matar a testigos en juicios a narcotraficantes o liberar, con operativos de tipo militar, a líderes importantes de la MS13.
Uno de los casos más controversiales ocurrió el 26 de junio de 2019, durante la segunda presidencia de Hernández. Ese día, un comando con armas largas entró en la cárcel de máxima seguridad conocido como El Pozo y mató a Magdaleno Meza, un narcotraficante que tenía en su poder libretas de apuntes que comprometían a Juan “Tony” Antonio Hernández, hermano del presidente y hoy condenado en Estados Unidos a dos cadenas perpetuas por narcotráfico, y al mismo presidente.
Un reporte de inteligencia sobre la situación de seguridad en las cárceles hondureñas, al que Infobae tuvo acceso, da cuenta de que potenciales testigos en casos judiciales contra narcotraficantes de Honduras procesados en Estados Unidos están la lista de objetivos de las mafias carcelarias, como en el caso de Magdaleno Meza en 2019. De la masacre de Támara, sin embargo, logró salvarse una testigo importante, de nombre María Mendoza, quien se encontraba en un recinto especial de la cárcel cuando ocurrió la matanza. Dos días después de los incidentes, Honduras la extraditó a Estados Unidos.
Por ahora, y tras la muerte de 46 presas, el sistema carcelario de Honduras ha vuelto a las manos de la policía militar que, según investigaciones locales y del Departamento de Justicia en los Estados Unidos, ayudó a consolidar el poder del narcotráfico durante la presidencia de Juan Orlando Hernández.
Fuentes consultadas por Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo hablaron sobre el temor de morir que tenían muchas de las privadas de libertad del módulo de la MS. Habían recibido instrucciones de las coordinadoras de no salir ni recibir el sol cuando les tocaba recreación. También les pidieron limitar las visitas de sus familiares
Por Redacción de Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. “No queremos ver a esas mierdosas en los pasillos”. Con esas palabras despectivas e insultos, algunas integrantes de la pandilla Barrio 18 se referían a las integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13 cuando hablaban con los guardias de seguridad del Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) en Támara.
Desde hace tres meses, las integrantes de la MS-13 se habían autoaislado porque sabían que había un plan para asesinarlas. Esta información fue confirmada a Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo por varias fuentes en el recinto ubicado a unas cuadras de la cárcel de hombres en Támara. Ambos penales se hallan 30 kilómetros al noroeste de la capital Tegucigalpa.
La tensión entre los dos grupos desembocó ayer en el asesinato de al menos 46 mujeres privadas de libertad dentro del Cefas, confirmó el Ministerio Público. Todavía no hay una lista oficial de víctimas ni de las organizaciones a las que pertenecían.
“Se realizaron 46 levantamientos de cadáveres, 23 por arma de fuego y 23 calcinados”, dijo una fuente del Ministerio Público en horas del martes por la noche a Proceso Digital.
La noticia causó de inmediato el repudio y la indignación de la población hondureña y de la cooperación internacional. Asimismo, precipitó el despido del secretario de Seguridad, Ramón Sabillón. Algunas personas se preguntan en las redes por qué han despedido a Sabillón mientras que Julissa Villanueva se mantiene en su cargo.
Para la periodista Thelma Mejía, el exministro Ramón Sabillón “será recordado por la extradición de los Valle Valle (generó incomodidades); la aprehensión y extradición de Juan Orlando Hernández (fue altamente aplaudido, casi héroe) y la captura y extradición de Midence Oquelí (ya no tan aplaudido)”.
El ex ministro Sabillón será recordado por la extradición de los Valle Valle (generó incomodidades); la aprehensión y extradición de JOH (fue altamente aplaudido, casi héroe) y la captura y extradición de Midence Oquelí (ya no tan aplaudido)😉
Entretanto, la viceministra Villanueva escribió en su Twitter que ha ordenado la intervención del penal con “mano dura”. “Bueno, acción y reacción, mano dura ahora en la cárcel femenina de Támara. No vamos a tolerar actos vandálicos ni irregularidades en esta cárcel. Se autoriza intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policía y militares. Se declara emergencia”, tuiteó la funcionaria.
¿Quién les dio las llaves?
Las privadas de la libertad de la MS-13 estaban en un último recinto de mayor seguridad dentro del penal dominado por su pandilla rival. Para llegar a ellas se necesitaba pasar por una serie de barrotes. Además, el acceso al módulo tenía doble llave.
“Para llegar a donde están ellas alguien tenía las llaves. ¿Quiénes las tenían o hubo complicidad por algunas personas del mismo penal?”, reflexionó una de las fuentes consultadas.
Por otra parte, la seguridad de las mujeres de la MS se había reforzado desde el año 2020. La razón de esta medida era que las autoridades temían que perdieran la vida en una masacre parecida a las ocurridas en los penales hondureños de Comayagua, El Porvenir y San Pedro Sula.
Algunas de las integrantes de las MS habían incluso prohibido que sus familiares las visitaran. Temían que la pandilla contraria, que controla algunos barrios y colonias alrededor y fuera del penal, pudieran silenciarlos.
Las acciones que desembocaron en la masacre de hoy comenzaron en marzo y abril de 2023. En este último mes, la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva ordenó decomisar armas cuando el Gobierno decretó emergencia en el sistema penitenciario nacional.
Asimismo, se delegó la responsabilidad de las cárceles a la Policía Nacional. Esa acción con duración de un año se llevó a cabo mediante su Directorio Estratégico en calidad de comisión interventora.
A raíz de los enfrentamientos entre reclusos de ambas pandillas, el pasado 10 de abril se anunció el nombramiento de una junta interventora. Según el PCM16-2023, una comisionada presidenta y dos adjuntos debían integrar la junta. Los tres estaban sujetos a la libre remoción y el nombramiento de la presidenta de la República, Xiomara Castro.
Los episodios de violencia en las cárceles de Honduras evidencian «la deficiencia estructural en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad», señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en un comunicado emitido en el mes de abril.
Entre las deficiencias apuntadas por la organización se hallan la sobrepoblación y el hacinamiento. Oacnudh también señaló la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, las deplorables condiciones de higiene y salubridad.
Asimismo, aunque el sistema penitenciario de Honduras alberga a 19,658 presos, su capacidad máxima es de 8,000. Lo más grave es que menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales. Hacinadas y violentas
No van a tolerar actos vandálicos ni irregularidades dentro de las cárceles del país aseguró la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva en declaraciones a medios televisivos.
Al mismo tiempo, Villanueva señaló que la violencia generada en los centros penales es producto de las acciones del crimen organizado en respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, occidente del país, y de La Ceiba, en el Caribe hondureño.
En el Cefas se reactivó ayer el vandalismo. Mujeres con armas y pasamontañas generaron las quemas, pero ya fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, aseguró la viceministra.
Mis muestras de condolencias a las fam de las privadas de libertad qué hoy perdieron la vida en este ataque terrorista en la cárcel de Mujeres de Támara FM La prueba científica ya en un 70 % en la escena del crimen nos abre la luz de justicia para esta víctimas @XiomaraCastroZpic.twitter.com/UzlulNvjrU
— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) June 20, 2023
Por su parte, la directora de la Asociación de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, manifestó que las escenas en la cárcel de mujeres de Támara eran dantescas, nunca antes vistas en dicho centro penal. A la vez aclaró que no había menores dentro del reclusorio.
Masacres como la de ayer en el Cefas tienen como principal detonante el hacinamiento. La aglomeración de personas privadas de libertad en los centros de detención a nivel nacional es un problema histórico que desata el caos.
Sin embargo, hasta la fecha no hay gobierno ni autoridad que frene la violencia en esos recintos donde la vida se pierde en un segundo, pese a estar bajo tutela del Estado.
Se considera que los centros penales son bombas de tiempo porque las personas privadas de libertad no tienen ningún derecho garantizado, aunque por ley y como derecho humano sólo perdieron el derecho a la libertad.
Hechos violentos como el que ayer enlutó al país son para algunas personas un sabotaje para desestabilizar el gobierno de Castro. Sin embargo, el abogado penalista Salomón Amador Barrios es del criterio que la comisión interventora de los centros penales fracasó porque no la integraron personas expertas en manejo de cárceles.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una visita reciente conoció la situación de las personas privadas de libertad en Honduras. Su diagnóstico fue alarmante.
La Comisión recibió información preocupante de que las cárceles hondureñas se caracterizan por la corrupción. Eso ha facilitado el ingreso de armas de alto calibre, autogobierno y pérdida del control total por parte del Estado.
Esta situación se presenta especialmente en los centros de máxima seguridad debido principalmente al insuficiente número de custodios y el escaso equipamiento de seguridad.
“No más emisarios”
Ante la masacre en el Cefas, la mandataria Xiomara Castro mostró su solidaridad a las familias. En un tuit manifestó que está conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres.
Asimismo, Castro aseguró que es un hecho planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. “Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”, alertó.
Jessica Sánchez, del Grupo Sociedad Civil, le contestó en redes a Xiomara Castro.
“Presidenta, nos alegra que su voz se comprometa con la investigación de los asesinatos en Cefas. Ahora, esperamos su convocatoria para hablar con las mujeres y feministas sobre ser el país con las altas tasas de femicidio a nivel latinoamericano. No más emisarios/as, demandamos diálogo directo con usted, porque lo que es con una, es con todas. Es tiempo de que la violencia contra las mujeres sea un asunto de prioridad estatal. Es tiempo de escucharnos”, tuiteó Sánchez.
La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, también envió su mensaje de luto. “Mi solidaridad con las mujeres en el centro penitenciario en Támara y mi fuerte rechazo a la violencia. El 8 de marzo celebramos allá con algunas mujeres el día internacional de la mujer, escuchando sus historias y sueños. Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias”.
Asimismo, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, expresó sus condolencias a los seres queridos de las “mujeres asesinadas sin sentido” en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. “Esta tragedia agrava las serias preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad”, aseguró.
Mis condolencias a los seres queridos de las mujeres asesinadas sin sentido hoy en Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Esta tragedia agrava las serias preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de tod@s l@s privad@s de libertad.
— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) June 20, 2023
Por otra parte, Jaume Segura, embajador de la Unión Europea en Honduras, señaló que se halla “impactado por lo acontecido en la penitenciaría femenina en Támara, la cual visité en el Día Internacional de la Mujer. Mi pésame para los familiares de las víctimas. Ninguna forma de violencia atentado contra la seguridad integral de las personas es justificable”.
Impactado por lo acontecido en la penitenciaría femenina en Támara🇭🇳, la cual visité en el Día Internacional de la Mujer. Mi sentido pésame para los familiares de las víctimas. Ninguna forma de violencia atentado contra la seguridad integral de las personas es justificable.
Mientras tanto, Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos, dijo que ni el módulo de casa cuna ni el gimnasio ni el módulo seis, siete y ocho y el módulo de reflexión resultaron afectados por los hechos violentos de ayer en el Cefas.
— Reportar Sin Miedo (@ReportarsinMied) June 21, 2023
Para el abogado Joaquín Mejía, es preciso investigar y deducir responsabilidades políticas a las autoridades responsables del sistema penitenciario. También exigió imponer responsabilidades penales a quienes tenían bajo su custodia directa a las mujeres privadas de libertad que perdieron la vida de forma violenta.
3/3. Se debe investigar y deducir responsabilidades políticas a las autoridades responsables del sistema penitenciario y responsabilidades penales a quienes tenían bajo su custodia directa a las mujeres privadas de libertad que perdieron la vida de forma violenta.
— Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) June 20, 2023
Por otra parte, la Oacnudh llamó al Estado a investigar los hechos, prevenir su repetición y proteger la vida de las personas privadas
