En este instante

Investigaciones CrimenData.inv

PressStart_007_lightblue_tagline.jpg

Las víctimas borradas

This story was made possible thanks to a crowdfunding campaign by Press Start. Gracias a Irex Europe.
Con esta investigación periodística, realizada con el apoyo de PressStar, se saca a luz que después de cuatro meses intentando conocer las actuaciones judiciales, relacionadas con estos hechos, las autoridades negaron y ocultaron información pública.
Por Wendy Funes

    1

El silencio

Paisaje Santa Elena
Santa Elena, La Paz. El sol está por ocultarse. La leña crepitante se va a convertir en carbón. Al amanecer, será cenizas blancas, del mismo color de los fogones blanqueados con la cal que los indígenas sacan de los cerros altos.

En las tardes, huele a vapor de café hirviente, mientras la neblina va cayendo en los prados. El aire se vuelve más helado.

Este paísaje apacible es una zona indígena Lenca del municipio de Santa Elena, aledaño al municipio cafetalero de Márcala, conocido por producir el mejor café de Honduras.

En la aparente quietud de sus praderas frescas, se pueden ver a jóvenes que caminan varias horas hacia sus centros de estudio, con escolaridad primaria. Muchas se convierten en madres antes de culminar la adolescencia, pocas llegarán a secundaria y muchas menos estudiarán una carrera universitaria.

La marca del sometimiento es evidente en las cifras de violencia doméstica que registra la policía.

Los roles asignados a las niñas son las labores domésticas, pero además algunas han llevado en su vientre frutos que decidieron sacar de su cuerpo porque les recordaba la violación sexual que sufrieron. Sin saber que la ley hondureña califica estas conductas como infanticidio o como aborto.

Sus agresores siguen libres y ellas fueron a la cárcel y además de la prisión debieron soportar el estigma social de haber perdido la virginidad.

La Fiscalía negó solicitudes de información pública, relacionadas con este tema. Los jueces de la zona también. Pero esta realidad hoy sale a la luz.

En los últimos 12 años, hubo niñas que fueron llevadas a prisión por la muerte de su recién nacido.
Y si usted pregunta:

-¿Quién las violó?
Víctima 13 años (2)-Se sabe en el pueblo, pero ¡Mire be! (Fíjese), ¡Ay están sin castigo!, platican los indígenas.

Acá hablan más los hombres. Las mujeres son hurañas para conversar con desconocidos.
Luisa Martínez Pérez (identidad modificada) ahora trabaja en una maquila industrial de Tegucigalpa, la capital de Honduras, una ciudad entre pinos con edificios modernos y arquitectura colonial.

Ahora Luisa es ya una mujer. Su presunto violador, Woanerges Martínez, tiene orden de captura desde el 12 de agosto de 2004. Han pasado 12 años y la policía no lo detiene.

Luisa fue detenida en abril de 2004 por infanticidio. El cuerpo del recién nacido estaba dentro de una letrina. Hasta después de su detención, iniciaron el proceso contra su presunto violador. La violación habría ocurrido cuando la joven tenía 17 años.

Un mes después que se librara orden de captura para Martínez, por supuesta violación, Luisa, su “víctima”, obtenía la carta de libertad definitiva después de conmutar la pena por la muerte de su recién nacido.

El Código Penal de Honduras califica el infanticidio como la muerte provocada a un recién nacido y el aborto, como la interrupción voluntaria del embarazo. La conmuta implica que hay que pagar al sistema judicial 10 lempiras (menos de 50 centavos de dólar) por cada día que se estaría en prisión.
A la joven, el 9 de septiembre de 2004, el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua le dio una carta de libertad por haber compensado la pena.

Fue condenada a cuatro años y seis meses de reclusión por infanticidio.

La Carta de Libertad Definitiva lleva la firma de Glenda Carolina Ayala, como jueza de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Comayagua.

Desde Tegucigalpa hay que recorrer más de 170 kilómetros de distancia para llegar a la aldea Ciciguara, de Santa Elena.

La casa de sus padres se puede encontrar preguntando por Don Luis. Acá todos se conocen por nombre y apellido.

Luego de atravesar las milpas de maíz secas tras el paso de las cosechas de postrera; se camina por un pasaje de tierra, rodeado por alambre de púa. Debajo de una pendiente, está una casita hecha con barro, agua y cal, tapada con tejas.

Han transcurrido unas 10 horas de viaje, desde la partida en la capital de Honduras.
Varios niños con señales de desnutrición, perros flacos y los rostros tristes de María Pérez y de su esposo, Luis Martínez, dan la bienvenida.

Entonces, con la tradición oral campesina, la madre de la víctima empieza relatar su historia.

«Me la violó el señor Woanerges Martínez y yo no me di cuenta de nada. Ella estaba trabajando, venía de trabajar, dice mi hija; cuando dice que el hombre estaba a este lado de la montaña (señala uno de sus costados), entonces dice que ahí, la agarró ¡pues! a la fuerza y la llevó. Ella por temor no me explicó nada».

«Cuando ya fue tiempo (de dar a luz), que ya fue sorprendida a la media noche que eran como las 10:00, 11:00 de la noche. Yo ni sabía que estaba embarazada. Yo la hacía que era una niña porque estaba menor de edad, todavía, ya andaba comenzando los 17 años (de edad)».

«Yo no sabía nada, lo que apareció después es que ella aparece con una fiebre y, bueno yo (pensaba) que aquello era pasajero».

A medianoche, la policía llegó, rodeó la casa y le dijeron que su hija había cometido un delito. María no sabía por qué se llevaban a su hija. «Yo no creiba (creía) de aquello».

«La detuvieron hasta que pagó ella. Estuvo cinco meses (presa), si no le hubiéramos puesto (abogado) nosotros, ¡asaber! Y el hombre y la familia del dicho hombre, ahí están la familia. Nunca nos dijeron, le vamos a hacer una ayuda para que la cipota (niña) salga. ¡Mire be! (Fíjese) uno hasta vendiendo hasta sus bienes que uno puede pasar, para después. Eso quedó así (en la impunidad)”.

Desde ese momento, la madre ha tenido múltiples padecimientos al recordar la tragedia que sufrió su hija siendo aún una niña.

Cada vez que volvían a su hogar, su esposo Luis Martínez lloraba con amargura, contó.
« Yo estuve caída y me iba a andar (caminar)» para olvidar.

«Sí sufrí, sufrí maltratos, así por ejemplo cuando iba a Marcala yo, sufríamos hambre en el día, para ir a Marcala, venir caminando, ir caminando y venir caminando de vuelta y mi familia también, ¡no crea! cinco meses, uno sufre tiene que estar sólo en eso», contó Martínez, el padre de familia.

María perdió la alegría. Todavía 12 años después recuerda que ese hombre, le puso una pistola en el pecho y la amenazó con hacerle algo si contaba, relató su madre. Después de seis meses de estar en la cárcel, su hija salió libre, relató.

Es inusual que haya portación de armas de fuego en esta zona. La mayoría de campesinos, ya sea por aspectos culturales o por sus labores del campo, salen a los caminos de tierra, a los potreros y a las milpas con un machete o una cuma (arma blanca) en el cinto.

La mayoría de agresiones registradas por la Policía entre 2012 y 2016 fueron consignadas como violencia ejercida con arma blanca. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autonóma de Honduras (UNAH) lleva varios años calificando a Santa Elena como un municipio blanco por la ausencia de homicidios con arma de fuego.

Siguió siendo un municipio con cero homicidio aun durante 2012, que el país fue calificado como el más violento del mundo y llegó a 85 homicidios por cada cien mil habitantes.

Eso implica entonces que la tenencia de un arma de fuego es una pista que la policía hubiese podido seguir. Pero no fue así.

La impunidad no es un hecho casual. La misma tarde en que el equipo de investigación llegó a la casa de María Pérez y Luis Martínez para conocer sobre esta muerte, una patrulla policial entró a la vivienda, unos minutos después que lo hizo el equipo periodístico.

Los policías bajaron de sus patrullas y apartaron a Martínez para preguntarle por una supuesta persona que buscaban.

Martínez conversó unos minutos con el oficial. Luego desaparecieron de la zona.

Segunda parte: Casos secretos

LOGO_2_554X4652
Casos secretos
El 21 de enero de 2013, en la comunidad de Guasore, mediante el acta de levantamiento 2013-1208-0701-0003, la Fiscalía de Marcala registró un infanticidio.

La documentación del Ministerio Público, recopilada de fuentes de entero crédito, revela que el levantamiento forense fue de un recién nacido envuelto en una sábana, dentro de una bolsa plástica negra, cubierto con heces, sangre y con un pañal desechable dentro de la boca.

Sin embargo, al solicitar más información sobre este hecho, la Fiscalía ocultó y negó información. No se pudo precisar la identidad de la mujer acusada de infanticidio o conocer si sufrió violación. La denegatoria de información se consigna en la Resolución 295-2016, firmada por la subdirectora de fiscales, Loany Alvarado.




La Fiscalía del Ministerio Público (MP) únicamente confirmó que la mujer fue condenada por infanticidio y que se podía pedir la sentencia a la Poder Judicial.

Esta denegatoria de información por parte del MP, se impugnó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que resolverá si el Ministerio Público violentó el derecho de acceso a información pública.

Después de que el MP dijera que la información estaba en poder de la Corte Suprema de Justicia, se solicitó al Juzgado de Letras de Marcala conocer los casos por infanticidio, aborto y violación, registrados desde 2004 hasta 2016.

Una jueza de letras de Marcala negó la información y no se pudieron conocer cuáles son las causas de acusación que han ingresado a este juzgado desde 2004 a la fecha.

Se hicieron ocho solicitudes de información al Poder Judicial, MP, Secretaría de Salud, Policía Nacional, Juzgado de Letras de Marcala, La Paz, que tiene jurisdicción legal en Santa Elena.

El resultado fue el ocultamiento de los datos en cinco de las ocho solicitudes que impidieron conocer la información oficial para establecer plenamente hasta qué punto las autoridades conocían cuántas violaciones y abortos han ocurrido en los últimos años.

De manera muy general, sin dar acceso ni siquiera al Libro de Entradas, donde se registran las acusaciones, el Poder Judicial informó que en 2012 hubo dos acusaciones por infanticidio, ocurridos en Santa Elena, en 2013, se registraron dos casos más, y uno más en 2015. Esta información fue ofrecida por medio de la Oficina de Transparencia con cifras del sistema de estadísticas.

Eso quiere decir que en tres años, en la zona indígena de Santa Elena hubo cinco infanticidios o muertes violentas de recién nacidos.

Si el Observatorio califica a Santa Elena como municipio sin homicidios por arma de fuego, la existencia de cinco infanticidios demuestra que hay un problema estructural en este municipio que el sistema de justicia ha sido incapaz de resolver.

Las muertes de bebés ocurren en un municipio que contradictoriamente aparece en la última década como uno de los municipios blancos o sin homicidios por arma de fuego.

Además, la cosmovisión indígena Lenca transmite de generación en generación que para cortar un árbol hay que pedir permiso, que el espíritu de las niñas está en los ríos y que los animales se respetan. Con toda esa cosmovisión, que una niña indígena mate a un recién nacido, es un signo que comprueba que detrás hay un problema más complejo.

Después de cuatro meses de 2016, intentando conocer las actuaciones judiciales, relacionadas con estos hechos, las autoridades negaron y ocultaron información en forma reiterada. También lo hicieron entre 2013 y 2015 ante distintas solicitudes, realizadas con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Al mismo tiempo, se descubrieron testimonios que revelan que al menos hubo siete niñas que denuncian haber sufrido violaciones sexuales, entre 2004 y 2016.

Las denuncias se registraron en las aldeas Ciciguara, Opalaca y Llano de Maco, en el municipio de Santa Elena.

El testimonio de dos menores de edad, que denunciaron violación, revela que una de ellas conmutó, o lo que es lo mismo, pagó dinero por una condena a cambio de salir de la prisión. Mientras tanto, su violador sigue libre.

Otra de las víctimas, atraviesa un trauma sin superar hace dos años.

Su violador también quedó en libertad por falta de pruebas.

Las víctimas, sin embargo, pueden ser más porque además de los testimonios recopilados, los documentos de reportes policiales, obtenidos para esta investigación, demuestran más cifras de agresiones y confirman que las autoridades conocen la existencia del problema.

En los últimos 12 años, al menos tres niñas y jóvenes indígenas del pueblo Lenca fueron enviadas a la cárcel. Son niñas indígenas que fueron apresadas por un aborto o por matar a su recién nacido después de ocultar por nueve meses el embarazo que les dejó la violación. Algunas ya pagaron su pena en prisión, su violador no.

Tercera parte: Tenía 13 años

 Víctima 13 años (1)3

Tenía 13 años

Con sólo ver sus manos y las trenzas en su pelo negro, se puede calcular que acaba de cumplir 15 años. Ya pasaron dos años desde la agresión sexual que sufrió. Un hombre la amenazó con un machete. La haló hacia la milpa de maíz y la mantuvo oculta. Ahí estuvo amarrada toda la noche entre los cultivos.
 
 Todavía es muy difícil para ella recordar este momento, restriega sus manos y se remoja los labios, pero quiere evitar que otras niñas sufran lo mismo, dice.
 
 Cuando la atacaron, la niña regresaba de una celebración, caminaba hacia la casa de su tía.
 Vivía en esa casa porque desde ahí podía llegar más rápido al colegio.
 
 Sólo habían pasado unos minutos desde que se despidió de su prima y en una milpa que atravesaba para llegar a su destino, la interceptó un hombre con capucha. La amenazó y le puso con violencia un machete en su garganta. Le amarró las manos, la mantuvo toda la noche atada y en cautiverio mientras la atacaba.
 
 Esta mañana, dos años después, de fondo los pajarillos cantan y el aire húmedo pega en la nariz.
 Sentadas a la par de su casa, desde donde se ve una pradera verde de la aldea Opalaca, dividida por cerca con alambres de púa, la adolescente recuerda ese momento.
 
 Su historia es parecida a la que han sufrido al menos cuatro niñas más de esta misma aldea de Santa Elena:
 
 -«¡Mire!, esa vez, yo iba con una tía. Recuerdo que había una celebración aquí y como yo estuve estudiando; estuve estudiando bastante retirado de mi casa y entonces por eso, tenía que alquilar donde una tía porque me quedaba demasiado (lejos), me tocaba (debía) ir, levantarme a la 3:00 de la mañana de aquí y por eso, me tocaba (debía) alquilar donde una tía, entonces me quedaba. Estudiaba en un instituto bastante retirado de aquí  -Interrumpe la entrevista y le pide a su hermana pequeña que vaya para otra parte de la casa para que no escuche la conversación-.
 
 -Desde donde mi tía (desde la casa de su tía), caminaba una hora para el colegio y esa vez, yo me fui con una prima y una tía para aprovechar que iba para arriba porque no había quien me fuera a dejar y cómo iban ellas, me fui con ellas por un desvío más retirado. Ella se fue para su casa y yo para la mía y (cerca de la casa de su tía) para llegar donde mi tía, hay una calle bastante oscura. Ya estaba oscuro ya. Ya como a las tipo 6:00 de la tarde. Pero para llegar donde mi tía hay que cruzar como una milpa, yo que iba llegando a la milpa.
 
 -Se aclara la garganta y platica, es que se me hace bastante difícil relatar esto. ¡Bueno!, iba por ahí; por la calle, había una parra de monte y ahí estaba escondido el hombre, pues, con capucha y machete. Me puso la punta del machete en el cuello y me amenazaba que si contaba que me iba (a matar), que ahí nomás, pues, después entró a la milpa y ahí fue donde pasó todo ya y no me dejaba ir para ningún lado.
 
 ¡Imagínese!, toda la noche amarrada las manos con un lazo pequeño, como tipo 4:30 (a.m.), casi a las 5:00 (a.m.) me quitó las cosas que me había amarrado ¡y mire!, yo no sé cómo, yo le pedí a Dios ahí que me ayudara a escaparme porque yo sentía que ya iba a ser mi final ahí porque como me tenía amenazada y yo cómo pude, agarré mi teléfono y él me lo quería quitar y entonces, no lo logró.
 
 Después como pude, andaba una ropa que iba a ocupar para la semana, en la mochila, y a como pude me logré escapar, salí corriendo, no se había levantado mi tía porque estaba un poco temprano, ¡mire! yo me sentía no sé cómo.
 
 En eso que estuve ahí, saqué la ropa y la lavé y me fui a bañar y como ya se iba a hacer la hora del colegio también. Él me había dicho que no denunciara y ese es el error que yo cometí, me bañé, me puse el uniforme, pero ¡mire! yo no le hablé a nadie, ni sé qué pasaba, yo tratando de esconder lo que yo sentía, como un nudo en la garganta. Yo lo identifiqué se llama…ese mismo día me fui para el colegio.
 
 Antes cuando íbamos en el camino, íbamos bromeando para no sentir el cansancio del camino y ese día fue diferente; ya yo caminaba a la par de ellos y no les hablaba, al primero que se me ocurrió contarle fue a mi hermano. Le conté todo cómo pasó el mismo día y él me dijo tenés que decir…».
 
 Ese mismo día, la niña le contó todo a su madre, fueron a la Fiscalía y a la Policía. El agresor la acosaba sexualmente desde antes.
 
 Estuvo preso un tiempo.
 
 El delito de violación especial tiene una pena mayor a 10 años. Dos años después de esta agresión, el denunciado está libre.
 
 No se pudo constatar el estatus legal del sospechoso porque el Juzgado de Letras de Marcala negó acceso a ver el Libro de Entradas donde se consignan todos los juicios que ingresan  a esta instancia.
 Sin embargo, en los documentos policiales revisados, los policías confirman con su puño y letra la recepción de denuncias. En estos documentos se puede constatar que hay un patrón de operación de violadores en la zona: los violadores atacan en parajes solitarios, amenazan con sus armas a las mujeres y las abusan. Algunos casos quedan en tentativa de violación cuando son sorprendidos.
Cuarta parte: nexos políticos


 

4

Nexos políticos

 PAdre de joven que estuvo presa y a la par Asunsión Martínez del COPINH..JPG¿Por qué habría de interesarle  a la Policía vigilar a un equipo periodístico que investiga sobre la violación de una niña indígena si estos casos son comunes en la zona?
 Posiblemente, la respuesta esté en la denuncia que hizo el coordinador de actas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras   (Copinh), Asunción Martínez, la familia Martínez Pérez tiene miedo de contar toda la verdad, sentenció.
 
 
 Martínez medirá quizás 1.60 de estatura, tiene facciones indígenas, frases contundentes y su trabajo como defensor de derechos humanos le ha permitido viajar a distintas latitudes.
 
 La denuncia original es que el imputado asumió la culpa por un delito en el que estaría involucrado un exalcalde de la zona, aseguró el dirigente del Copinh.
 
 Pero ninguna autoridad consultada dice saber sobre este hecho. Tampoco hay evidencia que lo confirme por el tiempo transcurrido.
 
 La Fiscalía ha ocultado y negado casi toda la información solicitada sobre infanticidios y abortos, así que es difícil conocer un dictamen oficial y precisar si al cuerpo del recién nacido le hicieron análisis forenses para identificar a su verdadero padre.
 
 Martínez cree que este delito quedará en la impunidad porque la información es que quien se inculpó por este delito sexual, salió del país.
 
 «Lamentablemente en nuestro municipio de Santa Elena, niñas jóvenes de menor edad, sufren consecuentemente la violación grave, pero a veces las mismas niñas, incluso los padres de familia, no denuncian por temor porque lamentablemente hay una cadena que se defienden entre ellos mismos, como es la Policía Nacional Preventiva, incluso funcionarios de la misma Corporación Municipal. Han estado involucrados funcionarios de Santa Elena».
 
 Martínez dio nombres de funcionarios municipales denunciados por haber cometido violaciones, incluso mencionó a un exalcalde municipal, pero no hay evidencia técnica para demostrar que las violaciones existieron porque en la mayoría de casos las niñas tuvieron miedo y el tiempo pasó.
 
 Entretanto, la Fiscalía carece de capacidad técnica para investigar agresiones sexuales después de varios días de haber ocurrido.
 
 «Incluso cuando estaba viva la compañera Berta Cáceres, coordinadora general del Copinh, la intención era recorrer las comunidades para hacer una especie de diagnóstico, principalmente con las compañeras mujeres porque esto ha sido muy común en Santa Elena», dijo el denunciante.
 
 En comunidades como Llano de Maco, Ciciguare, El Potrero, esto de las violaciones es común, señaló.
 
 En Santa Elena hay maestras que denuncian que algunos alcaldes que les dicen que las colocarán en una plaza a cambio de favores sexuales, denunció Martínez.
 
 Describió que la cultura de machismo y discriminación en Santa Elena genera violencia de género en las comunidades indígenas.
 
 La mayoría de las comunidades tienen títulos individuales de propiedad de la tierra que son del hombre y no de la mujer; los hombres son vistos como jefes de hogar y sus compañeras de hogar tienen que pedir permiso para hacer actividades comerciales como vender frijoles, maíz o un huevo de gallina, describió.
 
 Un ejemplo de la cultura de violencia se puede encontrar en la denuncia No. 57-14-11-2014, por violencia doméstica, recibida por la Policía Nacional.
 
 En esta denuncia, la víctima relata que el 14 de noviembre de 2014, salió a eso de las 7:00 de la mañana hacia el barrio El Centro de Santa Elena a recibir el Bono Diez Mil –una bonificación estatal para familias pobres, entregadas por la presidencia de Honduras-.
 
 «Como a eso de las 2:30 de la tarde salí y llegué a eso de las 5:30 horas de la tarde. Llegué a mi casa, ubicada en la aldea Quiscamote, cuando llego, mi compañero de hogar …,me dijo, y por qué venís tan tarde, solo las mujeres de la calle, es que andan en la tarde, y yo le dije que no era en la calle que andaba sino que recibiendo el bono para comprar las cosas que necesito en la cocina, ya que vos no me comprás nada y sólo por eso me agarró del cuello y me pegó una trompada en la nariz y una patada y me insultó tratándome de gran puta…».
 
 Los periodistas de La Paz, la cabecera del departamento, a veces viajan a los 18 municipios y transmiten las denuncias por medios con alcance local.
 
 La prensa local sobreviven con la pauta publicitaria de políticos, jefes municipales y empresarios locales.
 
 El comunicador del departamento de La Paz, Irán Ángel Padilla, tiene un programa en radio.
 
 Cuando viaja al interior del departamento recoge denuncias de todos los sectores, dijo.
 
 El comunicador recibió denuncias de supuestos abusos sexuales, ocurridos en Santa Elena por parte de políticos de la zona en contra de menores de edad. Además, existen denuncias recurrentes de niñas y niños abusados sexualmente por sus propios padres, hay una cultura de incesto contra la que nadie hace nada porque todos callan, detalló.
 
 Hay demasiadas denuncias y la mayoría se queda en investigación por dificultades económicas, otras por cuestiones políticas y muchas veces por situaciones familiares, indicó Padilla.
 
 A juicio del coordinador de la asociación civil, Movimiento Indígena Lenca de la Paz (Milpah), Felipe Benítez, en Santa Elena ha habido muchos problemas de violación a menores. Hay una niña  que fue violada, ella conoció al hechor, lo trajeron y lo sacaron, ahora anda tranquilo amenazando a los familiares.
 
 Por ejemplo, en Llano de Maco hay una muchacha que ella está presa porque la acusaron de que había abortado.
 
 Denunció que en esta zona hay delegados de la palabra –religiosos- que se han prestado para testificar a favor de los agresores, tal como ocurrió en un caso de la comunidad de El Pelón.
 
 «Hay otra muchacha compañera de mi hija que salió embarazada y ella dice que fue violación y ella ha puesto su denuncia, es de la comunidad de Opalaca, su mamá tiene hasta los mensajes que le ha mandado el violador. Incluso hay violadores que son activistas políticos actuales», denunció.
 
 Por su parte, el maestro, Eduardo Benítez, residente en la aldea Opalaca, confirmó que «es verdad que existen violaciones contra las niñas».
 
 «Ha habido muchos casos en este municipio de Santa Elena y lo más lamentable es que talvez las autoridades no sancionan a estas personas, talvez los sancionan un mes, los recluyen seis meses y de ahí están libres. Las leyes como que se ponen a favor de la delincuencia».
 
 Como maestro, Benítez ha escuchado que sólo en Opalaca ha habido al menos cinco denuncias de violaciones y también hay embarazos, apuntó.
 
 Quizás son personas jóvenes que se meten a hacer cosas delictivas o quizás son personas que saben que tienen arrastre político con personas que tienen poder y ellos saben que no les van a hacer nada, denunció Benítez.

5

La visión de las autoridades

Según el Director de Justicia Municipal de Santa Elena, La Paz, Antonio Vásquez, las denuncias de violaciones son rumores que quizás no tenga un asidero legal.
 
 Las denuncias deben hacerse con pruebas, sugirió.
 
 Sin embargo, señaló que en casos de violación y violencia doméstica, las víctimas se atienden de inmediato.
 
 Las autoridades de Santa Elena trabajan de manera conjunta, policía, juzgado, comités, pero las denuncias de este hecho no están llegando.
 
 «De mi parte no tengo ninguna información. No hemos tenido denuncias».
 
 Algunas denuncias sólo se hacen y se busca dañar a las personas, por eso es mejor traer las denuncias a las instancias correspondientes, planteó.
 
 En Santa Elena existe una Oficina Municipal de la Mujer que atienden estos casos, señaló el funcionario de la alcaldía.
 
 El funcionario invitó a los indígenas de Milpah y de Copinh a denunciar las irregularidades que vean en las comunidades para que las autoridades puedan investigar.
 
 «A veces nos hemos sentido atropellados por ellos que son de otra mentalidad de otra ideología, pero nosotros tenemos que respetarlos», manifestó.
 
 El director de la Unidad de Salud de Santa Elena, Cesar Lazo, indicó que la cantidad de adolescentes embarazadas se redujo este año porque en 2015 hubo 48 niñas embarazadas, este año, suman 27.
 Lazo indicó que no tiene reportes de violaciones recurrentes en el municipio.
 
 En este tiempo se han encontrado únicamente una niña, en abril o mayo, una niña llegó con versiones de haber sufrido violación, la niña sí se embarazó, tuvo su bebé.
 
 «Investigamos el caso en lo que a salud respecta y hasta donde nosotros averiguamos, la persona responsable del hecho estaba guardando prisión, ahora bien en cuestiones legales no nos metemos mucho, eso corresponde al juzgado»
 
 Las violaciones ocurren en un contexto cultural de discriminación sexual que se manifiesta en que la principal causa de denuncia ante la Policía y en el Juzgado de Paz, es la violencia doméstica.
 Este pueblo está ubicado a 170 kilómetros de la capital de Honduras, en el departamento de La Paz, en la zona central de Honduras. El municipio mide 186 kilómetros cuadrados.
 
 La figura política más conocida de la zona es la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, pero es también la más denunciada por los indígenas organizados en los movimientos sociales de La Paz.
 López es diputada y a la vez proveedora de energía eléctrica para el Estado a través de la construcción de las Represas de Generación Hidroeléctrica, que han generado un conflicto en la zona.
 
 Mientras los Lencas, organizados en los Consejos Indígenas Lencas de La Paz denuncian que se está destruyendo la naturaleza y se les está despojando de sus territorios, irrespetando el Convenio 169 de la OIT; los parciales del Partido Nacional, en el poder, señalan que el Movimiento Indígena Lenca de La Paz (Milpah) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras   (Copinh)  irrespetan a la autoridad.
 
 
 En medio de ese conflicto, las más vulnerables son las niñas. Milpah y Copinh denuncian que hay activistas del Partido Nacional y del Partido Liberal cometiendo agresiones sexuales contra las menores. Ninguna autoridad confirma esta denuncia.
 
 Entre 2013 y 2015, los delitos más comunes, denunciados en el Juzgado de Paz de Santa Elena y en la policía, fueron  la violación, violencia doméstica, escándalo en vía pública, venta ilegal de aguardiente, portación ilegal de armas de fuego (comerciales), vagancia, lesiones y amenazas. En la actualidad, no han nombrado el nuevo juez o jueza de paz.
 
 Esta es una zona indígena Lenca con clima tropical seco, gobernada por el Partido Nacional de Honduras, el mismo al que pertenece el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
 Las casas del centro son de adobe (Tierra con agua), tiene calles de tierra, escuelas, un centro de salud y un Juzgado de Paz.
 Entre 2013 y 2016, el delito más denunciado ante la Policía fue la violencia doméstica, tal como lo demuestra el Libro de Novedades Policiales.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: