Las madres reclaman que en varias ocasiones sus hijos han quedado en una cámara de gases lacrimógenas, expuestos a bombardeos en espacios cerrados y temen denunciar por las represalias cuando tengan que visitar la cárcel nuevamente.
Todas las personas que entran al módulo de sospechosos de pertenecer a la 18 pasan por un escaner, para las madres es inexplicable cómo pudieron entrar extraños sin ser detectados.
Supuestamente en las cárceles no hay comunicaciones, sin embargo, fuentes penitenciarias han denunciado que se debe investigar si hay teléfonos satelitales en manos de coordinadores.
Las madres dijeron que este hecho les llena de terror y zozobra porque desconocen si hay suficiente seguridad para sus hijos en esta cárcel de máxima seguridad.
Las madres de jóvenes, enjuiciados por supuestos nexos con la pandilla 18, denunciaron ante Reporteros de Investigación que temen por la vida de sus hijos, privados de libertad en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo.
Dos madres consultadas sobre el tema pidieron el anonimato porque adujeron que temen represalias en su contra o de sus hijos.
«El martes (12 de noviembre) quisieron envenenarlos a ellos, a los del módulo de Mínima 1».
Los privados de libertad que están en los módulos de la Pandilla 18 estuvieron tres días sin comer porque desde la misma cárcel hubo autoridades que les avisaron que cuando llevaron la comida, vieron extraños que entraron a las cocinas y les dijeron que estaba envenenada, dijo una madre.
La denuncia fue interpuesta por una madre que sufrió un problema de salud cuando estaba en El Pozo y al verla afectada, su hijo no le comentó lo que había pasado, pero conoció la versión de las demás madres y acudió a solicitar la difusión de información.
Las madres solicitaron la intervención de organismos defensores de derechos humanos. A veces que llegan defensores, todo cambia por un día, mejoran la comida y condiciones, pero después vuelven a lo mismo, sostuvo una de las denunciantes.
Colusión con delincuentes del Estado
Las madres solicitaron a los entes encargados, investigar la supuesta complicidad entre delincuentes del Estado que utilizan a internos enjuiciados porque supuestamente integran la mara rival.
No es la primera vez que se denuncia que políticos del gobierno estarían utilizando dentro de las cárceles, o fuera, a supuestos integrantes de maras y en algunos casos de pandillas.
De acuerdo con estándares de seguridad en materia de derechos humanos, al gobierno le corresponde cuidar la vida e integridad de ambos grupos y garantizar políticas de prevención, reinserción y rehabilitación de jóvenes atrapados en el mundo de maras y pandillas.
Si mi hijo debe que pague, hoy fui y lo vi y no sé si a los 15 días que regrese, lo voy a encontrar vivo, tiene 25 años, le faltan dos años de cárcel».
Madre de integrante de la 18
Estamos avanzando, se ha transformado el sistema carcelario del país, venimos de un desorden en dónde las personas privadas de libertad se encontraban más armados que los custodios
German McNiel-INP, declaración de prensa de marzo de 2019.