Reporteros de Investigación
Facebook Twitter Google-plus EnvelopeJosé Carga además de sus años y las señales de desnutrición congeladas en su piel trigueña y delgada, una mochilita (bolsa) en la espalda. Cuando va por esta ciudad, con calles que parecen de un juego de meza de cuadrículas, nunca se despega una vianda y un termo de café. José tiene 64 años, pero parece de más. Habla, suspira y se mueve con timidez. La piel es lánguida y oscura por el sol de Choluteca. José, por temor a represalias en la empresa Agrolíbano en donde trabajó durante ocho años, no dice su nombre real. Narró al equipo de investigación de RI, las precarias condiciones en donde se ven obligados a laborar una cantidad significativa de personas de la tercera edad. “No tengo derechos laborales, si me enfermo tengo que ver como hago”. Las jornadas varían de un empleado a otro. Don José contó que él trabajaba ocho horas, cinco días a la semana, con un salario quincenal de 2,558 lempiras (unos cien dólares al cambio actual). Ni juntando los pagos de todo el mes llegaba al salario mínimo vigente en el área rural que es de 8,910.71 en moneda nacional, equivalente a 360 dólares mensuales.
Esta historia no es la única en una edad en donde acceder a un empleo es considerado un privilegio. También Don Miguel, de 76 años, fue despedido y al llegar a la Secretaría de Trabajo en busca de garantía para que le respeten sus derechos laborales, se encontró con personal –que según él– está coludido con la empresa. «No me entregaron el acta de la visita hecha a la empresa».
«La jefa de inspectoría me llamó en varias ocasiones y me dijo que si no acepto lo que me da la empresa, mis hijos no serán contratados».
De 150,000 lempiras de prestaciones, Don Miguel únicamente recibió 15,000 lempiras, pese a eso, se negó a recibir el acompañamiento de organizaciones de Derechos Humanos.
A Don Miguel una funcionaria le negó acceso a información de su caso, la servidora pública según denuncias recibidas para esta investigación, está ligada a otra, recientemente despedida tras una denuncia de Reporteros de Investigación, pero esta persona también sería protegida a nivel central.
Tanto en Tegucigalpa como en Choluteca, una serie de empresas como bancos, restaurantes, agroindustrias, escuelas, empresas de seguridad privada, constructoras de exministros del país, oenegés, inmobiliarias, universidades, hospitales, empresas estatales de control y auditoría, una televisora universitaria, Semeh, casas de habitación, embotelladoras, bancos, iglesias, sindicatos, entre otros, son denunciadas por incumplir el Código Laboral del país.
Ante la denuncias recibidas respecto a esta oficina de la zona sur que abarca los departamentos de Valle y Choluteca, el equipo ha buscado evidencias desde noviembre de 2019 con documentos, testimonios, reuniones, respaldos fotográficos y mediante la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública para conocer el nombre de las personas de la Secretaría de Trabajo que han estado atendiendo casos de personas de la tercera edad en Choluteca.
El Memorando 0580-2019, enviado al director regional de Inspección del Trabajo, Selvin Hernández, con la firma de Seidy Ruiz Hernández de la jefatura nacional de la Dirección del Trabajo, reveló que entre el 1 de febrero de 2016 y el 31 de octubre de 2019, a las oficinas estatales llegaron 1135 denuncias de personas de la tercera edad, vulneradas en Tegucigalpa y Choluteca.
En este documento aparece como Jefe Regional de Inspección en Choluteca, Belkis Molina.
El titular de la Secretaría del Trabajo en Choluteca, Rolando Arteaga, informó, está limitado en sus funciones, principalmente en el Área de Inspectoría.
La mayor cantidad de denuncias por supuestas conductas irregulares de las y los empleados, que denuncia la población de Choluteca, señalan a ese departamento de la dependencia estatal. Se intentó conocer la versión de la servidora pública Belkis Molina sobre estas denuncias y las medidas adoptadas, mas no hubo respuesta.
Patricia Riera es defensora de Derechos Humanos, especialista en el Área Laboral, ella califica esta como “el pan nuestro de cada día” quiere decir que es una situación rutinaria.
«Algunos ancianos trabajan jornadas extenuantes y los contratan por temporadas para no responder a lo establecido en la ley».
Es evidente la falta de una política pública que permita condiciones de vida dignas a personas de la tercera edad y evite los abusos de empresas que en su mayoría les contratan para personal de seguridad, dijo.
La empresa del presidente vulnera adultos mayores
El primer supuesto abuso fue denunciado el 3 de julio de 2013 por una persona de la tercera edad cuando Hernández Alvarado aspiraba a su primer período presidencial. El segundo supuesto abuso cometido por Sersel fue denunciado el 2 de septiembre de 2019 cuando Hernández Alvarado cumplía su segundo año tras reelegirse. La información fue obtenida el 28 de noviembre de 2019 mediante el Derecho de Acceso a la Información Pública.
Un documento oficial de 65 páginas, obtenido para esta investigación, muestra el listado de empresas denunciadas por vulnerar derechos de adultos mayores. La mayoría de denuncias son despidos verbales, seguido por falta de pago de prestaciones, ausencias, nivelación de salario mínimo.
