Editorial
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Esa tarde entre copas cristalinas que podían dejar traslucir el vino y las flores exóticas que adornaban el banquete, el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva sonreía triunfal.
Vestía un traje negro y una corbata blanca salpicada con puntos que hacían contraste.
Unos instantes antes había instalado la legislatura del Congreso Nacional del tercer año del período 2018-2022. Su voz con intermitentes matices agudos habló de “transparencia y rendición de cuentas”.
El trago agrío que les hizo pasar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) había quedado atrás y ahora sería compensado con las reformas de varias leyes que garantizan que esta vez las investigaciones serán controladas por los grupos con poder.
Esta vez no hubo controversias como ocurrió en 2018. Atrás quedó también el reguero de sangre de casi 300 muertes en las calles, durante las protestas primero por el Golpe de Estado después por el fraude electoral apoyado por Estados Unidos. Y que casualidad, unos días después de esta mañana de enero serían las compañías estadounidenses las favorecidas por la corrupción en las compras directas del COVID-19.
El choque de cristales del brindis legislativo fue por la instalación, porque se había llegado a un acuerdo de reformas electorales entre todos los partidos, por la partida de la MACCIH y, en fin, porque hay suficiente dinero en el Congreso Nacional de Honduras para comprar comidas exóticas.
Los diputados habrían de recordar como un lejano pasado la acusación de malversación de caudales públicos con la que iniciaron 2018 y que se llamó Red de Diputados porque hoy ya no se encuentra ni siquiera en el portal de la Organización de Estados Americanos (MACCIH-OEA).
Sólo dos meses después de esta mañana de cóctel, la pandemia de Coronavirus desnudaría que el Pacto de Impunidad está intacto, más fuerte. Entre 2016 y 2019, la MACCIH había encontrado asociaciones ficticias para drenar fondos estatales. El primer caso que encontraron fue Pandora con supuestos nexos hasta en Panamá.
Pero en la víspera del entierro de la MACCIH, un nuevo capítulo de anomalías empezaría a diseñarse el 21 de noviembre de 2019. Diario Tiempo informó entonces que el Congreso Móvil, en Choluteca, aprobó 32 reformas a la ley del TSC.
La ley no fue publicada hasta el 5 de marzo de 2020, mediante decreto 145-2019, en La Gaceta número 35192, sólo faltaban siete días para promulgar otro decreto de compras directas durante la emergencia sanitaria del COVID 19.
La periodista Sandra Maribel Sánchez investigó y encontró que con esta ley se estableció que el TSC participa desde el proceso de compra y va señalando errores.
Esto puede generar que más adelante digan que no es necesaria una auditoría porque ya hubo un trabajo del TSC durante todo el proceso, advirtió en su programa radial.
El ex congresista, Olban Valladares, contó que este tipo de auditorías ya existían y de reformaron porque los auditores terminaban haciendo negocios con sus auditados, asi que por eso se aprobaron los exámenes a posteriori que también resultaron siendo obsoletos.
Pero ese no es el único conflicto de interés del auditor.
Pineda Varela no solo debe investigar cómo INVEST y Copeco llevaron a cabo las compras sino por qué los proveedores que han estado vendiendo al Estado durante la emergencia del Coronavirus parecen una inmensa telaraña en las que aparece interconectados con varias sociedades a la vez. Algunos de los proveedores y políticos también tienen sociedades en Panamá. Es una casualidad.
En las redes sociales y en la prensa, hay fotos familiares del parentesco entre el hijo del presidente del TSC José Alejandro Pineda Moncada y Cinthya Bográn y del director de INVEST, Marco Bográn, ese no es el problema de fondo en un gobierno administrado por hermanos, primos y parientes.
Red de socios de hasta siete empresas
El conflicto es que el director de INVEST le compró a empresas cuyos nexos son difíciles de comprender porque un solo ejecutivo integra varias sociedades, ¿cómo tiene tiempo una sola persona para atender tantas sociedades al mismo tiempo?, sus socios a su vez integran otras empresas y tienen otros socios que estructuras otras compañía y así sucesivamente.
En esta dinámica aparece hasta el mismo presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela, como aparente socio de cinco empresas. Al buscar en el Registro Mercantil el nombre Juan José Pineda Varela aparece con cinco empresas registradas, relacionadas con ventas para automóviles. Pineda Varela aparece como socio de un exdiputado y este a su vez en el Registro Mercantil tiene dos sociedades más.
Otro accionista de las cinco empresas en las que aparece Pineda Varela está registrado en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa con otras empresas y con un listado de socios.
El hijo del controlar del Estado, José Alejandro Pineda Moncada, también es socio de otras empresas hondureñas, además es directivo de Arre Interprises una compañía con sede en Panamá, otro de sus socio allá es Juan Diego Zelaya, alto directivo de la campaña política del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. El mismo funcionario que eligió y juramentó a Pineda Varela y que aprobó las compras de emergencia para el COVID-19.
Otro diputado ligado a una red de empresas y que aprobó las compras directas Covid-19 es David Chávez, el Registro Mercantil lo liga a 14 empresas.
Pineda Varela debe auditar a otra empresa que tiene un círculo de asosiaciones mercantiles similares y que aparece como proveedora para el tema COVID-19, es Dimex Médica, una de las proveedoras mayoritarias durante la crisis.
Dimex es representada por Francisco Melgar socio de Zeus Laboratorios, Inmobiliaria Morazán, Representaciones Americana, en cada empresa aparece una listado de asociados interconectados a su vez con otras sociedades. Lo mismo pasa con otros de los proveedores de la crisis por COVID. Uno de los socios de estas empresas vendió sus acciones.
Vea: Un sólo proveedor para emergencia de Coronavirus integra hasta siete sociedades mercantiles
El empresario Adolfo Facussé dijo a Unetv el miércoles 22 de abril que no saben como se compraron los hospitales móviles.
A través de la serie Parasitos del Covid-19 revelamos que un veterano de guerra de la Guerra del Golfo vendió contenedores como hospitales móviles casi a mil doscientos millones de lempiras, como la quinta parte de todo el presupuesto de seguridad pública de Honduras en 2019.
Las carpas a las que el gobierno les dice hospitales móviles, Copeco se las compró a otra empresa estadounidense, el gobierno dijo que la empresa existe hace 25 años pero descubrimos que era falso, apenas inició operaciones en 2015.
El gobierno de Honduras dijo que los hospitales móviles los compró en Turquía y luego la Embajada de Turquía confirmó nuestra investigación y la falsedad del gobierno de Honduras, al aclarar que no fue así. El gobierno de Honduras utilizó dos instituciones distintas para comprar hospitales móviles de emergencia a un costo de casi dos mil millones de lempiras.
Ahí no termina todo, Copeco sobrevaloró los bienes que adquirió al comprar a diez mil un televisor que cuesta entre tres mil y cuatro mil lempiras.
Primero destituyeron a empleados intermedios de Copeco para hacer creer que la corrupción era un asunto de delincuencia común de unas cuantos y no un concierto de delincuentes de cuello blanco, a medida crecieron los hallazgos de irregularidades se fue el coordinador de Copeco, Gabriel Rubí. Pero el problema siguió allí, en las poltronas políticas más altas.
Este escándalo que ha conmovido al país por el saqueo aprovechando la pandemia es el resultado del blindaje legal de impunidad en Honduras.
Dos años antes
En enero de 2018, los diputados habían instalado por segundo año la legislatura del Congreso Nacional 2018-2022, lo hicieron con los rostros desencajados porque un mes antes la MACCIH los acusaba de supuesta corrupción con el caso Red de Diputados.
Ese día empezó a empeorar todo para Honduras. En sus comparecencias Juan Jiménez Mayor oriundo del Perú, Bisnieto de un combatiente de la Guerra del Pacífico, daba a entender que los corruptos operaban con impunidad y que luego del Caso Red de Diputados empezaron a blindarse más incluso con la complacencia de Luis Almagro.
En el Congreso Nacional taparon cada vacío. Los diputados modificaron la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), aprobaron una Ley de Presupuesto, Fe de Erratas de legislaturas anteriores para evitar la investigación de delincuencia de cuello blanco, según podemos interpretar de las declaraciones de la MACCIH.
Se aprobó un nuevo Código Penal que coloca al filo de prisión a la prensa que ya venía padeciendo asesinatos, ochenta en la última década en un país de nueve millones de habitantes. Las querellas y amenazas contra la prensa están a la orden del día sobre todo cuando denuncia corrupción, de hecho por eso está preso David Romero Ellner.
Creemos que el peligro es que con base en estas reformas, las compras de emergencia no se auditarán si el TSC dice que ya hizo las revisiones simultáneas y el Ministerio Público también estaría atado si se toman en cuenta los antecedentes del caso Red de Diputados.
“En diciembre de 2017, la MACCIH acusó por malversación de caudales públicos a los diputados miembros de esta red: Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia”, contó un boletín del Ministerio Público.
Unos meses antes de que la MACCIH incriminara a los diputados, ocurrió un misterioso crimen contra el escolta de Jiménez Mayor frente a las oficinas de esta dependencia de la OEA. En las noticias dijeron que fue un suicidio, pero el policía Jader Adonay Mencía Arguijo, de 21 años, no tenía en sus manos las concentraciones de Plomo, Antimonio y Bario que deja en los dedos un disparo con arma de fuego.
Vea:Sin indicios científicos del asesinato de escolta de la MACCIH
La acusación generó un cisma político que conduciría a la renuncia del vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, y de su equipo sólo dos meses después de haber presentado el requerimiento fiscal.
Una magistrada de la Corte Suprema de Justicia al amparo de las reformas de la Ley de Presupuesto, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018 decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”.
Pese a las renuncias, el 24 de mayo de 2018 la MACCIH promovió el caso Pacto de Impunidad contra los diputados del Congreso Nacional (CN), José Tomas Zambrano, y Román Villeda Aguilar; y buscaba «probar que los requeridos Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos”.
Para ese entonces la crisis del Coronavirus estaba aún lejos y los diputados padecían zozobra, pero repuntaron en el último minuto de la partida y la crisis del COVID- 19 se convirtió en una oportunidad o en una bendición de Dios, como ellos gustan decir.
Parece que el drenaje y su modus operandi, está intacto.
No podemos decir que los acusados son culpables por respeto al debido proceso, la tristeza y el luto ante lo que pasa en el país es porque los procesos penales por corrupción nunca han sido debidos, la justicia no ha conocido el fondo del asunto ya sea por reformas legales o recursos procesales que van dilatando los juicios y al final no hay aplicación transparente y con debido proceso. Lo que queremos en este país es justicia. La B
