Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional hace una clasificación de 11 delitos que entran en la categoría de crímenes de lesa humanidad: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
Además, h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos.
En el mismo artículo, establece que «por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen».
En la última década con mayor frecuencia, los garífunas de la zona costera de Honduras sufren ataques sistemáticos contra su población civil desarmada de parte del gobierno, los grupos de poder y el crimen organizado que los han convertido en sobrevivientes de una serie de actos inhumanos, de carácter similar.
Estos actores han causado intencionalmente grandes sufrimientos y atentado gravemente contra su integridad física y salud mental, sólo basta imaginar la zozobra que sentirá el pueblo garífuna en este momento que han desaparecido cinco de sus integrantes.
Leyes contra garífunas
Si bien es cierto no hay políticas estatales raciales, en cada espacio de la sociedad hondureña, sí hay una serie de leyes y actos administrativos concretos encaminados a justificar el traslado forzoso, la opresión y dominación de las y los garífunas, el Estado impulsa leyes turísticas e incumple la sentencia del Caso Triunfo de la Cruz vs Honduras. Eso nos hace comparar la situación de este pueblo con las características del Crimen de Apartheid definido por el Estatuto de Roma.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció este 27 de julio que “el Estado continúa desdeñando el derecho a la consulta previa, llegando al extremo de desvirtuar la creación de una ley de consulta previa, promoviendo el secuestro ideológico del anteproyecto, para convertir socializaciones en consultas”.
Asesinatos y traslado forzoso de población
“En los dos últimos año hemos visto la eliminación sistemática de líderes a manos de la violencia estatal que se ha institucionalizado en Honduras, como un arma de control social”, denunció Ofraneh.
Los garífunas han sufrido ataques mediante sistemáticos actos administrativos ya sea desde operaciones policiales de represión, falsificación de documentos para robarles sus tierras, hasta contubernio judicial en favor de sectores con mayor poder económico. Un ejemplo de esto se encuentra en la sentencia de la CorteIDH López Álvarez vs Honduras.
A eso hay que sumar el asesinato de garífunas, 20 fueron asesinados en los últimos años. En noviembre de 2019, Ofraneh denunció que “la expulsión de los Garífunas de la Bahía de Trujillo por los “empresarios canadienses” asociados al “rey del porno¨ y el puertorriqueño Santiago Mario, al mismo tiempo que la fiebre de la instauración de plantaciones de palma africana, la que viene siendo utilizado por el crimen organizado para apropiarse de vastos territorios, que generan la desecación de los humedales; así como la instalación de proyectos inconsultos como la Térmica de la Ensenada, muestran que existe un plan muy claro para desaparecer las comunidades y el pueblo Garífuna. Mientras tanto el Estado se niega a cumplir las sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana en el 2015, por la violación de los derechos humanos de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra”
“Las muertes de 16 Garífunas solo en el año 2019 hace que reflexionemos sobre la terrible encrucijada en que nos encontramos los Garífunas en Honduras, y los desafíos que confrontamos para lograr nuestra sobrevivencia como cultura diferenciada y la preservación del territorio que ocupamos desde hace más de dos siglos”.
Encarcelamiento
Además para evitar que siga su lucha por el territorio sufren encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Las líderes del movimiento social están siendo criminalizadas por la defensa de sus territorios y el desplazamiento forzado sigue mediante negocios estatales y privados, fraudulentos. La comunidad garífuna sufre tortura en las cárceles y persecución contra la visión de colectividad y la identidad propia de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) para derrotar sus motivos políticos, raciales, étnicos y culturales.
La lucha por el territorio ha arreciado al mismo tiempo que el gobierno ha afianzado la política de traslado forzoso de población y que han proliferado los cultivos de hoja de coca en este gobierno. El desplazamiento forzoso es para sembrar palma africana de tal forma que las comunidades ya no pueden cosechar ni comer lo que tradicionalmente los alimentó por siglos. En vez de Yuca y coco, ha proliferado la hoja de coca, construcción de hoteles de lujo, complejos habitacionales para extranjeros blancos que tienen muchas veces títulos de propiedad falsificados y que violentan los títulos comunitarios.
Desaparición forzada
A todo esto hay que sumar la reciente desaparición forzada de cinco garífunas. El Estatuto de Roma define la “desaparición forzada de personas” como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. 3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede.
“Con la desaparición de cinco jóvenes de la comunidad de Triunfo de la Cruz, sustraídos de sus viviendas en la madrugada del sábado 19 de julio, por supuestos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), se repite una vez más las agresiones contra líderes y miembros de las comunidades Garífunas, la que se recrudeció a partir del año 2018.
“Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la OFRANEH, Milton Joel Martínez Álvarez; Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix, los que fueron sustraídos de sus domicilios, situación que ha creado una enorme alarma dentro de las comunidades Garífunas, ya que a pesar de las restricciones de movilización existentes, ante la pandemia imperante, y con un toque de queda imperante, ingresaron vehículos con personas fuertemente armadas a la comunidad”.
«Todo parece indicar que el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y su equipo, se convirtieron en un estorbo para la elite de poder local, que se siente afectada por la sentencia de la Corte IDH, y han procedido a sembrar el terror en la zona».
La misteriosa desaparición de los cinco jóvenes en Triunfo de la Cruz ha dado lugar a un sinfín de conjeturas, algunas de ellas alimentadas por la elite de poder, que se siente afectada por la sentencia de la Corte IDH, la cual es enfática en la devolución del denominado Lote A1, donde la oligarquía hondureña, Las mansiones y hoteles boutique establecidos de forma dolosa en tierras comunitarias, son enorme obstáculo para lograr el cumplimiento de la sentencia, dice el comunicado de Ofraneh.
Es necesario y urgente que el Estado responda al clamor del pueblo Garífuna, que le devuelvan a sus hijos sanos y salvos, así mismo exigimos el pronto cumplimiento de la sentencia de la Corte interamericana a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
El gobierno hondureño culpa de este tipo de hechos delictivos a maras y pandillas, pero los señalamientos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York han demostrado una vez más las inestables fronteras que hay entre el gobierno y el uso de estructuras del crimen organizado para cometer delitos. El país experimento una mutación de transportista a productor de cocaína mientras Juan Orlando Hernández ha estado en el poder.
Para los sectores más conservadores, incluso de las oenegés hondureñas, suena exagerado hablar de este tipo de delitos en contra de los garífunas, pero la realidad es que hasta la fecha no hay en el país estructuras sociales y académicas capaces de investigar y reunir todas las evidencias que podrían sustentar un juicio penal internacional para convertir en pruebas los indicios que gritan que en las comunidades se están sufriendo un crimen de apartheid para imponerles una visión occidental blanca de desarrollo económico y social.
Orígenes de leyes, muertes y traslado forzado, según Ofraneh
Para Ofraneh, las ciudades modelo, la palma africana y las plantaciones de cocaína son los motores del desplazamiento forzado que sufren.
A partir del 2001, la administración “nacionalista”, asume como uno de los pilares de su política económica la apertura de las ciudades modelo, proyecto neocolonial impulsado por el economista estadounidense Paul Romer, el cual consiste en una zona económica especial con el agregado de una tercerización de la aplicación de justicia y seguridad.
“A partir del golpe de estado del 2009, en Honduras, se recrudeció la ofensiva en contra del pueblo Garífuna, que a pesar de obtener dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades Garífuna de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, mediante las cuales, el Estado fue condenado en el 2015 por la violación al derecho a la propiedad comunitaria, y el derecho a la consulta previa libre e informada”.
En octubre de 2012, la Corte Constitucional se pronunció sobre la ilegalidad de las ciudades modelo, declarándolas inconstitucionales. Para diciembre del mismo año, el poder legislativo al mando del actual mandatario Juan Orlando Hernández, procedió a defenestrar la Corte Constitucional, dando lugar a un “golpe técnico” que finiquito con la independiza de poderes.
En la primera fase de las ciudades modelo – antes de ser declaradas inconstitucionales- 27 de las 48 comunidades, fueron incluidas dentro de las ciudades modelo. Posterior al golpe a la corte y con la reintroducción de las Ciudades Modelo bajo el nombre de Zonas Especiales para el Desarrollo económica, 17 comunidades Garífunas encuentran en peligro de ser absorbidas.
Al mismo tiempo que la dictadura impuso las ciudades modelo, inició una campaña de producción masiva de palma africana, aumentado la presión sobre los humedales costeros, incluyendo las áreas protegidas. La palma africana se convirtió en uno de los principales rubros para lavar activos. Honduras en una década duplico la producción de plantaciones de palma, al mismo tiempo que se intensificaron los conflictos sociales, dando lugar a una guerra de baja intensidad que hasta la fecha se mantiene en el Bajo Aguan.
La utilización de Honduras como país de tránsito de estupefacientes provenientes de Sudamérica, se remonta a décadas atrás, y siempre ha existido una relación entrañable entre crimen organizado y la élite de poder hondureña; situación que se intensifico con el golpe de estado, dando lugar a una simbiosis que ha tenido como resultado un aparente narco estado.
En el último año se han descubierto una serie de plantaciones de coca en Honduras, específicamente en la Serranía de Payas, la cual forma parte del hábitat funcional de las comunidades Garífunas de Iriona. Las “autoridades” han encontrado tanto cultivos de coca, como supuestos laboratorios de procesamiento.
El inesperado cambio de un país de tránsito a país productor de coca, tendrá fatídicas consecuencias para las comunidades Garífunas, que nos encontraremos cercados de plantaciones y pistas clandestinas, situación que incrementará la violencia y presiones territoriales.
Las presiones territoriales que vienen ejerciendo los palmeros y empresarios del rubro del turismo, se incrementan, aunque dichos rubros no parece ser que tengan un mayor futuro en el mundo pos pandemia. La calidad vertiginosa del precio del aceite de palma y la contención en cuanto desplazamiento aéreos y cruceros marítimos, fundamentales para el turismo, ponen en duda su recuperación a corto plazo.
Mientras tanto el cambio climático y la erosión costera se incrementan, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para los Garífunas.
«Hasta la fecha el estado de Honduras ha incumplido las sentencias, dando lugar a cuestionamientos sobre el reconocimiento de los derechos colectivos consignados en convenios y tratados internacionales, suscritos de “buena fe” por el Estado».
Una evidencia rutinaria de la tolerancia social que hay en Honduras hacia la discriminación de este pueblo es el lenguaje. Las frases como “negros haraganes, negro culero, negro pendejo” y los refranes populares que denigran lo negro y lo indígena, son un discurso rutinario que justifica las violaciones.
Desde RI creemos que empezar a debatir, investigar y documentar las violaciones que sufre el pueblo garífuna es urgente, la academia, la prensa y la sociedad civil pueden documentar y registrar la situación actual para dar un aporte a la lucha por el Derecho a la Verdad, Derecho a la Reparación y para que haya un castigo ejemplar para los criminales de lesa humanidad.