Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El presidente de este país de América Central “tiene profundas conexiones con el narcotráfico”, según una carta enviada por un grupo de representantes del Congreso de Estados Unidos.
Los congresistas cuestionan la intención de Donald Trump de invertir los impuestos de los estadounidenses en un gobierno con nexos criminales.
En esta carta los congresistas relatan su preocupación por los asesinatos de defensores de derechos humanos, el conflicto en Jilamito, en la Costa Atlántica de Honduras; la desaparición forzada de cinco garífunas y mencionan que “las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por Hernández”.
La carta es una réplica para condenar de manera enérgica el anunció de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés), del gobierno estadounidense, para invertir en Honduras pese a los delitos de narcotráfico, asesinato y contra los derechos humanos cometidos por personas que se han apropiado del Estado de Honduras mediante fraude electoral, señala la carta de los congresistas.
Además, la misiva cuestiona que el gobierno de Estados Unidos apoye el controvertido proyecto en el Río Jilamito aun con la criminalización y asesinatos que ha generado. El comunicado fue emitido el 13 de agosto pasado.
Fragmentos del comunicado
Este comunicado indica: “Escribimos para expresar en los términos más enérgicos nuestra oposición al plan anunciado para invertir mil millones de dólares en proyectos controvertidos en Honduras durante los próximos tres años… Es una decepción asombrosa, solo siete meses después de la existencia de la DFC, que tomaría un paso en falso tan profundo”.
“El proyecto hidroeléctrico de Jilamito, el único proyecto mencionado en su comunicado de prensa, ha alcanzado unsostenida campaña de oposición de las comunidades locales afectadas desde que se anunció. Esta campaña ha sido objeto de criminalización y hostigamiento por parte del Estado hondureño ypoderosos intereses económicos en Honduras”.
“Organizadores en contra del proyecto, incluidos los jóvenes el abogado Carlos Hernández que los representa, han sido asesinados”. Otros han recibido amenazas a muerte.
“La empresa a cargo del proyecto, Inversiones de Generación Eléctricas, SA(“Ingelsa”), es acusado de manera creíble por líderes comunitarios locales de corrupción, intimidación y violencia. El río que se está represando es la única fuente de agua potable para las comunidades de la zona”.
“El contexto más amplio en Honduras es revelador. El presidente Juan Orlando Hernández tiene un historial que incluye graves violaciones de derechos humanos, acusaciones creíbles de fraude electoral, conexiones profundas al narcotráfico y al crimen organizado, y a la corrupción. Múltiples acusados en casos de narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York lo han nombrado co-conspirador y han testificado que recibió donaciones de campaña de cárteles de la droga.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras documentó 16 personas asesinadas por fuerzas de seguridad hondureñas inmediatamente después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2017. Una de las personas asesinadas en el contexto de la crisis postelectoral de 2017-18 fue Ramón Fiallos, un organizador contra la represa de Jilamito que fue blanco de las fuerzas de seguridad por su activismo”.
“Los organizadores indígenas, afro-indígenas y campesinos en Honduras han sido criminalizados y asesinados. El ejemplo más destacado, pero no el único, es el caso de Berta Cáceres,el líder indígena que fue asesinada por una colusión de intereses económicos y políticos, en 2016. Hace apenas unos días, cinco líderes comunitarios garífunas fueron desaparecidos por la fuerza por hombres vestidos con uniformes militares y policiales en Triunfo de la Cruz, a menos de 20 millas de la represa Jilamito”.
“Es profundamente alarmante que usted, el Encargado Hoey y el Sr. Claver-Clarone hayan encontrado aceptable comparecer con el presidente Hernández y anunciar una inversión en la misma región del país donde se han producido esas desapariciones y años de violaciones de derechos humanos”.
Los miembros del Congreso quedaron profundamente conmocionados por el asesinato de Berta Cáceres y han instado repetidamente no solo a la justicia por su asesinato, sino también a cambios en la política para garantizar que Estados Unidos está del lado de los defensores de los derechos humanos y los activistas ambientales”.
“…Además, nos preocupa profundamente la falta generalizada de transparencia y consulta que motivó esta inversión y que no existen mecanismos de supervisión para prevenir la corrupción. Deben existir controles de corrupción adecuados para garantizar que no se roben los fondos. La corrupción es endémica en Honduras y con demasiada frecuencia, se roban fondos y los proyectos nunca se completan”.
“Un ejemplo clásico es el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo del proyecto de transporte público Trans-450- Un proyecto que nunca se completó pero los hondureños se quedan pagando la deuda”. “Las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por Hernández”.
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“La DFC no debería invertir dólares de impuestos estadounidenses hasta que los mecanismos anticorrupción estén en su lugar”.
“…La inversión en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá”.
Esta carta es dirigida a Adam Boehler jefe ejecutivo de la DFC y fue fue encabezada por la congresista Ilhan Omar. También fue dirigida a Mike Pompeo, Colleen Hoey, Encargada de Negocios, a la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Mauricio Claver-Carone.
Firmantes adicionales de la carta
Rep. Nanette Barragán, Representante Earl Blumenauer, Rep. Suzanne Bonamici, Rep. Joaquín Castro, Representante Danny K. Davis, Representante Peter A. De Fazio, Representante Anna G. Eshoo, Rep. Adriano Espaillat, Rep. Jesús G. «Chuy» García, Rep. Raúl M. Grijalva, Rep. Pramila Jayapal, Representante Henry C. «Hank» Johnson, Jr.Representante Marcy Kaptur, Representante Andy Levin, Representante Alan Lowenthal, Representante James P., McGovern, Representante Eleanor Holmes Norton, Representante Alexandria Ocasio-Cortez, Representante Dean Phillips, Representante Mark Pocan, Representante Ayanna Pressley, Representante Jamie Raskin, Representante Jan Schakowsky, Diputado José E. Serrano, Representante Jackie Speier, Rep. Rashida Tlaib, Rep. Nydia M. Velázquez.
The Trump Admin. wants to give $1B to Honduras corporations known for intimidation & violence.
— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) August 13, 2020
Back in 2017, I visited Honduras and know the people are counting on us to fight back against corruption.
Today, I led a letter to condemn their actions. https://t.co/MePAeh0loO pic.twitter.com/kmQYKMZ19B
Ver carta original en inglés:
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