Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Una serie de preguntas, titulares de los principales diarios del mundo y suposiciones sobre la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica, ha dejado la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos al liberar de los cargos en su contra al ex ministro de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos. Su liberación ocurre, luego de que el mes anterior la Fiscalía señalara que representaba riesgo de fuga y que podría enfrentar cadena perpetua por narcotráfico y trata de personas.
La Declaración conjunta del Fiscal General de los Estados Unidos William P. Barr y la Fiscalía General de México Alejandro Gertz Manero, firmada ayer 17 de noviembre informó: «La Fiscalía General de la República mexicana, al enterarse del arresto y los cargos de Estados Unidos contra el general Cienfuegos, abrió su propia investigación. En reconocimiento de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra ex Secretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana.
Este reconocimiento que se hace a la justicia mexicana no ha sucedido igual en el caso de Honduras, con una serie de exfuncionarios de alto nivel del gobierno actual, enjuiciados en el Distrito Sur de Nueva York por asesinato, narcotráfico y tráfico de armas.
La petición firmada por el fiscal de los Estados Unidos en funciones, Seth D. DuCharme, cita que el «El Departamento de Justicia ha considerado que este despido es de interés público de los Estados Unidos en reconocimiento de la estrecha cooperación entre los Estados Unidos y México en materia de derecho bilateral investigaciones de aplicación de la ley y, en apoyo de esa asociación de aplicación de la ley, que aumenta la seguridad de los ciudadanos de ambos países».
«En consecuencia, el gobierno solicita respetuosamente que la Corte desestime la acusación contra el acusado… el gobierno y el acusado han acordado que, si el Tribunal ordena la desestimación de los cargos sin perjuicio, el acusado abandonará voluntariamente los Estados Unidos y será transportado rápidamente a México bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos», dice la petición, la carta no aclara nada sobre el destino que tendrá Cienfuegos una vez que esté bajo la custodia del gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el sucesor de Enrique Peña Nieto.
La BBC de Londres, el The New York Times y el Washington Post se han limitado a informar este miércoles sobre esta decisión del gobierno estadounidense. De su lado. el comunicador radicado en Estados Unidos, Ángel Martínez, autodenominado «Detective Ángel» comentó el martes que este es uno de los mayores acuerdos del gobierno de aquel país del norte para derrotar al Cártel de Sinaloa y a los políticos del continente presuntamente implicados en narcotráfico, entre ellos el de más alto perfil, el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández.
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Cartel H2, un modus operandi parecido al de TH
<p>El general Salvador Cienfuegos Zepeda fue acusado por Estados Unidos porque al ocupar el cargo de Secretario de Defensa Nacional en México, de 2012 a 2018, "abusó de esa posición pública para ayudar al Cártel H-2, una organización de narcotráfico extremadamente violenta que tráfico miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en los Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. A cambio de pagos de sobornos, Cienfuegos permitió el Cartel H-2, un cartel que habitualmente participaba en violencia total, incluida la tortura y el asesinato, operar con impunidad en México", cita la acusación del Case 1:19-cr-00366-CBA-SJB Document 22 Filed 11/17/20 Page 1 of 4 PageID #: 105, ahora retirada.
«En relación con sus crímenes, el 14 de agosto de 2019, un gran jurado reunido en el Distrito Este de Nueva York presentó una acusación formal que acusaba al acusado de drogas delitos de trata y blanqueo de capitales. Ese mismo día, la juez federal Vera M. Scanlon emitió una orden de arresto contra el acusado».
La acusación citaba que «entre 2012 y 2018, el imputado fue Secretario de Defensa Nacional para México, responsable de la gestión del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana y reportaba directamente al Presidente de México. Mientras ocupaba un cargo público en México. El acusado usó su cargo oficial para ayudar al Cartel H-2, un famoso cartel mexicano de la droga, a cambio de sobornos.
El Cartel H-2 es una violenta organización mexicana de narcotráfico que fue anteriormente dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como «H-2″, y con sede en Nayarit y Sinaloa, México. Durante el período de tiempo relevante, el Cartel H-2 tuvo numerosos celdas de distribución en los Estados Unidos, incluso en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, a través de las cuales distribuyó miles de kilogramos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana y ganó millones de dólares en ingresos ilegales».
«En México, el Cartel H-2 traficaba con cientos de armas de fuego letales y cometió innumerables actos de violencia espantosa, incluida la tortura y el asesinato, para protegerse contra los desafíos de organizaciones rivales de narcotráfico, luchar por el territorio y silenciar a quienes cooperar con las fuerzas del orden».
«El Cartel H-2 ha utilizado la corrupción de funcionarios públicos, incluidos los sobornos a la acusado mientras era un alto funcionario mexicano, como medio y método para lograr los objetivos de su empresa de tráfico de drogas. A cambio de sobornos de otros mexicanos funcionarios del gobierno, el Cartel H-2 aseguró el arresto y tortura de narcotraficantes rivales por Agentes de la ley mexicanos, la liberación de la prisión de miembros del Cartel H-2, y la capacidad de participar en el tráfico de drogas al por mayor, el tráfico de armas de fuego y la violencia, incluyendo decenas de asesinatos, sin interferencia de las fuerzas del orden mexicanas».
«El Secretario de Defensa Nacional de México, el demandado, a cambio de pagos de sobornos, ayudó al Cártel H-2 de numerosas formas, entre ellas: (i) asegurando que las operaciones militares no se llevaron a cabo contra el Cartel H-2; (ii) iniciar operaciones militares contra su rival organizaciones de tráfico de drogas; (iii) localización de transporte marítimo para cargamentos de drogas; (iv) actuar para expandir el territorio controlado por el Cartel H-2 a Mazatlán y el resto de Sinaloa; (v) presentar a los principales líderes del Cartel H-2 a otro gobierno mexicano corrupto funcionarios dispuestos a ayudar a cambio de sobornos; y (vi) advertir al Cartel H-2 sobre la investigación en curso de las fuerzas del orden de los EE. UU. sobre el Cartel H-2 y su uso de
testigos e informantes, lo que finalmente resultó en el asesinato de un miembro de la H-2″.
«El acusado presenta un riesgo significativo de fuga. El acusado se enfrenta a una pena de diez años. La estimación preliminar de las Directrices para los delitos imputados es la cadena perpetua. Como se señaló anteriormente, la evidencia que respalda estos graves cargos es sólida, incluidos miles de personas interceptadas comunicaciones entre miembros del Cartel H-2, el acusado y otros funcionarios corruptos, testimonio de múltiples testigos que cooperaron con respecto a las operaciones del Cartel H-2 y numerosas incautaciones de drogas. Dado el tiempo de cárcel significativo que enfrenta el acusado al ser declarado culpable, tiene un fuerte incentivo para huir de la jurisdicción».
«Además, el acusado probablemente buscaría aprovechar sus conexiones con miembros de alto nivel del Cartel H-2 en México, así como con el ex gobierno corrupto de alto nivel. oficiales, para ayudarlo a huir de las fuerzas del orden de Estados Unidos y albergarlo en México», citó la acusación en su contra.
