Un país peligroso para defender el planeta

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Diseño de Investigación: Sonia Godoy, Colombia; Thirzia Galeas, Wendy Funes, Honduras

|Investigación de campo: Thirzia Galeas, Wendy Funes| Honduras | Gibrán Mena, México.

| Edición: Gibrán Mena,  DataCrítica |  

Redacción: Reporteros de Investigación, Honduras| DataCrítica, México

| Visualización de datos: DataCrítica

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Internacional Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Adelante en América Latina.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. «Honduras cuenta con un gran patrimonio ambiental y una amplia diversidad biológica. Durante los últimos años, estos recursos han sido ilegalmente explotados provocando un grave deterioro en los ecosistemas hondureños. 

Desde principios de la década de los noventa, grupos de personas y algunos líderes empezaron iniciativas particulares para llamar a la sociedad a defender sus recursos y parar la tala indiscriminada de los bosques y cuencas naturales. 

Como represalia a su labor, defensoras y defensores ambientalistas han sido víctimas de actos de hostigamiento, amenazas, persecuciones y asesinatos”, cita el informe no. 43/14 del caso 12.492 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En resumen, los informes internacionales advierten que desde 2004, personas defensoras de derechos humanos, con medidas de la CIDH, son asesinadas en Honduras. Desde 2001, 17 personas defensoras han sido asesinadas siendo beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, en promedio una por año. 

Desde mayo de 2015, hay un promedio de un defensor asesinado cada mes en Honduras, según la Organización Mundial contra la Tortura. Entre 2010 y 2017, la oenegé Global Witness registró 120 asesinatos de defensores ambientales. Esta cifra no toma en cuenta las víctimas de los noventas ni las personas asesinadas después de Berta Cáceres.

Los ambientalistas realizan su labor en una tierra con vulnerabilidad ante el cambio climático. “Es uno de los países más vulnerables del mundo por su ubicación geográfica en el istmo centroamericano, según revela un informe proporcionado por German Watch y el panel del cambio climático, ubicando al país en el primer lugar de vulnerabilidad de la región, por lo que se espera que para el año 2030 la nación se encuentre en una situación de vulnerabilidad severa”, advirtió n 2018 la Secretaría de Recursos Naturales, Minas y Ambiente (MiAmbiente). 

De manera contradictoria, lejos de proteger a los cuidadores del medio ambiente, “Honduras es uno de los países más peligrosos en América Latina para los(as) defensores(as) de derechos humanos. Más de 120 defensores(as) del medio ambiente fueron asesinados(as) entre 2010 y 2017”, denunció en 2020 la oenegé centro de investigación y promoción de los derechos humanos (ciprodeh). 

En 2019, Global Witness publicó el informe ¿Enemigos del Estado? en este estudio, “Global Witness ha documentado por primera vez el uso y el abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a las personas defensoras, a sus familias y a las comunidades que representan. 

Esta táctica puede utilizarse para mancillar la reputación, interrumpir el financiamiento y acorralar a las y los activistas en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras”.

Esas batallas en Honduras son un camino más escabroso que abarca a familiares de ambientalistas que luchan por encontrar justicia y que se convierten en nuevas víctimas luego de décadas de impunidad.

Honduras entre los países que no es parte del Acuerdo de Escazú

Todo eso explica por qué el gobierno de Honduras no puede aprobar el Acuerdo de Escazú. El primer acuerdo internacional que reconoce como deber del Estado la protección a líderes y lideresas territoriales y el reconocimiento del derecho a la defensoría territorial. 

El 10 de marzo de 2020, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) indicó que el “el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, se concretó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América latina y El Caribe, priorizando el Derecho al Acceso de Información, Participación Pública en la toma de decisiones y a la justicia en materia medioambiental». 

“El documento, de carácter regional y vinculante, se abrió a la firma de los 33 países de américa latina y el caribe en septiembre de 2018 en la ONU. Actualmente, 21 países ya han firmado el tratado, mientras que sólo seis de ellos lo han ratificado. Se necesita que 11 estados ratifiquen el tratado para que pueda entrar en vigencia”, describió el Fosdeh en 2020.

Mediante una solicitud de información, se preguntó por qué no se ratificó el Acuerdo de Escazú. La Cancillería respondió que “se hacen consultas internas y que no se puede obtener copia porque es un documento reservado”, mientras tanto la Secretaría Mi Ambiente respondió que Honduras participó durante cuatro años en este Acuerdo y sin embargo no forma parte a la fecha.

El Estado ha respondido a 10 solicitudes de información —hechas para esta investigación— entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 que son información reservada o que no tiene estadísticas desagregadas lo cual deja entrever la impunidad estadística que hay en cuanto a estas muertes.

Negaron información sobre avance de investigación en casos de ambientalistas y sugirieron pedirlo al Mecanismo. 

En otras solicitudes, respondieron de manera muy general sobre las recomendaciones cumplidas por el Estado de Honduras en temas de defensa del medio ambiente. El Mecanismo de Protección y la Secretaría de Derechos Humanos respondieron que no saben cuántos defensores ambientales hay en el país y que entre 2016 y 2020, había 40 defensores de DD. HH. y 35 periodistas protegidos.

La Secretaría de Derechos Humanos reveló que solo registra cinco defensores asesinados entre los años 2017 al 2020. Muchos de los defensores asesinados estaban bajo “medidas de protección”.

Los avances del Estado

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Jackeline Anchecta, explicó que un avance del Estado es la creación del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras (Simoreh).

Este sistema es una herramienta informática que permite ordenar, clasificar, dar seguimiento y monitoreo a las recomendaciones internacionales de Derechos Humanos realizadas a Honduras, por los diferentes órganos y procedimientos especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Con el propósito de obtener información actualizada y dar cumplimiento e implementación a las recomendaciones, de acuerdo con la descripción en su sitio web. Este sistema nació a raíz de la adopción del segundo Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras en 2015.

El Estado vio la necesidad de dar ese seguimiento a esas recomendaciones internacionales. “El 2015 habíamos recibido 129 recomendaciones y dentro de ellas, estaba tener el sistema de monitoreo. Es así que en el 2016, el Estado de Honduras emprende lo que es crear este sistema de monitoreo el cual es una buena experiencia a replicar ya que emana de las mismas recomendaciones dada por el país de Paraguay y el mismo nos da ese apoyo”, declaró la funcionaria. En 2015, el Estado de Honduras recibió 152 recomendaciones aproximadamente, dio cumplimiento a un 90 por ciento, en estado de implementación.

“Uno de los logros que Honduras ha manifestado en el EPU desde el 2010 los temas que hemos recibido es sobre los defensores es así que el Estado creó un Sistema de Protección en 2015. El Estado de Honduras cumple con esa recomendación teniendo una Ley de Protección”.

Existen retos y desafíos en la implementación de la ley. Es por ello que el Estado de Honduras ha iniciado un proceso de diagnóstico del Sistema Nacional de Protección en conjunto con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

En cuanto a los defensores que gozaban de medidas dijo que “no se trata solo del Mecanismo de Protección, sino de todo un sistema nacional de protección de defensores donde también está el Ministerio Público que tiene un rol importante en el sistema”.