La necesaria reconciliación con la Policía Nacional

Análisis

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Como nunca en la historia de la Seguridad Pública, Honduras está en un momento que puede significar la transformación del sistema para tener seguridad ciudadana moderna. Las Políticas que conciben la seguridad como necesaria para restringir libertades, son un concepto del siglo pasado, lo sabe cualquier estudioso de los nuevos paradigmas de seguridad.

Desde los setenta hemos tenido una seguridad que ve en el pueblo un enemigo interno, es una visión militarizada y el resultado ha sido penetración del tráfico de drogas, corrupción, violaciones sistémicas y sistemáticas de los derechos humanos y las permanentes operaciones de escuadrones de “limpieza social”.

Eso quiere decir que los militares que siempre manejaron la seguridad pública en Honduras, y que necesitan impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad que han cometido, nos alejaron del tan necesario aparato eficaz de prevención y persecución de delito y respetuoso de los derechos humanos que precisamos.

Por todo eso, es ineludible que la ciudadanía conozca que es la primera vez en la historia del país que es la Policía Nacional quien maneja la seguridad sin influencia de las Fuerzas Armadas de Honduras. En este momento, hay una ruptura total en la influencia incluso política que la fuerza castrense pudiera tener en la Policía debido a la división ocasionada por el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Sin lugar  a duda, con esto quien se beneficia es el pueblo porque este es un punto de partida transformador para empezar a civilizar a la Policía Nacional y, por ende, la política pública de seguridad. La Policía Nacional necesita la colaboración y la supervisión ciudadana.

Las organizaciones de sociedad civil, los líderes sociales y la población deben acercarse nuevamente a esta entidad, apoyarla para su reforma. Es difícil con una policía que quedó muy mal vista después de 12 años de cruentas violaciones a derechos humanos, pero la ciudadanía debe apropiarse de su policía y arrebatarles a los militares esta bandera por la que luchan de manera subterránea.

La policía está apagando el fuego que dejó encendido el gobierno anterior y lo hace en medio de la desconfianza ciudadana porque la ciudadanía desconoce la batalla interna que a luz pública siempre será negada con diplomacia. Solo el rol ciudadano apoyando la Seguridad pública podrá lograr que tengamos investigaciones prontas e imparciales y reducción del delito.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la tendencia actual es transitar del modelo de seguridad pública —orientado a la protección del Estado y la salvaguarda del orden público— a uno de seguridad ciudadana, donde la persona es el eje central de las políticas.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, desde su discurso de toma de posesión prometió una policía comunitaria, centrada en las necesidades y en servir a la comunidad. Para quien desconoce los entretelones y las disputas internas que ha traído la decisión presidencial de encargarle la seguridad solo a policías, resulta muy difícil creer o entender que hay un proceso de desmilitarización sobre todo cuando la Policía Militar del Orden Público (PMOP) sigue en las calles, pero eliminar esta policía de un día para otro, dicen quienes saben del tema, sería generar mayores problemas de inseguridad por el descontento aun mayor con el que quedarían el cuerpo castrense. Así que dejar la PMOP quizá sea más una decisión con motivaciones políticas que técnicas.

Desde 2020, las Recomendaciones del Examen Periódico Universal fueron “redefinir claramente el papel de la policía militar como medida provisional e intensificar el proceso de profesionalización de la policía nacional para garantizar la protección de los derechos humanos en el ejercicio de todas sus funciones”.

¿Cómo se llegó a la Policía Militar?

En la era del postgolpe de Estado de 2009, en  2013, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, supuesto narcotraficante y traficante de armas, enjuiciado en Nueva York, creo la Policía Militar con el fin de eliminar la Policía Nacional.

Con la PMOP tendría un ejército totalmente leal a él. Las denuncias de corrupción policial de la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y la campaña mediática, le venía muy bien a su propósito, pero la oposición política y la presión de la Embajada de Estados Unidos impidieron su intención.

Era una trampa porque un aparato castrense iba a sustituirla y desaparecerían una policía que tuvo sus momentos más oscuros cuando perteneció directamente a las Fuerzas Armadas de Honduras.

Hernández quería arrancar un cuerpo policial con raíces militares para sustituirlo por un cuerpo élite militar sin identidad sino más inmediato, arraigado solo a la cúpula leal a él en ese momento, mientras la policía se había gestado desde el siglo XIX.

La Policía Nacional fue creada en 1881, en 1906 se promulgó la primer Ley de Policía en Honduras. En 1963, la policía pasa a ser un apéndice de la institución castrense, según el libro Los Deliberantes de Matías Funez. Ese mismo año, con el exterminio de la Guardia Civil tras el golpe de Estado contra Ramón Villeda Morales, se crea el Cuerpo Especial de Seguridad (CES).

Doce años más tarde, la CES se convirtió en la Fuerza de Seguridad Pública (FSP). El cuarto brazo de las Fuerzas Armadas, dice Los Deliberantes. En todo ese tiempo, la policía permaneció bajo la administración de la Secretaría de Defensa y Seguridad Pública.

En 1982, a partir del gobierno del presidente Roberto Suazo Córdova inicia la era estabilidad de la democracia electorera más larga en la historia contemporánea del país. Ese año, la FSP es denominada Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) dependiente del ejército e implicada en la ejecución de desaparición forzada. En esta época, una de las unidades más temidas de la FUSEP fue el DNI (DIN, le decía la gente), un turbio ente policial implicado en torturas, asesinatos y violaciones a derechos humanos.

Once años más tarde, en 1991, la violación seguida de asesinato, cometida por militares, contra la normalista Riccy Mabel Martínez  y las masacres, ordenadas por militares, aceleraron el debate para civilizar la sociedad y separar la policía de los militares.

Con la llegada del presidente Carlos Roberto Reina al poder, en 1994 fue abolido el Servicio Militar Obligatorio autorizado desde 1878 en el gobierno de Marco Aurelio Soto. Dos años más tarde, en 1996, la policía dependía del Ministerio Público.

En 1998, la Policía Nacional pasó a depender de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, en todo este tiempo había un nexo de respeto y reverencia hacia la cúpula militar, una fuerte práctica de militarización dentro de la Policía y desde los noventa hasta 2021, siempre la Secretaría de Seguridad fue dirigida por ex militares o por civiles asesorados por militares.

En 2009, el 28 de junio las Fuerzas Armadas dan un Golpe de Estado. Desde ese momento, la fuerza policial quedó supeditada a las acciones militares y los incipientes esfuerzos de desmilitarización sufren un retroceso. En 2011, el presidente Porfirio Lobo Sosa decide sacar los militares a la calle y así llegó 2014.

En 2014 cuando Juan Orlando Hernández tomó posesión, la militarización parecía haber hecho metástasis en las instituciones claves del Estado, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York llevaban varios años colaborando con el trasiego de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y por decisión de Hernández profundizaron su rol en la seguridad pública.

Los militares tenían un rol protagónico mientras la policía debía obedecer. Acá se generó la semilla de la división. No obstante, la cultura militarista sigue presente en la mentalidad de quienes implementan día a día la seguridad pública.

El resultado de ese manejo de la política de seguridad fue un país con las más altas tasas de homicidio de América Latina, periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, la extorsión como un motor económico del crimen organizado dedicado al narcotráfico y tráfico de armas, las Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 infiltradas en la administración pública. En esos años de ser un país de transportistas de droga, Honduras pasó a ser un “productor en pequeña escala”, según lo calificó el actual director de la Policía Nacional, el doctor en sociología y comisionado general, Gustavo Sánchez Velásquez.

Mientras tanto, al ver las cruentas violaciones a derechos humanos, las Recomendaciones EPU mandaban a “Fortalecer el aparato de seguridad a través de una policía civil para luchar contra la impunidad especialmente en los casos de delitos contra periodistas y de feminicidio, sin involucrar al aparato militar”.

“El Comité observa con preocupación que, si bien el Decreto Ley núm. 198-2011, de 11 de noviembre de 2011, autorizó al ejército a desempeñar funciones policiales “con carácter temporal” y “en situaciones de emergencia”, la vigencia de dicho Decreto Ley ha sido prorrogada y las atribuciones de las fuerzas armadas ampliadas a través de ulteriores reformas de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Son también motivo de preocupación: la proliferación de nuevos cuerpos y agencias de seguridad, la privatización de tareas de seguridad pública y los presuntos abusos cometidos por empleados de empresas privadas de seguridad (arts. 2, 11, 12, 13 y 16)”, dijo Naciones Unidas en 2016. En 2022, se avanzó en que sea la policía la que comanda, pero aún la PMOP sigue en las calles aunque ya no el ejército como tal.

La depuración fue también otra medida que más que depurar buscó debilitar a la policía nacional como un organismo con oficiales críticos frente a las órdenes de Hernández. Sobre esto las recomendaciones internacionales destacaron: “Si bien toma nota de la información facilitada por el Estado parte sobre el proceso de depuración de la Policía Nacional, el Comité lamenta que no se hayan indicado las razones que han llevado a la destitución del 42% de los 459 oficiales de policía evaluados hasta la fecha. Expresa también su preocupación ante la falta de información relativa a las acciones penales emprendidas contra miembros de la Policía Nacional separados del servicio por actos contrarios a la Convención (arts. 2, 12, 13 y 16)”, decían las Recomendaciones de derechos humanos de ese entonces.

Entender la labor policial recursos para activistas de derechos Humanos

En 2007, Aministía Internacional publicó el Libro Entender la labor policial recursos para activistas de derechos Humanos, esta obra cita que “Para desempeñar estas funciones, la policía puede adoptar diferentes metodologías, emanadas de las distintas filosofías de la acción policial. Existen dos perspectivas generales subyacentes que sustentan estas filosofías. La primera perspectiva es la de la policía como instrumento del control del Estado, y se basa en el supuesto de que si los Estados controlan adecuadamente sus territorios, ese control se traducirá en «orden público» y garantizará la seguridad de las personas que viven dentro de su jurisdicción. Esta «perspectiva de fuerza», o perspectiva vertical, se observa con claridad en los estilos autoritarios de acción policial que emplean muchos organismos policiales. La otra perspectiva es la de la policía como proveedora de servicios a las comunidades en sus propias áreas. Esta perspectiva «de servicio», o perspectiva horizontal, se observa en el «trabajo policial en la comunidad» y sus derivados: acción policial orientada a los problemas y acción policial basada en la información (aunque el segundo aspecto puede verse también en la acción policial autoritaria). La acción policial en situaciones de crisis es un tanto distinta, ya que refleja la incompetencia del Estado para mantener el orden en vez de su competencia para cumplir con su obligación fundamental de mantener el orden”.

“La característica fundamental del trabajo policial en la comunidad es que las comunidades participan en la identificación de los problemas de delincuencia y desorden y en su solución, a partir del supuesto de que la policía no puede hacerlo sola. En la mayoría de los países esto significa una forma totalmente nueva de percibir el papel de la policía, así como sus responsabilidades y capacidades. Este tipo de trabajo exige que la policía entable contacto activamente con sus comunidades, se centre en la prevención del delito y no en la detección, estudie por qué la población reclama los servicios de la policía y tenga como objetivo atajar las causas subyacentes en vez de los síntomas. Pero también exige una transformación organizativa, en la que se descentralicen la de mando y las funciones de toma de decisiones (al fin y al cabo, la receptividad a las comunidades no se puede desarrollar a partir de un solo nivel central), y se desarrolle la cooperación con otros proveedores de seguridad a la comunidad. Estas repercusiones organizativas fundamentales son a menudo causa de problemas en la aplicación práctica de esta filosofía. En el capítulo 3 enumeramos los factores de éxito que pueden utilizarse para evaluar los proyectos de trabajo policial en la comunidad, el principal de los cuales es que, cuando se intenta implicar a las comunidades en el mantenimiento del orden y la prevención del delito, el tiempo es un requisito previo necesario para desarrollar la confianza. Además, para desarrollar la confianza entre la policía y las comunidades se necesita el apoyo pleno y visible a largo plazo de la dirección policial y del sector político. El trabajo policial en la comunidad no significa que las comunidades asuman funciones policiales. Por el contrario, requiere agentes profesionales y bien formados que comprendan plenamente su papel y su responsabilidad y que sean capaces de reunir y seleccionar información que debe orientar la toma de decisiones y no a la inversa”.

En vez de centrar la atención en la retórica que rodea el trabajo policial en la comunidad, los defensores de los derechos humanos deberían centrarse en principios de derechos humanos como la receptividad y la rendición de cuentas ante las comunidades a las que sirven, además de en la legalidad. La acción policial autoritaria, o incluso la acción policial militarizada, no tiene por qué ser enemiga de una acción policial respetuosa de los derechos humanos. De hecho, en algunos países la acción policial militarizada (a diferencia del trabajo policial en la comunidad) constituye probablemente una mejor salvaguardia contra las violaciones de derechos humanos que suponen corrupción y nepotismo (cuando la policía sirve a intereses partidistas y de otra índole en vez de servir al interés público), precisamente porque este tipo de acción policial tiende a garantizar controles más estrictos sobre los agentes individuales. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la acción policial autoritaria tiende efectivamente a ser más violenta en muchos países”, sugiere este libro.

En conclusión, la ciudadanía tiene mucho trabajo por hacer para luchar por una policía que realmente le pertenezca, los primeros pasos ya están dados.