Editorial
Tegucigalpa, Reporteros de Investigación. El único indicador que señalaba una transformación histórica e inmediata en materia de derechos humanos en Honduras era la decisión de desmilitarizar la seguridad. Un logro que la ciudadanía obtuvo en las calles y con su voto en las urnas.
Con la reciente decisión el gobierno no sólo violenta derechos humanos imitando al supuesto narcotraficante Juan Orlando Hernández sino que imita lo que tanto cuestionó cuando era oposición y lo que generó la muerte de mártires de la Resistencia y del Golpe de Estado. Es un acto de traición al pueblo negociar con militares asesinos.
Si bien es cierto se prometió energía como un derecho humano, esto sigue un largo camino de negociación; la derogación de las ZEDES está por ahora solo en papel y la derogación de la Ley de Secretos es solo una de 32 resoluciones de reserva en cada institución pública.
Al parecer el gobierno Castro le dio atol con el dedo a la población hondureña y esperó tener el control de la Corte Suprema de Justicia para remilitarizar la seguridad con jerarcas castrenses, cuestionados por su participación en la narcopolítica y en el tráfico directo de armas y cocaína. Militares protegidos por políticos del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre. La remilitarización ocurre después de negociaciones a puerta cerrada para elegir una Corte Suprema a medida de estas tres fuerzas políticas.
Reporteros de Investigacion reveló al pueblo hondureño durante todo el año 2022 lo que el poder mediático y económico se empeñaba en ocultar: había avances en seguridad como nunca en la historia.
Pero la opinión pública fue manipulada al punto de creer en el canto de sirenas de que sus opresores debían volver a las calles, una opinión pública manipulada por prensa que defiende grupos de poder y que presiona cuando no recibe publicidad estatal.
El Observatorio de la Violencia de la UNAH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) nos dieron la razón al revelar la baja en la tasa de homicidios. Oacnudh destacó además el avance de Honduras en la desmilitarización de la seguridad como lo han recomendado tanto en las comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas, Examen Periódico Universal y desde las Relatorías de la Organización de Estados Americanos (OEA).
OACNUDH dijo en su reporte del 22 de marzo sobre los derechos humanos que «en 2022 se registró una disminución en la tasa de muertes violentas en un 13.2% para hombres y 14.7% para mujeres entre enero y septiembre comparada con el mismo período de 2021».
El Alto Comisionado calificó el compromiso anunciado por el Gobierno de desmilitarizar la seguridad ciudadana como «un avance importante, sin embargo, ha sido obstaculizado por la continua presencia de la Policía Militar del Orden Público en tareas de seguridad ciudadana».
«La Oficina saluda el cierre de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional y el traspaso a la Secretaría de Seguridad de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas por medio de la creación de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado. Sin embargo, este traspaso no ha resultado en una disminución del número de casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza», dijo el Alto Comisionado el 22 de marzo pasado.
El 30 de marzo el gobierno cedió a la presión militar y le dio a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad en las zonas más estratégicas por donde pasa el tráfico de cocaína. Los militares corroídos por el narcotràfico, la corrupción y por estructuras al servicio de cometer asesinatos por encargo pueden aumentar o disminuir los delitos a su conveniencia. Eso hicieron en 2022 y su estrategia les funcionó lo que indica que la impunidad que traen desde le década de los setenta, persistirá. No puede haber narcopolíticos sin narcomilitares ni narcomilitares sin narcopolíticos, eso han demostrado los juicios de Nueva York.
Después de esta decisión, la representante de la Onu, Alice Shackelford, dijo en su cuenta de Twitter que la «Extensión del estado de excepción y asignación de nuevas tareas de seguridad a las @FFAAHN preocupa. Seguimos comprometid@s en apoyar un enfoque de prevención, seguridad ciudadana y diálogo entre varios sectores para construir democracia, paz social y desarollo en 🇭🇳@ONUHonduras».
De igual forma, la OACNUDH había advertido que «ante las medidas anunciadas por el CNDS en el Plan de Seguridad II, #OACNUDH expresa su preocupación por la recurrencia al estado de excepción y reitera su llamado a implementar una política integral de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención e investigación».
«Las medidas adoptadas como la asignación de nuevas tareas de seguridad a las @FFAAHN comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del @PJdeHonduras y del @MP_Honduras en su función de dirección y control de las detenciones», advirtió OACNUDH.
El reconocido defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, cuyo trabajo es legitimado por personas defensoras de Honduras cuestionó: «La habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia contradice los estándares internacionales establecidos por la CIDH en su informe especial 2013 sobre las cárceles en Honduras y por la Corte IDH en la sentencia Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras de 2012».
Como respuesta a sus críticas, defensores de Derechos Humanos denunciaron que en un «acto visceral plagado de ira» la Cancilleria de Honduras retiró la candidatura de Joaquin Mejía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus posturas críticas sobre la medida de seguridad anunciadas.
Ese es el gobierno por el que miles de hondureños y hondureñas dieron su vida como decía en sus arengas Manuel Zelaya Rosales que el que no estaba dipuesto a morir se quedara en su casa y a eso salieron los hondureños en 2017, a morir en manos de la Policía Militar del Orden Público que por los vientos que soplan de repente y el otro año aparece como la consentida del gobierno de Castro. Muy parecido a JOH.
