Investigadoras: Helen Montoya, Melissa Hernández, Wendy Funes | Redacción: Wendy Funes | Edición: Melissa Hernández A partir de hoy iniciamos a revelar nuestra nueva serie de investigación Crímenes de poder por agua, iniciada en 2021 por tres mujeres periodistas para conocer quiénes son los dueños del agua en Honduras. Una de las primeras respuestas es que el agua está en manos de generadores de energía y que el camino hacia la construcción de represas hidroeléctricas privadas está teñido de sangre indígena. Primera entrega: El Caso de Reitoca Un testimonio reveló una perturbadora conexión entre dos concesiones trágicas que tuvieron lugar en Honduras. Los mismos actores estatales que le dieron la concesión para una represa sobre el Río Gualcarque, son los que facilitaron la concesión en el Río Petacón de Reitoca, reveló la MACCIH, según un testimonio evacuado en el juicio oral de dos indígenas Lencas. El impacto devastador de la represa en el Río Gualcarque resultó en la trágica muerte de Berta Cáceres, una destacada activista ambiental cuyo crimen ha generado un profundo dolor y ha sido objeto de condena a nivel nacional e internacional. El otorgamiento de concesiones a proyectos de represas por parte de los mismos actores estatales en ambos casos, plantea serias preguntas sobre la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones y la protección de los derechos humanos en Honduras. La pérdida de la vida de Berta Cáceres y los impactos negativos en las comunidades locales son una triste prueba de las consecuencias devastadoras que pueden tener las decisiones irresponsables y poco éticas en el ámbito de los proyectos de desarrollo. Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Los ojos del indígena José Orlando Rodas se humedecieron. Contuvo las lágrimas en dos ocasiones en menos de media hora. Aun así, su rostro y sus fuertes brazos trigueños, con dedos recios, limpiando sus ojos, no pudieron ocultar el llanto. Acababa de salir de la Sala I del Tribunal de Sentencia cuando dio esta entrevista. José Orlando Rodas lleva dos años criminalizado, junto a Wilmer Otoniel Alonzo Herrera por la defensa del Río Petacón en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán en el centro de Honduras. Pero el río se llamaba Río Grande de Reitoca y la empresa le puso Petacón y se asentó en un territorio con un Título Ancestral de 1735, otorgado por el Rey Felipe de España a indios de Reitoca, declaró en su testimonio el testigo de la defensa, Renán Ovidio Zelaya Vásquez, integrante del Consejo Indígena Lenca de Reitoca. El juicio penal contra Rodas y Herrera es producto de una larga práctica política cuyas raíces se arraigan en el Decreto 70-2007 del 02 de octubre de 2007 contentivo de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. La ley fue aprobada cuando el país era gobernado por José Manuel Zelaya Rosales, entonces del Partido Liberal. Solo nueve meses antes de la nueva ley, en enero de 2007, el también liberal Jack Arévalo Fuentes fundaba la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) para instalar una represa sobre el río que provee agua a municipios de dos departamentos de Honduras. Tierra cubierta de sangre Después del golpe de Estado de 2009, el régimen político postgolpe y unas cuantas familias empresariales, utilizando la inteligencia militar, se ampararon en esta ley para consolidar el negocio de las represas hidroeléctricas. Desde entonces, se han levantado represas sobre la sangre indígena derramada en estas tierras y la ley penal o la muerte fueron utilizadas para contener la resistencia de los nueve pueblos originarios de Honduras que buscan preservar el medio ambiente en sus territorios ancestrales. Una consecuencia de esta sistemática violación estatal a derechos humanos es evidente en los registros del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). OACNUDH observa que los departamentos con mayor número de ataques son aquellos con una alta presencia de población indígena, afro hondureña o comunidades campesinas. “Solo en nueve meses de 2023 la Oficina registró al menos 297 incidentes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resultando en un total de 372 víctimas, de las cuales 267 son personas defensoras y 105 periodistas. De estas víctimas, 208 (55.9%) estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Asimismo, 73 (19.6%) eran indígenas y 29 (7.8%) afrohondureñas”, según un reporte de OACNUDH. Lo anterior evidencia las relaciones de poder organizadas y jerarquizadas que hay entre actores estatales y empresariales por medio del uso de los cuerpos armados del Estado y las empresas de seguridad privada, un ejército paralelo con 40,000 hombres, según conservadoras cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo opera un consejo indígena? En consonancia con esta práctica del poder, el interrogatorio de una jueza es una evidencia del desconocimiento e irrespeto sistémico a la cosmovisión indígena para garantizar acceso a la justicia. El 25 de octubre, durante juicio oral y público, la togada le preguntó al testigo ¿El Estado los reconoció en 2019 usted dice que existían antes? ¿Cómo opera el Consejo Indígena? ¿Cómo funciona, cómo opera, cómo trabajan? Un Consejo Indígena, llamado así en las últimas décadas es una especie de gobierno cuya máxima autoridad son los ancianos, tiene fecha de creación inmemorial porque preceden a las generaciones actuales y a las etiquetas que se les han puesto en la actualidad.  “Los Consejos Indígenas en general, y los Consejos Indígenas Lencas en particular, son estructuras ancestrales de gobierno de los pueblos originarios”. (Sosa, 2021), cita la ponencia Medidas de adaptación implementadas por las comunidades lencas ante los diferentes fenómenos climáticos desarrollada en la Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. José Orlando es el presidente del Consejo Indígena Nacional de la Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH) que aglutina a los Consejos Indígenas Lencas de nueve de los 18 departamentos de Honduras. Cada consejo indígena tiene su particular estructura ancestral de acuerdo con el territorio que ocupan y existen desde que las comunidades originarias nacieron en estos territorios. Estos comparten la cosmovisión. … Sigue leyendo Reitoca: Derecho ancestral de pueblos indígenas y derecho al agua versus derecho a propiedad privada