Investigadoras: Helen Montoya, Melissa Hernández, Wendy Funes | Redacción: Wendy Funes | Edición: Melissa Hernández
A partir de hoy iniciamos a revelar nuestra nueva serie de investigación Crímenes de poder por agua, iniciada en 2021 por tres mujeres periodistas para conocer quiénes son los dueños del agua en Honduras. Una de las primeras respuestas es que el agua está en manos de generadores de energía y que el camino hacia la construcción de represas hidroeléctricas privadas está teñido de sangre indígena.
Primera entrega: El Caso de Reitoca
Un testimonio reveló una perturbadora conexión entre dos concesiones trágicas que tuvieron lugar en Honduras. Los mismos actores estatales que le dieron la concesión para una represa sobre el Río Gualcarque, son los que facilitaron la concesión en el Río Petacón de Reitoca, reveló la MACCIH, según un testimonio evacuado en el juicio oral de dos indígenas Lencas. El impacto devastador de la represa en el Río Gualcarque resultó en la trágica muerte de Berta Cáceres, una destacada activista ambiental cuyo crimen ha generado un profundo dolor y ha sido objeto de condena a nivel nacional e internacional. El otorgamiento de concesiones a proyectos de represas por parte de los mismos actores estatales en ambos casos, plantea serias preguntas sobre la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones y la protección de los derechos humanos en Honduras. La pérdida de la vida de Berta Cáceres y los impactos negativos en las comunidades locales son una triste prueba de las consecuencias devastadoras que pueden tener las decisiones irresponsables y poco éticas en el ámbito de los proyectos de desarrollo.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Los ojos del indígena José Orlando Rodas se humedecieron. Contuvo las lágrimas en dos ocasiones en menos de media hora. Aun así, su rostro y sus fuertes brazos trigueños, con dedos recios, limpiando sus ojos, no pudieron ocultar el llanto. Acababa de salir de la Sala I del Tribunal de Sentencia cuando dio esta entrevista.
José Orlando Rodas lleva dos años criminalizado, junto a Wilmer Otoniel Alonzo Herrera por la defensa del Río Petacón en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán en el centro de Honduras.
Pero el río se llamaba Río Grande de Reitoca y la empresa le puso Petacón y se asentó en un territorio con un Título Ancestral de 1735, otorgado por el Rey Felipe de España a indios de Reitoca, declaró en su testimonio el testigo de la defensa, Renán Ovidio Zelaya Vásquez, integrante del Consejo Indígena Lenca de Reitoca.
El juicio penal contra Rodas y Herrera es producto de una larga práctica política cuyas raíces se arraigan en el Decreto 70-2007 del 02 de octubre de 2007 contentivo de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. La ley fue aprobada cuando el país era gobernado por José Manuel Zelaya Rosales, entonces del Partido Liberal.
Solo nueve meses antes de la nueva ley, en enero de 2007, el también liberal Jack Arévalo Fuentes fundaba la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) para instalar una represa sobre el río que provee agua a municipios de dos departamentos de Honduras.
Tierra cubierta de sangre
Después del golpe de Estado de 2009, el régimen político postgolpe y unas cuantas familias empresariales, utilizando la inteligencia militar, se ampararon en esta ley para consolidar el negocio de las represas hidroeléctricas.
Desde entonces, se han levantado represas sobre la sangre indígena derramada en estas tierras y la ley penal o la muerte fueron utilizadas para contener la resistencia de los nueve pueblos originarios de Honduras que buscan preservar el medio ambiente en sus territorios ancestrales.
Una consecuencia de esta sistemática violación estatal a derechos humanos es evidente en los registros del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
OACNUDH observa que los departamentos con mayor número de ataques son aquellos con una alta presencia de población indígena, afro hondureña o comunidades campesinas.
“Solo en nueve meses de 2023 la Oficina registró al menos 297 incidentes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resultando en un total de 372 víctimas, de las cuales 267 son personas defensoras y 105 periodistas. De estas víctimas, 208 (55.9%) estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Asimismo, 73 (19.6%) eran indígenas y 29 (7.8%) afrohondureñas”, según un reporte de OACNUDH.
Lo anterior evidencia las relaciones de poder organizadas y jerarquizadas que hay entre actores estatales y empresariales por medio del uso de los cuerpos armados del Estado y las empresas de seguridad privada, un ejército paralelo con 40,000 hombres, según conservadoras cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad.
¿Cómo opera un consejo indígena?
En consonancia con esta práctica del poder, el interrogatorio de una jueza es una evidencia del desconocimiento e irrespeto sistémico a la cosmovisión indígena para garantizar acceso a la justicia. El 25 de octubre, durante juicio oral y público, la togada le preguntó al testigo ¿El Estado los reconoció en 2019 usted dice que existían antes? ¿Cómo opera el Consejo Indígena? ¿Cómo funciona, cómo opera, cómo trabajan?
Un Consejo Indígena, llamado así en las últimas décadas es una especie de gobierno cuya máxima autoridad son los ancianos, tiene fecha de creación inmemorial porque preceden a las generaciones actuales y a las etiquetas que se les han puesto en la actualidad. “Los Consejos Indígenas en general, y los Consejos Indígenas Lencas en particular, son estructuras ancestrales de gobierno de los pueblos originarios”. (Sosa, 2021), cita la ponencia Medidas de adaptación implementadas por las comunidades lencas ante los diferentes fenómenos climáticos desarrollada en la Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.
José Orlando es el presidente del Consejo Indígena Nacional de la Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH) que aglutina a los Consejos Indígenas Lencas de nueve de los 18 departamentos de Honduras.
Cada consejo indígena tiene su particular estructura ancestral de acuerdo con el territorio que ocupan y existen desde que las comunidades originarias nacieron en estos territorios. Estos comparten la cosmovisión. Creen en la misma forma de resistencia para la defensa del territorio, están trabajando en el rescate de la lengua Lenca. Una de las fiestas tradicionales más conocidas es la celebración de guancascos. Se trata de fiestas heredadas de los antepasados con sincretismo religioso que simula la unión entre dos comunidades.
“Mire siempre se sabía que éramos Lencas, pero en el año 1996 con Nuestras Raíces Mel Zelaya (El presidente Manuel Zelaya) en el rescate de la lengua materna y de las costumbres, fue uno de los que inició a promover, no él como indígena sino, a buscar cómo, a dónde se hacían costumbres o culturas o gentes que defendieran”. De esa forma, los Consejos Indígenas Lencas empiezan a tener otra dimensión y más fuerza.
Su padre –dice José Orlando– siempre fue parte de la defensa del medio ambiente y toda la comunidad tenía costumbres ancestrales.
Durante la evacuación de pruebas del juicio de los indígenas ambientalistas, la empresa Progelsa dueña de la represa alega que el Consejo Indígena Lenca se conformó después de la instalación de la represa en Reitoca.
Para José Orlando si bien el reconocimiento estatal no ocurrió hasta 2019, “la defensa de los bienes comunes la hicieron nuestros antepasados, nuestros padres de una forma natural sin andar en organización con nombre”. El Estado lo que desea decir es que si algo no es oenegé o no está inscrita no existe, pero eso violenta el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Artículo 4 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
El Estado está obligado a preservar la identidad de este pueblo indígena y los maestros debieran ser Lencas. “Nuestra cultura hoy en día padece el exterminio del Estado”, dice José Orlando.
Durante el juicio, el empresario Boris Arévalo declaró ante el juez que cada año los ve celebrar por la protesta y porque paralizaron el proyecto.
Los ladinos no entienden –dice José Orlando– la comunidad celebra en el río como parte de las rituales para el rescate de la tradición. Ahí, intercambian recuerdos, hablan entre sí, se transmiten ideas para luchar y no tener miedo ante la invasión de sus territorios y la pérdida de los granos autóctonos. Hablan sobre el Dios Maíz, Dios Agua y Dios Sol, arrasados por la invasión española.
“Yo le hablo al río”
“Hay mucha gente que le habla al río”. “Yo le hablo al río y cuando yo miro que el río lo están, lo están, dañando a mí me ofende. Para mí hay un nuestro ancestro. Están en mí, en mis pensamientos me dicen qué hacer, luchar, no tengas miedo”.
Las personas Lencas también tiene una relación distinta con los animales. “Fíjese que hay una situación, yo antes cazaba animales, comía garrobo, mataba venado para comer; pero como se está extinguiendo, todos miramos lo necesario porque todos ellos interactúan con la naturaleza”.
Todo es una relación de amor con la naturaleza. “Hay que cuidarnos, a todos ellos. El sapo se come los insectos, los zancudos, gente, si no cuidas a los que te hacen tener vida, son tontos”.
“Para cortar un árbol, hay que pedirle permiso, si es que lo vas a necesitar”.
“Es lo que viene de nuestros ancestros. A veces ni yo entiendo el por qué dar la vida cuando tenés tu familia y tus hijos” –sus ojos se humedecen– “bueno, en este caso yo ando bastante así porque he visto sufrir a mi esposa ahorita, a mis hijos”, se excusa José Orlando para explicar el porqué de su llanto.
El Estado, los jurídicos se inventan todo esto y cómo llegaron a los pueblos a meterle los jurídicos. Cuando ellos vivían en sus montañas tranquilos, cazando, viviendo sin necesidad de ver a la vecina o al vecino con zapatos y sin tener el envidia decir tengo que usar zapatos. “Yo me acuerdo que anduve descalzo hasta los 12 años. Y nadie envidiaba nada, o sea, eso era bonito para mí esa es la vida y eso es lo que quieren los ancestros, la cosmovisión nunca se pierde porque el cosmos ahí está, ahí anda. Siempre los pensamientos de nuestros ancestros, la espiritualidad, eso ahí está”.
Para José Orlando, este juicio debería ser conocido por personas que conozcan esta cosmovisión. En un pueblo indígena de Estados Unidos, sus policías, jueces y autoridades son del mismo grupo indígena.
El pueblo Lenca en Honduras es el más grande y cuenta con 900,000 personas.
No obstante, a la demanda de los pueblos con visión indígena, se antepone el punto de vista de los actores estatales y otra evidencia de cómo en este caso el bien jurídico de la propiedad se sobrestima en comparación con el derecho de los pueblos indígenas, el derecho a la vida y el derecho al agua, se encuentra en el interrogatorio del fiscal que lleva el caso, hecho a un testigo del juicio.
Las preguntas del fiscal
Durante la declaración del indígena Renán Ovidio Zelaya Vásquez, las preguntas del fiscal del Ministerio Público fueron: ¿con el título ancestral iban aparejados títulos de propiedad? ¿Estos títulos de propiedad tienen regiones? ¿este derecho de control territorial asiste a otras propiedades alrededor de la propiedad de la empresa? ¿Tienen conocimiento cuánto perímetro de propiedad es del proyecto? En su declaración mencionó que el proyecto tiene cortinas ¿Cómo conoce? ¿Cuándo hicieron control territorial estaba Rodas y Wilmer? (Los indígenas imputados).
Durante el debate, la parte acusadora privada y el Ministerio Público han sustentado su imputación en las pérdidas económicas de los inversionistas, el respeto al derecho a la propiedad y en que no había evidencias de presencia indígena en la zona.
Los alegatos de la Fiscalía y de la empresa
Unos minutos antes de la declaración del indígena, estuvo como testigo, frente al estrado judicial, el empresario de Progelsa Boris Arévalo. “Hemos ido cinco veces a retomar el proyecto y terminamos siendo víctimas del vandalismo contra nuestra seguridad personal y de los vecinos”.
El grupo opositor rompió y secuestró a un colaborador y dijeron que no se retirarían que no entregarían a este colaborador. Declaró que adquirieron el inmueble comprando a 40 o 60 personas de la comunidad y que la obra había avanzado en un 80 por ciento cuando fue paralizada por las acciones del grupo opositor.
“Nunca vimos documentos que probaran la existencia, registros históricos en la zona no ubican presencia de pueblo Lenca en la zona”. El empresario depuso que han querido llegar a puntos de encuentro para aprovechar en conjunto la riqueza del municipio de Reitoca y que antes de iniciar con el proyecto fue socializado con comunidades, patronatos y en cabildos abiertos con la alcaldía de Reitoca. En la propiedad ha habido daños y saqueo de material.
Unos minutos después el testigo de la defensa, sin haber escuchado la declaración del empresario porque estaba en un salón apartado, dijo que veían personas extrañas y afines al proyecto que entraban a la empresa a llevarse cosas mientras ellos se mantenían a dos kilómetros en un ejercicio de control territorial mediante una toma de accesos públicos a la compañía.
Según el periódico especializado en derechos humanos, Pasos de Animal Grande, “la lucha se inicia desde enero 2018, los pobladores aglutinados en el Comité Indígena Lenca resisten ante el poderío de la empresa hidroeléctrica Promotora de Generación de Energía limpia S.A (PROGELSA), de capital transnacional y nacional, cuyo socio mayoritario es el empresario hondureño Jack Arévalo Fuentes”.
“El 05 de agosto de 2021 a eso de las 5:30 de la mañana un fuerte contingente de policías se introdujo por la fuerza a la casa de los defensores Jairo Noé Oliva Reyes; Renán Ovidio Zelaya Vásquez; José Orlando Rodas García; Jorge Alberto Montes Isidro y Andrés Abelino Gutiérrez. Sus esposas, niños, niñas y otros familiares fueron golpeados. Mientras el lanzamiento excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas afectó a recién nacidos en una clínica de Reitoca”, dice la misma fuente.
La abogada del Bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, dijo que hay dos personas defensoras que viven con discapacidad por un ataque a mano armada sufrido durante las protestas.
Una investigación de Criterio.hn y difundida por RI revelò que “el proyecto del Río Petacón entró en esa sociedad entre los años 2016-2018 con el Fondo Noruego de Inversión en Países en vías de Desarrollo (Norfund)”.
Vea también: la tierra y la vida
El Tribunal de Sentencias citó a las partes para este 31 de octubre, los tres jueces que poco a nada saben de la espiritualidad indígena, de los dioses de los Pueblos Indígenas y Tribales que destruyeron los colonizadores, fijaron la audiencia para finalizar la evacuación de prueba y escuchar las conclusiones del juicio.
- 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf
- Las causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente contaminación y merma de los recursos hídricos. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf
