Segunda entrega
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Segunda entrega
Los casos del Parque Nacional Pico Bonito y de Guapinol muestran un patrón de conspiración estatal que consiste en que elites empresariales, con políticas serviles, pueden modificar la ley a su conveniencia.
- Con su influencia, pueden eliminar barreras para instalarse en cualquier zona protegida del país y utilizan a las fuerzas militares para garantizar su impunidad.
- Un ejemplo de ello es como el Congreso Nacional redujo la zona núcleo de Guapinol o como en la zona protegida del Parque Nacional Pico Bonito dieron una concesión e instalaron un batallón.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El Parque Nacional Pico Bonito tenía una década bajo control militar. No fue hasta el 19 de abril de 2023 que ellos mismos decomisaron 120,000 arbustos de hoja de coca y un laboratorio de procesamiento en La Másica, Atlántida.
Hicieron la espectacular incautación un mes después de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cediera a la presión de las Fuerzas Armadas y les concedió que fueran ellos los que controlaran aspectos primordiales de la seguridad del país, como las cárceles, las rutas de la droga y las zonas protegidas.
Los militares informaron que el decomiso hizo parte del Plan Nacional de Solución Contra el Crimen. RI recibió testimonios de posibles conexiones de políticos locales con los cultivos. Pese a eso, los militares no capturaron responsables.
El siguiente mes volvieron a encontrar, lo que no hallaban antes. Reportaron el hallazgo de 10 manzanas de tierra con 70,000 plantas en este Parque Nacional. Anunciaron que, en todo el país, llevaban decomisados más de tres millones de arbustos de este cultivo ilícito. Una cifra récord en comparación con lo que ocurría cuando los militares eran liderados por Juan Orlando Hernández, traficante de droga, condenado en Nueva York.
De nuevo, el 7 de octubre de 2023, La Policía Militar del Orden Público (PMOP) anunció que había erradicado 400.000 plantas de hoja de coca, situadas en 35 hectáreas. La cifra parece falsificada.
Si se aplica la lógica de que en cada metro cuadrado va sembrado un arbusto, entonces en una manzana caben 7000 arbustos, 35 hectáreas son 49 manzanas. Es decir, al multiplicar 49 por siete mil da como resultado que el decomiso habría sido de 343,000 arbustos y no de 400,000, como informaron los portavoces oficiales.
En octubre de 2024, la Policía Nacional reportó dos incautaciones en la zona. Ambas en La Másica. Esta zona protegida está situada entre varios municipios de Atlántida. Los decomisos han ocurrido por el lado de La Másica.
En las zonas protegidas bajo control militar, de manera coincidente, hay cultivos ilícitos. Un ejemplo claro de eso, es el Parque Nacional Pico Bonito. No fue hasta inicios de 2023 que empezaron a los decomisos de cultivos de hojas de coca, a pesar de que la zona cuenta con presencia militar permanente desde 2013.
| Fecha | Cantidad de arbustos erradicados en Parque Nacional Pico Bonito (Solo incluye cifras del monitoreo al azar hecho por RI) |
| 19/04/2023 | 120000 |
| 25/05/2023 | 70000 |
| 07/10/2023 | 400,000 |
| 24/02/2024 | 117,600 |
| 21/06/2024 | 6000 |
| 02/10/2024 | 235,200 |
| 08/11/2024 | 50,000 |
| Total | 998800 |
| Elaboración propia con monitoreo de medios | |
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La Másica
En octubre de 2024, Reporteros de Investigación visitó La Másica, uno de los municipios donde está el Parque Nacional Pico Bonito y con los decomisos más recientes de estos cultivos.
La Másica es gobernado por el alcalde liberal, Nahún Turcios Calidonio, asumió su cargo en 2022 ahora busca la reelección de 2026 a 2030. Antes había sido regidor. Desde que Xiomara Castro asumió la presidencia, es más fuerte la relación entre el alcalde de La Másica y el alcalde de San Francisco, Enrique Matute, del partido Libre. El segundo está cumpliendo su tercer período y va a reelección para gobernar por cuatro años más.
Cuando se realizó la visita, la municipalidad de San Francisco tenía accesos cerrados y el acalde de La Másica no estaba en su oficina.
El alcalde de San Francisco se ha mostrado como aliado de ambientalistas y defensores, promovió y apoyó al movimiento ambiental para declarar el municipio libre de minería.
Acá la gente pide anonimato para hablar, cuentan que hace aproximadamente seis años se comenzó a notar que las zonas protegidas eran usadas para el cultivo y tráfico de drogas. Se ha identificado cierta autocensura en las radios locales por motivos de seguridad y para proteger la vida de los comunicadores comunitarios.
Las plantaciones de hoja de coca en la región están vinculadas con el sector transporte. Se sospecha que rutas legalizadas en la zona trasladan tanto drogas como madera ilegal.
“En el pasado, se utilizaron carros plagiados con distintivos de la Policía Nacional para transportar droga y atacar a adversarios. Esto ocurrió hace aproximadamente ocho años (hacia 2016), También se reportó el uso de vehículos plagiados de la Cruz Roja, utilizados como ambulancias para transportar drogas y posiblemente dinero en efectivo”, relató un ambientalista.
Las zonas protegidas cuentan con la presencia de batallones militares, lo que coincide con la existencia de plantaciones de coca. Esto sugiere una posible complicidad de los cuerpos de defensa del Estado. En San Francisco, está presente una extensión del Cuarto Batallón de La Ceiba, además del Batallón Verde.
En mayo de 2024, la Policía Militar detuvo a alias Tono, con dos kilos de cocaína, dinero en efectivo y armas en Comayagüela.
La fuente también mencionó que hay colusión de políticos con la banda criminal “Los Olanchanos”. Este grupo es investigado por sus presuntas vinculaciones en la muerte de figuras clave como el dueño del Bombazo en San Pedro Sula, Gustavo Enrique Chinchilla Tábora, quien fue asesinado en San Pedro Sula en un atentado en un restaurante en 2007.
El grupo criminal Los Olanchanos ha tenido presencia importante en la región Atlántida y en la costa norte de Honduras, con vínculos que llegan a figuras políticas de alto perfil e incluso se han mencionado nexos con el expresidente Juan Orlando Hernández. Hernández fue extraditado a EE.UU. en 2022 por múltiples cargos de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En Reporteros de Investigación, se informó que el grupo de Los Olanchanos, junto con otros actores del crimen organizado en Honduras, estuvo vinculado a maras y pandillas, específicamente la MS-13. Este nexo es particularmente evidente en el control territorial y las rutas de narcotráfico en el norte de Honduras.
Ver:
Fuerzas militares coludidas con la MS
MS en control de ruta navegable para tràfico de drogas
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“Advertimos que en el sur del Parque, en la jurisdicción de Olanchito, Yoro, había descombros en la zona núcleo. Se envió información al C-9 (un comando militar). Les dimos las coordenadas. Los militares salieron con el cuento que no habían encontrado nada, entonces eso nos puso en alerta y vimos que era peligroso”, reveló un defensor de derechos humanos que trabaja en una zona protegida en el departamento de Atlántida.
La protección militar se combina además con una discrecional accionar de funcionarios. El informe Honduras: Áreas protegidas y fuentes de agua en peligro El caso del proyecto hidroeléctrico Cuyamel II en San Francisco, Atlántida, en 2017, relata cómo la funcionaria del gobierno anterior Elsia Paz tenía un conflicto de interés porque era funcionaria y después apareció ligada a empresas con concesiones conflictivas como la de Cuyamel.
Las escrituras mostraron a Elsia Esther Paz Macias como la Administradora Única de la Sociedad Compañía de Energía San Francisco, S. A. de C. V. (Conersa). Según el Instrumento No.11, ante el notario José Armando Sarmiento, José Gerardo Ochoa Cantero fue ejecutor especial para una reforma en la escritura que permitió la venta de acciones de Conersa.
El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II de Conersa “prevé la construcción de una presa hidroeléctrica a filo de agua de tres megawatts sobre el río Cuyamel, principal fuente de agua potable de seis comunidades del Municipio de San Francisco, Atlántida, razón por la cual podría tener un impacto negativo potencial para más de 7000 personas. El proyecto está previsto en las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y la microcuenca del río Cuyamel”.
“El Parque Nacional Pico Bonito tiene una superficie de 107,090 hectáreas siendo el segundo parque más grande de Honduras, hace parte del Corredor Biológico Mesoamericano, y abarca la montaña más eco-diversa de Honduras, por su riqueza en especies endémicas y algunas especies de fauna y flora amenazadas de extinción”.
“En 2013, se incautó un terreno adyacente al río Cuyamel y se lo traspasó, de manera irregular al Cuarto Batallón de Infantería. El Ejército procedió a construir instalaciones militares en contra de la normatividad existente, poniendo en riesgo el derecho al agua. Desde entonces, el Ejército ha limitado la capacidad de los miembros de la Junta de Agua de San Francisco a realizar su mandato de administración y mantenimiento del sistema de aprovisionamiento de agua”.
El terreno donde opera el batallón es de 100 hectáreas, fue incautado el 17 de enero de 2013, en una operación de la DEA, por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Acá operaba la hacienda Vista Hermosa se le decomisó a integrantes de la familia Alemán Martínez y encontraron en el lugar un laboratorio para procesar cocaína, cita el mismo estudio. El ejército construyó después su batallón sin los permisos ambientales.
Una década cultivando cocaína
La DNPA estima con base en la erradicación de cultivos que la siembra de hoja de coca puede datar de 2016 o 2017. El segundo fue el año de la inconstitucional reelección del ex presidente, traficante de drogas, Juan Orlando Hernández.
Los policías han venido erradicando plantaciones ilícitas en el Parque Nacional Pico Bonito, Biosfera del Río Plátano, Reserva Biológica de La Muralla, Parque Nacional Cusuco.
En octubre de 2024, la policía reportó que localizó 45,000 arbustos de hoja de coca y un laboratorio en el Parque Nacional Pico Bonito, en una zona montañosa de La Másica.
El 8 de noviembre de 2024, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) erradicó 50,000 arbustos de hoja de coca y destruyó una estructura rústica para extraer pasta base de coca.
En un boletín de prensa, la DNPA también reportó que había incautado 90,000 arbustos de coca en la Biósfera de Río Plátano y que eso enciende sus alertas porque indica el incremento de actividades ilícitas de grupos criminales.
Cuando la policía antidrogas realizó esas incautaciones, habían pasado seis meses desde que la presidenta Xiomara Castro declaró emergencia ambiental y anunció que mandaría al ejército a estas zonas. Lo cierto es que los militares llevan décadas acá como “protectores del bosque”. Aun con eso, del transporte de cocaína, estos lugares pasaron a ser productores de hoja de coca.
El periódico del gobierno informó que “La Biosfera del Río Plátano, ubicada en La Mosquitia, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, está gravemente afectada por la deforestación, la ganadería ilegal y el narcotráfico. Estas actividades han causado daños irreparables al ecosistema y han afectado la vida de cuatro comunidades: misquito, pech, tawahka y garífuna. La presencia de narcotraficantes también ha llevado al descubrimiento de narcocarreteras en la Biosfera y las zonas protegidas de Olancho”.
La página web institucional de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informa que “el Segundo Batallón de Protección Ambiental, en San Francisco, Atlántida. El Segundo Batallón Verde, inició sus operaciones en el mes de diciembre del año 2022 ubicado en el municipio de San Francisco, Atlántida. Con la responsabilidad la protección de los recursos naturales que se encuentran en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro; desarrollando operaciones de protección ambiental dirigidas a la conservación de una diversidad de áreas verdes y protegidas, como ser el Parque Nacional Capiro y Calentura, Montaña Botaderos, Parque Nacional Pico Bonito, Reserva Cuero y Salado, Parque Nacional Texiguat, Parque Nacional Jeannette Kawas y la montaña Mico Quemado”.
Sobre el fin de estas plantaciones, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) elaboró entre los años 2021 y 2022 un diagnóstico nacional de capacidades para el manejo seguro y eliminación de drogas y sustancias químicas, incautadas de Honduras.
Este diagnóstico encontró que se incautaron 221 litros de sustancias químicas líquidas y 1.925 kilogramos de sustancias sólidas. El 17% de estos insumos químicos son empleados en los procesos de extracción, refinación y conversión del alcaloide contenido en la hoja de coca, cultivada en Honduras.
Vea mañana:Así opera la industria de sicarios que liquida ambientalistas
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