Redacción: Jared Olson | Edición: Wendy Funes
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación (26 de marzo de 2026). Una mañana azarosa de marzo de 2022, unos noventa campesinos de la cooperativa Tranvío se juntaron en su campamento y caminaron a una reunión en una finca de palma africana para salvarse —si tenían suerte— de una catástrofe.
Hasta ahora la Lucha, como suelen decir los campesinos con orgullo, había ido bien.
Llevaban apenas cuatro meses desde que ocuparon esta tierra. Ellos dicen que es de ellos y que la recuperaron porque la empresa transnacional Dinant usurpó su territorio.
Y ya habían pasado casi tres meses desde que un gobierno pretendidamente de izquierda arribara al poder con la promesa de una justicia agraria en el Aguán.
No corrían el riesgo de violencia extrema como se había vivido entre 2009 y 2014, cuando escuadrones militares cazaban campesinos como si fuera un deporte. Pero ya tenían problemas, y tenían que cambiar sus arreglos de comercio.
No sabían que les faltaba meses para los asesinatos y el recrudecimiento de una guerra sucia. Pero ahora, mientras tanto, llegaron ansiosos al punto acordado: el cruce entre dos caminos fangosos en la palma africana.
El engaño
Llevaban algo claro: “Mejor que se pudriera la fruta”. “Pero no íbamos a vender a criminales”. Eso me lo dijo años después alguien presente en la reunión.
Los campesinos no tenían más alternativa que vender a intermediarios. Por meses habían vendido a un joven empresario que estudiaba para ser abogado, llamado José Lemus.
A su vez, José Lemus trabajaba con el abogado, conocido como Salvador en una báscula.
Estrategia criminal
La báscula es un nuevo sistema que parece haber desconcentrado la agroindustria en el Bajo Aguán, pero esta cadena comercial es un engaño porque arriba las mismas empresas siguen controlando el sector. Y mientras eso pasa arriba, abajo los campesinos están aglutinados en grupos y cooperativas, luchan por organizarse de manera legal aunque muchos están criminalizados por defender la tierra.
Y es acá donde la criminalidad empezó a representar para ellos un problema inesperado: aun cuando los grupos campesinos tenían sus tierras recuperadas, donde reconstruyeron pueblos en un intento de crear una comunidad estable, tenían que vender su cosecha a alguien.
De esa manera fueron descubriendo que mientras los grupos campesinos que quieren hacer todo legal, no tenían un código o boleto autorizado para vender su fruta a compradores conectados a cadenas de suministros transnacionales, los grupos criminales armados hasta los dientes, sí vendían a plantas extractoras sin intervención de las autoridades.
En ese panorama, las básculas se vuelven una trampa fatal. Estar sujetos a un comprador resultaba hasta parasitario.
La báscula de José Lemus les pagaba cada vez menos de lo que valía la fruta. Algo problemático para un grupo con esperanzas de construir escuelas y diversificar su actividad agrícola.
Aparte, ya corrían rumores peores: la báscula estaba vinculada a una estructura criminal notoria, denominada los Canechos.
Trampa fatal de un líder criminal
Llegaron dos Hilux lujosos al punto de reunión. En un picop estaban José Lemus y Salvador. De otro carro, bajó Nelson Castellanos, alias el ‘Canecho,’ líder del temeroso grupo criminal, basado al otro lado del Río Aguán, en Los Leones en la Margen Izquierda.
Los Leones es una tierra de nadie, notoria por la violencia.
El Canecho, señalado por fuentes como un viejo supuesto miembro de los narcotraficantes Los Cachiros, bajó con una escolta, armado con pistola, y dejó la puerta abierta frente a los campesinos para que vieran sus escoltas adentro, vestidos con chaleco antibala y portando fusiles de asalto.
Estaban enojados. “Vos sos el que no me quiere vender la fruta”, le dijo el abogado Salvador al entonces líder de la cooperativa.
Los campesinos respondieron que se habían juntado dinero para apartarse de su arreglo anterior y que querían poder vender a otra báscula. Querían separarse sin problemas.
Nelson tomó la palabra. Enojado.
Trataba todavía de convencer a los campesinos que trabajaran con él: “Yo tengo gente, gente armada al otro lado del Río Aguán,” explicó, pero “yo tengo gente armada para ayudarles.”
Fuentes presentes en la reunión explicaron que El Canecho les dio una oferta: podría darles armas de fuego largas y hasta apoyo de sus sicarios, a cambio de que sigan vendiéndoles la fruta.
Era una operación bien engrasada, demasiado grande para que las autoridades no lo supieran: “Yo a la policía le pague 60,000 lempiras,” aseguró el Canecho.
Esta oferta era la entrada a una trampa fatal: la entrada a un modelo criminal de estructuras armadas en el Bajo Aguán, apoyadas por empresas, militares y políticos.
Para muchas cooperativas o grupos campesinos, que consideraban organizarse en la lucha legal, esto se volvió una trampa fatal.
Podía ser tentador: pocas veces, las autoridades protegen a la ciudadanía de las mareas impredecibles de sicariato en el Aguán.
Pero el costo es alto e irreversible: a cambio de armas y protección, renunciarían a la larga lucha legal que podría darles reconocimiento formal de sus tierras y volverse parte de una estructura del crimen organizado violento del que nunca saldrían.
Tranvío dijo no
Los de la Cooperativa Tranvío rechazaron ser criminales.
La narrativa de empresarios, periodistas corruptos, pagados por ellos, y autoridades en Tegucigalpa, es que todos los campesinos son criminales iguales y que ninguno de ellos merece sus tierras.
Los campesinos de Tranvío no querían caer en eso. Pagaron 90,000 lempiras para romper su acuerdo y salieron.
El costo doloroso de decir no
Pero ese era solo el inicio. Tres años después, pagarían otro costo: grupo armado, aliado de los Canechos, los atacaría repetidamente. Por lo menos dos de ellos serían asesinados. Se quedarían sitiados, incapaces de pasar por el pueblo colindante de Quebrada de Arena, sin poder mandar sus hijos a la escuela, ni poder conectarse a los sistemas locales de infraestructura.
Tranvío, donde se puede ver las torres imponentes de la fábrica de Corporación Dinant, sería sitiado por una hidra de criminalidad. Faltarían años antes de que aprendieran que los criminales en el Aguán, aun cuando la represión evoluciona, casi nunca operan solos.
Violencia como propaganda para desacreditar
En 2026, mientras escribo estas palabras, ya ni llaman la atención los reportes de la violencia frecuente en la Margen Izquierda del Valle del Aguán, una brecha rural pantanosa de treinta kilómetros a lado norteño del serpentino Río Aguán, en el norte Caribeño de Honduras.
Los reportes vienen todos los meses, a veces semanal o hasta diariamente, unos párrafos crípticos en páginas locales de Facebook o anécdotas perturbadoras de derrames de sangre, discutidas a susurros entre gestos ansiosos de la cabeza. ¡Ay no. Así es ahí!
Son cosas, dicen, que mejor no pensemos tanto: un carro quemado, una casa calcinada, un cuerpo podrido en la orillas del río. Un chico asesinado en un cancho de futbol. El traqueteo por noche de enfrentamientos en las fincas palmeras.
Nadie indago, por ejemplo, sobre una masacre de ocho personas en un campamento en donde ocho personas fueron exterminadas.
Es normal que nada se investigue: “Todos los elementos (policiales) están cooptados ahí,” me dijo un fiscal de alto rango en el Ministerio Público quien ha investigado casos en el Aguán. “Ahí no hay inteligencia, no hay información, no hay nada. Colón, como departamento, está casi separado de Honduras. Como si fuera Roatán, separado por 40 kilómetros de mar.”
Desde hace décadas el Aguán, un punto clave en el trasiego y ahora el cultivo de cocaína, ha sido un epicentro de organización por parte de residentes que buscan proteger sus tierras y ríos de los estragos de corporaciones extractivistas transnacionales. Pero la zona es la cuna de la élite terrateniente detrás de empresas palmeras y mineras cuyos nombres se manchan con controversias sobre abusos de derechos humanos y corrupción: Corporación Dinant, Agropalma, Oleopalma, Inversiones Ceibeña, Inversiones los Pinares. No solo es una zona de lucha. Es un laboratorio de represión.
Las empresas palmeras — en el último paso de esta violencia — se benefician de un nuevo sistema represor del crimen organizado sostenido y financiado por la elite terrateniente en colusión con oficiales estatales,según una investigación de Reporteros de Investigación. Ecosistemas violentos de compradores de palma — pretendidamente ‘independientes’ — son lados empresariales de una creciente coalición de grupos armados vinculados al narcotráfico, cuyos sicarios gozan de impunidad al desviar palma cosechada por campesinos a corporaciones palmeras y, a cambio, atacar, desplazar, asesinar, desaparecer, y torturar de campesinos que se niegan someterse al sistema. Campesinos desafiantes en cooperativas como Tranvío se han convertido en islas rodeadas de criminalidad, sitiadas por sicariato.
Historias parecidas a Honduras para control territorial y desplazamiento de la población:
- Bajo Aguán: sicarios y grupos criminales, empresas y gobierno
- Colombia: Empresas y paramilitarismo
- Brasil – Milicias privadas y violencia rural
Hallazgos más importantes
- Nuevo modelo empresarial con intermediarios (“básculas”) supuestamente vinculados a grupos armados
- Básculas como mecanismo de control, intimidación y economía criminal: actores legales tienen más dificultades que criminales.
- Complicidad institucional garantiza impunidad y control territorial: red de protección criminal con militares, policías, fiscales, gobernadores y jueces
- La empresa no mata, matan estructuras criminales disfrazadas de campesinos.
- Mutación criminal y propaganda para sostener el modelo criminal.
Descubre más desde Reporteros de Investigación
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.