Periodistas al borde de la calamidad doméstica 

Caren García y Carlos Zelaya, periodistas al borde de la calamidad doméstica por venganzas políticas. 

Redacción: Melissa Hernández

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. (3/marzo/2026). Con un rostro entristecido y la mirada perdida, la periodista Caren García, empleada de la ya desaparecida Secretaría de Planificación Estratégica, comparte la incertidumbre que vive cada día desde el cambio de gobierno.

García, de 27 años de edad, con su rostro pálido y su voz entre cortada, manifiesta que se presenta cada día a trabajar,  con la esperanza de recibir el salario correspondiente al mes de febrero.

“Soy madre soltera y cada día, invierto en transporte y alimentación para mí y mi hija.’’

 La renta se acumula y los gastos propios del inicio del año escolar agudizan la situación emocional de la joven mujer.

“Tantas veces siento ganas de llorar al ver que llego a trabajar y no hay respuesta de qué pasará con nosotros, tampoco nuevas asignaciones.’’ 

 Tratos crueles y degradantes

La situación es cada día más compleja, pues casualmente existe falta de agua para limpieza del establecimiento y baños, falta de aire acondicionado en espacios encerrados y de hacinamiento del personal, el temor de encontrar militarizado. 

“Hoy pasamos más de cinco horas sin aire acondicionado, nos lo apagaron.’’

García considera que tanto la falta de pago como las condiciones actuales de trabajo, son parte de una estrategia para asfixiarlos económicamente.

‘’Quieren que nos quedemos sin dinero al punto de no tener como presentarnos a trabajar y agarremos lo que nos quieran dar de prestaciones.’’

Anteriormente, García se desempeñaba en el monitoreo de medios de comunicación.

Tratos crueles e inhumanos

 Carlos Zelaya de 67 de años de edad, periodista que se destacó en medios de comunicación como El Libertador, El Heraldo, La Prensa, Nuevo Milenio entre otros, actualmente es empleado del Estado asignado al Periódico Poder Popular, hoy conocido como Periódico Nacional de Honduras, el profesional de la comunicación se declaró en calamidad doméstica a raíz de la falta de pago 

 “Tengo más de ocho meses de incapacidad por una enfermedad degenerativa, los tratamientos son costosos y al no contar con mi salario, mi vida está en riesgo.’’

 Zelaya es del criterio que el Gobierno de Asfura tiene odio hacía cualquier persona que haya sido parte de la administración de Xiomara Castro.

“Nos dicen ñangaras de manera despectiva, no nos consideran Hondureños.’’

 La peor parte de la historia es que el gobierno de AsfuraZablah derogó el PCM decretado el por la ex mandataria Xiomara Castro, en el pasado mes de octubre del 2025 en donde se reconocía la antigüedad laboral del personal que estuvo bajo la modalidad de contrato, afectando a empleados que cuentan con doce, diez y hasta quince años de laborar.

 Por su parte, el Profesional del derecho especialista en área laboral, Leopoldo Romero, aseguró que el gobierno intenta crear leyes para como la denominada LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, que no es más que una estrategia para evitar asumir la responsabilidad con los empleados públicos contratados en la administración pasada.

 “Es inconstitucional y estamos trabajando sobre eso, esta ley no impide que el afectado demande y reclame indemnización por concepto de salarios caídos, pues ya lo estipula la Constitución de la República en su artículo # 129’’

 Jairo Rivera Mena, asumió como Director de Medios de Comunicación Públicos, en su participación en una emisora de la circulación nacional, aseguró que encontraron una serie de irregularidades y personal supernumerario en los tres medios de comunicación, informó que se nombrará una comisión liquidadora que se presentará durante los próximos días

 “Con aproximadamente ciento cincuenta personas se completará el personal de los tres medios”. El exministro de Planificación Ricardo Salgado ha dicho que todo eso es una mentira.

Mena no se refirió a la falta de pago a los empleados que a un se presentan a laborar y a las condiciones en las que se encuentran.

Violaciones a la libertad de expresión

 Por su parte, Amada Ponce —del Comité por la Libre Expresión, organización que se dedica al acompañamiento de libertad de expresión—, aseguró que están a listos para brindar acompañamiento a los y las periodistas afectados.

 Amada Ponce, directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión, es del criterio que la presión exigida mediante la no asignación de funciones, la incertidumbre y cualquier otro trato degradante, constituye un grave riesgo para la libertad de expresión 

“El Artículo No. 74 de la Constitución de la República y No. 13 de la Convención Americana sobre derechos humanos, garantizan el respeto a la libertad de expresión.’’

 Añadió que la supresión de la Secretaría de Planificación Estratégica, no tiene por qué afectar a los periodistas que laboran para los medios de comunicación públicos, pues estos permanecerán activos y las autoridades están obligadas a garantizar la reubicación de los periodistas.

Por su parte Hernan Silva Martinez, profesional del derecho y defensor de derechos humanos, manifiesto que la aplicación de la nueva ley de reactivación económica, constituye delitos de orden penal 

“Cualquier conducta que afecte estos derechos pueden generar responsabilidad penal, administrativa y civil para los funcionarios involucrados.’’

Según Silva, el prevaricato administrativo contemplado en el artículo # 573 hasta lesiones psicológicas en el artículo # 156 y 157 del código penal son algunos de los que pueden apelar las víctimas