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Editorial

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La sección de opinión de RI está bajo la coordinación de la prestigiada periodista y escritora Iris Mencía. Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con más de cuatro décadas de ejercicio periodístico, tiene experiencia en investigaciones, radio, prensa escrita y digital; en los últimos años ha incursionado en el mundo literario, su más reciente obra es la novela Memoria entre Bruma y Papeles, publicada en mayo de 2017.

Una lupa sobre los derechos humanos y la seguridad en Honduras

Honduras, país centroamericano con ubicación estratégica, trópico exuberante, paisajes de inimaginable belleza, habitado por más de ocho millones de personas, atraviesa por una suma de crisis en los diversos aspectos, colocándole en los últimos lugares de desarrollo humano y entre los primeros de corrupción e impunidad.

Resultaría extenso citar cifras de informes de organizaciones nacionales e internacionales como Naciones Unidas que confirmen lo aquí escrito, sin embargo, usted puede remitirse a confirmarlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en reciente informe: Honduras tiene los índices de violencia e inseguridad más altos del mundo además de una gran desigualdad. La brecha entre pobreza, miseria y opulencia es evidente, enorme, en los paisajes cotidianos si se toma como paisaje a la humanidad. El 80 por ciento de los crímenes, 64 por cien mil, permanecen en la impunidad. Y es que no podemos hablar de Derechos humanos en un país inseguro, donde a diario se reportan de 20 a 25 asesinatos.

En menos de una década, alrededor de 20 mil jóvenes estudiantes de media y superior han sido asesinados. Y este año, sólo en el primer semestre, más de 200 mujeres asesinadas con arma de fuego y en impunidad, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH. Alrededor de 60 comunicadores sociales también. Líderes ambientalistas e indígenas en lucha por la defensa de sus territorios y recursos naturales también han sido asesinados sin que avancen las investigaciones sobre autores intelectuales y materiales.

Honduras en sus diferentes departamentos, 18 en total, ha sido convertida en escenario de crimen, expulsión y exclusión. Un campo de batalla donde los cuerpos caen presa de balas marcadas por crimen organizado con complicidad institucional al no hacer nada por detenerles, investigar y castigar.

Alrededor de un millón doscientas mil personas hondureñas viven fuera de territorio nacional. Y diariamente buscan escapar de la violencia, el desempleo y el hambre.

No se puede hablar de cumplimiento de derechos humanos en un país señalado como inseguro y con tanta desigualdad donde un régimen, surgido del fraude del 24 de noviembre del 2013, ha facilitado esas condiciones, aceptando públicamente haber recibido unos diez cheques del desfalco de la institución que vela por la seguridad social en el país.

Este desfalco por siete mil millones de lempiras salió a luz pública en el año 2014 y del mismo, tenían conocimiento el jefe de Estado, Porfirio Lobo y el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, y eso pasó como si nada hubiese pasado. Este hecho es calificado por la sociedad como violento, resultando con ello no sólo el robo sino la muerte por falta de atención, equipo y medicamentos de alrededor tres mil personas.

Pero en Honduras eso no para allí, sino que el ejercicio de violencia continua, al comprarse el mandatario un jet, alquilar en lugar de comprar las patrullas policiales, viajar a promover la inversión gastando millones de dólares, mientras más del 50 por ciento de la población vive con menos de un dólar al día, con altas cargas impositivas, altos costos en los combustibles y en los servicios públicos, y con un déficit habitaciones que va más allá de dos millones de personas sin casa ni de alquiler y un 54 por ciento de población desempleada.

La crisis de las crisis en Honduras es enorme, el miedo a hecho presa de la población, la sociedad permanece militarizada especialmente la sociedad que lucha por mejores condiciones de vida. Las instituciones no velan por el cumplimiento de la ley y la policía está vinculada a las maras, pandillas y al crimen organizado en general. Datos estos que se pueden corroborar en los diferentes medios de comunicación social e instituciones oficiales y alternativas.

Actualmente una crisis en la educación superior es reflejo de lo que vive el país. La reelección de una rectora que recibe alrededor de cinco mil millones del 6% del presupuesto nacional, empleado en infraestructura y seguridad y no en normas académicas, gastado en publicidad para su reelección ante lo que estudiantes organizados se han rebelado sufriendo la criminalización de la protesta, 19 expulsiones, tres asesinatos, militarización con la consecuente violación a la autonomía universitaria, cierres temporales y amenazas constantes. El porqué, refleja la situación nacional; impedir la democratización para fortalecer la dictadura.

Lo mismo allá que aquí, donde el mandatario mueve cada día, piezas humanas, cuentas de banco, estrategias para su reelección. Una violación constitucional que altera la seguridad nacional y violenta todos los derechos humanos de la población hondureña.

 

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