Caso: Parque Nacional La Tigra
Por Mauricio Velasco Laínez
Los tres poderes del Estado y el Ministerio Público coludidos en acto de corrupción y en desprecio de la vida y salud de habitantes de Tegucigalpa.
El Parque Nacional La Tigra es un bosque nublado de vital importancia para los habitantes de la capital de Honduras, Tegucigalpa, y sesenta comunidades que se encuentran a su alrededor, a las que les proporciona oxígeno y agua potable de calidad, y es refugio de aves migratorias, de fauna protegida y tiene una rica variedad de especies vegetales. El 14 de julio de 1980, mediante Decreto Ley 976, se fijaron los límites del Parque Nacional La Tigra, dentro de los cuales está terminante prohibido la construcción de proyectos habitacionales.
La empresa Jamar Comercial Industrial S.A. de C.V., obtuvo de la ex ministra del Partido Nacional, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Patricia Panting, licencia ambiental para desarrollar un proyecto habitacional, “respaldado”, con un diagnóstico falso elaborado por el ingeniero Mario Javier Martínez, una declaración jurada falsafirmada por el señor Belford Jarquin Blandon presidente de la empresa constructora y por tres(3) dictámenes falsos elaborados por tres funcionarios de la Secretaría Naturales y Ambiente.
El 31 de enero de 2005 presente la denuncia número 15033-04 en el Ministerio Público, para que se investigaran los actos de corrupción y delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, delitos cometidos en la tramitación de la autorización ambiental.
Después de gestionar durante más de un año ante el fiscal del ambiente del Ministerio Público Aldo Santos, me manifestó que se presentaría el requerimiento fiscal contra los funcionarios de la Secretaría Recursos Naturales y del Ambiente, pero al poco tiempo el entonces fiscal general, Leónidas Rosa Bautista, puesto por el Partido Nacional, después de tener en su despacho el expediente durante más de diez meses, lo remitió a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, para que definieran lo pertinente, pero ambas se pronunciaron que no tenían competencia para conocer del asunto y devolvieron el expediente al Ministerio Público.
Cuando ya habían transcurrido tres años cuatro meses, la apoderada de la empresa constructora, la conocida abogada Doris Imelda Madrid Zerón, del Partido Nacional, presentó una insólita e improcedente demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo para que se le restituyera la licencia ambiental a su representada, todo elloapoyándose en la documentación falsa anteriormente mencionada.
La jueza Lina Auxiliadora Alvarado del Partido Nacional, que tenía a su cargo la demanda administrativa, cometiendo delito de prevaricato, dictó una ilegal y arbitraria sentencia contra el Estado de Honduras y contra la vida y salud de los habitantes de Tegucigalpa, al restituir la fraudulenta autorización ambiental, sentencia que fue confirmada por los magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, del Partido Nacional Saúl Suazo Lara y Edith Yolanda Gutiérrez.
El entonces Comisionado Nacional de Derechos Humanos Ramón Custodio, ante mis pronunciamientos públicos, solicitó al Ministerio Público el 1 de junio de 2005, fotocopia del expediente de mi denuncia, sin ejecutar ninguna acción posterior.
Ante la evidente cadena de corrupción que estaba enfrentando, presente denuncia en el Congreso Nacional, el 12 de mayo de 2008 contra el fiscal general Leónidas Rosa Bautista, denuncia que jamás fue resuelta, pero deje en evidencia como se coludían los tres poderes del Estado y el Ministerio Público para consumar un acto bochornoso de corrupción e impunidad, en desprecio de la vida y la salud de los habitantes de Tegucigalpa.
Vea: DENUNCIA PARQUE NAC. LA TIGRA
En mi país Honduras, se premia y protege a los corruptos, mientras que a los defensores de derechos humanos y personas honestas, se les asesina, se nos amenaza a muerte y se nos persigue implacablemente.
El ex fiscal que fue nombrado en ese cargo ilegalmente, Leónidas Rosa Bautista, actualmente es el embajador de Honduras en la Organización de Estados Americanos, la abogada Doris Imelda Madrid Zerón, hasta hace algunos meses, se desempeñó como Presidenta del Instituto de Acceso a la información Pública y anteriormente, conformó la Junta Proponente, con Vilma Morales y Ramón Custodio, que escogieron de manera ilegal a los fiscales Ovido Navarro y el adjunto Yury Melara, que renunciaron al año de ser nombrados, creando una crisis sin precedentes en el Ministerio Público.
La denuncia que presenté en Congreso Nacional contra el fiscal general Leónidas Rosa Bautista, la acompaño escaneada, y también se encuentra en el sitio hibueras.blogspot.com.
Abogado Mauricio Velasco Laínez.
Colegiado 012 17
Presidente Pro Justicia de Honduras
MUY BUEN ARTICULO ES IMPORTANTE IR DEJANDO LA HISTORIA EN LA QUE UN DIA LOS MALOS PAGARAN UNA A UNA SOS MALAS ACCIONES.