El financiamiento estadounidense para las fuerzas de seguridad de Honduras continuó impasible pese a que la Ley Leahy, aprobada por el Congreso estadounidense, prohíbe a ese gobierno, proporcionar asistencia a cualquier unidad militar o policial implicada en violaciones a derechos humanos.
Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). Los agentes especializados en Armas y Tácticas Especiales (SWAT en inglés), entrenados en Miami, Florida, en algunos casos por cubanos, radicados en esa ciudad, pueden intervenir y actuar contra manifestantes que la ley hondureña considere terroristas o criminales de alto riesgo.
A diferencia del escuadrón 3-16, estructurado localmente en Honduras, según la versión oficial; señalado por presuntas desapariciones forzadas, en la década de los ochenta; el escuadrón Swat es una fuerza transnacional con 30 hombres: 10 de Honduras y 20 de Guatemala.
Por ahora, en Honduras oficialmente fueron presentados diez agentes Swat, siete de la Policía Preventiva y tres de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La propaganda de los Swat fue publicitada en un programa nocturno de una corporación televisa de Honduras, en junio de 2017. En la propaganda televisiva del escuadrón se omitió si los fondos para el escuadrón Swat salieron del Comando Sur o del Departamento de Estado de Estados Unidos.
«Swat sustituirá el 3-16»
La especialista en Seguridad, egresada de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, Arabeska Sánchez, reveló en junio pasado, a reporterosdeinvestigacion.com, «hoy tenemos aquí en Honduras una unidad denominada Swat que es lo que se cree que va a venir a sustituir el antiguo 3-16».
Esta unidad, «estaría trabajando como fuerza de choque en el tema antipandillas, antinarcotráfico y anticrimen organizado».
La estrategia es mano dura, sustentada por cooperación estadounidense y al menos el 25 por ciento del Plan Alianza para la Prosperidad está destinado a temas de seguridad porque viene la línea de combate antimaras, apuntó la especialista.
Uno de los integrantes del Áreas de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, confirmó que ante el nuevo escuadrón no hay mucha información.
«Pero sí, conocemos que desde la Embajada Americana se ha capacitado a policías para formar una tropa élite o escuadrones Swat para acciones élites o lo que normalmente se conoce como Tesones, sería como la policía no conocemos cuál es su formación curricular, si saben de DD. HH. (Derechos Humanos)».
Además, señaló que se desconoce la información del equipo Swat hondureño que se está formando en Estados Unidos.
Todavía hay muchas cosas que pasaron en los años ochenta. « Estados Unidos formó escuadrones en Centro América y está demostrado en informes que muchas de esas tropas realizaron desaparición de personas muy vinculados al escuadrón de la muerte 3-16».
Veamos, mientras tanto el universo de cooperación y los intereses de seguridad de Estados Unidos en el que nace Swat.
Estados Unidos ha venido financiando a las fuerzas que ejecutan el poder punitivo estatal. Ver: Ayuda en seguridad de EEUU a HND
En solo seis años, entre 2012 y 2018, el país del norte le entregó a Honduras, como ayuda en seguridad 105.7 millones de dólares. En los últimos tres años, la ayuda para seguridad se triplicó en relación con 2009 que ocurrió un golpe de Estado en Honduras.
| Año | Monto en dólares |
| 2015 |
USD 22514,760.00 |
| 2016 | USD 18102,000.00 |
| 2017 | USD 17300,000.00 |
| 2008 | USD 13510,611.00 |
| 2014 | USD 11592,261.00 |
| 2011 | USD 11032,591.00 |
| 2012 | USD 10537,707.00 |
| 2013 | USD 9983,575.00 |
| 2009 | USD 7789,950.00 |
| 2010 | USD 5148,957.00 |
| 2018 | USD 750,000.00 |
| 105747652.00 | |
| Los años han sido ordenados, de acuerdo con el mayor monto recibido. |
Elaboración propia con la data de https://securityassistance.org/data/program/military/Honduras/2012/2018/all/Global// (Ver aquì Ayuda en seguridad de EEUU a HND
En 2016, fuerzas militares y policiales centroamericanas recibieron más asistencia de los Estados Unidos que la que han recibido en más de una década, reveló en abril de ese año el análisis ¿Cuáles unidades militares y policiales de Centroamérica reciben la mayor asistencia por parte de Estados Unidos?, realizado por la organización Wola.
«Según este análisis, estas políticas de “mano dura” han generado serias preocupaciones y denuncias contra el uso excesivo de fuerza y contra ejecuciones extrajudiciales. También plantean dudas sobre si Estados Unidos verdaderamente ha roto con su historia de apoyar fuerzas de seguridad irresponsables en Centroamérica, y si estas estrategias de verdad pueden mantener a la población segura y prevenir que las drogas lleguen a las calles de los EE.UU.».
«Para este año, el Congreso estadounidense aprobó más de US$100 millones para proporcionar asistencia militar, antinarcótica y de seguridad fronteriza a Centroamérica. El Congreso le concedió a la administración $30 millones más de lo que había solicitado. La mayor parte de este dinero será destinado a entrenamientos, equipo, inteligencia, construcciones en bases del ejército y de la policía, fuerzas especiales, unidades militares vetadas y otros programas enfocados en la detección y monitoreo del tráfico ilícito».
«Aunque una parte de los fondos viene de las cuentas de asistencia y de antinarcóticos del Departamento de Estado, la mayor parte son proporcionados por el presupuesto de antinarcóticos del Departamento de Defensa, y son entregados por el Comando Sur de Estados Unidos (United States Southern Command, Southcom), el mando combatiente responsable por las operaciones militares de EE.UU. en Latinoamérica y el Caribe».
El financiamiento continuó impasible para Honduras pese a que la Ley Leahy, aprobada por el Congreso estadounidense, prohíbe al gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) proporcionar asistencia a cualquier unidad militar o policial implicada en violaciones a derechos humanos.
Ver aquí: Ayuda en seguridad de EEUU a HND
En Honduras, el 3 de marzo de 2016, fuerzas de seguridad asesinaron a la indìgena ambientalista, Berta Cáceres, además hubo campesinos, periodistas y defensores asesinados en la última década, ejecuciones sumarias comprobadas ante el sistema de justicia nacional como el crimen contra David Pineda y Héctor Vargas Castellanos.
Pandillas: el discurso justificante
La formación de nuevos escuadrones de seguridad pública ocurre en un creciente contexto de militarización de seguridad pública.
En los últimos cinco años, desde el golpe de Estado hasta 2015, Honduras fue el país de la región que más gastos militares hizo, de acuerdo con análisis hechos con base en datos abiertos recopilados en Security Assistance.org. Ver aquí: Honduras país con mayor gasto militar en C.A.
| País | Gastos militares en dólares |
| Honduras | 324,000,000 |
| Guatemala | 274,000,000 |
| El Salvador | 223,000,000 |
| Nicaragua | 71,600,000 |
En siete años cuatro países de Centro América tuvieron un total de 892,600,000 dólares en gastos militares. |
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La necesidad de seguridad y remilitarización se ha construido fundamentalmente a través del discurso de “combate a las pandillas”, pero en los últimos años se ha sumado la necesidad de reforzar las fronteras para evitar la migración y las narrativas ligan migración y pandillas para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos.
Como resultado, las pandillas se han convertido en el discurso justificante de asesinatos extrajudiciales, aumento de penas, persecución de delitos, militarización de la policía, de creación de nuevas figuras delictivas para castigar la protesta y otros mecanismos de libertad de expresión, pero además las pandillas han sido un tema central en la promesa electoral del candidato que está en el poder y que opta a una reelección ilegal.
Pese a que la política y el discurso público en seguridad giran en torno a las pandillas, la solución estatal ha sido reforzar su poder punitivo sin implementar políticas públicas de prevención.
Sánchez indicó que hay cinco líneas claras del Plan Alianza para la Prosperidad, discutidas hasta junio de 2017: estudiar el fenómeno de maras y pandillas, ayuda mutua con policías por medio de una fuerza trinacional antimaras, con casa matriz en el Buró Federal de Investigaciones (FBI), endurecer patrullajes policiales y militares, reforzar la seguridad fronteriza para evitar la migración y la llegada de maras y pandillas a México y Estados Unidos, al mismo tiempo el Ministerio Público tendrá un rol protagónico, liderado por el Ministerio Público de Guatemala, indicó.
Por su parte, Sierra explicó que el Plan Alianza para la Prosperidad surgió ante la crisis humanitaria de niños y niñas migrantes no acompañados que viajaron hacia EE.UU.
«En 2016, el plan miraba el tema de migración desde la óptica de DD. HH., tristemente en últimas negociaciones en 2016 y 2017 ha habido una transformación del plan, sobre todo en lo que atañe a planes locales y nacionales, hay una reorientación de los énfasis en la empresa privada, proyectos de Vida Mejor de asistencia social que son usados con fines partidarios».
En consecuencia, el enfoque de DD. HH. de este plan se ha transformado en un tema de seguridad nacional para EE.UU. con controles migratorios, aduaneros, fortalecimiento de la policía militar, militarización de la Policía, indicó.
Para Sofía Martínez, de la organización International Crisis Group, el Estado tendrá que generar políticas públicas nuevas porque los grupos pandilleriles tienen una doble faceta.
Por un lado, son estructuras delictivas y, por otro, tienen una labor de cohesión social, identitaria «que vale la pena mirar y por lo que se justifica una serie de política pública no solo en la medida punitiva sino en el fomento de la cohesión social», dijo.
A su juicio, el eje central de la política pública debe ser la prevención, fortalecer el tejido social, incidir en el factor comunitario de las pandillas y generar presencia positiva del Estado en las comunidades.
Por su lado, el sociólogo, Ernesto Bardales, señaló que desde 2015 –año en que hubo mayor gasto militar en Honduras- hubo 140,000 desplazados por la violencia, una parte de esta violencia fue delictiva, ligada a maras y pandillas.
«Miembros de la Mara Salvatrucha han venido controlado cuatro o cinco rutas de migrantes, extorsionan, secuestran, matan».
No obstante, por su experiencia, Bardales señaló que en Honduras, el tema de migración es concebido desde el área de asistencia familiar mínima que tiene que ver con Relaciones Exteriores. El nexo entre migración, seguridad y pandillas se hace influenciado por la política exterior de EE.UU. y es más un discurso impuesto en la región, consideró.
La directora ejecutiva Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos con sede en Washington, Lisa Haugaard, dijo a RI en junio de 2017, que el Plan Alianza para la Prosperidad tiene su énfasis en la seguridad nacional de Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump tiene una política de aumentar deportaciones, prevenir migrantes y refugiados y el aumento de fuerzas de seguridad en las fronteras, describió.
«Las pandillas son un problema real pero no se justifica que por las pandillas hay que deportar migrantes que trabajan, tienen familias tienen vidas dignas en EE.UU.», sentenció.
Sobre el escuadrón señalado como un posible sustituto del 3-16, Haugaard indicó que hay problemas de fuerzas de seguridad retiradas y activas que han desembocado en grave situaciones de derechos humanos contra periodistas, defensores, ambientalistas, tal es el caso de Berta Cáceres, señaló.
Grupo èlite
Un boletín estatal resalta que la primera generación de 10 hondureños SWAT es el resultado de un programa de cooperación entre los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
El grupo especial fue capacitado por el Departamento de Policía de Miami Dade.
El programa fue fundado bajo un memorándum de entendimiento con el Departamento de Estado a través de la Embajada de Estados Unidos en Honduras como parte de las iniciativas impulsadas por la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).
Los agentes SWAT son una unidad de fuerzas de seguridad elite entrenados para llevar cabo operaciones de alto riesgo como lucha contra el terrorismo, rescate de rehenes y operativos contra delincuentes fuertemente armados entre otros procedimientos especiales, dice el boletín.