Honduras, Reporteros de Investigación (Editorial). Un riesgo elevado de ser víctimas de violencia en Honduras enfrentan los periodistas que investigan y cubren asuntos sobre corrupción, crimen organizado, protestas sociales y reivindicaciones de territorios, concluye el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2018 (RELE_CIDH), publicado hoy.
Las agresiones contra la prensa en el país muestran un repunte sostenido desde 2009, con un pico en 2017 y se han recrudecido de manera alarmante este mes de marzo de 2019 con el asesinato del periodista Gabriel Hernández y con la orden de cárcel para el director de la radiodifusora hondureña, Radio Globo, una emisora con una línea editorial crítica.
El asesinato del periodista Gabriel Hernández, el alto riesgo que sufre el comunicador Leonel García, que recibió amenazas junto a Hernández y las tropas que rodearon este lunes, Radio Globo, bajo las órdenes del oficial Ronmel Martínez, para ejecutar una orden de captura contra el periodista David Romero Ellner, reafirman el peligro de ser periodista en Honduras.
La orden de captura contra Ellner coincide con las denuncias por supuesta corrupción y vínculos con el crimen organizado del gobernante, Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García Carías.
A eso de las 3:00 de la tarde del lunes 25 de marzo de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó dejar en suspenso la orden de captura contra el periodista, informó el defensor de derechos humanos, Wilfredo Méndez.
Sin embargo a las 4:31 de la tarde, el oficial Martínez reafirmó que la policía está lista para ejecutar la detención y llevar a prisión al periodista, condenado por difamación contra la esposa del ex fiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar. A las 5:00 de la tarde creció el contingente policial que acordonó las calles donde se aglomeró la gente para evitar la captura del periodista. Las sirenas se oían en el bulevar Morazán haciendo más tenso el ambiente en la capital de Honduras.
El despliegue de tropas de policías rodeando una radio de Honduras para llevar a prisión a su director ocurre tan solo a unas horas de que RI revelara que las comunicaciones de 33 estudiantes y defensores de derechos humanos están interceptadas para criminalizarlos por organizar protestas.
La RELE CIDH advirtió en su informe, pubicado hoy, que en Honduras “sigue siendo frecuente el uso del derecho penal como mecanismo para inhibir y hostigar a quienes ejercen el periodismo. En los últimos dos años la CIDH ha expresado preocupación por la idea de mantener o incorporar figuras penales incompatibles con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión”.
Unos minutos antes, con lágrimas, derramadas ante las cámaras de televisión, Romero Ellner dijo que se cansó de estar en la clandestinidad y que se mostraba ante las cámaras, dispuesto a ir a prisión, “hemos revisado y no hay antecedentes de prisión” por difamación en América Latina, señaló. El periodista denunció que le habían informado que en la cárcel le quitarían la vida.
Con la orden de prisión, Honduras se asemeja a países como China, Egipto, Arabia Saudita, Turquía.
La CPJ puntualizó sobre nuevas oleadas represivas en China, Egipto y Arabia Saudí sustentaron la ofensiva global contra la libertad de prensa en 2018 por tercer año consecutivo. “El texto informó que Turquía liberó a un pequeño grupo pero siguen siendo el líder mundial en el encarcelamiento de periodistas. En el 2017, la CPJ dijo que 272 fueron encarcelados en todo el mundo”.
«Los regímenes autoritarios cada vez más utilizan el encarcelamiento para acallar las voces disidentes», dijo CPJ el jueves. «El encarcelamiento de cientos de periodistas se convierte en la norma», según Voa Noticias.com.
El informe de la RELE 2018 destaca que “de acuerdo con la información disponible, durante 2018 el acoso judicial continuó siendo un modo recurrente para buscar restringir al periodismo crítico. El informe anual 2017 de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicado en febrero de 2018 señaló que “las formas de atacar a los periodistas se están transformando” en el país y en tal sentido aseguró que “[l]as denuncias por delitos de injuria y calumnia contra periodistas son cada vez más frecuentes, así como las demandas contra medios exigiendo indemnizaciones multimillonarias por supuestos daños al buen nombre”.
Además, respecto a Honduras, la RELE-CIDH destaca en su informe que “según cifras oficiales, entre 2003 y 2014 en el país fueron asesinados 50 comunicadores y trabajadores de medios. Desde enero de 2015, la CIDH y su Relatoría Especial han registrado 15 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país y han sido informadas sobre atentados, agresiones físicas, amenazas e intimidaciones contra este grupo de personas. Los brutales asesinatos ocurridos en 2017 del periodista hondureño Igor Padilla, corresponsal del Canal de Televisión Hable Como Habla en la ciudad de San Pedro Sula y del reportero Víctor Funes, conocido como “el periodista del pueblo”, del canal de televisión 45TV de la ciudad de la Ceiba en el departamento de Atlántida y el atentado contra el periodistas Jhonny Lagos y Yadira Cerrato de El Libertador en Tegucigalpa, son ejemplos de la violencia que enfrentan los periodistas en el país”.
“Durante la visita, la CIDH conoció acerca del riesgo elevado de ser víctimas de violencia que enfrentan los periodistas que investigan y cubren asuntos sobre corrupción, crimen organizado, protestas sociales y reivindicaciones de territorios. Asimismo, escuchó varios testimonios que relataron cómo la crisis política que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2017 aumentó el riesgo para el ejercicio del periodismo libre e independiente en el país. Asimismo, la CIDH fue informada sobre presiones indebidas a medios de comunicación a fin de que dieran una cobertura favorable al candidato oficialista y para que no transmitieran imágenes vinculadas con la represión policial, incluso bajo amenaza de perder contratos de publicidad oficial”.
También, “la CIDH recibió con preocupación información sobre ataques y presiones indebidas a medios de comunicación, amenazas y agresiones a periodistas, así como campañas de desprestigio contra la prensa en este contexto. Así por ejemplo, la CIDH conoció del ataque a Radio Progreso, que luego de las elecciones fue víctima de sabotaje de su torre y antena de transmisión en Tegucigalpa que produjo su salida del aire en esa ciudad. Según la información recibida, el 9 de diciembre de 2017 la señal de Radio Progreso en Tegucigalpa comenzó a tener fallas en la transmisión a partir de las 5 de la tarde. Luego de tres caídas de la señal a las 5 y 40 de la tarde definitivamente salió del aire la señal en Tegucigalpa. El domingo 10 de diciembre un equipo de técnicos de Radio Progreso se trasladó [a] donde se encuentra el transmisor para Tegucigalpa y constató que la torre y el transmisor habían sido dañados.
“El sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de Radio Progreso, fue víctima de campañas de estigmatización y descrédito desde el inicio de las protestas post-electorales, en particular, denunciaron que circularon panfletos que lo hacían responsable de la violencia en el país y de estar aliado con el narcotráfico. El periodista Cesar Obando Flores, corresponsal de Radio Progreso y presentador de televisión en un programa que se llama “Los Dueños de la Audiencia”, también fue víctima de amenazas. Posteriormente, Sandra Maribel Sánchez, directora del programa “Más Que Dos”, también de Radio Progreso, recibió una llamada telefónica con amenazas, luego que junto a la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) Suyapa Figueroa, denunciara la pretensión del gobierno de privatizar el sistema de salud”.
Este informe también retoma la información recabada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras y organizaciones de la sociedad civil hondureña, durante la crisis poselectoral varios periodistas fueron atacados por agentes de seguridad mientras cubrían protestas antigubernamentales: el camarógrafo David Matute de “Marte Tv” del municipio de Comayagua, agredido por la Policía Militar; el periodista Bladimir Rivera del canal “Prensa Libre” en la zona sur del país, atacado por la Policía Militar; el camarógrafo Kevin Castillo del Canal de Televisión Televida golpeado y su equipo destruido por miembros del ejército hondureño mientras cubría una manifestación pública en Choluteca al sur de Honduras; tres periodistas, dos de UNE TV y una de Univisión, agredidos por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Casa Presidencial; el periodista Dassaev Aguilar Moncada, corresponsal en Honduras de la cadena Iraní de noticas “Hispan TV”, herido en su pie izquierdo por impacto de bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía Militar; el corresponsal de la Agence France Presse (Agencia de Prensa Francesa), golpeado en la cabeza por una bomba de gas lacrimógeno lanzada por la policía militar. Las CIDH recibió información que indicaría que este tipo de ataques contra la prensa continuaría en 2018.
El informe menciona que, en mayo de 2018, fuerzas policiales y militares habrían intimidado y amenazado al periodista de UNE TV, Víctor Rodríguez, cuando daba cobertura a una protesta convocada por la “Alianza de Oposición contra la Dictadura” en la ciudad capital de Honduras. Asimismo, una nueva campaña de desprestigio y amenazas contra periodistas de diferentes medios de comunicación en redes sociales previo al paro nacional anunciado por la Alianza de Oposición. También el informe menciona el atentado con arma de fuego contra Geovanny Sierra durante la cobertura de una protesta.
Durante la visita al país, el Estado informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida dirige la investigación de 66 casos de homicidios o asesinatos de periodistas ocurridos desde 2013. De esos casos, solo 24 han sido judicializados y apenas en ocho casos se han dictado sentencias condenatorias, aunque ninguna alcanzó a los autores intelectuales. Los índices de impunidad de los casos de amenazas y ataques de periodistas serían aún mayores. Este informe fue publicado hoy y anunciado en sus redes sociales por el titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (RELE), Edison Lanza.
Este informe de la RELE menciona las agresiones más conocidas, pero omite la serie de agresiones que aun no se publican, sufridas en silencio por periodistas como Tommy Morales, Jairo López, Miriam Elvir, Melissa Hernández, corresponsales de Valle, Ocotepeque, etc. y otros que salieron desplazados por la violencia, vinculada a su trabajo como es el caso de la periodista Leysi Flores, Félix Molina y otros cuyos casos están en la impunidad.
