Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). “…la inteligencia del Estado debería haber identificado a todos estos estudiantes…”, exigió el 1 de agosto de 2018, el periodista Renato Álvarez, ante una protesta en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por el alza en el costo del combustible, solo siete meses más tarde, el Poder Judicial recibió un escrito que busca legalizar la interceptación de comunicaciones de 33 estudiantes universitarios y de los defensores de derechos humanos, Pedro Joaquín Amador, Harlit Barahona y Edgar Soriano.
Las intervenciones legales fueron solicitadas desde febrero, por tres meses, y se pueden extender por más si lo autoriza el Poder Judicial. A los estudiantes que organizan y participan en las protestas desde el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y a los defensores, el Estado los pretende vincular al trasiego de drogas.
Sin embargo, en la justificación de la intervención a la mayoría se les atribuye que son sospechosos de quemar llantas y toma de carreteras.
Los 33 estudiantes, el defensor Amador, Barahona y el docente e historiador, Edgar Soriano, están siendo monitoreados además a través de sus redes sociales.
El defensor del Observatorio Ecuménico Pedro Joaquín Amador es calificado como integrante del MEU aunque no ha estudiado en la UNAH y perfilado como un sospechoso con delitos que le imputa la policía e integrante del Movimiento 5 de julio del partido Libre, liderado por el ex precandidato presidencial, Nelson Ávila.
La Dirección de Inteligencia Policial y la Fiscalía solicitaron con carácter de urgente la intervención de las comunicaciones, consistente en el vaciado telefónico de llamadas y mensajes entrantes y salientes y la ubicación desde donde se han hecho estas llamadas. Están bajo vigilancia las comunicaciones desde 2018 a la fecha, de acuerdo con el expediente judicial penal del Poder Judicial, con jurisdicción en la capital de Honduras. El expediente ya forma parte de la carga procesal de un juzgado penal capitalino que se rige por el sistema procesal Oral y Público de Honduras.
Las personas vigiladas electrónicamente son tratadas como sospechosas de integrar una organización criminal dedicada al trasiego de drogas, dice el expediente una vez y luego las descripciones se centran en el papel que desempeña cada estudiante durante las protestas.
Según las investigaciones que hacen fiscales de la Unidad de Operaciones Especiales a los universitarios se les investiga porque cuando protestan han atacado al Grupo Intur y a otras propiedades aledañas a la UNAH. Coincidentemente, el periodista Renato Álvarez, es empleado de la corporación Televicentro cuyos dueños tienen relaciones comerciales con las marcas del Grupo Intur.
Bajo vigilancia
- Marcio Noe Silva
- Pedro Joaquín Amador
- Edgar Israel Soriano
- Harlit Barahona
- Alejandra Rodríguez
- Gabriela Valerio Núñez
- Cecia Michell
- Leonidas Fernanda
- Alexa Nicol
- Alexander Cruz
- José Daniel, Tiki
- Lester Arteaga
- Platanito
- Katherine Almendares
- Erick Alexander Molina
- Diego Ávila
- Xavier
- Alex Guerra
- Alias Fifi
- Cristopher Torres García
- Mario Miguel Valladares
- Allan Eduardo Laínez
- Ana Valeria Torres
- Kennet Gonzáles Maldonado
- Gerson
- Danny Josué Flores Rodríguez
- Cristian Gáleas
- José
- Fernando
- Carlos Eduardo
- Rodolfo Alonzo
- Christoper Castillo