Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). No sólo las comunicaciones de 33 estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y de tres defensores, la inteligencia militar del ejército, a través del G2, también interceptó las comunicaciones de varias organizaciones de derechos humanos, denunció el ex precandidato presidencial, Nelson Ávila.
“No es la primera vez que se habla de interceptación y de infiltración, hace dos años cuando dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) identificaron a un integrante de inteligencia militar del G2 y dijo que lograron infiltrar al COPINH, OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), AJD (Asociación de Jueces por la Democracia) y al Movimiento 5 de julio del partido Libertad y Refundación (Libre)”, denunció el doctor en Economía.
Respecto a la información revelada por RI de la interceptación de comunicaciones de estudiantes y defensores, Ávila indicó que ya conocían de la intención de criminalizarlos. “No nos extraña que nos quieran involucrar en este proceso, como ellos saben que he luchado para hacer de la universidad científica nos están perfilando es una burda maniobra de falsos positivos”.
Uno de los integrantes del 5 de julio, el defensor de derechos humanos, Pedro Joaquín Amador, es una de las personas bajo vigilancia, Ávila dijo que se ha definido una estrategia de defensa de los 33 estudiantes y de los defensores y se está conformando un bloque ciudadano para defenderlos, estableció.
Están criminalizando a los estudiantes, los acusan de terrorismo, organización para delinquir, secuestro, tortura porque ellos protestan en la UNAH, denunció el doctor Ávila.
RI reveló este lunes 25 de marzo que el Poder Judicial recibió un escrito que busca legalizar la interceptación de comunicaciones de 33 estudiantes universitarios y de los defensores de derechos humanos, Pedro Joaquín Amador, Harlit Barahona y Edgar Soriano.
Las intervenciones legales fueron solicitadas desde febrero, por tres meses, y se pueden extender por más si lo autoriza el Poder Judicial. A los estudiantes que organizan y participan en las protestas desde el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y a los defensores, el Estado los pretende vincular al trasiego de drogas.
Sin embargo, en la justificación de la intervención a la mayoría se les atribuye que son sospechosos de quemar llantas y toma de carreteras.
