Por Miriam Elvir
Tegucigalpa, Honduras (RI). Policías y militares llegan a los centros educativos a nivel nacional, este escenario sería perfecto si el interés de los uniformados fuese garantizar la integridad física de alumnos, padres y madres de familia y maestros, pero la realidad es completamente diferente ya que los encargados de “Servir y Proteger”, se instalan en escuelas y colegios con la única finalidad de intimidar y reprimir a la ciudadanía. Así ocurrió hoy (martes cuatro de junio de 2019) en el Centro Básico de Educación 18 de Noviembre (CEB-18 Noviembre), ubicado en el kilómetro 18 de la carretera al sur en el municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán.
Minutos antes de marcar las cuatro de la mañana, tres patrullas de la Policía Nacional, con más de 30 uniformados, llegaron a los predios del centro educativo donde el día anterior lanzaron gases lacrimógenos, golpes e insultos a padres y madres de familia y estudiantes que realizaban una toma de instalación en el marco de una protesta en defensa de la salud y educación en Honduras. Estas imágenes de abuso policial fueron registradas por el sistema de cámaras de seguridad del centro educativo, instalado gracias a las gestiones de padres y madres de familia con la finalidad de brindar seguridad y protección al alumnado y cuerpo docente, pues pese a solicitudes y llamados de auxilio la Policía Nacional, estos no prestaron atención ni ayuda al trinomio escolar del CEB-18 Noviembre, según lo muestran los registros escolares. En el video se aprecia cómo a las 10:41 a. m. del tres de junio de 2019, unas 30 personas, en su mayoría mujeres, ingresan corriendo a refugiarse en las aulas de clases que en su momento el ex presidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, las bautizara como “Santuarios”. Segundos después, se mira el humo del exceso de bombas lacrimógenas que cubrieron con un manto que impedía la visión, el acceso principal al centro educativo.
Las cámaras vistas por RI evidencian la represión a estudiantes, padres y madres de familia por parte de los encargados de la seguridad estatal al interior de una institución educativa y el uso excesivo de gas lacrimógeno así como agresiones físicas y verbales.
Por tal razón los afectados y afectadas que representan a la Asamblea de Padres y Madres de familia anunciaron que interpondrán una denuncia por violaciones a derechos humanos ante las autoridades competentes con la finalidad de evidenciar ante el sistema de justicia nacional el incorrecto proceder de los empleados públicos asignados a la estructura policial y militar.
Al respecto, el señor Pedro Vásquez reafirmó que los policías abusaron de sus uniformes y armas para reprimir a las personas que se encontraban en el centro educativo: “Fuimos agredidos a lo interno de la escuela por lo tanto no se respetó nuestro derecho a manifestarnos en seguimiento a los mandatos de la Asamblea de padres de familia, por eso vamos a realizar una denuncia formal, no podemos permitir más abusos de los policías y militares en contra del pueblo”. Por otra parte, la señora Digna Avilés, aseguró, “jamás han venido a cuidar a nuestro hijos (policías), pero sí vienen a reprimirnos y vienen aquí hoy en una actitud prepotente y a estar jugando con sus celulares, sentados, comiendo, perdiendo el tiempo en intimidarnos en lugar de estar atrapando a delincuentes, usted cree justo tanto hombres y mujeres haciendo nada más que jodernos”.
“Esta escuela y colegio esta así por el trabajo de los padres de familia que trabajamos, a nosotros nos ha costado, mire este sábado nos toca venir a trabajar para reparar el techo, aquí ese hombre de Juan Orlando no ha puesto ni una pata, para que ahora mande a estos a jodernos, en lugar de mandar pupitres o textos, pues sabe usted que los cipotes usan siempre lápiz grafito sin apretar mucho la escritura, para que se puedan borrar y que al siguiente año ese mismo libro lo use otro alumno, eso debería ver ese sinvergüenza de JOH”, denunció Avilés.
Los padres y madres de familia acordaron que ante la intimidación de los cuerpos represores que se han instaurado en las afueras del centro educativo, no enviaran a sus hijos a recibir clases ante el peligro que representan las armas y policías asechando físicamente la escuela.
“Hoy son los policías y militares los que tienen la toma aquí estamos menos de 15 padres de familia y los docentes y ellos son más que nosotros, entonces son ellos los que no dejan que los alumnos vengan a la escuela, qué padre consciente va a mandar a sus hijos con estos asesinos, con fusil en mano, en el portón del colegio”, aseveró Avilés.
En el mes de diciembre del año 2018, en el marco de la aprobación del Presupuesto para el año 2019, se alertó sobre el incremento inequitativo en la partida de defensa y seguridad frente a salud y educación. Para el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa suma un aproximado de 18,603 millones de lempiras, siendo las instituciones con mayor presupuesto la de Seguridad (con 6,569 millones) y Defensa (con 8, 530 millones de lempiras).
