Las mujeres rurales organizadas exigen se implementen las iniciativas que permiten acceder a créditos formales para recuperar sus medios de vida
De acuerdo con la organización humanitaria y defensora de los derechos de las mujeres, CARE; es necesario realizar acciones para resolver la situación de suma precariedad que ya enfrentaban las mujeres rurales y que se ha profundizado durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Además es urgente poner especial atención en las barreras que les impiden asociarse y acceder equitativamente al crédito para poder recuperar sus medios de vida.
“Las mujeres rurales organizadas tienen propuestas de solución que deben ser atendidas con urgencia por el Gobierno, en específico implementar el programa CREDIMUJER, la Ley de Emergencia e incluirlas en los planes de reactivación económica. El apoyo a las mujeres rurales es fundamental para afrontar esta crisis sin precedentes, con su contribución podremos reactivar la economía, combatir el hambre y hacerle frente al cambio climático” argumenta Maite Matheu, directora de país, CARE Honduras.
La Ley de Medidas Especiales de difusión, prevención y atención de la violencia contra la mujer y acciones para garantizar la igualdad de género durante la vigencia de la emergencia nacional declarada a raíz de la pandemia del COVID-19, es una iniciativa impulsada por los movimientos de mujeres para proteger y dar respuesta a las necesidades de protección, seguridad alimentaria y económica durante la emergencia a madres solteras, indígenas, trabajadoras domésticas, microempresarias, productoras, emprendedoras del sector informal, mujeres sobrevivientes de violencia entre otras.
Dicha Ley, junto al Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural “CREDIMUJER”, permitirán a las mujeres acceder a créditos y asistencia técnica para desarrollar negocios agrícolas y no agrícolas, pero es necesario que se implementen para comenzar a reducir las brechas de desigualdad económica, social y de género.
Las iniciativas de desarrollo cuentan con evidencias sólidas que demuestran la contribución de las mujeres rurales al desarrollo sostenible de sus comunidades cuando tienen acceso a recursos productivos y se fortalecen sus capacidades, así comenta Matheu, quien agrega que “CARE apoya actualmente a más de 150 cajas de ahorro y crédito y cooperativas y en 2020 contribuyó con el empoderamiento económico de más de 6,880 mujeres rurales de la zona norte, sur y occidente del país; esta experiencia nos ha demostrado que cuando las mujeres son incluidas financieramente y cuentan con asistencia técnica adecuada pueden sacar adelante sus emprendimientos e iniciativas económicas, por lo que consideramos fundamental que sean incluidas de manera prioritaria en los planes de rescate económico, se flexibilicen los requisitos para acceder a programas de crédito y se implemente el Programa de Crédito Solidario para las Mujeres Rurales (CREDIMUJER) que está ya aprobado y reglamentado».
De acuerdo con expertas y expertos en economía y organizaciones internacionales, es sumamente urgente que se implementen estas iniciativas para que más de 2.2 millones de mujeres rurales y especialmente 1.3 millones que viven en bajo la línea de la pobreza y se encuentran en situación realmente precaria en este contexto de pandemia; puedan acceder a créditos, recuperar sus emprendimientos, fortalecer sus medios de vida y con ello sostener a sus familias y a las comunidades.