4 de abril de 2024
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Ellas parecen casi invisibles en medio de una lucha liderada por hombres.
Este mes se cumplen ocho años desde aquel 13 de abril de 2016. Ese día la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional empezó con el sumario que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, calificó en marzo de 2024 como la “peor masacre laboral”.
Una “masacre laboral”, organizada por el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico de drogas en Nueva York.
Esta acción dejó al menos seis mil hombres y, entre este grupo unas 200 mujeres policías, fuera de la institución, estigmatizadas y estigmatizados, bajo la presunción de culpabilidad y sin acceso a un proceso judicial.
Cada una de ellas lleva una historia dolorosa a cuestas porque no es lo mismo ser hombre que mujer policía y haber sido expulsadas u obligadas a un retiro forzoso, disfrazado de voluntario, sin una sentencia sino con base en chismes o informes no confirmados.
A los hombres con más poder en la Policía Nacional, incluso algunos que sí estaban vinculados al crimen organizado, les dieron la opción de retiro voluntario, firmar su renuncia e indemnizaciones millonarias, en cambio a las mujeres como Silvia García Mendoza, les notificaron su salida en un instante con solo 26 lempiras (un dólar) en su cuenta bancaria.
A eso de las 3:00 de la tarde de este pasado 3 de abril, Silvia García Mendoza, estaba debajo del sol de verano, frente a Casa Presidencial. Había llegado desde la mañana a la protesta para intentar ingresar a Casa Presidencial a contarle su situación a la presidenta, Xiomara Castro.
Ahí en medio del murmullo recordó, “yo fui Policía Preventiva. Estaba asignada del departamento de La Paz, como policía. Me quedé sin trabajo. Mis pequeños niños estaban de leche y pañales. En mi cuenta de banco solo tenía 26 lempiras y no tenía el papá de mis hijos que me apoye y realmente que fue difícil porque ni siquiera tenía casa propia; estaba alquilando y tuve que ¡bueno! buscar la manera de cómo salir adelante, cómo tener un emprendimiento para poder salir adelante”.
Ahora vende golosinas para mantener a sus hijos. Después de su destitución no demandó porque no tenía dinero, pero su esperanza es ser reintegrada.
En la protesta estaba también, la Clase I, Tania Patricia Romero Zavala. Ella contiene las lágrimas mientras recuerda todo lo que significaba portar el uniforme policial desde sus 18 años hasta cumplir 37. Las emociones de los recuerdos traslucen en su mirada. Ahora es conductora de taxi VIP en Puerto Cortés.
En 2017, tenía una discapacidad parcial, le colocaron tornillos en su rodilla derecha por una lesión mientras trabajaba. Al momento de su despido estaba asignada a Sepol, en funciones administrativas.
“Me di cuenta que a mí me pusieron en la lista por otra persona que dijo que me pusieran en la lista” –recuerda– “hice dos capturas grandes, una en Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, [el caso era de] un bus que habían secuestrado, rescatamos las personas y todo y [participó en] otra captura, por violación en Peña Blanca”. Fue Jefa de Patrulla de Carretera de San Pedro a Pito Solo y de San Pedro Sula a Corinto. Durante su carrera como parte del comando Cobra, nunca le asaltaron ningún bus; nunca tuvo un informe, una amonestación, una denuncia, recordó.
“Pues duele porque le duele a mi familia, mi madre fue ejemplo de que a veces me llevaba la computadora a la casa, a hacer trabajos. Me llamaban cuando estaba libre para movilizarme el trabajo y yo siempre hacía así y ella bien me lo dijo: tanto sacrificio y tu trabajo nunca te lo va a agradecer. Entonces duele”, dice Romero Zavala.
Su vida dio un giro, hace ocho años es taxista y cada día lucha por salir adelante y para cuidar de su madre, una enfermera jubilada–dijo– “Y es difícil porque ando un carro viejito”.
Una petición a la presidenta
La Clase I Romero Zavala le suplicó a la presidenta de la República “que se ponga la mano en la conciencia porque ella también es mujer, es madre, hermana, así como ha cumplido las promesas con otras personas. Nuestras familias votaron por ella, o sea, que se pongan la mano en el corazón, pues y se pone en el lugar de nosotros. Nosotros estamos peleando nuestros derechos, no nos hicieron audiencia de descargó, no nos demostraron nada. Platique con los dirigentes de nosotros para que lleguemos a un acuerdo porque es justicia, sino, pues, creo que nos veremos en la estancia de hacer también como los jueces que fueron a Costa Rica para hacer una demanda internacional porque es demasiada injusticia”
Como taxista, “tengo mi récord limpio, nunca me han hecho esquela, nunca he sido detenida, entonces pueden hacer lo que quieran, revisar todo el récord de nosotros individualmente”.
“Amo la Policía, amo lo que hacía”
La clase I, Lesbia Janet Figueroa Pérez, pidió su retiro voluntario en diciembre de 2017 en un entorno de hostigamiento y zozobra laboral. En esa misma época, la policía nacional realizó una huelga –lideraba por el Comando Cobra– en protesta con el gobierno de Hernández Alvarado.
El PCM de la reestructuración ha dañado no solo su nombre sino a su familia y le ha impedido conseguir un trabajo digno –relató– “hemos sido mal visto por la sociedad, entonces en eso andamos verdad en esta lucha, que nuestra Presidenta pues nos puede escuchar y nos puede solucionar de la mejor forma este problema”.
Al momento de pedir su retiro, tenía una lesión en la rodilla. “El jefe nos decía que nos teníamos que portar bien que cualquier movimiento, cualquier cosa nos iban a depurar y que no nos iban a dar absolutamente nada” y eso la hizo entrar en pánico y retirarse.
Siendo policía se graduó de enfermera auxiliar, tiene una licenciatura en Ingeniería de Negocios y una vez que salió de la institución, se graduó de abogada. “Lo llevo en la sangre, amo la Policía, amo lo que hacía, amo mi trabajo que yo realizaba”.
