Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. «No tiene nada que ver, este fue un caso mediático, pero en Danlí toda la gente sabe lo que realmente pasó y es una historia más de jóvenes que se enamoran y huyen de su hogar». La respuesta es del coordinador de fiscales de Danlí, El Paraíso, Said Espinal.
Un equipo de Reporteros de Investigación viajó en noviembre de este año, a esta ciudad, situada a 94 kilómetros de la capital de Honduras, para constatar la denuncia que el activista de oposición con capacidades especiales, Erlin Mejía, difundió a través de RI, en 2018, que su hermana menor de edad fue secuestrada para sacarla del país.
Mejía señaló a la Asociación de Sordos de aquella localidad que para ese entonces era dirigida por Dilcia Sanabria, hija del ex alcalde del Partido Liberal, Luis Sanabria (2002-2006), ya fallecido; Mejía había iniciado con estas denuncias en octubre del año 2016.
En la Fiscalía el caso sigue abierto y la persona que está en proceso judicial fue acusado del delito de violación especial porque la víctima era una menor de 14 años.
«La menor es muy bonita, no vamos a negarlo y coqueta también», es el criterio del vocero del Ministerio público Fernando Gonzáles, al ser consultado sobre el tema. Para él, como Ministerio Público han hecho su mejor esfuerzo y se ha prestado atención a las denuncias de la familia Mejía.
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El coordinador de fiscales del Ministerio Público de El Paraíso informó que las investigaciones arrojaron una versión diferente a lo denunciado por la familia de Milagros. Las investigaciones desvincularon completamente a la Asociación de Sordos y a la familia Sanabria del caso.
La Asociación de Sordos de El Paraíso nunca contó con personería jurídica. Después de la denuncia, dejaron de reunirse en casa de Dilcia Sanabria; la hija del ex alcalde salió del país y actualmente reside en Guatemala.
Al buscar información con miembros de la Asociación de Sordos, descubrimos que dejó de existir desde lo denunciado por Mejía, mientras en esta comunidad es evidente el temor y hermetismo ante el tema.
Dilcia Sanabria, fuera del país
María es una de las jóvenes que era parte de las reuniones en casa de la familia Sanabria. Con sus manos llenas de sudor, rehusó dar detalles. “No sé más, no sé por qué se fue ni nada», eludió.
Germán Sanabria, hermano de Dilcia Sanabria atendería la entrevista solicitada por Reporteros de investigación, sin embargo a última hora fue pospuesta bajo el argumento de un viaje de última hora.
Todo comenzó la madrugada del 4 de octubre del año 2,016 cuando la menor Milagros Mejía fue raptada de su residencia en el departamento de El Paraíso, desde ese momento la familia denunció el hecho a las autoridades e iniciaron una serie de investigaciones que según Mejía arrojaron indicios de que su hermana Milagros había sido víctima de trata en la trama se involucró a la Asociación de Sordos de aquel sector, organización que en esa época era liderada por Dilcia Sanabria, hija del ex alcalde Sanabria.
Sin embargo, a través de la Comisión de seguridad del Congreso Nacional de aquel entonces se pudo gestionar la pronta recuperación de la menor.
Las investigaciones continuaron su rumbo y se involucró a la Comisión Interinstitucional contra la explotación sexual, comercial y trata de personas en Honduras en sus siglas (CICEST).
La CICEST, consta en documento extendido a la familia de la joven Milagros Mejía, recomendó al Ministerio Público investigar la participación de la Asociación de Sordos.
Mejía salió de Honduras y gestiona un nuevo estatus migratorio en Suecia. En su denuncia sostuvo que su hermana fue víctima de una red de trata de personas con políticos, militares, policías de alto rango, según copia del oficio AYD-CEN-SJAI-499/2018 de la Procuraduría General de la República de México, proporcionada por Mejía. Mediante este oficio, la denuncia fue remitida a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de México para constatar los hechos, también denunciados ante el sistema de justicia penal de Honduras.
El gobierno de Estados Unidos señaló en su informe divulgado en el año 2018 que en Honduras altos funcionarios y políticos están involucrados en el tema de la trata.
