Editorial
<strong>Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación</strong>. El delito contra la vida de Keyla Martínez no se puede desligar de una serie de crímenes cometidos por estructuras que operan con financiamiento estatal y que matan y desaparecen mujeres.
Sólo al hacer ese análisis se puede comprender cómo la impunidad garantiza los crímenes contra las mujeres. Y sólo al comprender este modo de operar y esta impunidad, se pueden contextualizar como lo que son: feminicidios.
Hace días la muerte de una mujer no conmovía tanto a la opinión pública aunque en el país todos los días desaparecen y matan a mujeres. Los delitos contra la vida de Berta Cáceres, en 2016, y Keyla Martínez, en 2021, ambos ocurridos en Intibucá, son muertes que despertaron el debate público.
La opinión pública aún no los distingue como feminicidios (crimen basado en género con participación estatal), la opinión pública ni siquiera los distingue como femicidios (crimen basado en género). El feminicidio de Berta Cáceres ha sido dimensionado a nivel internacional, el de Keyla despertó conmoción nacional.
En el caso de Berta hubo militares que coordinaron con los asesinos intelectuales (un grupo de poder de Honduras) y ejecutaron el asesinato de la ambientalista; la universitaria Keyla Martínez falleció en manos de la policía.
Estas muertes no están etiquetadas como feminicidios y parece lejos el día en que esta sea una figura legal en Honduras.
De ahí la necesidad de un pensamiento distinto en torno a estas muertes cuyas coincidencias dibujan un patrón como la implicación de estructuras estatales armadas por el Estado ya sea oficialmente o a través de la complicidad de narcopolíticos con grupos armados extraoficialmente como sicarios y maras.
A las mujeres que no las matan los militares o policías, las matan maras, pandillas, sicarios protegidos por narcopolíticos, las asesinan con diversas motivaciones.
Operan con una visión criminal amparada en la narcopolítica patriarcal que asesina a las mujeres ya sea desde estructuras armadas estatales o de grupos de crimen organizado financiados por estos políticos.
Descontextualizar la muerte y que la opinión pública crea que este es un caso único que pasa por primera vez es quitar de la mira que existen distintas modalidades de crímenes estatales contra las mujeres.
Desapariciones
Keyla perdió la vida en una posta policial. Estaba en custodia estatal, como sea que haya muerto, es claro que el Estado no protegió su Derecho a la Vida, pero sí sobrevivió el hombre que fue detenido junto a ella. Otro elemento que ha pasado inadvertido es que Keyla era integrante activa, militante participativa de un partido de oposición en Honduras.
Sólo dos meses antes del crimen contra Keyla, a Dilcia Pineda la desaparecieron y le cortaron las manos por denunciar que fue víctima de una red de trata que estaría protegida por la misma estructura criminal del ex diputado Juan Antonio Hernández Alvarado.
Dos años antes, esta misma estructura en colusión con una mara habría asesinado a una detective de la Atic, según la exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva.
A Sherill Yubissa Hernández Mancía, la exterminó un escuadrón que estaría operando desde la Atic y el pecado de la detective fue investigar a la MS y que la escena del crimen fue “alterada y contaminada”, dice la denuncia de Villanueva.
Muy parecido al caso de Keyla Martínez, prácticamente la alteración de la escena se ha hecho ante el lente de los medios de comunicación.
A las tres modelos asesinadas en Tegucigalpa, en marzo de 2015, las habría matado una estructura sicarial de la Mara Salvatrucha, financiada por el exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; también investigado por narcotráfico.
En Choluteca, en 2010, policías habrían alterado y contaminaron la escena del crimen de una mujer para proteger a un alto oficial.
¿Serán las únicas muertes con colusión de políticos y de estructuras estatales? Posiblemente no, pero sí son las muertes que desde Reporteros de Investigación se han venido investigando desde 2019. Muchos elementos de estas muertes se encontraron cuando se investigó ¿por qué matan a las mujeres en Choloma? Y a través de la serie el Nuevo Campo Algodonero se encontró que la narcopolítica es un actor decisivo para la comisión de femicidios y feminicidios en Honduras.
Honduras: un campo Algodonero*
Tal como pasó en México, según se puede encontrar en los Antecedentes Contextuales de la sentencia Campo Algodonero, pasa en Honduras:
“…niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública y privada”.
“Según la Comisión y los representantes, otro factor que caracteriza estos homicidios de mujeres es su falta de esclarecimiento y las irregularidades en las investigaciones respectivas, lo que, según ellos, ha generado un clima de impunidad”.
«…la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. La Comisión alegó que “cuando se denunció cada desaparición, los familiares recibieron comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal posterior».
«Los representantes señalaron que “las autoridades minimizaban los hechos o desacreditaban” las denuncias de los familiares de las víctimas “bajo el pretexto de que eran muchachitas que ‘andaban con el novio’ o ‘andaban de voladas’».
Campo Algodonero es una sentencia de la CorteIDH cuyo logro fue el establecimiento de la figura de feminicidio en México, según analistas de aquel país.
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