Editorial
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Policía Nacional de Honduras se ha convertido en una policía perseguida por el actual gobierno, la policía menos favorita, la apestada.
Es la mejor candidata a eliminar porque es un cuerpo policial que al no haber sido creado por el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, no merece su confianza. Hay unos 30 funcionarios de la cúpula policial alineados con el mandatario de Honduras, investigado por narcotráfico y asesinato.
Esta cúpula toma las decisiones, obedece la línea vertical de represión y trabaja bajo las órdenes de los militares, de hecho el ministro de Seguridad Julián Pacheco, también es un militar que tiene en los departamentos más estratégicos, al ejército para que coordine las acciones policiales.
“En cada área hay oficiales del ejército tomando decisiones y la cúpula policial solo obedece lo que dice el ministro, al que se niegue a reprimir lo castigan”, contó una fuente policial.
Sin embargo, el resto de la oficialidad y la tropa en esta policía de unas 14,000 mujeres y hombres, cuestiona en silencio las órdenes ilegales. En las últimas semanas ha habido una desbandada cuya magnitud se entiende por cien renuncias en solo siete días, por ejemplo.
Eso sin contar las renuncias sigilosas que se han mantenido en secreto y que obedecen a la rebelión interna contra las instrucciones que tienen desde ya para reprimir las protestas que se tienen planificadas como reacción a los resultados electorales de noviembre de 2021.
La policía protestó y se fue a huelga en 2017 porque no querían salir a reprimir a la ciudadanía que se manifestaba contra el fraude electoral, luego de sofocar esta huelga hubo más de 114 denuncias en pocos días; de nuevo en 2019 cuando la Plataforma por la Salud y la Educación protestaba en las calles, los policías nuevamente hicieron una acción interna de protesta, el resultado de esta acción fue la silenciosa desaparición del Comando Cobra que dirigió la sublevación.
Estas acciones de protesta y la deposición de las medidas de presión han generado un desprestigio mayor del cuerpo policial porque la ciudadanía duda de sus intenciones y si a eso se suma la persistente campaña mediática contra la Policía Nacional de Honduras, se evidencia la intención de remilitarizar la Seguridad y para eso se juega con la opinión pública. Es como si el plan fuera que sea la opinión pública que pida su perdición, pues, al desconfiar de una policía civil y empezar a confiar en una policía militar se legitima la represión.
La inconformidad en las postas policiales tiene su origen en que cada vez que hay que reprimir al pueblo, se manda a la Policía Nacional como fuerza de choque para generar mayor aversión ciudadana, mientras se muestra en la televisión nacional a militares y agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) como los responsables de las mejores operaciones contra el crimen.
Hay casos de alto impacto que se le arrebataron a la policía y fueron trasladados a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), un ejemplo de esto es que la Operación Avalancha era investigada por la Policía y cuando se hicieron incautaciones millonarias de lavado de activos a la Mara Salvatrucha, el caso pasó a la ATIC, lo hemos descubierto mientras investigamos la manera en que opera el narcotráfico en Honduras.
Los militares de la PMOP y de la Fuerza Nacional Antiextorsión de Maras y Pandillas tienen bonos hasta de 30,000 lempiras, la Policía Nacional no, y trabajan en extensas jornadas laborales de hasta 16 horas, explicó la fuente policial.
La intención original del actual gobernante era desaparecer la Policía Nacional con una campaña mediática sistémica para desprestigiar a la Policía, para eso elevan el perfil y generan campañas mediáticas aprovechando crímenes en los que resulta implicado un policía. Es una permanente contradicción porque mientras impulsan una campaña contra la institucionalidad, el poder premia y promociona a oficiales de Policía cuestionados, pero manipulables para los intereses del dominio criminal.
No se puede desconocer que dentro de la policía había y aún hay estructuras criminales, pero también las hay en el verdadero poder oscuro detrás de la seguridad pública: en las Fuerzas Armadas.
No obstante, hablar de la depuración de las Fuerzas Armadas es un tema tabú para la prensa y además peligroso. Tampoco es un tema que parece interesarle a la cooperación internacional que exige “transparencia”.
La oenegé JOPRODEH ha dado seguimiento a las renuncias de la Policía y denunciaron en un comunicado público que circula por redes de sociales que “…en el comunicado sobre este mismo tema de fecha 24 de septiembre, planteamos algunos datos obtenidos como resultado de las visitas a recintos policiales y denuncias registradas en nuestros archivos de miembros de la carrera policial, que han sido cuestionados por la portavoz de la Secretaria de Seguridad aseverando que la denuncia “se está moviendo a nivel de especulación tendenciosa”.
3.- Este criterio muy personal de la portavoz de la Secretaria de Seguridad, quien aduce que es normal la renuncia de más de 120 policías en una semana y que no es masivo denota aparte de desconocimiento, desidia en cuanto a la situación de los miembros de la carrera policial.
4.- Entre los elementos encontrados en el trabajo de campo realizado por JOPRODEH en los sitios de trabajo y los testimonios brindados por miembros de la carrera policial quienes además de las malas condiciones físicas en muchas postas policiales, se ven expuestos con asignaciones inhumanas como la de un miembro de la junta interventora de la Policía Nacional donde el policía asignado a su casa en un turno de 24 horas, en una caseta afuera no tiene donde hacer sus necesidades fisiológicas y solo lo dejan usar el baño una vez al día en una total falta de consideración.
5.- La exposición y peligro inminente al que someten a los policías cuando para un municipio solamente asignan dos policías, o en sectores de alto riesgo en las grandes ciudades, siendo esta una exposición clara ante los grupos criminales que operan en esos sectores, lo que limita y condiciona la acción de los policías que trabajan bajo estas condiciones.
6.- Se han denunciado acciones de hostigamiento y discriminación por condición de género, a mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+ que son miembros de la carrera policial con una hoja de servicio intachable, tales acciones en su contra las y los orillan a renunciar”, cita el comunicado.
En este orden de ideas, llamamos a la población hondureña a defender la institucionalidad del ente que está entrenado para la seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad comunitaria en el ámbito civil.
